TA RIS - Sentencia 66001333300320230019201-(15-10-2026)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, quince (15) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026)

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Jaime Alberto Rivas Buitrago

Demandado: Municipio de Dosquebradas

Apelación de Sentencia

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida en este proceso por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

La persona de la referencia, por intermedio de apoderada judicial, instauró demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el municipio de Dosquebradas, en procura de las siguientes:

I. PRETENSIONES

Se resumen así1:

1.1 Que se declare la nulidad del acto administrativo del 13 de diciembre de 2022 y de la Resolución 232 del 15 de febrero de 2023 expedidas por el municipio de Dosquebradas, por medio de las cuales se niega al demandante el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

de la Resolución 232 del 15 de febrero de 2023 expedidas por el municipio de Dosquebradas, por medio de las cuales se niega al demandante el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

1 Documento No. 3, pág. 6 y ss del expediente digital de primera instancia.Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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1.2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se reconozca que existió una relación laboral entre el demandante y el municipio de Dosquebradas en el período comprendido entre el 1° de enero de 2020 al 31 de julio de 2022.

1.3. Que se reconozca y pague el valor del reajuste salarial (entre los honorarios del contrato de prestación de servicios y lo percibido por un funcionario de planta), quien, conforme a las funciones desarrolladas, se corresponden con los del cargo «auxiliar de servicios generales» del municipio de Dosquebradas, que se equipara al cargo de empleado público, como se puede observar en el manual de funciones de la entidad territorial.

1.4. Que se reconozcan, liquiden y paguen las respectivas prestaciones sociales legales y convencionales (cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, bonificación especial por recreación, auxilio de transporte, primas de navidad, primas legales y extralegales, subsidio de alimentación y en general todas las prestac iones acordes con la ley), liquidadas sobre el salario base que ganaba un funcionario de planta que ejecutaba las mismas funciones, debidamente indexados y por los periodos en los cuales se reconozca la relación

general todas las prestac iones acordes con la ley), liquidadas sobre el salario base que ganaba un funcionario de planta que ejecutaba las mismas funciones, debidamente indexados y por los periodos en los cuales se reconozca la relación laboral encubierta.

1.5 Que se reconozca, liquide y pague el valor de los porcentajes de cotización a pensión y ARL que fueron asumidos en su totalidad por el actor y que debió cancelar a los fondos correspondientes, liquidados sobre el salario base que ganaba un funcionario de planta que ejecutara las mismas funciones.

1.6. Que se reconozca y pague el valor de las pólizas de cumplimiento canceladas para la prestación del servicio e igualmente el valor de las estampillas e impuesto de Industria y Comercio.

1.7 Que se condene al municipio de Dosquebradas por los periodos y sumas monetarias que resulten probadas en el proceso, teniendo en cuenta la naturaleza de la presente acción y las facultades de condena extra y ultra petita en este tipo de asuntos.

1.8 Que se condene a la entidad demandada a que sobre las sumas que resulte condenada, reconozca y pague las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al I.P.C. según lo establecido en el artículo 187 CPACA.Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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1.9. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 192 CPACA.

1.10. Que se condene en costas y en agencias en derecho a la parte demandada, según lo establecido en el artículo 188 CPACA.

II. HECHOS

por el artículo 192 CPACA.

1.10. Que se condene en costas y en agencias en derecho a la parte demandada, según lo establecido en el artículo 188 CPACA.

II. HECHOS

Como fundamentos fácticos se encuentran los que a continuación se señalan2:

1.1. Entre el demandante y el municipio de Dosquebradas se suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios:

2 Pág. 2 y ss ídem.Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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1.2. Durante los periodos que se relacionan a continuación, el demandante prestó su servicio al municipio de Dosquebradas a través de la empresa temporal CECOP Colombia S.A., así:

1.3. El demandante ha prestado de manera personal e ininterrumpida sus servicios al municipio de Dosquebradas en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2020 al 31 de julio de 2022.

1.4. El municipio de Dosquebradas requirió al actor para que prestara sus servicios de manera personal y subordinada como auxiliar de servicios generales en las instituciones educativas señaladas, y debía realizar las siguientes funciones en los contratos que suscribió: «Garantizar las condiciones de aseo y el cuidado de las zonas verdes o áreas que le fueron asignadas por el rector, coordinador o profesores, acorde a los horarios impuestos por los mismos en la Institución Educativa, velar por el cuidado de los elementos utilizados para la ejecución de su trabajo, llevar a cabo

zonas verdes o áreas que le fueron asignadas por el rector, coordinador o profesores, acorde a los horarios impuestos por los mismos en la Institución Educativa, velar por el cuidado de los elementos utilizados para la ejecución de su trabajo, llevar a cabo la apertura, cierre de las puertas y el control de las llaves de las instalaciones del establecimiento educativo, durante el horario en las que debía desarrollar su trabajo, informar al rector, coordinador o figura de autoridad cualquier novedad ocurrida en la zona o en los equipos bajo su cuidado, realizar el traslado, montaje y desmonte del material mobiliaria y de equipamiento dentro de las instalaciones, verificar y estar atento del estado de los salones, el funcionamiento de las instalaciones y del equipamiento del establecimiento educativo, verificar y estar atento del estado de los salones, el funcionamiento de las instalaciones y del equipamiento del establecimiento educativo.»

1.5. En razón a las funciones que cumplía la parte demandante, era indispensable que cumpliera un horario; debía ejecutar sus funciones conforme los horarios establecidos por el personal directivo, supervisor y/o rector de las instituciones educativas donde debía prestar sus servicios.Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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1.6. Durante todo el término de vigencia de los contratos, el demandante debía prestar personalmente sus servicios bajo la subordinación de los rectores, coordinadores y profesores como representantes del Municipio de Dosquebradas y por ello, percibía una remuneración.

1.7. El municipio de Dosquebradas como empleador del demandante, no reconoció durante la vigencia de la relación laboral pago alguno por conceptos como

por ello, percibía una remuneración.

1.7. El municipio de Dosquebradas como empleador del demandante, no reconoció durante la vigencia de la relación laboral pago alguno por conceptos como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías o demás emolumentos que componen prestaciones sociales a las cuales tiene derecho. Tampoco reconoció pago alguno por concepto de salud, pensión o ARL; debiendo asumir en su totalidad el pago de la totalidad de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y los gastos por concepto de impuesto de industria y comercio y estampillas.

1.8. Las funciones desarrolladas y la remuneración percibida por el actor, mientras se tuvo relación directa con el municipio corresponden con los del cargo «auxiliar de servicios generales» del Municipio de Dosquebradas, que se equiparan al cargo de empleado público, como se puede observar en el manual de funciones del ente territorial.

1.9. Manifiesta que el día 7 de diciembre de 2022 , se presentó reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación del municipio solicitando el reconocimiento de la relación laboral y el pago de los emolumentos laborales y prestacionales adeudados, cuya respuesta fue negativa conforme los actos administrativos acusados.

III. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indican como vulneradas las siguientes normas:

• Constitución Política, preámbulo, artículos 13, 25, 53, 122 a 125. - Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 6 y 7. - Código Sustantivo del Trabajo, artículos 22 y 23.

• Constitución Política, preámbulo, artículos 13, 25, 53, 122 a 125. - Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 6 y 7. - Código Sustantivo del Trabajo, artículos 22 y 23. - Ley 80 de 1993, artículo 32.

Como concepto de la violación de las normas anteriores, refiere la parte actora que en el caso en particular, se tienen probados los elementos de un contrato laboral, como lo son: La prestación personal del servicio, dado que el servicio fue efectivamente prestado y pagado exclusivamente a ésta de manera directa por parteRadicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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del municipio de Dosquebradas; la remuneración, respecto de la cual, en aplicación al principio constitucional establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, lo importante no es la formalidad que señalen las partes, pues, aunque en el contrato se estableció el presente concepto como «honorarios», de lo que realmente se trata es de una remuneración por los servicios prestados; así mismo, se encuentra determinado el valor de estos y que fueron cancelados a la parte demandante mediante actas mensuales; la subordinación presente en el asunto, en virtud a las condiciones en las que se desarrolló la prestación del servicio en los dos eventos, tanto como prestador de servicios generales de la institución, debiendo seguir las órdenes del rec tor, coordinador y profesores, además de encontrarse sometida a un horario; de tal forma que no queda duda acerca del desempeño de la reclamante en las mismas condiciones de un servidor público o empleado de planta del municipio.

sometida a un horario; de tal forma que no queda duda acerca del desempeño de la reclamante en las mismas condiciones de un servidor público o empleado de planta del municipio.

Dentro del presente asunto se tiene que la imposición de las condiciones en que debía realizarse la labor, se veía definida de manera unilateral por el personal administrativo de la institución, dado que en la prestación personal del servicio mediaba subordinación y no una mera coordinación de labores, situación que devela la existencia de una verdadera relación laboral entre la parte demandante y el municipio de Dosquebradas.

El demandante se encontraba a disposición de las condiciones, órdenes y estipulaciones impuestas por el demandado para la prestación de su servicio como auxiliar de servicios generales, sin que pudiese intervenir de manera directa y activa en las decisiones respecto a la realización y desarrollo del trabajo, encontrándose así en una completa dependencia respecto a su empleador.

Alega que, esta relación encubierta, es violatoria del derecho a la igualdad y al trabajo digno, por cuanto se debía realizar las mismas funciones de un personal de planta, no se recibió una remuneración justa, ni las prestaciones de ley equiparables a las funciones realizadas, debiendo realizar los pagos de los aportes a la Seguridad Social, estampillas e impuesto de Industria y Comercio.

Pese a que nuestra legislación ha sido clara en determinar la prohibición de encubrir relaciones laborales, el municipio de Dosquebradas a través de contratos de prestación de servicios, intermediación y tercerización laboral, decidió sustraerse de sus obligaciones como empleador, generando que el demandante en su condición de vulnerabilidad, no pudiera gozar de sus derechos, y generó no sólo un perjuicio

prestación de servicios, intermediación y tercerización laboral, decidió sustraerse de sus obligaciones como empleador, generando que el demandante en su condición de vulnerabilidad, no pudiera gozar de sus derechos, y generó no sólo un perjuicio económico, sino social, dado que el derecho al trabajo, como eje fundante deRadicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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nuestro Estado Social de Derecho y fundamentalísimo para acceder a condiciones de vida dignos, se ha visto vulnerado con el encubrimiento realizado.

IV. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El municipio de Dosquebradas3, presentó oportunamente escrito de contestación a la demanda, mediante el cual se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y solicitó negar las declaraciones encaminadas al reconocimiento de una relación laboral entre el señor Jaime Alberto Rivas Buitrago y la administración municipal.

Sostuvo que las labores desarrolladas por el demandante correspondieron a actividades operativas de servicios generales en instituciones educativas oficiales, ejecutadas de manera autónoma y bajo un esquema de coordinación contractual. Indicó que el cumplimiento de horarios, la atención de requerimientos de las instituciones educativas, la presentación de informes y la supervisión del contrato constituyen mecan ismos normales de coordinación y control contractual, mas no manifestaciones de subordinación laboral. Para respaldar esta tesis citó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la diferencia entre coordinación y subordinación en los contratos de prestación de servicios.

Argumentó que el demandante asumía directamente el pago de sus aportes al

jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la diferencia entre coordinación y subordinación en los contratos de prestación de servicios.

Argumentó que el demandante asumía directamente el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social y de las estampillas correspondientes, circunstancias incompatibles con la calidad de empleado público. Igualmente, señaló que no se demostró el cumplimie nto concurrente de los elementos constitutivos de una relación laboral, particularmente el de subordinación, cuya acreditación corresponde a la parte demandante conforme a las reglas de la carga de la prueba.

Propuso como excepciones: (i) inexistencia de contrato de trabajo, (ii) inexistencia de la supremacía de la realidad, (iii) inexistencia de subordinación como elemento esencial de la relación laboral reclamada y (iv) la excepción genérica.

V. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda4 bajo los siguientes argumentos:

3 Documento No. 13 del expediente digital de primera instancia. 4 Documento No. 29 del expediente digital de primera instancia.Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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Luego de valorar los contratos aportados, las certificaciones obrantes en el expediente y los testimonios practicados, concluyó que el demandante ejecutó labores permanentes de servicios generales en instituciones educativas oficiales del municipio, de manera personal, bajo dirección y control de las autoridades educativas, cumpliendo horarios y desarrollando funciones propias de la actividad ordinaria de la entidad . En criterio del juzgado, tales

labores permanentes de servicios generales en instituciones educativas oficiales del municipio, de manera personal, bajo dirección y control de las autoridades educativas, cumpliendo horarios y desarrollando funciones propias de la actividad ordinaria de la entidad . En criterio del juzgado, tales circunstancias permitieron acreditar los elementos de subordinación, permanencia y prestación personal del servicio, desvirtuando así la naturaleza contractual de los vínculos celebrados.

No obstante, el juzgado precisó que únicamente se encontraban probados los periodos correspondientes a los contratos celebrados entre el 06 de febrero y el 05 de marzo de 2020, el 06 de marzo y el 20 de abril de 2020, el 31 de agosto de 2021 y el 14 de diciembre de 2021, y entre el 1 ° de febrero y el 20 de marzo de 2022. Respecto de otros periodos alegados por el demandante, advirtió que no existían elementos probatorios que acreditaran la prestación de servicios.

Señaló que aunque en el escrito de demanda se sostiene que el demandante prestó sus servicios al Municipio de Dosquebradas durante los períodos comprendidos entre el 21 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 , del 1º de enero de 2021 hasta el 30 de agosto de 2021 , del 15 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y del 21 de marzo de 2022 hasta el 31 de julio de 2022, a través de la empresa temporal CECOP Colombia S.A., no obran en el expediente documentos que acrediten lo expuesto.

En cuanto a la prescripción, consideró que no se configuró dicho fenómeno, pues la reclamación administrativa fue presentada dentro del término de tres años

documentos que acrediten lo expuesto.

En cuanto a la prescripción, consideró que no se configuró dicho fenómeno, pues la reclamación administrativa fue presentada dentro del término de tres años reconocido por la jurisprudencia para reclamar los derechos derivados del contrato realidad.

Como consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución 232 de 15 de febrero de 2023, mediante la cual el municipio había negado las reclamaciones laborales del actor, y reconoció la existencia de una relación laboral durante los periodos demostrados. En virtud de ello, condenó al Municipio de Dosquebradas al pago de las prestaciones sociales legales correspondientes, incluidas cesantías, intereses a las cesantías , prima de vacaciones, dotación, auxilio de transporte y demás prestaciones aplicables, liquidadas con base en los honorarios pactados.Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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Asimismo, ordenó a la entidad efectuar los aportes pensionales que le correspondían como empleador durante los periodos reconocidos e indexar las sumas adeudadas. Sin embargo, negó las pretensiones relacionadas con el reembolso de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación realizados por el demandante, al igual que la indemnización moratoria y las demás reclamaciones no demostradas. Finalmente, declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada y no impuso condena en costas.

Con fundamento en lo anterior, dispuso:

«FALLA

1°. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE

propuestas por la demandada y no impuso condena en costas.

Con fundamento en lo anterior, dispuso:

«FALLA

1°. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS en este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor JAIME ALBERTO RIVAS BUITRAGO.

2°. Declarar la nulidad de la resolución 232 del 15 de febrero de 2023, por medio del cual el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS denegó el reconocimiento y pago de unas acreencias laborales.

3°. Condenar al MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS a pagarle al señor JAIME ALBERTO RIVAS BUITRAGO identificado con la cedula de ciudadanía número 10.128.685, todas las prestaciones sociales ordinarias de orden legal incluyendo la prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, dotación, auxilio de transporte y las demás prestaciones sociales legales a que haya lugar conforme a lo efectivamente ejecutado, tomando como base los honorarios pactados, en los siguientes periodos: desde el 6 de febrero de 2020 hasta el 5 de marzo de 2020; desde el 6 de marzo de 2020 hasta el 20 de abril de 2020; desde el 31 de agosto de 2021 hasta el 14 de diciembre de 2021 y desde el 1º de febrero de 2022 hasta el 20 de marzo de 2022.

4°. Condenar al MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS a cotizar en el respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador durante los periodos

4°. Condenar al MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS a cotizar en el respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador durante los periodos señalados; para lo cual debe calcular el ingreso base de cotización pensional del demandante, mes a mes, con base en los honorarios pactados.

Para tal efecto, el señor JAIME ALBERTO RIVAS BUITRAGO deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de canc elar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

5°. Indexar las sumas reconocidas de acuerdo con la fórmula expresada en la motivación de la providencia.

6°. Denegar las demás pretensiones.

7°. Sin costas por no aparecer causadas.

8°. Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente.»

VI. EL RECURSO DE APELACIÓNRadicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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El municipio de Dosquebradas5, allegó escrito en el cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, con fundamento en lo siguiente:

Sostiene que los vínculos celebrados con el demandante fueron contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993, los cuales no generan relación laboral ni prestaciones sociales. Afirma que las actividades desarrolladas

Sostiene que los vínculos celebrados con el demandante fueron contratos de prestación de servicios regidos por la Ley 80 de 1993, los cuales no generan relación laboral ni prestaciones sociales. Afirma que las actividades desarrolladas por el contratista se ejecutaron bajo un esquema de coordinación con la administración y no de subordinación, por lo que aspectos como el cumplimiento de horarios, la recepción de instrucciones del supervisor o interventor, la rendición de informes y la prestación de servicios en instalaciones de la entidad constituyen mecanismos de control contractual y no pruebas de una relación laboral.

Argumenta que la contratación respondió a necesidades del servicio de la Secretaría de Educación, debido a la insuficiencia de personal de planta para atender las labores requeridas, circunstancia expresamente autorizada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

El recurrente cita jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para señalar que la subordinación debe acreditarse de manera clara e incontrovertible y que la mera coordinación de actividades, el cumplimiento de horarios o la ejecución de funciones similares a las desarrolladas por servidores públicos no son suficientes para desvirtuar un contrato de prestación de servicios. Asimismo, sostiene que los testimonios recaudados no demostraron la existencia de una verdadera subordinación, pu es no identifican con precisión a un superior jerárquico ni evidencian órdenes permanentes propias de un vínculo laboral.

Finalmente, aduce que tampoco se acreditó el elemento de continuidad, dado que entre los diferentes contratos existieron interrupciones de aproximadamente treinta días hábiles, lo que, a su juicio, descarta la configuración de un contrato realidad.

Finalmente, aduce que tampoco se acreditó el elemento de continuidad, dado que entre los diferentes contratos existieron interrupciones de aproximadamente treinta días hábiles, lo que, a su juicio, descarta la configuración de un contrato realidad. Con base en ello, concluye que la prueba practicada resulta insuficiente para demostrar los elementos de una relación laboral y solicita que se revoque la sentencia apelada y se nieguen las pretensiones de la demanda.

VII. PRONUNCIAMIENTO DE LOS NO APELANTES FRENTE AL RECURSO DE

APELACIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

De acuerdo con la facultad dispuesta en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de

5 Documento No. 032 del expediente digital de primera instancia.Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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la Ley 2080 de 2021, dentro del término para pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por el municipio de Dosquebradas, el sujeto procesal no apelante guardó silencio6.

El Ministerio Público rindió concepto en escrito que obra en el archivo 007 del expediente digital de segunda instancia, en el cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar acertadas las conclusiones del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, por cuanto estimó que en el proceso sí quedaron demostrados los elementos propios de una relación laboral. Asimismo, indicó que los argumentos de la apelación no desvirtúan las conclusiones del fallo y

Administrativo del Circuito de Pereira, por cuanto estimó que en el proceso sí quedaron demostrados los elementos propios de una relación laboral. Asimismo, indicó que los argumentos de la apelación no desvirtúan las conclusiones del fallo y que no existe una tarifa legal específica para probar la subordinación, de manera que esta puede acreditarse mediante la valoración integral del material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

Procede el Tribunal a decidir sobre el asunto litigado, siendo competente para hacerlo en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 243 inciso 1° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUESTIÓN PREVIA

La presente sentencia se dicta a la luz de las excepciones de la prelación de fallos que permite decidir las litis que versan sobre un mismo asunto y sobre las cuales existe reiteración jurisprudencial, con antelación a otros procesos. Al respecto se ha pronunciado el Consejo de Estado, en los siguientes términos:

«En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su deci sión definitiva “entrañe sólo la

artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su deci sión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Diego Ospina Rivas, quien fue

6 Documento No. 008 del expediente digital de segunda instancia.Radicado: 66001-33-33-003-2023-00192-01 (J-1380-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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sindicado de los delitos de estafa agravada, falsedad material de particular en documento público, agravada por el uso y falsedad en documento privado.

Respecto al tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.»7

En virtud de lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009, a su vez modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 8, mutatis mutandis la Sala se encuentra habilitada para decidir el caso concreto. De igual modo, se toma en cuenta el Acuerdo No. 002 del 11 de enero de 2023 «Por el cual se establecen los criterios de alteración del orden para proferir sentencia».

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

igual modo, se toma en cuenta el Acuerdo No. 002 del 11 de enero de 2023 «Por el cual se establecen los criterios de alteración del orden para proferir sentencia».

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Corresponde al Tribunal analizar en esta instancia el fallo recurrido circunscribiendo el estudio a establecer si, conforme fue considerado por el Juez de instancia, entre el municipio de Dosquebradas y el señor Jaime Alberto Rivas Buitrago existió una relación laboral, desde el 06 de febrero de 2020 hasta el 05 de marzo de 2020; desde el 06 de marzo de 2020 hasta el 20 de abril de 2020; desde el 31 de agosto de 2021 hasta el 14 de diciembre de 2021 y desde el 1º de febrero de 2022 hasta el 20 de marzo de 2022, que l o hace acreedor en eso extremos temporales , al reconocimiento y pago todas las prestaciones sociales ordinarias de orden legal incluyendo la prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, dotación, auxilio de transporte y las demás prestaciones sociales legales a que haya lugar, tal como fue establecido por el A quo ; a lo cual se opone la entidad accionada al

7 Sentencia de la Sección T