TA RIS - Sentencia 66001333300520240039001-(15-10-2026)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, quince (15) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026)

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Lucelly Muñoz Pulgarín Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro

Apelación de Sentencia

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Fomag y el Departamento de Risaralda, frente a la sentencia proferida en este proceso por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La señora Lucelly Muñoz Pulgarín, a través de apoderada judicial, instauró demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en procura de las siguientes:

1. PRETENSIONES

Se resumen de la siguiente manera:

1. Se declare la nulidad del acto ficto configurado el 28 de septiembre de 2 024, frente a la petición presentada el día 27 de junio de 2024, en cuanto negó el derechoRad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

frente a la petición presentada el día 27 de junio de 2024, en cuanto negó el derechoRad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

2 a la cancelación de la pensión de jubilación de la actora, a los 55 años de edad y 20 años de servicio, sin exigir el retiro definitivo del cargo docente, para efectuar la inclusión en la nómina de pensionados.

2. Declarar que la demandante tiene derecho a que la demandada reconozca y pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir, a partir del 16 de septiembre de 2014, momento en que cumplió los 55 años de edad y los 20 años de servicio, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

3. Condenar la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a que se me reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir, a partir del 16 de septiembre de 2014 por haber completado los 20 años de servicio y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

4. Que se ordene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Risaralda , dar

compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

4. Que se ordene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Risaralda , dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(C.P.A.C.A.)

6. Condenar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Risaralda , al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de las sumas adeudadas.

7. Condenar en costas a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Risaralda al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de los valores adeudados.Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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9. Ordenar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Risaralda , la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho, hasta la inclusión en la nómina.

en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho, hasta la inclusión en la nómina.

10. Condenar en costas la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Risaralda.

2. HECHOS

Se resumen así:

1. La demandante nació el 16 de junio de 1958, y cumplió sus 55 años de edad el 16 de junio de 2013.

2. La señora Lucelly Muñoz Pulgarín tuvo las siguientes vinculaciones como docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, así:

• Del 20 de marzo de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1997, mediante contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Educación del municipio de Belén de Umbría, Risaralda. • Del 14 de marzo hasta el 29 de julio de 2003 , mediante contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda. • Del 29 de julio hasta el 29 de octubre de 2003, mediante contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda. • Del 31 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2003 , mediante contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda.

3. Posteriormente, la demandante estuvo vinculada como docente del departamento de Risaralda, en provisionalidad, del 5 de febrero de 2004 al 3 de mayo de 2005.

departamento de Risaralda.

3. Posteriormente, la demandante estuvo vinculada como docente del departamento de Risaralda, en provisionalidad, del 5 de febrero de 2004 al 3 de mayo de 2005.

4. A partir del 4 de mayo de 2005, la señora Lucelly Muñoz Pulgarín fue vinculadaRad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

4 como docente del departamento de Risaralda, mediante nombramiento en propiedad, vinculación que se mantenía para la fecha de presentación de la demanda.

5. De acuerdo con los períodos de servicio relacionados en la demanda, la demandante acumulaba, al 25 de junio de 2024, un total de 29 años, 10 meses y 9 días de servicio, discriminados así: 8 años, 9 meses y 12 días , entre el 20 de marzo de 1989 y el 31 de diciembre de 1997; 4 meses y 16 días , entre el 14 de marzo y el 29 de julio de 2003; 3 meses, entre el 29 de julio y el 29 de octubre de 2003; 20 días, entre el 31 de octubre y el 20 de noviembre de 2003; 1 año, 2 meses y 29 días, entre el 5 de febrero de 2004 y el 3 de mayo de 2005; y 19 años, 1 mes y 22 días, desde el 4 de mayo de 2005 hasta el 25 de junio de 2024.

6. El 27 de junio de 2024, la señora Lucelly Muñoz Pulgarín solicitó ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

6. El 27 de junio de 2024, la señora Lucelly Muñoz Pulgarín solicitó ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación, con efectos a partir del 16 de septiembre de 2014 , fecha que señaló como aquella en la que adquirió el estatus jurídico de pensionada.

7. Transcurridos tres meses sin que se emitiera respuesta a la solicitud, se configuró el silencio administrativo negativo, que la demanda identifica como el acto ficto del 28 de septiembre de 2024 , mediante el cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

8. Sostiene que, al contar con más de 20 años de servicio oficial, más de 55 años de edad y haber sido vinculada como docente antes del 23 de junio de 2003, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, de conformidad con el régimen aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

La parte demandante señala como normas quebrantadas las siguientes:

Ley 33 de 1985. Artículo 1° inciso 2°. Ley 91 de 1989. Artículo 15 Numerales 1 y 2. Ley 60 de 1993. Artículo 6.Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

5 Ley 115 de 1993. Artículo 115.

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

5 Ley 115 de 1993. Artículo 115. Ley 100 de 1993. Artículo 279. Ley 812 de 2003. Artículo 81. Decreto 3752 de 2003. Art. 1 y 2.

Como argumentos de la alegada violación, expone que el régimen pensional aplicable a su situación debe determinarse a partir de las normas especiales que regulan la prestación de los docentes oficiales y, particularmente, de la fecha en que se produjo su vinculación al servicio educativo. Para desarrollar esta tesis, parte de lo dispuesto en el artículo 17, literal b), de la Ley 6 de 1945, disposición que estableció, entre otros requisitos, el cumplimiento de veinte (20) años de servicio y cincuenta (50) años de edad para acceder a la pensión de jubilación, y relaciona dicha regulación con el artículo 1º, inciso segundo, de la Ley 33 de 1985, conforme al cual el empleado oficial que haya prestado veinte (20) años continuos o discontinuos de servicio y alcance los cincuenta y cinco (55) años de edad tiene derecho a la pensión de jubilación en los términos allí previstos.

Explica que, aunque la Ley 33 de 1985 contempló una excepción respecto de quienes se encontraban vinculados al servicio docente con más de quince años de servicio al momento de su entrada en vigencia, dicha situación no constituye el fundamento principal d e su pretensión, pues considera que su derecho debe analizarse a partir del régimen especial aplicable al personal docente.

Atribuye especial relevancia a la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 distingue el

fundamento principal d e su pretensión, pues considera que su derecho debe analizarse a partir del régimen especial aplicable al personal docente.

Atribuye especial relevancia a la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 distingue el régimen aplicable a los docentes nacionales y a quienes ingresaron al servicio a partir del 1º de enero de 1990, estableciendo para estos últimos, en materia de prestaciones económicas y sociales, la aplicación de las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, con las excepciones expresamente previstas en la misma ley. A partir de esta regulación, sostiene que el régimen pensional de los docentes no puede establecerse únicamente atendiendo a la última modalidad de vinculación o al momento en que se consolidó el requisito de edad, sino que resulta necesario establecer cuál era el régimen que gobernaba su situación a partir de la fecha de ingreso al servicio. Bajo esa perspectiva, considera que la expedición de la Ley 812 de 2003 no puede desconocer las situaciones jurídicas derivadas de vinculaciones anteriores a su entrada en vigencia.

Sostiene que los períodos laborados mediante vinculaciones provisionales,Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

6 temporales o incluso bajo órdenes de prestación de servicios no pueden ser desconocidos para efectos pensionales por la sola modalidad formal empleada por la administración. En apoyo de esta conclusión, acude al Decreto 3752 de 2003 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la prestación del servicio docente, de la cual extrae que las circunstancias de la vinculación y el tiempo efectivamente

la administración. En apoyo de esta conclusión, acude al Decreto 3752 de 2003 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la prestación del servicio docente, de la cual extrae que las circunstancias de la vinculación y el tiempo efectivamente servido pueden acreditarse mediante distintos medios de prueba, sin que las deficiencias de afiliación o cotización puedan trasladarse al docente.

Finalmente, indica que al contabilizar la totalidad del tiempo servido, supera los veinte (20) años de servicio y alcanzó los cincuenta y cinco (55) años de edad, por lo que considera que reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación bajo el régimen que, según su interpretación, conservó vigencia para quienes se encontraban vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003.

II. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, acudió mediante escrito1 a través del cual se opone a las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto administrativo acusado fue expedido conforme al contexto fáctico y jurídico de la demandante y que, por tanto, no se configura causal de nulidad que permita acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.

Como fundamentos de defensa expuso que el régimen pensional aplicable a los docentes depende de la fecha de vinculación al servicio educativo estatal y explica que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones anteriores, mientras que aquellos que ingresaron a partir de esa fecha están sometidos al régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de

que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones anteriores, mientras que aquellos que ingresaron a partir de esa fecha están sometidos al régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con un a edad de 57 años para ambos sexos. En esa línea, invoca jurisprudencia relacionada con docentes que acreditan tiempos de servicio en los sectores público y privado y sostiene que la pensión por aportes exige reunir los presupuestos propios de la Ley 71 de 1988, los cuales, a su juicio, no se satisfacen cuando los períodos de servicio invocados corresponden a contratos de prestación de servicios, pues estos se rigen por normas civiles.

1 Documento10 -En otras instancias -Samai.Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

7 Considera que la vinculación de la demandante al servicio educativo estatal se produjo co n posterioridad al 27 de junio de 2003, por lo que estima aplicable el régimen previsto en la Ley 812 de 2003 y, en consecuencia, los requisitos de edad y semanas establecidos en las Leyes 10 0 de 1993 y 797 de 2003. Añade que los tiempos acreditados mediante contratos de prestación de servicios no permiten configurar el requisito de servicio exigido para la pensión de jubilación por aportes; asimismo, sostiene que el acto administrativo demandado se ajusta a derecho y solicita que se tenga en cuenta la posibilidad de proferir senten cia anticipada, al considerar que las pruebas solicitadas son documentales y no existe controversia sobre ellas.

asimismo, sostiene que el acto administrativo demandado se ajusta a derecho y solicita que se tenga en cuenta la posibilidad de proferir senten cia anticipada, al considerar que las pruebas solicitadas son documentales y no existe controversia sobre ellas.

Finalmente, propuso como excepciones las de ineptitud de la demanda por falta de reclamación administrativa, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción, legalidad de los actos administrativos demandados, buena fe e improcedencia de imposición de costas procesales.

Por su parte, el Departamento de Risaralda acudió mediante escrito2 a través del cual se pronunció frente a la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma, al considerar que la demandante no reúne los requisitos para acceder a la pensión pretendida y que, además, dicha entidad no se encuentra legitimada para su reconocimiento y pago.

Sostiene que la fecha de vinculación al servicio educativo estatal es el elemento determinante para establecer las reglas pensionales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Con fundamento en el Acto Legislativo 01 de 2005, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, considera que quienes ingresaron al servicio educativo antes del 27 de junio de 2003 conservan el régimen previsto en la Ley 91 de 1989 y las disposiciones anterio res, mientras que quienes se vincularon a partir de esa fecha están sometidos al régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con una edad de pensión de 57 años para hombres y mujeres. En esa medida, sostiene que la fecha relevante no corresponde a la causación de la

fecha están sometidos al régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con una edad de pensión de 57 años para hombres y mujeres. En esa medida, sostiene que la fecha relevante no corresponde a la causación de la prestación, sino al ingreso al servicio educativo estatal.

2 Documento12 -En otras instancias -Samai.Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

8 Afirma que la vinculación de la demandante al servicio educativo estatal se produjo con posterioridad al 27 de junio de 2003, por lo que considera aplicables las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2 005. Añade que, conforme al artículo 105 de la Ley 115 de 1994, la vinculación al servicio educativo estatal únicamente puede efectuarse mediante nombramiento y dentro de la planta de personal, razón por la cual los períodos anteriores desarrollados mediante contratos de prestación de servicios no pueden determinar el régimen pensional aplicabl e. Bajo esa consideración, sostiene que para acceder a la prestación la demandante debía acreditar los requisitos correspondientes al régimen de prima media y que no los reúne.

Propuso como excepciones las de falta de los requisitos mínimos para el reconocimiento de la pensión de jubilación, inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. LA SENTENCIA APELADA

Propuso como excepciones las de falta de los requisitos mínimos para el reconocimiento de la pensión de jubilación, inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira profirió sentencia3, en la que accedió a las súplicas de la demanda.

El despacho circunscribió el objeto de controversia a determinar si procedía declarar la nulidad del acto ficto configurado el 28 de septiembre de 2024, derivado de la falta de respuesta a la reclamación presentada el 27 de junio de ese año, y, como consecuencia de ello, establecer si la demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de jubilación equivalente al 75% del salario y las primas recibidas, a partir del momento en que adquirió el estatus pensional, sin que fuera necesario su retiro definitivo del servicio docente.

Así, el juzgado partió del régimen general de pensión de jubilación previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, conforme al cual el empleado oficial que hubiera servido durante 20 años, continuos o discontinuos, y alcanzara los 55 años de edad, tendría derecho a una pensión equivalente al 75% del salario promedio que hubiera servido de base para los aportes durante el último año de servicio. A partir de esta disposición, identificó como requisitos para acceder a la prestación la edad de 55

3 Documento 22 -En otras instancias –Samai.Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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3 Documento 22 -En otras instancias –Samai.Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

9 años, los 20 años de servicio y una tasa de reemplazo del 75%.

Examinó la incidencia de la Ley 100 de 1993 y precisó que, aunque esta creó el Sistema de Seguridad Social Integral y tuvo como finalidad unificar los regímenes pensionales existentes, el artículo 279 exceptuó expresamente a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En consecuencia, concluyó que los docentes afiliados al FOMAG contaban con una normativa propia y con requisitos particulares para acceder a la pensión.

El despacho examinó las normas y jurisprudencia aplicables al caso concreto y determinó que la demandante había prestado servicios docentes mediante órdenes de prestación de servicios en el municipio de Belén de Umbría entre el 20 de marzo de 1989 y el 1 de diciembre de 1997. Asimismo, consideró acreditados los períodos laborados para el Departamento de Risaralda mediante órdenes de prestación de servicios entre el 14 de marzo y el 20 de noviembre de 2003, a partir de las órdenes de prestación de servicios y demás documentos incorporados al expediente.

El despacho precisó que, aunque el servicio educativo del municipio de Belén de Umbría no se encontraba certificado y estaba a cargo de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, ello permitía concluir que la vinculación de la demandante mediante órdenes de prestación de servicios se había producido con el

Umbría no se encontraba certificado y estaba a cargo de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, ello permitía concluir que la vinculación de la demandante mediante órdenes de prestación de servicios se había producido con el Departamento de Risaralda. En consecuencia, consideró acreditados, para efectos pensionales, los períodos comprendidos entre el 20 de marzo de 1989 y el 1.º de diciembre de 1997, así como los diferentes períodos de 2003.

Estableció como fecha inicial de vinculación de la demandante al servicio docente oficial el 20 de marzo de 1989, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por ello, concluyó que la demandante estaba cobijada por el régimen anterior previsto en el artículo 81 de dicha ley y, específicamente, por el régimen de pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985.

El cuadro elaborado por el juzgado arrojó un total de 10.716 días laborados hasta el 28 de junio de 2024, correspondientes a 29 años, 9 meses y 6 días. Para el período comprendido entre 1989 y 1997, el certificado laboral no precisaba el día exacto de terminación en diciembre de 1997; por ello, el despacho tomó como fecha final el 1º de diciembre de ese año, al considerar que, por regla general, las ins tituciones educativas tienen vacaciones docentes durante diciembre y que, en cualquier caso,Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

10 dicha determinación no afectaba sustancialmente el derecho, pues la demandante superaba suficientemente el tiempo requerido.

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

10 dicha determinación no afectaba sustancialmente el derecho, pues la demandante superaba suficientemente el tiempo requerido.

Determinó que al momento en que la demandante cumplió 55 años, el 18 de junio de 2013, contaba con 18 años, 8 meses y 26 días de servicio, razón por la cual consideró que el requisito temporal de 20 años se completó posteriormente, el 22 de septiembre de 2014, fecha que el despacho tuvo como momento de consolidación del estatus pensional.

Concluyó que la demandante cumplió los presupuestos exigidos por la Ley 33 de 1985 y, por tanto, tenía derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada.

Determinó que la pensión de jubilación reconocida bajo la Ley 33 de 1985 resulta compatible con el salario percibido por el ejercicio de la actividad docente. Por consiguiente, consideró que no podía exigirse a la demandante el retiro definitivo del servicio como condición para disfrutar de la prestación pensional.

Frente a la prescripción, determinó que el derecho pensional se causó el 22 de septiembre de 2014, por lo que el término de tres años para interrumpir la prescripción vencía el 22 de septiembre de 2017. Como la reclamación administrativa solo fue presentada el 27 de junio de 2024 y la demanda se instauró el 30 de octubre de 2024, concluyó que había transcurrido un término superior a los tres años. En consecuencia, declaró prescritas las mesadas causadas antes del 27 de junio de 2021 , aunque

concluyó que había transcurrido un término superior a los tres años. En consecuencia, declaró prescritas las mesadas causadas antes del 27 de junio de 2021 , aunque mantuvo el reconocimiento del derecho pensional desde el 22 de septiembre de 2014, otorgando efectos fiscales únicamente desde el 27 de junio de 2021.

En la parte resolutiva del fallo se indicó:

«V. FALLA

1. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción formulada por las demandadas, en relación con las mesadas causadas con anterioridad al 27 de junio de 2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. DECLARAR no probadas las demás excepciones formuladas por las entidades demandadas, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones.Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

11

3. DECLARAR la nulidad del acto ficto surgido ante la falta de respuesta a la reclamación administrativa presentada el día 27 de junio de 2024, a través del cual se resolvió negativamente la reclamación administrativa elevada por la señora Lucelly Muñoz Pulgarín, consistente en el reconocimiento de la pensión de jubilación, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

4. DECLARAR que el tiempo laborado por la señora Lucelly Muñoz Pulgarín bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios durante los periodos comprendidos entre el 20/03/1989 y 01/12/1997, 14/03/2003 y 29/07/2003,

bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios durante los periodos comprendidos entre el 20/03/1989 y 01/12/1997, 14/03/2003 y 29/07/2003, 29/07/2003 y 29/10/2003, 31/10/2003 y 19/11/20 03 que estuvo vinculada al servicio del Departamento de Risaralda, se deben computar para efectos pensionales.

5. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar en favor de la señora Lucelly Muñoz Pulgarín la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, a partir del 22 de septiembre de 2014, pero con efectos fiscales a partir del 27 de junio de 2021, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el año anterior a la fecha de adquisición del status de pensionada, esto es, del 22 de septiembre de 2013 al 21 de septiembre de 2014, de con formidad con la parte considerativa de esta providencia.

6. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de este fallo.

7. CONDENAR al Departamento de Risaralda a PAGAR al Fondo Nacional de

consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de este fallo.

7. CONDENAR al Departamento de Risaralda a PAGAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAGcomo aportes pensionales en favor de la parte demandante, el valor de la diferencia que exista entre lo cotizado por la señora Lucelly Muñoz Pulgarín como contratista y la suma que debió cotizar por este concepto, mes a mes, tomando como base de cotización los honorarios pactados en las ordenes de prestación de servicios, sólo en el porcentaje que le correspondía como empleador para los periodos 20/03/1989 y 01/12/1997, 14/03/2003 y 29/07/20 03, 29/07/2003 y 29/10/2003, 31/10/2003 y 19/11/2003.

Por su parte, la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG deberá verificar si existe alguna diferencia entre los aportes efectuados por la entonces contratista por los periodos señalados, y de ser el caso adelantar el cobro al Departamento de Risaralda, únicamente de las sumas faltantes (si existieren).

Para tal efecto, la demandante deberá acreditar las cotizaciones realizadas en su momento a cualquier entidad administradora de pensiones, por el tiempo que duraron las referidas relaciones contractuales, pues en caso contrario deberá pagar o completar el monto que como trabajadora le correspondía por ese concepto.

8. DECLARAR que la pensión de jubilación aquí reconocida es compatible con el salario que devenga la demandante en la actividad docente, de acuerdo con

pagar o completar el monto que como trabajadora le correspondía por ese concepto.

8. DECLARAR que la pensión de jubilación aquí reconocida es compatible con el salario que devenga la demandante en la actividad docente, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

[…]».Rad. 66001-33-33-005-2024-00390-01 (J-1382-2026) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

12

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Las entidades demandadas, dentro del término legal, interpusieron y sustentaron recurso de apelación solicitando que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar , se declare que la docente no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, de acuerdo con los siguientes argumentos:

El Departamento de Risaralda 4 aduce que la Ley 33 de 1985 es inaplicable al caso concreto y cuestiona que el juzgado hubiera tomado el 20 de marzo de 1989 como fecha de vinculación de la demandante al servicio educati