TA RIS - Sentencia 66001333300620240000701-(28-10-2026)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO

Aprobado por la Sala en de sesión de hoy Pereira, 28 de octubre de 2026

1 En adelante Empocabal. 2 En adelante Ponal 3 En adelante “La Defensoría” Providencia Sentencia de segunda instancia Radicado 66001-33-33-006-2024-00007-01 (L-0192-2026) Medio de control (Acción) Protección de derechos e intereses colectivos Accionante Defensoría del Pueblo Regional de Risaralda Coadyuvante Cotty Morales Caamaño Demandados • Municipio de Santa Rosa de Cabal • Empresas de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal - Empocabal ESP – EICE1 Vinculados • Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder • La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional2 Temas • Contaminación por residuos especiales • Medidas para mitigar el riesgo • Corresponsabilidad en las acciones populares • Responsabilidad de las entidades Decisión Juzgado El Juzgado Sexto Administrativo de Pereira mediante providencia del 9 de diciembre de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la acción popular Recurrentes • La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional • Defensoría del Pueblo Regional de Risaralda3

• Empocabal

Decisión Tribunal Modifica1. ANTECEDENTES4

Como fundamento fáctico manifiesta que la señora Amparo Ramírez Ortiz, reside

Nacional • Defensoría del Pueblo Regional de Risaralda3

• Empocabal

Decisión Tribunal Modifica1. ANTECEDENTES4

Como fundamento fáctico manifiesta que la señora Amparo Ramírez Ortiz, reside en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en la carrera 11 bis, calle 21, Barrio Paipa, parte baja, en donde se presenta una problemática por malos olores provenientes de la quebrada La Italia debido al taponamiento de colectores y un riesgo de desbordamiento, ambas situaciones se han puesto en conocimiento de Empocabal desde el año 2017.

Refiere que el 8 de abril de 2022, Empocabal mediante respuesta de un derecho de petición enviado por la señora Ramírez Ortiz a la Se cretaría de Salud del departamento de Risaralda, manifestó que la problemática referida se solucionaría de fondo con la ejecución total del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV en donde se realizaría mantenimiento del interceptor paralelo a la quebrada La Italia. De igual forma, en lo referente al desbordamiento de la quebrada, sostuvo que Empocabal no era la encargada de brindar solución oportuna y recomendó remitir petición a la autoridad competente.

Adicionalmente, indica que la Carder presentó diagnóstico del lugar de residencia de la señora Ramírez Ortiz evidenciando riesgo hidrológico y recomendó evaluar la vulnerabilidad de los asentamientos humanos e infraestructura expuesta a ella. Así mismo, que el informe de la Carder contiene actividades para mitigar los riesgos identificados consistentes en:

«[…] Estabilizar los taludes identificados como inestables en el área rural del

vulnerabilidad de los asentamientos humanos e infraestructura expuesta a ella. Así mismo, que el informe de la Carder contiene actividades para mitigar los riesgos identificados consistentes en:

«[…] Estabilizar los taludes identificados como inestables en el área rural del municipio. Una vez realizado el estudio de la canalización de la quebrada la Italia, realizar las obras y acciones recomendadas, para mitigar el riesgo de la infraestructura relacionada con este. Llevar a cabo las reubicaciones planteadas por el Consorcio para la Reconstrucción de Santa rosa de Cabal y Marsella, y las planteadas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, estas deben realizarse con su respectivo acompañamiento social. Aplicar la normatividad en cuanto al uso del suelo planteada en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Aplicar el decreto de microzonificación sísmica para llevar a cabo cualquier tipo de infraestructura en el área urbana […]».

Como consecuencia de la persistencia de la problemática, la Defensoría del Pueblo radicó petición especial el 21 de julio de 2023 a Empocabal y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo sin recibir respuesta.

4 Archivo en PDF con consecutivo 2 del expediente digital. Razón de la decisión Se desvincula a la empresa de servicios públicos domiciliarios y se condena a Carder.Solicita que sean protegidos los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la se guridad y salubridad públicas y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Pretende que se ordene a las entidades demandadas implementar las recomendaciones de la Carder frente al riesgo hidrológico en la zona, aumentar el

desastres previsibles técnicamente.

Pretende que se ordene a las entidades demandadas implementar las recomendaciones de la Carder frente al riesgo hidrológico en la zona, aumentar el recorrido de la ruta de recolección de basuras , realizar campañas pedagógicas y señalización para prevenir la acumulación de basuras en el afluente y el taponamiento de los recolectores ; que se ejecuten los actos necesarios para la recuperación y protección del afluente y que se condene en costas.

2. INTERVENCIÓN DE LAS DEMANDADAS Y VINCULADAS

2.1. La Carder5 sostiene que en el caso concreto ha cumplido con sus competencias constitucionales y legales , las cuales se circunscriben a la asesoría y acompañamiento técnico, de manera que no ha vulnerado los derechos colectivos de la comunidad. Explica que no es de su competencia la construcción de obras civiles o de infraestructura, lo que corresponde a la administración municipal, por ende, alega la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2 El municipio de Santa Rosa de Cabal 6 señala que las circunstancias expuestas por el actor popular obedecen , principalmente, a la falta de cultura ciudadana, reflejada en la disposición inadecuada de escombros y residuos sólidos en el lecho del afluente hídrico, situación que habría generado el taponamiento de las recámaras. En ese sentido, considera necesario identificar a los presuntos infractores y vincularlos al presente trámite.

De otra parte, afirma que la administración municipal no ha vulnerado los derechos colectivos objeto de discusión . Al respecto, expone que la administració n y

infractores y vincularlos al presente trámite.

De otra parte, afirma que la administración municipal no ha vulnerado los derechos colectivos objeto de discusión . Al respecto, expone que la administració n y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado corresponde a Empocabal ESP, en su condición de empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios en el municipio.

2.3. Empocabal7 indica que ha actuado dentro del ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 035 del 5 de septiembre de 1997 y la Ley 142 de 1994, razón por la cual considera que no ha vulnerado ni amenazado los derechos colectivos cuya protección reclama el accionante. Con fundamento en

5 Archivo en PDF con consecutivo 14 del cuaderno de primera instancia. 6 Archivo en PDF con consecutivo 15 del cuaderno de primera instancia. 7 Archivo en PDF con consecutivo 22 del cuaderno de primera instanciaello, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar que las labores de prevención de desastres, así como de protección, vigilancia y recuperación de la quebrada La Italia corresponden al municipio de Santa Rosa de Cabal y no a la empresa prestadora de servicios públicos.

Asimismo, expone las diferencias existentes entre las distintas categorías de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo, para sostener que aquellos clasificados como residuos sólidos especiales, como los hallados en los recolectores de la quebrada La Italia, no hacen parte de la prestación ordinaria de dicho servicio público domiciliario. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de que un usuario o suscriptor solicite su recolección mediante la contratación de un

recolectores de la quebrada La Italia, no hacen parte de la prestación ordinaria de dicho servicio público domiciliario. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de que un usuario o suscriptor solicite su recolección mediante la contratación de un servicio especial y por una remuneración distinta a la prevista en el régimen tarifario de aseo.

Finalmente, señala que el recolector paralelo a la quebrada La Italia y las redes de alcantarillado del sector se encuentran en adecuadas condiciones de funcionamiento. En consecuencia, atribuye la problemática denunciada principalmente a la disposición inadecuada de residuos sólidos especiales de gran tamaño por parte de miembros de la comunidad, circunstancia que, en su criterio, afecta la infraestructura referida.

2.4. Ponal8 aduce que carece de legitimación en la causa por pasiva toda vez que los competentes para la protección de los derechos colectivos al ambiente sano corresponden a las autoridades ambientales y a la administración municipal y no a la Policía Nacional quien está obligada únicamente a prestar el apoyo requerido por las autoridades ambientales en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control de los recursos naturales.

En complemento de lo anterior, advierte que si bien el sector donde ocurre la problemática está sujeto a vigilancia y control por parte de la Policía Nacional, no se tiene conocimiento de quejas, denuncias, peticiones o reclamos que se le hayan hecho al Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección del Medio Ambiente (GUBIM) de la Policía Nacional con ocasión de lo descrito.

No obstante, en cumplimiento de su misión institucional, el mencionado grupo, ha venido cumpliendo con su deber de prevención y disuasión mediante la realización

(GUBIM) de la Policía Nacional con ocasión de lo descrito.

No obstante, en cumplimiento de su misión institucional, el mencionado grupo, ha venido cumpliendo con su deber de prevención y disuasión mediante la realización de actividades y campañas educativas con la comunidad residente en el sector , incluso gestionando la recolección de materiales inservibles.

8 Archivo en PDF con consecutivo 43 del cuaderno de primera instancia3. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

Mediante providencia del 20 de febrero de 2024 se convocó a audiencia de pacto de cumplimiento para el 5 de abril del 2024,9 la cual fue suspendida en virtud de la vinculación de la Policía Nacional al contradictorio.10 Posteriormente, se programó nuevamente audiencia de pacto por medio de auto del 13 de junio de 2024 para el 4 de julio de 2024,11 la cual se declaró fallida por falta de fórmula de pacto.12

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado13 decidió:

«[…] PRIMERO: Declarar que la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E., el Municipio de Santa Rosa de Cabal y la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional son responsables de la vulneración y amenaza de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en virtud de lo dicho en precedencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E., al Municipio de

previsibles técnicamente, en virtud de lo dicho en precedencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E., al Municipio de Santa Rosa de Cabal y la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional que, en el marco de sus competencias, impidan la invasión del espacio público y en especial a las laderas de la quebrada La Italia o Lavanderas, fomenten la educación para prevenir el foco de contaminación por disposiciones inadecuadas de residuos sólidos y de basuras, y se incremente la intensidad de los recorridos de los vehículos encargados de recoger las basuras, actividades que deberán realizar de manera permanente mientras subsista la problemática en el sector objeto de esta acción popular.

TERCERO: Ordenar al Municipio de Santa Rosa de Cabal, en el marco de sus competencias, en el término de seis (06) meses, adelantar las actuaciones policivas necesarias para evitar la ocupación de la ladera de la quebrada La Italia o Lavanderas y recuperar las zona s invadidas de manera irregular, conforme a los parámetros advertidos en esta sentencia.

CUARTO: Conformar el Comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, integrado por el Defensor del Pueblo Regional Risaralda, el alcalde del Municipio de Santa Rosa de Cabal, el gerente de la empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E., el comandante de la estación de policía Santa Rosa de Cabal, el agente del Ministerio Público delegado ante este despacho, Procurador 38 Judicial II para Asuntos Administrativos quien lo presidirá,

de policía Santa Rosa de Cabal, el agente del Ministerio Público delegado ante este despacho, Procurador 38 Judicial II para Asuntos Administrativos quien lo presidirá,

9 Archivo en PDF con consecutivo 27 del cuaderno de primera instancia 10 Archivo en PDF con consecutivo 36 del cuaderno de primera instancia 11 Archivo en PDF con consecutivo 48 del cuaderno de primera instancia 12 Archivo en PDF con consecutivo 58 del cuaderno de primera instancia 13 Archivo en PDF con consecutivo 84 del cuaderno de primera instanciay la suscrita funcionaria Judicial, para lo cual, por Secretaría se les enviará la respectiva comunicación.

Una vez vencidos los términos concedidos en el numeral tercero de la presente decisión, todos los integrantes del comité de verificación deberán entregar un informe final detallado en el que se indique la finalización y cumplimiento total de este fallo.

CUARTO: Respecto a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER -, advierte este Despacho que no se observó ninguna vulneración o afectación a los derechos colectivos esgrimidos por la parte actora, por lo que será desvinculada del presente tramite.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin costas por lo dicho en precedencia […]»

Argumentó que, si bien las pruebas recaudadas permiten verificar que Empocabal ESP – EICE y la Policía Nacional han impuesto comparendos, adelantado campañas de sensibilización y mantenido el sistema de alcantarillado en adecuadas condiciones de funcionamiento, la problemática relacionada con la disposición de residuos sólidos persiste debido a su acumulación en lugares inadecuados, circunstancia que ocasiona el taponamiento de los colectores.

condiciones de funcionamiento, la problemática relacionada con la disposición de residuos sólidos persiste debido a su acumulación en lugares inadecuados, circunstancia que ocasiona el taponamiento de los colectores.

Asimismo, estimó que la vulneración de los derechos colectivos invocados se deriva de la omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de sus deberes de protección de la diversidad e integridad del ambiente, planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales bajo criterios de desarrollo sostenible, conservación y restauración ambiental, así como de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. De igual manera, advirtió falencias en las labores de recuperación de las áreas ocupadas irregularmente y en la implementación de estrategias de educación y concientización orientadas a prevenir la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Respecto del riesgo hidrológico, precisó que este encuentra su origen en la existencia de asentamientos humanos dentro de las franjas de protección de la quebrada La Italia o Las Lavanderas, situación que genera afectaciones a la estabilidad de los taludes y podría dar lugar a futuros eventos de riesgo. En ese sentido, señaló que corresponde al municipio de Santa Rosa de Cabal adelantar las actuaciones administrativas y policivas necesarias para evitar la ocupación de dichas áreas y promover la recuperación de los espacios invadidos irregularmente.

Bajo ese contexto, concluyó que la situación descrita ameritaba la adopción de medidas preventivas dirigidas a evitar la materialización de daños o pérdidas, entreellas el fortalecimiento de las rutas de recolección de residuos, la realización permanente de campañas pedagógicas y de señalización para mitigar la

medidas preventivas dirigidas a evitar la materialización de daños o pérdidas, entreellas el fortalecimiento de las rutas de recolección de residuos, la realización permanente de campañas pedagógicas y de señalización para mitigar la acumulación de basuras en la quebrada La Italia o Las Lavanderas, a la altura de la calle 21 con carrera 11 Bis del barrio Paipa, parte baja del municipio de Santa Rosa de Cabal, así como la recuperación de las zonas ocupadas irregularmente en las laderas del afluente.

5. RECURSOS DE APELACIÓN

5.1. Ponal14 reiteró en esencia los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que carece de competencia para ejercer funciones de vigilancia, supervisión, control y potestad sancionatoria en materia ambiental, las cuales corresponden a las corporaciones autónomas regionales, los departamentos, los municipios y los distritos.

En ese sentido, sostuvo que no le compete adelantar intervenciones técnicas relacionadas con el saneamiento ambiental o el manejo de vertimientos en la quebrada La Italia o Las Lavanderas, ni adoptar medidas dirigidas al control de la disposición inadecuada de residuos sólidos o de otras conductas que afecten el medio ambiente dentro de la jurisdicción municipal. Agregó que sus atribuciones se limitan a prestar apoyo y colaboración a las autoridades ambientales y administrativas competentes, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico.

5.2. La Defensoría 15 manifestó sus inconformidades consistentes en que las medidas ordenadas por la juez de primera instancia resultan insuficientes para la salvaguarda de los derechos colectivos y del medio ambiente , al desconocer en

5.2. La Defensoría 15 manifestó sus inconformidades consistentes en que las medidas ordenadas por la juez de primera instancia resultan insuficientes para la salvaguarda de los derechos colectivos y del medio ambiente , al desconocer en gran parte las recomendaciones técnicas emitidas por la Carder, de manera que se abstuvo de ordenar la totalidad de las medidas necesarias para solucionar la problemática ambiental como por ejemplo la canalización de la quebrada, la reparación de recámaras y sumideros, campañas de descontaminación del cuerpo hídrico, entre otras.

5.3. Empocabal16 mantuvo su postura en el sentido de que el fallo de primera instancia incurrió en una indebida atribución de competencias y en una interpretación errónea del marco normativo aplicable a la prestación del servicio público domiciliario de aseo y a la protecc ión del espacio público. Al respecto, explicó que las funciones de vigilancia y recuperación del espacio público, así como las relacionadas con el control del desarrollo urbanístico, corresponden a los

14 Archivo en PDF con consecutivo 89 del cuaderno de primera instancia. 15 Archivo en PDF con consecutivo 94 del cuaderno de primera instancia. 16 Archivo en PDF con consecutivo 95 del cuaderno de primera instancia.municipios por conducto de sus alcaldes, con el apoyo de las autoridades de policía. En consecuencia, estimó contradictorio que se impusiera a Empocabal la obligación de impedir invasiones mientras que, simultáneamente, se ordenara al municipio adelantar las actuaciones policivas necesarias para la recuperación de la ronda hídrica.

En la misma línea, argumentó que la a quo erró al exonerar de responsabilidad a la Carder, pues, en su criterio, la omisión de dicha entidad en el acotamiento y

hídrica.

En la misma línea, argumentó que la a quo erró al exonerar de responsabilidad a la Carder, pues, en su criterio, la omisión de dicha entidad en el acotamiento y delimitación física de la ronda hídrica constituye un factor determinante de la problemática debatida, al dificultar materialmente el ejercicio de un control efectivo sobre su ocupación e invasión.

Finalmente, reiteró que los residuos sólidos especiales se encuentran legalmente excluidos del servicio público domiciliario de aseo y que la gestión de estos corresponde a la administración departamental y, de manera subsidiaria, a la municipal.

6. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia: El Tribunal es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida en primera instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 37 de la Ley 472 de 1998.

6.2. Objeto de la decisión

6.2.1. Problemas jurídicos: ¿Se genera vulneración o riesgo a los derechos colectivos ante la disposición de residuos sólidos sobre las laderas cercanas a fuentes hídricas? ¿A qué autoridades les corresponde las actuaciones tendientes a mitigar y gestionar la contaminación sobre fuentes hídricas?

6.2.2. Asunto por resolver: Le corresponde a la Sala determinar si se configura la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda acorde a los problemas jurídicos a resolver y de acuerdo a los recursos de apelación presentados contra la sentencia de primera instancia, por lo que se debe analizar el acervo probatorio acerca de la afectación de derechos colectivos ante la situación

a los problemas jurídicos a resolver y de acuerdo a los recursos de apelación presentados contra la sentencia de primera instancia, por lo que se debe analizar el acervo probatorio acerca de la afectación de derechos colectivos ante la situación de riesgo por la disposición de residuos sólidos sobre las laderas del afluente conocido como quebrada La Italia o Las Lavanderas; asimismo, se deberá estudiar la competencia y responsabilidad de las entidades accionadas y vinculadas ante la afectación de las fuentes hídricas, así como las órdenes que se deben impartir en el presente asunto.6.3. Procedencia de medio de control (acción)

La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares.

Dentro de las características de la acción popular, se encuentra la de ser una acción principal y preventiva, en la medida en que precave cuando un derecho colectivo está siendo amenazado; o restitutiva, cuando quiera que el derecho colectivo está siendo vulnerado y se ejerce con el fin de que las cosas vuelvan al estado anterior.

La jurisprudencia del Consejo de Estado 17 ha reiterado que los supuestos sustanciales para la procedencia de la acción popular son los siguientes: a) una acción u omisión de la parte demandada; b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y,

vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses.

Estas acciones, fueron también objeto de tratamiento por parte del Cpaca (Ley 1437 de 2011) ahora bajo la denominación de medios de control, en específico el artículo 144 de este cuerpo normativo es titulado: Protección de los derecho e intereses colectivos.

6.4. Derechos e intereses colectivos cuya protección fue amparada en la sentencia de primera instancia

6.4.1. Al goce de un ambiente sano, existencia del equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, preservación del medio ambiente.

Este derecho goza de protección constitucional expresa y, de conformidad con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, ha sido reconocido como un derecho colectivo, condición que también fue reiterada por el legislador en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Su contenido comprende aspectos estrechamente vinculados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos

17 Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia del 17 de febrero de 2011, radicación 15001-23-31-000-2003-02013-01(AP), actor: Javier Giovanni Fuquene Cuadrado,

demandado: departamento de Boyacá y otros.naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, la salubridad pública y la calidad de vida, entendida esta última como una manifestación de la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza.18

A partir de su consagración constitucional, la Corte Constitucional 19 ha conceptualizado el medio ambiente como el conjunto de condiciones básicas que rodean al ser humano, en cuanto integrante de la comunidad y que hacen posible no solo su supervivencia biológica, sino también su desarrollo integral en el ámbito social. En este sentido, el medio ambiente ha sido reconocido como un presupuesto esencial para la existencia digna de la especie humana; sin embargo, su protección no se agota en una visión antropocéntrica, pues la jurisprudencia ha elevado el medio ambiente a la c ategoría de bien jurídico autónomo, cuya preservación constituye una finalidad constitucional en sí misma y cuya salvaguarda requiere la concurrencia del Estado, los particulares y la sociedad en su conjunto.20

Ahora bien, la tutela normativa del medio ambiente no se limita a su reconocimiento en el texto constitucional. El ordenamiento jurídico colombiano ha desarrollado un amplio y progresivo marco legal orientado a garantizar su protección efectiva. En este contexto, la Ley 99 de 1993 estableció los principios rectores de la política ambiental colombiana, entre los cuales se destacan: (i) la orientación del desarrollo económico y social conforme a los principios del desarrollo sostenible consagrados en la Declaración de Río de Janeiro de 1992; (ii) la priorización del consumo humano en el uso del recurso hídrico; (iii) la incorporación del conocimiento científico en la

económico y social conforme a los principios del desarrollo sostenible consagrados en la Declaración de Río de Janeiro de 1992; (ii) la priorización del consumo humano en el uso del recurso hídrico; (iii) la incorporación del conocimiento científico en la formulación de políticas ambientales, sin perjuicio de la aplicación del principio de precaución; (iv) la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental; (v) la protección del paisaje como patrimonio común; (vi) la consideración de la prevención de desastres como asunto de interés colectivo y de obligatorio cumplimiento y (vii) la exigencia de estudios de impacto ambiental como instrumento fundamental para la toma de decisiones sobre proyectos y actividades que puedan afectar significativamente el entorno natural o artificial.

18 Consejo Estado, Sección Primera, consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont, radicación 63001 -23-31000-2003-00782-01 (AP). 19 Véase las sentencias: T154 de 2013, magistrado ponente Nilson Pinilla, providencia del 21 de marzo de 2013; T-341 de 2016, magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, providencia del 29 de junio de 2016; entre otras. 20 Sentencias T-606 de 2015 y C-449 de 2015.En consonancia con este marco normativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado21 ha desarrollado una comprensión amplia y sistemática del derecho al ambiente sano, al señalar que: (i) el medio ambiente está conformado por elementos biofísicos y recursos naturales susceptibles de aprovechamiento humano, siempre que se respeten criterio s de sostenibilidad que garanticen los derechos de las

ambiente sano, al señalar que: (i) el medio ambiente está conformado por elementos biofísicos y recursos naturales susceptibles de aprovechamiento humano, siempre que se respeten criterio s de sostenibilidad que garanticen los derechos de las generaciones futuras; (ii) se trata de un derecho colectivo, susceptible de protección mediante acciones populares y catalogado como un derecho humano de tercera generación; (iii) adquiere carácter de derecho fundamental por conexidad, en la medida en que su afectación compromete directamente los derechos a la vida y a la salud y (iv) constituye un objetivo prioritario del Estado Social de Derecho, enmarcado en lo que la jurisprudencia ha denominado la Constitución ecológica, orientada a armonizar el desarrollo económico con la protección ambiental.

En este escenario, el derecho al goce de un ambiente sano impone al Estado deberes específicos e irrenunciables, entre los cuales se destacan: la protección de la diversidad e integridad del ambiente; la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; la garantía de su desarrollo sostenible; la adopción de medidas de conservación, restauración o sustitución; la prevención y control de los factores de deterioro ambiental; la imposición de sanciones por conductas lesivas al entorno; la exigencia de la reparación de los daños causados; así como la preservación de las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación ambiental como herramienta esencial para el cumplimiento de estos fines.

Finalmente, este proceso de fortalecimiento normativo se ha visto reforzado con la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el

de estos fines.

Finalmente, este proceso de fortalecimiento normativo se ha visto reforzado con la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participació