TA RIS - Sentencia 66001333300120240035001-(15-10-2026)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, quince (15) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Rad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026)

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Gladys Amparo Gutiérrez Gómez Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio y Otro

Apelación de Sentencia

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia proferida en este proceso por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La persona de la referencia, a través de apoderad a judicial, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Pereira, en procura de las siguientes:

1. PRETENSIONES

Se resumen de la siguiente manera1:

1. Se declare la nulidad del acto ficto configurado el 30 de septiembre de 2024, frente a la petición presentada el 29 de mayo de 2024, en cuanto negó el derecho

Se resumen de la siguiente manera1:

1. Se declare la nulidad del acto ficto configurado el 30 de septiembre de 2024, frente a la petición presentada el 29 de mayo de 2024, en cuanto negó el derecho

1 Archivo 2 del expediente digital SAMAI -Otras instancias.Rad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

2 a la cancelación de la pensión de jubilación a la señora Gladys Amparo Gutiérrez Gómez a los 55 años de edad y el cumplimiento de 20 años de servicios , sin exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en nómina de pensionados.

2. Declarar que a la demandante le asiste derecho a que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Pereira , le reconozca n y paguen una pensión de jubilación equivalente al 75 % de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, es decir, a partir del 2 de mayo de 2024.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a los accionados a reconocer y pagar en favor de la parte demandante, la pensión de jubilación equivalente al 75 % de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir a partir del 2 de mayo de 2024.

4. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de ley -artículos 192 y 195 Ley 1437 de 2011 -, se ordene el pago de intereses, la indexación de la

4. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de ley -artículos 192 y 195 Ley 1437 de 2011 -, se ordene el pago de intereses, la indexación de la condena, la inclusión en nómina de pensionados, los ajustes de valor y se condene en costas a la entidad demandada -artículo 188 ibid-.

2. HECHOS

Se resumen así:

1. La demandante nació el 2 de mayo de 1969 , y cuenta en la actualidad con 55 años de edad.

2. La actora se vinculó como docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda , departamento de Caldas, mediante contratos de prestación de servicios para el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1989 al 30 de noviembre de 2001, con algunas interrupciones.

3. Conforme certificación expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas , la actora fue vinculada en provisionalidad para esa entidad desde el 15 de marzo de 2004 al 9 de julio de 2010.Rad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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4. Conforme a la certificación expedida el día 26 de junio de 2024, por la Secretaria del municipio de Pereira, la docente fue vinculada en propiedad desde el 15 de julio de 2010; y hasta la fecha de presentación de la demanda se desempeña como docente oficial en esta entidad.

5. Al cumplir los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, la docente solicitó

julio de 2010; y hasta la fecha de presentación de la demanda se desempeña como docente oficial en esta entidad.

5. Al cumplir los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, la docente solicitó el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación a la entidad demandada, a partir del 2 de mayo de 2024 , fecha en que cumplió el estatus jurídico de pensionada, sin embargo, la solicitud fue negada mediante el acto administrativo acusado.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La parte demandante señala como normas quebrantadas las siguientes:

Ley 33 de 1988, artículo 1 inciso 2 Ley 91 de 1989, artículo 15 numerales 1 y 2 Ley 60 de 1993, artículo 6 Ley 115 de 1993, artículo 115 Ley 100 de 1993, artículo 279 Ley 812 de 2003, artículo 81 Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2

Como argumentos de la alegada violación, señaló que el acto demandado vulnera el régimen jurídico pensional aplicable a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, al desconocer que la actora se encuentra amparada por el régimen anterior al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, particularmente la Ley 33 de 1985, la Ley 91 de 1989 y sus normas complementarias. Afirma que la docente cumplió 55 años de edad y más de 20 años de servicio oficial, los cuales pueden sumarse aun cuando no hayan sido continuos y sin exigir que estuviera vinculado exactamente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812, pues lo relevante es

55 años de edad y más de 20 años de servicio oficial, los cuales pueden sumarse aun cuando no hayan sido continuos y sin exigir que estuviera vinculado exactamente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812, pues lo relevante es haber tenido vinculación previa al servicio educativo oficial.

Que, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto Nacional 3752 de 2003, reglamentario de la Ley 812 de 2003, los docentes vinculados en provisionalidad, la afiliación al Fondo Prestacional del Magisterio era obligatoria por orden de la ley, sin que ahora pueda alegarse, que no se encontraba vinculado a esta entidad, cuandoRad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

4 lo que debe de hacerse eventualmente la entidad, es cobrar las cuotas partes a la entidad que se encontraba afiliada o a la entidad territorial, sin que tenga que trasladarse este perjuicio como trabajador, para proceder a negar la pensi ón, no puede ser posible que al estar demostrado que la actora se encontraba vinculada antes del 23 de junio de 2003, se continúe por la Administración, negando el derecho a reconocer su pensión de jubilación.

La parte actora, se encuentra vinculada con anterioridad al 23 de junio de 2003 y a partir de ese momento se entiende como vinculad a para los efectos del cumplimiento al artículo 81 de la Ley 812 de 2003. En este sentido, el acto administrativo es vulneratorio de las disposiciones legales en que debería haberse fundado, y por lo tanto , debe ser anulado para que se acceda a las suplicas de la

cumplimiento al artículo 81 de la Ley 812 de 2003. En este sentido, el acto administrativo es vulneratorio de las disposiciones legales en que debería haberse fundado, y por lo tanto , debe ser anulado para que se acceda a las suplicas de la demanda, por tratarse de una grave injusticia de la entidad demandada, teniendo en cuenta que la intención del legislador fue proteger los derechos de las personas que han laborado antes del 2003, que estaban vinculados a la docencia oficial y que ha sido clarificada por la jurisprudencia de l órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa de manera amplia y concreta.

Aclara que, que aún la actora se hubiera vinculado después del año 2003, se le aplicaría el Decreto 2278 DE 2002, en cuanto a escalafón docente y no el Decreto 2277 de 1979, pero esta circunstancia no tiene nada que ver con el régimen pensional de la ley 812 de 2003, de los docentes que fueron vinculados antes del año 2003, a quienes se les debe respetar el régimen anterior de esta disposic ión normativa.

II. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

De acuerdo con la constancia visible en el archivo 0 08 del expediente digital, la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , en el término de traslado para contestar la demanda, guardó silencio.

Por su parte, e l municipio de Pereira , en forma oportuna, allegó escrito de contestación a la demanda con escrito visible en el archivo 06 del expediente digital, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones propuestas por cuanto la

Por su parte, e l municipio de Pereira , en forma oportuna, allegó escrito de contestación a la demanda con escrito visible en el archivo 06 del expediente digital, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones propuestas por cuanto la demandante no cuenta con los 20 años de servicios ya que se vinculó enRad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

5 propiedad al servicio educativo – Secretaria de Educación, el día 15 de julio de 2010, y a esa fecha tenía 13 años de servicios.

Sobre el derecho pensional reclamado por la demandante, sostuvo que su vinculación en propiedad mediante nombramiento se dio el 10 de julio de 2006 , lo que indica que la fecha de vinculación de la actora fue en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que no le aplican sus estipulaciones, mucho menos puede concedérsele lo pedido, puesto que lo que le aplica es la normativa anterior a dicha norma, esto es, la Ley 812 de 2003.

Alega que a la entidad territorial, no le es dable reconocer algún factor prestacional, puesto que el Municipio, no puede realizar el reconocimiento de prestación alguna, que se encuentre por fuera de los estudios que apruebe la Fiduprevisora, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2018; pues de hacerlo, estaría quedando incurso en una eventual y múltiple responsabilidad: penal, disciplinaria y fiscal, además de existir una falta de competencia del municipio de Pereira, que se traduce a su vez, en la falta de legitimación en la causa por pasiva en este asunto

quedando incurso en una eventual y múltiple responsabilidad: penal, disciplinaria y fiscal, además de existir una falta de competencia del municipio de Pereira, que se traduce a su vez, en la falta de legitimación en la causa por pasiva en este asunto del ente territorial, a través de su Secretaría de Educación, como quiera que según lo desarrollado por la jurispruden cia del Consejo de Estado, la finalidad del legislador al crear el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, era unificar el sistema prestacional de los maestros del sector público, con ocasión de la diversidad de regímenes que obedecían a la s vinculaciones con las diferentes entidades territoriales, limitándose el ente territorial a la recepción de información para la posterior elaboración de un proyecto de pensión que será presentando al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación ya que está a cargo de éste la aprobación y pago de las pensiones, lo que nos lleva a comprender que también es el responsable de las pretensiones de la demanda.

Formuló como excepciones las que denominó: «Inepta demanda por proposición jurídica incorrecta », «régimen pensional invocado no es aplicable al caso en particular», « responsabilidad legal para decidir sobre reconocim iento de la prestación deprecada es competencia de la nación », «falta de legitimación en la causa por pasiva», «legalidad del acto administrativo demandado» y «prescripción».

III. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira profirió sentenciaRad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

6

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira profirió sentenciaRad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

6 anticipada2, en la que negó las súplicas de la demanda.

Analizó el régimen pensional aplicable a la demandante a partir de la normativa especial del magisterio y de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, entre ellas cita la proferida el 13 de junio de 2025 proferida dentro del proceso número 15001-23-33-000-2021-00613-01 (5301-2023), en la que mencionó que la aplicación de uno u otro régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación, independientemente de la modalidad en que ésta se haya efectu ado, es decir, mediante ingreso a la carrera docente, en provisionalidad o mediante contrato de prestación de servicios. No obstante, sostuvo que aunque no se ha fijado una regla de unificación en cuanto a la naturaleza de la vinculación de la demandante al servicio docente antes de la vigencia de la Ley 812 , considera que la posición que mejor consulta el régimen jurídico aplicable a este asunto es aquella según la cual la demandante debe acreditar una vinculación formal, a través de una relación legal y reglamentaria al servicio docente antes de la vigencia de la Ley 812, para beneficiarse de los postulados de la Ley 33 de 1985 y en ese sentido la vinculación al servicio público educativo no se satisface acreditando que fue contratada para impartir cátedra mediante la celebración de contratos de prestación de servicios, por el contrario, se impone la acreditación de una formalización, a través de una vinculación legal y

público educativo no se satisface acreditando que fue contratada para impartir cátedra mediante la celebración de contratos de prestación de servicios, por el contrario, se impone la acreditación de una formalización, a través de una vinculación legal y reglamentaria, previa acreditación de los presupuestos legales para esos efectos, mismo que no pueden entenderse sustituidos con la celebración de contratos de prestación de servicios para ejercer la labor docente, comoquiera que el ejercicio de un empleo público requiere de la acreditación de las solemnidades propias del ejercicio del cargo, de las cuales se deriva su existencia.

Así las cosas, determina que para que a la docente demandante le resulte aplicable el régimen pensional estatuido en la Ley 33 de 1985, es necesario que acredite que antes del 27 de junio de 2003, estuvo vinculada al servicio público educativo como docente nacional, nacionalizado o te rritorial, a través de una relación legal y reglamentaria. Basta que la vinculación se realice antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, para conservar el derecho a beneficiarse del régimen anterior vigente, aun cuando ulteriormente exista solución de continuidad en la referida vinculación.

Así las cosas, y de cara al caso concreto señaló que la demandante desde el 11 de septiembre de 1989 al 30 de noviembre de 2001, prestó sus servicios como docente

2 Samai Otras instancias – Documento 33Rad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

7 en diferentes instituciones educativas del Municipio de Pereira, por algunos periodos,

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

7 en diferentes instituciones educativas del Municipio de Pereira, por algunos periodos, pero se vinculó por primera vez a través de una relación legal y reglamentaria, en periodo de prueba, el 15 de julio de 2010 y mediante decreto Nro. 251 del 25 de marzo de 2011, se nombró en propiedad, con fecha de posesión el 5 de abril de 2011.

Destaca que, si bien es cierto los tiempos ejercidos como docente a través de la celebración de órdenes o contratos de prestación de servicios deben computarse para efectos pensionales, es necesario que la vinculación a través de relación legal y reglamentaria se haya surtido antes de la vi gencia de la Ley 812 de 2003, para hacerse acreedora al reconocimiento pensional con fundamento en los postulados del régimen vigente antes de la Ley 100 de 1993, en conclusión, para que a la docente demandante le resulte aplicable el régimen pensional estatuido en la Ley 33 de 1985, es necesario que acredite que antes del 27 de junio de 2003, estuvo vinculada al servicio público educativo como docente nacional, nacionalizado o territorial, a través de una relación legal y reglamentaria y esa condición no se satisface en el presente caso toda vez que la primera vinculación de esas características, data del 25 de junio de 2010, con posesión del 15 de julio de 2010, fecha para la que ya se encontraba vigente la Ley 812 de 2003; lo que en principio indicaría que la norma que rige la situación pensional de la señora Gladys Amparo Gutiérrez Gómez, es la Ley 100 de 1993, exceptuando el requisito de edad, que corresponde a 57 años.

situación pensional de la señora Gladys Amparo Gutiérrez Gómez, es la Ley 100 de 1993, exceptuando el requisito de edad, que corresponde a 57 años.

Aunado a lo anterior, la demandante no acreditó en e l proceso que realizó las cotizaciones al sistema de seguridad social mientras prestó sus servicios como docente en la modalidad de órdenes de prestación de servicios, lo que imposibilita computar esos tiempos de servicios para efectos pensionales, toda vez que la línea jurisprudencial construida por el Consejo de Estado establece que este es un presupuesto necesario para acceder a ese pedimento.

En la parte resolutiva del fallo se lee:

«X. FALLA

PRIMERO: SE NIEGAN las súplicas de la demanda, por lo considerado.

SEGUNDO: SIN COSTAS, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Expídase a costa de la parte interesada las copias auténticas que sean solicitadas, con las constancias secretariales requeridas, con observancia de los parámetros legales. (Artículo 114 del Código General del Proceso).

CUARTO: EJECUTORIADA esta providencia, archívense las diligencias, previasRad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

8 las anotaciones respectivas.»

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora3, allegó escrito en el cual interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

Manifestó su inconformidad indicando que la a quo incurrió en una indebida

La parte actora3, allegó escrito en el cual interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

Manifestó su inconformidad indicando que la a quo incurrió en una indebida aplicación normativa sin adecuar la situación fáctica a las normas previstas para el reconocimiento prestacional, toda vez que, del expediente se advierte que la señora Gladya Amparo Gutierrez , laboró por más de 20 años como docente oficial al servicio de instituciones públicas, el derecho pensional de la accionante no debía examinarse conforme a las premisas del régimen de prima media al cual direcciona la Ley 812 de 2003 para los docentes que se vincularon con posterioridad a su vigencia, dado que su ingreso al servicio público data de tiempo atrás, de tal suerte que, debía regirse por lo previsto en la Ley 33 de 1985, no siendo entonces viable examinar la pretensión bajo la óptica de la Ley 812 de 2003, que no permite la sumatoria de tiempos laborados en diferentes entidades públicas. De esta manera la docente cumplió con los requisitos establecidos en la ley para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación por esa entidad.

La norma aplicable es la Ley 33 de 1985, que reguló la pensión de jubilación en el artículo 1º para el empleado oficial que haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años de edad con excepción de aquellos cobijados con el régimen de transición, y quienes se encuentren regulados por regímenes especiales.

Hace referencia a la excepción que trae la Ley 100 de 1993 en cuanto al régimen

excepción de aquellos cobijados con el régimen de transición, y quienes se encuentren regulados por regímenes especiales.

Hace referencia a la excepción que trae la Ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de seguridad social integral allí consagrado para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de igual forma lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que se encuentra vigente, y que indica que los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados con anterioridad al 26 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, están cobijados por el régimen pensional previsto en las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para ese momento; y para aquéllos educadores que se vinculen con posterioridad a la emisión de la disposición en comento, se les

3 Archivo 37 expediente digital SAMAI -Otras instancias.Rad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

9 aplicaría el régimen prestacional de prima media establecido en la Ley 100 de 1993, con excepción del requisito de edad de pensión de vejez. Del mismo modo, refiere que el ejercicio de la docencia oficial, se encuentra excluido de la prohibición de devengar salario y percibir la pensión de jubilación, pues así quedó establecido en el artículo 5° de la Decreto 224 de 1972.

Refiriéndose al caso concreto de la demandante, aduce que conforme a los certificados de tiempos de servicios aportados con la demanda expedidos por la secretaría de educación del Municipio de Pereira a la cual pertenece la docente, se

Refiriéndose al caso concreto de la demandante, aduce que conforme a los certificados de tiempos de servicios aportados con la demanda expedidos por la secretaría de educación del Municipio de Pereira a la cual pertenece la docente, se pudo establecer que la actora efectuó sus aportes para cubrir el riesgo de vejez por espacio de 26 años, 7 meses, 10 días como docente; que el 2 de mayo de 2024, ogra cumplir con el requisito de los 20 años de servicios, y los 55 años de edad, toda vez que nació el 2 de mayo de 1969.

Destaca que la docente tuvo diversas vinculaciones, en el sector público, siempre al servicio del departamento de Risaralda, departamento de Caldas por OPS del 11 de septiembre de 1989 al 30 de noviembre de 2001 con algunas interrupciones y luego en PROVISIONALIDAD del 15 de marzo de 2004 al 09 de julio de 2010 y finalmente en PROPIEDAD para el MUNICIPIO DE PEREIRA del 15 de julio de 2010 a la fecha de presentación de la demanda, pruebas que no fueron valoradas por el Juez de primera instancia, pues señala que el educador se vinculó solo hasta el 15 de julio de 2010, fecha para la cual ya estaba vigente la Ley 812 de 2003 y en consecuencia afirmó que no resulta aplicable la normatividad anterior a la vigencia de la citada ley, sino la contemplada en el régimen general de pensión para la nueva vinculación, Ley 100 de 1993, la que supone una nueva afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Además de ello, el tiempo de servicio -20 añospueden prestarse en forma continua

vinculación, Ley 100 de 1993, la que supone una nueva afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Además de ello, el tiempo de servicio -20 añospueden prestarse en forma continua o discontinua por lo que en ninguno de sus apartes requiere de que los 20 años de servicio sean de manera continua o de que permanezcan en el tiempo, lo que le permite a los docentes cumplirlos de manera discontinua; por otro lado, resalta que el nuevo nombramiento del educador en provisionalidad para el año 2004, no se debe presumir o entender como una nueva afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sino como una continuidad al servicio de la docencia, que si bien cambió de modalidades pues para el año 1989 por orden de prestación de servicios, para el 2004 en provisionalidad y en el 2010 en propiedad,Rad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

10 e ingresó al nuevo escalafón docente, ello no quiere decir que hubiese perdido las prerrogativas de su régimen pensional, esto es la de la ley 33 de 1985.

Considera que, no se pueden establecer requisitos que no fueron contemplados por la misma norma, en el sentido que solo aplica para aquellos que estuviesen vinculados de manera continua con anterioridad al 26 de junio de 2003, pues artículo 81 de la ley 812 de 2003 solo indica vinculados, mas no hace referencia a la modalidad en que estos docentes se vinculen al magisterio, por lo que podrían ser temporales, provisionales, por Orden de Prestación de Servicio o por Hora Cátedra, pues la modalidad no determina la calidad del docente ni lo hace diferente

la modalidad en que estos docentes se vinculen al magisterio, por lo que podrían ser temporales, provisionales, por Orden de Prestación de Servicio o por Hora Cátedra, pues la modalidad no determina la calidad del docente ni lo hace diferente a los que ingresan en propiedad por haber presentado el concurso de méritos, situación distinta en el párrafo segundo del artículo 81 de la precitada ley 812 de 2003, que establece que los que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley serán afiliados al FOMAG, por lo tanto hace alusión a los nuevos docentes oficiales y no a los que ya venían como educadores, pues como en este caso la docente ya venía vinculada desde 1989.

Por lo anterior, considera que la docente debía considerarse beneficiari a del régimen de transición aplicable al sector docente y acreedor a a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, en cuantía del 75 % del salario promedio del último año, en compatibilidad con el salario docente. Con fundamento en lo anterior, solicitó la revocatoria integral de la sentencia apelada, la declar ación de nulidad del acto administrativo presunto que negó el reconocimiento pensional y el restablecimiento del derecho en los términos reclamados en la demanda.

V. PRONUNCIAMIENTO DE LOS NO APELANTES Y CONCEPTO

DEL MINISTERIO PÚBLICO

De conformidad con la constancia secretarial visible en el archivo 7 del expediente digital, el sujeto procesal no apelante y e l señor agente del Ministerio Público guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con la constancia secretarial visible en el archivo 7 del expediente digital, el sujeto procesal no apelante y e l señor agente del Ministerio Público guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIARad. 66001-33-33-001-2024-00350-01 (J-1384-2026)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

11 Agotado el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede el Tribunal a decidir sobre el asunto debatido, para lo cual es competente en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 243 inciso 1° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. CUESTIÓN PREVIA

La presente sentencia se dicta a la luz de las excepciones de prelación de fallos que permite decidir las litis en un orden distinto «en atención a la naturaleza de los asuntos» que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009 4 -modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 -, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho sustanciador, en cuanto la naturaleza del presente plenario se constituye en una temática recurrente en esta jur isdicción, sobre la cual ya se ha pronunciado este Tribunal por lo que mutatis mutandis la Sala se encuentra habilitada para decidir el caso concreto. De igual modo, se toma en cuenta el Acuerdo No. 002 del 11 de

temática recurrente en esta jur isdicción, sobre la cual ya se ha pronunciado este Tribunal por lo que mutatis mutandis la Sala se encuentra habilitada para decidir el caso concreto. De igual modo, se toma en cuenta el Acuerdo No. 002 del 11 de enero de 2023 «Por el cual se establecen los criterios de alteración del orden para proferir sentencia», emitido por la Sala Plena de este Tribunal , modificado por el Acta de fecha 23 de octubre de 2025 frente a asuntos pensionales.

3. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Tribunal a determinar si le asiste el derecho a la parte demandante al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación regulada en la Ley 33 de 1985 al haber cumplido 55 años y completado 20 años de aportes, en cuantía del

4 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024: «ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. «Los despachos judiciales tramitarán y fallarán los procesos sometidos a su conocimiento con sujeción al orden cronológico de turnos. Sin sujeción al orden cronológico de turnos, las salas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales deberán tramitar y fallar preferentemente los procesos en los siguientes casos:

1. Cuando existan razones de seguridad nacional.

2. Para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional.

3. Graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

4. Cuando revista especial trascendencia económica o social.

5. Cuando se trate de asuntos relacionados con hechos de corrupción de servidores públicos.

3. Graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

4. Cuando revista especial trascendencia económica o social.

5. Cuando se trate de asuntos relacionados con hechos de corrupción de servidores públicos.

6. Cuando la decisión concierne a niños, niñas y adolescentes.

Los mismos despachos previstos en el inciso segundo del presente artículo podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de las decisiones de fondo. Para tal efecto, fijará periódicamente los temas de agrupación de los procesos y señalará, mediante aviso, las fechas en las que se asumirá el respectivo estudio. Así