TA RIS - Sentencia 66001333300320260025901-(26-10-2026)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Cumplimiento Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026)

Demandante: Gerardo Arley Zapata López

Demandado: Municipio de Dosquebradas

Apelación de Sentencia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 6 de octubre de 2026 proferida por el Juez Tercero Administrativo del Circuito de Per eira, mediante la cual negó por improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

El señor Gerardo Arley Zapata López presentó acción de cumplimiento en contra del municipio de Dosquebradas con el fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019.

II. HECHOS

1. Señaló el accionante que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, regula los presupuestos jurídicos que gobiernan la provisión

transitoria de empleos de carrera administrativa mediante encargo y que, al tratarseAcción de Cumplimiento.

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transitoria de empleos de carrera administrativa mediante encargo y que, al tratarseAcción de Cumplimiento.

Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026) 2 de una materia sometida a reserva legal, las entidades públicas únicamente están facultadas para desarrollar los aspectos operativos necesarios para la ejecución de la ley, sin alterar su contenido material.

2. Indicó que el municipio de Dosquebradas, adoptó el «Procedimiento para la Provisión de Empleos Públicos mediante Encargo – Versión 5», mediante el cual reguló el trámite interno para la provisión temporal de vacantes a través de la figura de encargo; sin embargo que, cuando un procedimiento administrativo incorpora reglas que modifican los criterios establecidos por la ley para el ejercicio de un

derecho propio del sistema de carrera administrativa, la Administración deja de desarrollar la ley y comienza a regular una materia reservada al legislador.

3. Expuso que el procedimiento administrativo incorpora disposiciones relacionadas con la acreditación de aptitudes y habilidades, la valoración de experiencia laboral y formación académica, los mecanismos para resolver situaciones de concurrencia entre servidores y determinadas cargas procedimentales para participar en los procesos de provisión de empleos, aspectos respecto de los cuales cuestionó su compatibilidad con la regulación legal del encargo.

4. Refirió que uno de los presupuestos previstos por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 para la provisión mediante encargo consiste en que el servidor acredite las aptitudes y habilidades para el desempeño del empleo y que del análisis del Procedimiento para la Provisión de Empleos Públicos mediante Encargo – Versión

2004 para la provisión mediante encargo consiste en que el servidor acredite las aptitudes y habilidades para el desempeño del empleo y que del análisis del Procedimiento para la Provisión de Empleos Públicos mediante Encargo – Versión 5 se advierte que el Municipio no se limitó a establecer etapas administrativas para organizar el trámite interno, sino que incorporó reglas relacionadas con la forma de acreditar las aptitudes y habilidades, determinó criterios de valoración de la experiencia y de la formación académica, estableció mecanismos para resolver situaciones de concurrencia entre aspirantes y fijó cargas proc edimentales para acceder al proceso de provisión y que «La incorporación de estas disposiciones constituye el núcleo de la controversia (…) En consecuencia, corresponde verificar si tales disposiciones constituyen un simple desarrollo operativo del régimen legal o si, por el contrario, modifican los parámetros fijados por el legislador».

5. Indicó que el Procedimiento para la Provisión de Empleos Públicos mediante Encargo – Versión 5 incorpora una etapa denominada «Manifestación de Interés», mediante la cual los servidores deben expresar formalmente su voluntad deAcción de Cumplimiento.

Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026) 3 participar en el proceso de provisión del empleo , pese a que dicho requisito no se encuentra expresamente previsto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004.

6. Manifestó que el análisis comparativo entre el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Circular 117 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Procedimiento V.5 permite advertir que el Municipio no se limitó a adoptar los criterios orientadores

6. Manifestó que el análisis comparativo entre el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Circular 117 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Procedimiento V.5 permite advertir que el Municipio no se limitó a adoptar los criterios orientadores existentes, sino que incorporó modificaciones que alteran el parámetro utilizado para valorar la experiencia de los servidores. Expone que la experiencia relacionada constituye un criterio orientado a establecer la correspondencia entre la trayectoria laboral del servidor y las funciones propias del empleo que será provisto y su finalidad consiste en verificar, mediante parámetros objetivos, si dicha experiencia permite acreditar las aptitudes y habilidades exigidas por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; por lo que en la medida en que el procedimiento sustituya ese criterio por el de experiencia general, o le atribuya un alcance diferente al previsto en los lineamientos que afirma adoptar, modifica el parámetro utilizado para determinar cuál servidor acredita mejores condiciones para desempeñar el empleo.

7. Adujo que el procedimiento establece criterios de valoración de formación académica que, según afirma, no coinciden con los parámetros que privilegian la educación formal relacionada con las funciones del empleo a proveer, circunstancia que, a su juicio, altera los criterios utiliza dos para verificar la idoneidad de los aspirantes.

8. Afirmó que el procedimiento dispone que durante la etapa de manifestación de interés no se recibirán reclamaciones, lo cual considera, trasciende el ámbito de la organización interna del procedimiento , ya que este no puede restringir anticipadamente el ejercicio de mecanismos de reclamación reconocidos por la ley ni modificar la distribución legal de competencias establecida para su conocimiento.

organización interna del procedimiento , ya que este no puede restringir anticipadamente el ejercicio de mecanismos de reclamación reconocidos por la ley ni modificar la distribución legal de competencias establecida para su conocimiento.

9. Precisó que «el incumplimiento cuya declaratoria se solicita no deriva de una omisión material de la entidad accionada , sino del mantenimiento y aplicación de un procedimiento que, al exceder los límites de la potestad de autoorganización administrativa, desconoce el deber jurídico impuesto por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004».

III. PRETENSIONESAcción de Cumplimiento.

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4 En la página 14 del archivo 002 del expediente digital de primera instancia se indica lo siguiente:

«PRIMERA

Declarar que el Municipio de Dosquebradas se encuentra obligado a dar cumplimiento al deber jurídico contenido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, en todos los procesos de provisión transitoria de empleos de carrera administrativa mediante encargo.

SEGUNDA

Ordenar al Municipio de Dosquebradas adecuar el Procedimiento para la Provisión de Empleos Públicos mediante Encargo – Versión 5 al régimen jurídico previsto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, absteniéndose de mantener disposiciones que desconozcan el alcance vinculante de dicha norma o incorporen reglas incompatibles con el régimen legal del encargo.

TERCERA

Ordenar al Municipio de Dosquebradas que, mientras realiza la adecuación del

mantener disposiciones que desconozcan el alcance vinculante de dicha norma o incorporen reglas incompatibles con el régimen legal del encargo.

TERCERA

Ordenar al Municipio de Dosquebradas que, mientras realiza la adecuación del procedimiento interno, adelante los procesos de provisión mediante encargo con estricta observancia del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019.

CUARTA

Ordenar que la verificación de las aptitudes y habilidades para el desempeño del empleo se realice con fundamento en parámetros objetivos compatibles con el régimen legal del encargo, sin incorporar criterios o exigencias que alteren el alcance del artículo 24 de la Ley 909 de 2004.

QUINTA

Ordenar al Municipio de Dosquebradas abstenerse de exigir, para el ejercicio del derecho preferencial al encargo, cargas procedimentales que no se encuentren previstas en la ley o que tengan la virtualidad de restringir el acceso de los servidores al procedimiento de provisión.

SEXTA

Ordenar al Municipio de Dosquebradas que las reglas internas sobre prelación, desempate, valoración de experiencia, formación académica y demás criterios utilizados para verificar las aptitudes y habilidades de los servidores se ajusten al régimen jurídico estable cido por el legislador, sin introducir modificaciones incompatibles con dicho marco normativo.

SÉPTIMA

Disponer las demás medidas que el Despacho considere necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019.»

Disponer las demás medidas que el Despacho considere necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019.»

IV. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADAAcción de Cumplimiento.

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5 El municipio de Dosquebradas allegó escritos visibles en los archivos 014 y 015 del expediente digital de primera instancia mediante los cuales manifiesta su oposición a las pretensiones formuladas por el accionante.

Sostuvo que el municipio de Dosquebradas ha aplicado de manera directa el régimen legal previsto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 y que en los procesos de provisión, verifica el derecho preferencial de los servidores con derechos de carrera administrativa que ocupan el cargo inmediatamente inferior y que reúnen la totalidad de los requisitos legales, tales como la acreditación del perfil del manual de funciones, las aptitudes para el cargo, la ausencia de sanciones disciplinarias y la calificación.

Afirmó que la adopción del Procedimiento para la provisión de empleos públicos mediante encargo – Versión 5 constituye un ejercicio legítimo y transparente de la potestad de organización y gestión del talento humano que le asiste a las entidades territoriales, destinada a dar viabilidad operativa al mandato legal y que la exigencia formal de la manifestación de interés no condiciona ni restringe el nacimiento del derecho sustancial del servidor, sino que actúa como una herramienta para individualizar a los funcionarios que voluntariamente desean

legal y que la exigencia formal de la manifestación de interés no condiciona ni restringe el nacimiento del derecho sustancial del servidor, sino que actúa como una herramienta para individualizar a los funcionarios que voluntariamente desean ejercer su derecho preferencial; trámite que, considera, garantiza la observancia de los principios constitucionales de celeridad, eficiencia y eficacia en la función pública, que generaría la designación oficiosa de empleados que no tengan la disposición de asumir las nuevas responsabilidades.

Así mismo, señaló que el procedimiento municipal no sustituye ni altera las exigencias legales respecto a las aptitudes y la experiencia de los aspirantes, pues la asignación de puntajes por concepto de educación y experiencia adicional no opera como un requisito habilitante ni excluyente, sino como un sistema de desempate.

Refirió que el Municipio de Dosquebradas no ha menoscabado ni limitado las garantías de sus servidores, manteniendo intacto el derecho a reclamar por lo que el Municipio demuestra un cabal cumplimiento de sus obligaciones institucionales al reportar vacantes definitivas, permitiendo el desarrollo de los concursos.

En consecuencia, consideró que la entidad accionada no ha incurrido en la omisión de ningún deber jurídico, por lo que el Procedimiento Versión 5 no es más que unaAcción de Cumplimiento.

Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026) 6 reglamentación de la norma legal superior, haciendo improcedente e infundada la acción de cumplimiento.

Finalmente, adujo que la presente acción de cumplimiento resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, toda vez que el accionante

acción de cumplimiento.

Finalmente, adujo que la presente acción de cumplimiento resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, toda vez que el accionante no pretende la ejecución de un deber omitido, sino que dirige sus censuras a cuestionar directamente la validez y legalidad del Procedimiento para la provisión de empleos públicos mediante encargo – Versión 5 , el cual fue expedido por el Municipio de Dosquebradas en ejercicio de su potestad de organización y reglamentación interna, constituyendo un acto administrativo de carácter general que goza de presunción de legalidad por lo que la acción de cumplimiento no es un mecanismo alternativo para juzgar la legalidad de los actos administrativos, ni para restarles eficacia jurídica.

Consideró que cuando el debate planteado por el actor gira en torno a determinar si las normas de un procedimiento rebasan, modifican o vulneran una ley de rango superior —como en este caso se alega respecto del artículo 24 de la Ley 909 de 2004—, es la acción de nulidad el medio de control idóneo para discutir la validez del acto administrativo.

El representante del Ministerio Público solicitó declarar improcedente la acción de cumplimiento , pues considera que la controversia no consiste en exigir el cumplimiento de un deber legal claro, expreso e inobjetable, sino en cuestionar la legalidad del procedimiento interno para la provisión de empleos mediante encargo. Por ello, sostuvo que el asunto debe discutirse mediante el medio de control de nulidad del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que se configura la causal del artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

control de nulidad del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que se configura la causal del artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

Además, señal ó que el accionante tendría que promover un verdadero juicio de legalidad para determinar, entre otros aspectos, la naturaleza del procedimiento, la competencia del municipio para expedirlo y la compatibilidad de sus criterios con el régimen de carrera admi nistrativa, cuestiones que, según el Ministerio Público, exceden el objeto propio de la acción de cumplimiento.

Finalmente, precis ó que tampoco se advierte el perjuicio grave e inminente que permitiría exceptuar la causal de improcedencia del artículo 9 de la Ley 393 de 1997.Acción de Cumplimiento.

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V. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, mediante sentencia del 6 de octubre de 2026 visible en el archivo 025 del expediente digital de primera instancia , negó por improcedente de la acción de cumplimiento.

Como argumentos de su decisión expuso que el accionante dispone de un mecanismo judicial para controvertir la legalidad de las reglas que cuestiona. Si el procedimiento reviste naturaleza de acto administrativo de carácter general por su contenido normativo, el medio de control procedente será el de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que si, por el contrario, lo que se pretende controvertir es la decisión administrativa mediante la cual se negó la modificación solicitada, esta también

el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que si, por el contrario, lo que se pretende controvertir es la decisión administrativa mediante la cual se negó la modificación solicitada, esta también podrá ser sometida al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos que correspondan según su naturaleza y efectos.

Consideró que la acción de cumplimiento no puede convertirse en un mecanismo alternativo para obtener la modificación o inaplicación de disposiciones administrativas «Procedimiento para la Provisión de Empleos Públicos mediante Encargo – Versión 5», cuya legalidad debe ser definida mediante el correspondiente medio de control.

Aunado a lo anterior, señaló que en el expediente no se encuentra alegado ni acreditado un perjuicio grave e inminente que permita exceptuar la regla de subsidiariedad prevista en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.

Por tanto, al existir otro mecanismo judicial para controvertir la legalidad de las reglas cuestionadas y no encontrarse acreditada la excepción legal, concluyó que la presente acción de cumplimiento resulta improcedente por falta de subsidiariedad.

VI. EL RECURSO DE APELACIÓN

El a ccionante present ó recurso de apelación en contra de la anterior decisión, mediante escrito obrante en el archivo 028 del expediente digital de primera instancia, en el cual refiere lo que pasa a sintetizarse:Acción de Cumplimiento.

Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026)

8 Comenzó su disertación manifestando que el juez confundió el control de legalidad

Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026)

8 Comenzó su disertación manifestando que el juez confundió el control de legalidad del procedimiento V.5 y el cumplimiento efectivo del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, insistiendo en que lo solicitado nunca fue la nulidad del procedimiento, sino que se ordenara al municipio cumplir directamente la ley y que sus procedimientos internos no sean utilizados como fundamento para sustituir, restringir o desconocer las obligaciones establecidas directamente por la ley.

Indicó que la sentencia parte de que para resolver la acción sería necesario determinar si el procedimiento V.5 es legal o ilegal ; sin embargo, considera que la pretensión puede resolverse sin efectuar una declaración de nulidad , teniendo en cuenta que el municipio no puede sustraerse del cumplimiento de una norma legal porque haya elaborado un procedimiento administrativo interno.

Afirmó que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 contiene mandatos claros y exigibles respecto del derecho preferencial al encargo, los requisitos para acceder a este y la forma en que deben proveerse transitoriamente los empleos de carrera administrativa.

Argumentó que el municipio incorporó en el procedimiento interno requisitos y criterios no previstos por el legislador , tales como la manifestación de interés , circunstancias que, en su criterio, alteran el régimen legal establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004.

Señaló que el juzgado omitió pronunciarse sobre el tema sustancial planteado en la demanda, esto es, si la totalidad de la planta de personal es revisada frente a cada vacante; cómo se identifica al servidor que ocupa el empleo inmediatamente inferior;

Señaló que el juzgado omitió pronunciarse sobre el tema sustancial planteado en la demanda, esto es, si la totalidad de la planta de personal es revisada frente a cada vacante; cómo se identifica al servidor que ocupa el empleo inmediatamente inferior; cómo se verifican los requisitos legales; cómo se acreditan las aptitudes y habilidades; cómo se verific a la ausencia de sanción disciplinaria; cómo se determina la evaluación del desempeño; cómo se aplica la regla de prelación cuando existen varios servidores; cómo se acredita el reporte previo de las vacantes definitivas a la CNSC; ni si la manifestación d e interés constituye un mecanismo meramente complementario o si, en la práctica, opera como condición para acceder al estudio del derecho preferencial.

Igualmente sostuvo que la entidad está obligada a identificar a los servidores con mejor derecho para acceder al encargo y que dicho deber no puede ser trasladado a los funcionarios mediante exigencias como las manifestaciones de interés.Acción de Cumplimiento.

Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026)

9 Reiteró que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 también impone deberes concretos en materia de reporte de vacantes a la CNSC y sostuvo que el juez debió analizar el cumplimiento de dichas obligaciones, en lugar de declarar la improcedencia de la acción por la sola existencia de un procedimiento administrativo interno.

Por lo anterior solicita:

«PRIMERA REVOCAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 2026 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la

Por lo anterior solicita:

«PRIMERA REVOCAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 2026 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia, mediante la cual se declaró improcedente la acción de cumplimiento.

SEGUNDA En su lugar, DECLARAR PROCEDENTE la acción de cumplimiento respecto del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1.º de la Ley 1960 de 2019.

TERCERA ORDENAR al Municipio de Dosquebradas cumplir efectivamente el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 , en la provisión transitoria de los empleos de carrera administrativa mediante encargo.

CUARTA

Ordenar al Municipio que, frente a cada empleo de carrera administrativa que deba ser provisto transitoriamente mediante encargo, realice la revisión correspondiente de la totalidad de la planta de personal , a efectos de identificar al servidor de carrera que se encuentre en el empleo inmediatamente inferior y que reúna las condiciones establecidas por la ley.

Esta petición corresponde a la orientación establecida por la CNSC y Función Pública en la Circular Conjunta 117 de 2019.

QUINTA Ordenar que la entidad verifique y documente los requisitos establecidos en el artículo 24, incluyendo:

• requisitos para el ejercicio del empleo; • aptitudes y habilidades; • situación disciplinaria; • evaluación del desempeño; • posición del servidor dentro de la planta; • y demás condiciones legalmente exigibles.

SEXTA Ordenar al Municipio que no utilice la manifestación de interés, convocatoria, inscripción, ponderación o cualquier otro mecanismo

• posición del servidor dentro de la planta; • y demás condiciones legalmente exigibles.

SEXTA Ordenar al Municipio que no utilice la manifestación de interés, convocatoria, inscripción, ponderación o cualquier otro mecanismo interno como sustituto o restricción de los requisitos y reglas de prelación establecidos directamente por el artículo 24 de la Ley 909 de 2004.

SÉPTIMA Ordenar al Municipio que, antes de proveer las vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento provisional, cumpla el deber legal de informar su existencia a la Comisión Nacional del Servicio Civil , dejando la correspondiente constancia documental.

OCTAVAAcción de Cumplimiento.

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10 Ordenar que el Municipio documente los estudios y verificaciones que fundamenten cada decisión de encargo o, cuando corresponda, la decisión de acudir al nombramiento provisional.

XVIII. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

En caso de que el Tribunal considere que no resulta jurídicamente procedente ordenar la modificación o inaplicación de algún aspecto específico del procedimiento interno municipal, solicito subsidiariamente:

DECLARAR que el Municipio de Dosquebradas está obligado a aplicar directamente el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, y que ningún procedimiento, manual, instructivo, convocatoria o mecanismo interno puede sustituir, restringir o desconocer los requisitos, condiciones y reglas de prelación establecidos en dicha disposición.

De esta manera se garantizaría el núcleo esencial de la pretensión de

convocatoria o mecanismo interno puede sustituir, restringir o desconocer los requisitos, condiciones y reglas de prelación establecidos en dicha disposición.

De esta manera se garantizaría el núcleo esencial de la pretensión de cumplimiento sin que sea necesario que el juez efectúe una declaración de nulidad del procedimiento administrativo interno.»

VII. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Es competente esta Corporación para conocer del presente asunto en virtud de lo dispuesto por el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que procede el Tribunal a dictar sentencia en segunda instan cia, al no encontrar causal alguna que invalide lo hasta ahora actuado.

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Corresponde a esta colegiatura judicial determinar si debe revocarse la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia que declar ó improcedente la acción promovida por el señor Gerardo Arley Zapata López contra el municipio de Dosquebradas, o sí, por el contrario, debe confirmarse al evidenciarse que la controversia planteada exige efectuar un juicio de legalidad respecto del «Procedimiento para la Provisión de Empleos Públicos mediante Encargo – Versión 5», asunto ajeno al objeto de la acción de cumplimiento.

3. RENUENCIAAcción de Cumplimiento.

Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026)

11 En las páginas 8 a 13 del archivo 007 del expediente digital de primera instancia obra solicitud elevada por el actor por medio de las cuales requieren a la entidad

11 En las páginas 8 a 13 del archivo 007 del expediente digital de primera instancia obra solicitud elevada por el actor por medio de las cuales requieren a la entidad demandada el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 909 de 2004, y en las páginas 18 a 28 del archivo digital 002 aparece respuesta otorgada a dicha solicitud por parte de la accionada, de la cual no se desprende el cumplimiento efectivo de la norma.

En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el agotamiento del requisito de la constitución en renuencia a la parte demandada contemplado en el inciso 2º del artículo 8° en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 de la Ley 393 de 1997; por lo que pasará a estudiar los demás requisitos de procedibilidad frente a los mismos.

4. INCUMPLIMIENTO ATRIBUIDO

En el sub judice se imputa al municipio de Dosquebradas, el incumplimiento de l artículo 24 de la Ley 909 de 20041 modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 20192, que dispone:

«ARTÍCULO 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de

desempeño es sobresaliente.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que es tén aplicando las entidades. Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad.

Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.

1 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones» 2 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones»Acción de Cumplimiento.

Radicación: 66001-33-33-003-2026-00259-01 (J-1532-2026)

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PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicara para los encargos que sean otorgados con posteridad a la vigencia de esta ley.

PARÁGRAFO 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o

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PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicara para los encargos que sean otorgados con posteridad a la vigencia de esta ley.

PARÁGRAFO 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento provisional, el nombramiento o en quien este haya delegado, informara la existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del medio que esta indique.»

5. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

La acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 del 29 de julio de 1997 tiene como finalidad proporcionar a toda persona la oportunidad de exigir ante la jurisdicción contencioso administrativa que las autoridades públicas y los particulares que actúen en ejercicio de funciones públicas, ejecuten el mandato de la ley o lo previsto en los actos administrativos, para la concreción de la normatividad y para que su vigencia real y efectiva no quede supeditada a la voluntad de la