TA RIS - Sentencia 66001333300420260027301-(06-10-2026)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, 6 de octubre de 2026

Providencia Sentencia impugnación tutela Radicado 66001-33-33-004-2026-00273-01 (L-1455-2026) Acción Tutela Accionante Martha Cecilia Loaiza Toro Accionada Nación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora Departamento de Risaralda Temas ➢ Petición reconocimiento pensional docente. ➢ Temeridad en tutela. Decisión juzgado El Juzgado Cuarto, ampara mediante sentencia del 12/Ago/2026 Impugnante Departamento de Risaralda Decisión tribunal Modifica Razón de la decisión Se amplía la orden de amparo respecto a entidad ordenada.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante refiere que el 16 de marzo de 2026 a través de la plataforma Humano en Línea solicitó el reconocimiento pensional sin que a la fecha se haya proferido decisión alguna. Aduce como vulnerado su derecho de petición y pretende se ordene a las demandadas resolver de fondo la solicitud incoada.

2. INTERVENCIÓN DE LAS DEMANDADAS

El departamento de Risaralda afirmó que la entidad no contaba con elementos fácticos y documentales que le permitieran aceptar o controvertir las afirmaciones de la parte actora , dado que no participó en la recepción, trámite o estudio de la petición.

La Nación – Ministerio de Educación refiere que no se evidencia que la

fácticos y documentales que le permitieran aceptar o controvertir las afirmaciones de la parte actora , dado que no participó en la recepción, trámite o estudio de la petición.

La Nación – Ministerio de Educación refiere que no se evidencia que la demandante haya radicado solicitud o petición dado que no existe registro de trazabilidad que permita acreditar esto. Por lo que no se puede atribuir la vulneración a dicha entidad.2

3. EL FALLO IMPUGNADO

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira mediante sentencia decidió:

«1TUTELAR el derecho fundamental de petición que le fue conculcada a la señora Martha Cecilia Loaiza Toro por parte del Departamento de Risaralda.

2En consecuencia, se ORDENA al Departamento de Risaralda para que el término improrrogable de setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de este fallo a la solicitud y/o petición de solicitud bajo el radicado No . RISAR2026036VT5050058811 el 16 de marzo de 2026, proceda a dar respuesta clara y de fondo a la solicitud del 21 de abril de 2026 presentada por la accionante Martha Cecilia Loaiza Toro Decisión que debe serle notificada.»

Para lo cual afirmó que conforme las pruebas obrantes en el expediente, no existía respuesta por parte de la entidad a la solicitud incoada por la parte actora.

4. LA IMPUGNACIÓN

El departamento de Risaralda en su escrito pone en conocimiento que la demandante ha presentado la misma acción constitucional, dado que el Juzgado Tercero Civil de Familia tramitó una acción de tutela por los mismos hechos, por lo cual solicita se declare la temeridad.

demandante ha presentado la misma acción constitucional, dado que el Juzgado Tercero Civil de Familia tramitó una acción de tutela por los mismos hechos, por lo cual solicita se declare la temeridad.

Señala que en el Juzgado en mención bajo el radicado 2026-00233 se ordenó:

«SEGUNDO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por conducto de su Secretario o Secretaria de Educación, o de quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia emita y comunique a MARTHA CECILIA LOAIZA TORO, por conducto de su apoderada judicial y al correo electrónico registrado en el expediente, una respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y consecuente con el trámite surtido, respecto de la solicitud de reconocimiento pensional radicada el 16 de marzo de 2026 bajo el número RISAR20260316VT5050058811, en la que deberá: (i) pronunciarse de manera definitiva sobre el reconocimiento o la negativa de la prestación, mediante el acto administrativo correspondiente; o (ii) de no ser ello materialmente posible dentro de dicho término, precisar el estado actual del trámite, las actuaciones concretas pendientes, la dependencia o entidad responsable de cada una de ellas y la fecha cierta en que expedirá el acto administrativo, la cual en ningún caso podrá exceder de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia.»

Y dentro del fallo en este trámite se ordenó lo siguiente:

«2En consecuencia, se ORDENA al Departamento de Risaralda para que el

contados a partir de la notificación de esta providencia.»

Y dentro del fallo en este trámite se ordenó lo siguiente:

«2En consecuencia, se ORDENA al Departamento de Risaralda para que el término improrrogable de setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de este fallo a la solicitud y/o petición de solicitud bajo el radicado No. RISAR2026036VT5050058811 el 16 de marzo de 2026, proceda a dar respuesta clara y de fondo a la solicitud del 21 de abril de 2026 presentada por la accionante Martha Cecilia Loaiza Toro Decisión que debe serle notificada.»3

Agrega que dentro del caso particular la demandante solicitó el reconocimiento pensional el 13 de marzo y que el 16 de marzo se remitió el proyecto de acto administrativo a la Fiduprevisora para su aprobación en los términos del artículo 2.4.4.2.3.2.2 del Decreto 1272 de 201, por lo que el reconocimiento pretendido se encuentra en este momento a cargo de dicha entidad a fin de proceder a expedir la resolución y dejarla en firme.

Reitera que la Fiduprevisora no ha aprobado el proyecto. Y por otro lado, se indica que con el terremoto ocurrido el 10 de agosto que ocasionó daños en la Gobernación tanto la planta física como los sistemas de la información, por lo que ningún funcionario puede ingresar a las instalaciones y que en virtud de lo anterior el gobernador del departamento mediante decreto suspendió los términos para trámites administrativos.

5. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia: Siendo competente esta Corporación para conocer del presente proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de

trámites administrativos.

5. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia: Siendo competente esta Corporación para conocer del presente proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y como quiera que no se advierte causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede el Tribunal a proferir sentencia en segunda instancia.

5.2. Objeto de decisión

5.2.1. Problemas jurídicos: ¿Cuándo se configura la temeridad en la acción de tutela? ¿Cuál es el término con que cuenta una entidad para dar respuesta a una solicitud de reconocimiento pensional?

5.2.2. Asunto a resolver: En los términos de la impugnación, corresponde determinar si en este caso e xiste identidad con otra acción constitucional presentada y se configura la temeridad y, de no ser así, establecer si debe confirmarse o no la decisión de primera instancia a través de la cual se amparó el derecho de petición en un tema pensional.

5.3. Análisis jurídico

5.3.1. De la temeridad

el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala: « Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes», a su vez el artículo 25 de la misma disposición dispone en su inciso final « Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad»

« Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad»

Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado sobre dicha figura lo siguiente:4

La jurisprudencia ha establecido ciertas reglas con el fin de identificar una posible situación constitutiva de temeridad así1:

«La Sentencia T -045 de 2014 advirtió que la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones [2] y (iv) la ausencia de justificación razonable[3] en la presentación de la nueva demanda [4] vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del demandante. En la Sentencia T -727 de 2011 se definió los siguientes elementos “(…) (i) una identidad en el objeto, es decir, que ¨las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental¨ [5]; (ii) una identidad de causa petendi , que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa [6]; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado».

Por tanto, consideró la Corte Constitucional que en caso de que se configuren los presupuestos mencionados anteriormente, el juez constitucional no solo debe

manera directa o por medio de apoderado».

Por tanto, consideró la Corte Constitucional que en caso de que se configuren los presupuestos mencionados anteriormente, el juez constitucional no solo debe rechazar o decidir desfavorablemente las pretensiones, sino que además deberá imponer las sanciones a que haya lugar.

5.3.2. Derecho fundamental de petición

La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la violación del derecho de petición. El cuerpo colegiado señala «[…] la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales […]»” 2 y agrega en otra providencia «[…] que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo […]».3

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente que responda de manera negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así producida.

Frente a este tópico, existen lineamientos generales trazados por la Corte Constitucional

positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así producida.

Frente a este tópico, existen lineamientos generales trazados por la Corte Constitucional respecto del derecho de petición, por ejemplo, en la sentencia T-043 de 2009, precisó:

«[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva.

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta

1 Ver sentencia T-069 de 2015. 2 Corte Constitucional, sentencia, T-084 de 2015 3 T149 de 2013.5

a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental […]».

En tal sentido, la Corte Constitucional también ha explicado:

«[…] Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre

no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta. Se hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental […]».

Además, la Ley 1755 de junio 30 de 2015 que sustituyó en la parte pertinente la Ley 1437 de 2011, dejó vigente en el artículo 13 que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Ahora, la disposición indicada por el a quo, esto es, el artículo 2.4.4.2.3.2.4 del Decreto 1075 de 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 1272 de 2018 establece lo siguiente:

«2.4.4.2.3.2.4. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o las indemnizaciones sustitutivas y las demás solicitudes que se deriven de ajustes

pensional que amparan el riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o las indemnizaciones sustitutivas y las demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.»

En los artículos siguientes de dicha disposición se establece la gestión de las involucradas en la emisión del acto administrativo de reconocimiento que se puede resumir así:

Entidad encargada Término ¿Qué debe hacer? Entidad territorial Dentro del mes siguiente de la presentación de la solicitud Elaborar un proyecto de acto administrativo y subirlo y remitirlo a la plataforma Fiduciaria Dentro del mes siguiente al recibo del proyecto Impartir aprobación o desaprobación y remitirlo a la entidad territorial Entidad territorial Dentro de los dos meses siguientes de recibir la decisión de la fiduciaria Deberá expedir el acto administrativo definitivo6

Y se reitera en el parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.7. que tales solicitudes deben resolverse dentro de los 4 meses siguientes a la radicación completa por parte del peticionario.

5.4. Caso concreto

En relación con la temeridad, una vez revisado los expedientes de ambas acciones constitucionales es posible determinar que la radicación de la acción de tutela fue una como pasa a verse:

Dentro del expediente del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira se evidencia la

constitucionales es posible determinar que la radicación de la acción de tutela fue una como pasa a verse:

Dentro del expediente del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira se evidencia la siguiente radicación:

Y dentro del expediente del proceso adelantado ante el Juzgado Tercero Civil del

Circuito: 7

Es decir, se trató de una sola acción constitucional impetrada, pero en oficina de reparto se generaron dos boletas de reparto:8

Por lo anterior, es evidente que se trata de idéntica causa petendi entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto jurídico, no obstante no por un9

actuar de mala fe, pues es claro que el yerro se produjo en la oficina de reparto que remitió la misma acción de tutela a dos jurisdicciones distintas del mismo distrito, situación que se deberá poner en conocimiento tanto del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira como del Tribunal Superior que en la actualidad tramita la impugnación.

Ahora, en cuanto a la vulneración del derecho de petición se tiene que dentro del presente asunto queda demostrado que la parte demandante elevó su solicitud el 14 de enero de 2026 pero al validar la documentación quedó radicada el 13 de marzo de 2026:

Conforme al cuadro que se indicó en el acápite de fundamento normativo, según la fecha de radicación los términos debieron transcurrir así:

Entidad encargada Término ¿Qué debe hacer? En el caso concreto el límite de dicha fecha sería: Entidad territorial Dentro del mes siguiente de la presentación de la solicitud

Entidad encargada Término ¿Qué debe hacer? En el caso concreto el límite de dicha fecha sería: Entidad territorial Dentro del mes siguiente de la presentación de la solicitud Elaborar un proyecto de acto administrativo y subirlo y remitirlo a la plataforma Hasta el 13 de abril Fiduciaria Dentro del mes siguiente al recibo del proyecto Impartir aprobación o desaprobación y remitirlo a la entidad territorial Hasta el 13 de mayo Entidad territorial Dentro de los dos meses siguientes de recibir la decisión de la fiduciaria Deberá expedir el acto administrativo definitivo Hasta el 13 de julio

La entidad territorial afirma no tener pruebas de la solicitud incoada ni que la Secretaría de Educación tuviera a cargo el trámite, respuesta o reconocimiento de las prestaciones que se solicitan. Afirmaciones que son contrarias a las pruebas que reposan en el plenario al establecerse que si existe una solicitud elevada a través de la plataforma para la obtención del reconocimiento pensional.10

Por otro lado, la Fiduprevisora guardó silencio dentro de la presente acción constitucional pese a estar debidamente vinculada.

De lo anterior, se desprende la evidente transgresión del derecho fundamental de petición de la señora Loaiza Toro, en atención a que han transcurrido más de 7 meses sin que se resuelva su situación pensional, sin que se acredite que las entidades encargadas hayan efectuado las competencias que tienen a su cargo a fin de darle respuesta a la solicitud de la demandante. En consecuencia, el amparo

meses sin que se resuelva su situación pensional, sin que se acredite que las entidades encargadas hayan efectuado las competencias que tienen a su cargo a fin de darle respuesta a la solicitud de la demandante. En consecuencia, el amparo que fue ordenado en primera instancia será modificado , en el sentido de incluir a esta última entidad en la orden constitucional.

5.5. Conclusión

Teniendo presente los argumentos esbozados, se considera que la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira debe ser modificada en esta oportunidad, dado que debe ampliarse la orden impartida en primera instancia

Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. Modificar el numeral 2 la sentencia impugnada. El cual quedará así. «2En consecuencia, se ordena a la Fiduciaria la Previsora S.A. para que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, realice la digitalización y remisión a la entidad territorial de la aprobación previa del proyecto de acto administrativo.

Ocurrido lo anterior, se ordena al departamento de Risaralda para que el término improrrogable de 48 horas siguientes al recibo de la aprobación respectiva proceda a pronunciarse de manera definitiva sobre el reconocimiento o la negativa de la prestación, mediante el acto administrativo correspondiente; de no ser posible dentro de dicho término especificarle a la parte demandante el estado actual del trámite, las actuaciones pendientes, la entidad responsable de cada una y la fecha probable de expedición del acto administrativo, lo cual no podrá exceder de 15 días desde el recibo de la aprobación por parte de la Fiduprevisora.»

trámite, las actuaciones pendientes, la entidad responsable de cada una y la fecha probable de expedición del acto administrativo, lo cual no podrá exceder de 15 días desde el recibo de la aprobación por parte de la Fiduprevisora.»

2. Poner en conocimiento de la presente decisión al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira como del Tribunal Superior Sala Civil Familia dentro del proceso con radicación 66001310300320260023301 que en la actualidad tramita la impugnación de esta acción de tutela duplicada.

3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.11

3. Por Secretaría y a costa de la parte interesada, se expedirán copias de la presente providencia, en caso de ser requeridas.

Notifíquese y cúmplase,

LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO DUFAY CARVAJAL CASTAÑEDA

ANDRÉS MEDINA PINEDA4

Este documento fue firmado electrónicamente y puede consultarse la sentencia con el número de radicación en https://samairj.consejodeestado.gov.co

4 La Sala Plena del Consejo de Estado en sesión celebrada el 15 de julio de este año, encargó al Magistrado Andrés Medina Pineda de las funciones del despacho del doctor Juan Carlos Hicapie Mejía, magistrado de esta corporación, en razón a que le fue aprobada una solicitud de vacaciones individuales, por 7 días continuos, a partir del 5 de octubre de 2026, en razón a que atendió un turno de hábeas corpu s durante la época de semana santa, desde las 0 horas del 14 de abril de 2025

individuales, por 7 días continuos, a partir del 5 de octubre de 2026, en razón a que atendió un turno de hábeas corpu s durante la época de semana santa, desde las 0 horas del 14 de abril de 2025 hasta las 7 horas del 21 de abril de 2025. Encargo que fue comunicado a través de oficio CEPresidencia-OFI-INT-2026-3117 del 16 de julio de 2026.