TA RIS - Sentencia 66001333300220210019401-(28-10-2026)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, 28 de octubre de 2026

Providencia Sentencia de segunda instancia Radicado 66001-33-33-002-2021-00194-01 (L-1828-2025) Medio de control Reparación directa Demandantes Héctor Fabio Serna Palacios y otros Demandados • Municipio de Pueblo Rico • Departamento de Risaralda Llamados en garantía • Axa Colpatria S.A. • Seguros del Estado S.A. • Liberty Seguros hoy HDI seguros de Colombia S.A.

• Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad

Cooperativa Temas

➢ Responsabilidad de los departamentos por la prestación del servicio educativo y el transporte escolar. ➢ Causales de eximente de responsabilidad – imputación del daño ➢ Procedencia del reconocimiento indemnizatorio por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos ➢ Llamamientos en garantía. Decisión de primera instancia El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira con sentencia del 12/marzo/2025 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Apelantes • Seguros del Estado S.A. • Departamento de Risaralda • HDI seguros de Colombia S.A. Decisión del Tribunal Modifica. Razón de la decisión Se prueba una falta de legitimación por pasiva, condena extra petita y condena de llamado s en garantía no procedentes.

• HDI seguros de Colombia S.A.

Decisión del Tribunal Modifica. Razón de la decisión Se prueba una falta de legitimación por pasiva, condena extra petita y condena de llamado s en garantía no procedentes.

En el presente asunto se procederá a la anonimización de los datos personales conforme a los postulados de la Sentencia SU -355 de 2022 de la Corte Constitucional y a la Circular PCSJC23 -11 de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura, en atención a que se encuentran involucrados los derechos de un menor de edad. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1581 de 2012, los datos de identificación del menor víctima han sido sustituidos por las iniciales HASR, por las iniciales de su respectivo nombre, a lo largo de la presente sentencia.

1. ANTECEDENTES

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El 13 de septiembre de 2019, como todos los días, el niño HASR fue recogido a las 6:00 am en la vereda Cicuepa del corregimiento de Santa Cecilia de Pueblo Rico por el transporte escolar contratado por el municipio, ya que su ingreso a la Institución Educativa Intercultural Dokabú era a las 07:00 am.

1 Archivo en PDF con consecutivo 2 del expediente digital de primera instancia.2

A las 3:30 pm, mientras el menor era transportado desde la institución educativa en el transporte escolar hasta su casa, a la altura del sector conocido como el Pital del corregimiento de Santa Cecilia, cae del vehículo en movimiento.

Las lesiones sufridas, según informe pericial de clínica forense emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son las siguientes:

del corregimiento de Santa Cecilia, cae del vehículo en movimiento.

Las lesiones sufridas, según informe pericial de clínica forense emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son las siguientes: deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, deformidad física que afecta el cue rpo de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la respiración de carácter permanente, perturbación funcional del órgano de la deglución de carácter permanente, perturbación psíquica secundaria a daño en el sistema nervioso central de carácter permanente y perturbación de órgano sistema nervioso central de carácter permanente que condiciona: pérdida funcional del órgano de la locomoción; perturbación funcional del órgano de la excreción fecal de carácter permanente; perturbación funcional del órgano de la excreción urinaria de carácter permanente.

La Junta Regional de Calificación de Risaralda emitió dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional, en cual se evidencia como diagnóstico específico: «secuela de trauma craneoencefálico severo con hemiplejia derecha y afectación de funciones mentales superiores» y tasó la pérdida de capacidad laboral y ocupacional en un 100.00%.

Pretende que se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial del municipio de Pueblo Rico y el departamento de Risaralda, con ocasión a las lesiones sufridas por el menor. Como consecuencia de la declaración, se condene a las demandadas al pago total de $1.135.657.500 o la suma superior que como daño

municipio de Pueblo Rico y el departamento de Risaralda, con ocasión a las lesiones sufridas por el menor. Como consecuencia de la declaración, se condene a las demandadas al pago total de $1.135.657.500 o la suma superior que como daño resarcible resulte acreditada en la fase probatoria del proceso, distribuidos así:

Concepto Beneficiario Parentesco Monto (smlmv) Daño moral HASR Menor víctima 300 Héctor Fabio Serna Palacios Padre 100 María de la Paz Rentería Hinestroza Madre 100 Anny Zuleni Serna Rentería Hermana 50 Daira Yuleni Serna Rentería Hermana 50 Edwin Mosquera Rentería Hermano 50 Yuliana Mosquera Rentería Hermana 50 Daniela Serna Leudo Hermana 50 Epitacio Serna Rentería Abuelo 50 María Crucelina Hinestroza Mosquera Abuela 50 Daños a la salud HASR Víctima directa 400

Asimismo, que se condene a la actualización al momento de proferirse fallo, los intereses a partir de la ejecutoria hasta su pago total , que se cumpla en todos los demás aspectos del modo en que lo disponen los artículos 192 y siguientes del CPACA y se paguen costas procesales

2. INTERVENCIÓN DE LA S ENTIDADES DEMANDADAS Y LLAMADAS EN GARANTÍA3 2.1. El departamento de Risaralda 2 se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se negaran las declaraciones de responsabilidad administrativa y patrimonial formuladas en su contra, en este sentido, expuso que no tuvo participación en la producción del daño sufrido por el menor, ya que los hechos

solicitó que se negaran las declaraciones de responsabilidad administrativa y patrimonial formuladas en su contra, en este sentido, expuso que no tuvo participación en la producción del daño sufrido por el menor, ya que los hechos obedecieron a circunstancias ajenas a sus competencias y funciones.

En lo concerniente a los hechos de la demanda, aceptó la ocurrencia del accidente y las lesiones padecidas por el menor, así como algunos aspectos relacionados con su núcleo familiar. No obstante, afirmó que el siniestro no obedeció a una falla atribuible al departamento, sino a la conducta imprudente del conductor del vehículo de transporte escolar, quien habría acelerado bruscamente el automotor, lo que ocasionó la caída del estudiante, además que el menor se encontraba ubicado sobre el techo del vehículo , en un espacio destinado para carga y no para el transporte de pasajeros.

Como fundamento de su defensa, argumentó que la vía donde ocurrió el accidente era de carácter nacional y, por tanto, se encontraba bajo la administración y mantenimiento del INVÍAS, razón por la cual cualquier circunstancia relacionada con el estado de la carretera no podía serle imputada. Asimismo, señaló que el servicio de transporte escolar no fue contratado por el departamento sino por el municipio de Pueblo Rico, entidad con autonomía administrativa y contractual.

Precisó que no existía nexo causal entre la actuación del departamento y el daño reclamado, pues el accidente tuvo origen en la conducta del conductor y en las condiciones en que el menor fue movilizado. La causa eficiente del siniestro fue el comportamiento de terceros ajenos a la entidad territorial y no una acción u omisión de sus autoridades.

condiciones en que el menor fue movilizado. La causa eficiente del siniestro fue el comportamiento de terceros ajenos a la entidad territorial y no una acción u omisión de sus autoridades.

Propone como excepciones : inexistencia del nexo causal; culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el menor ocupaba un lugar inadecuado dentro del vehículo; hecho exclusivo y determinante de un tercero, constituido por la conducta del conductor y de la empresa transportadora; falta de legitimación en la causa por pasiva; integración de litisconsorcio necesario, por lo cual solicita la vinculación de la empresa Transportes Tatamá S.A. y cobro de lo no debido.

2.2. El municipio de Pueblo Rico 3 , se pronunció sobre las pretensiones de la demanda, respecto de las cuales se opuso en su totalidad, sostuvo que las lesiones sufridas por el menor no tuvieron origen en una acción u omisión atribuible a la administración municipal, sino en la conducta del conductor del vehículo de transporte escolar y en las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Al pronunciarse sobre los hechos, reconoció la ocurrencia del accidente y las lesiones padecidas por el menor, pero destacó que, según las pruebas allegadas y el informe de inspección judicial de la Fiscalía, el conductor del vehículo afiliado a Transportes Tatamá S.A. incumplió las condiciones del contrato de transp orte escolar al movilizar carga dentro del automotor, permitir que algunos estudiantes viajaran sobre el capacete, exceder la capacidad autorizada del vehículo y que el conductor uso una velocidad excesiva al ingresar a la vía pavimentada, situación que habría provocado la caída del estudiante.

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viajaran sobre el capacete, exceder la capacidad autorizada del vehículo y que el conductor uso una velocidad excesiva al ingresar a la vía pavimentada, situación que habría provocado la caída del estudiante.

2 Archivo en PDF con consecutivo 9 del expediente digital de primera instancia. 3 Archivo en PDF con consecutivo 14 del expediente digital de primera instancia.4 Afirmó que el municipio cumplió con su obligación de garantizar el acceso a la educación mediante la contratación del servicio de transporte escolar con una empresa legalmente habilitada para esa actividad, a través del contrato No. 054-032019. Sin embargo, el accidente obedeció a la negligencia e impericia del conductor y al incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratista, circunstancias que rompían cualquier vínculo causal entre la actuación del ente territorial y el daño reclamado.

Expuso que el menor contribuyó a la ocurrencia del accidente al ubicarse en el capacete del vehículo, lugar no destinado para el transporte de pasajeros. Por esta razón, alegó que se configuraban tanto el hecho exclusivo de un tercero, representado por la conducta del conductor y de la empresa transportadora, como la culpa exclusiva de la víctima, circunstancias que, a su juicio, excluían la responsabilidad patrimonial del municipio.

Propuso las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, por haberse ubicado el estudiante en una zona no autorizada del vehículo, y hecho de un tercero, atribuible al conductor y a la empresa de transporte. Adicionalmente, solicitó la integración del litisconsorcio necesario mediante la vinculación de Transportes Tatamá S.A., por ser la entidad encargada de ejecutar el contrato de transporte escolar y aquella a la que consideró directamente responsable de los hechos.

litisconsorcio necesario mediante la vinculación de Transportes Tatamá S.A., por ser la entidad encargada de ejecutar el contrato de transporte escolar y aquella a la que consideró directamente responsable de los hechos.

2.3. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, llamada en garantía por el departamento de Risaralda , 4 señala que no está demostrada responsabilidad alguna del departamento de Risaralda, pues el material probatorio no permitía establecer que dicho ente tuviera participación en la ocurrencia del accidente ni que existiera un nexo causal entre su actuación y los perjuicios reclamados, por lo tanto, no surge obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora.

Frente al llamamiento en garantía, alegó que la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1002402 no podía resultar afectada, ya que los hechos que dieron origen a la demanda ocurrieron el 13 de septiembre de 2019 , mientras que la vigencia del seguro comprendía el período entre el 8 de junio de 2021 y el 21 de octubre de 2022 . En tal sentido, sostuvo que la póliza fue contratada bajo la modalidad de ocurrencia, de manera que solo amparaba eventos sucedidos durante su vigencia y no hechos anteriores a su expedición.

De manera subsidiaria, indicó que, aun en el supuesto de que existiera cobertura, debía tenerse en cuenta que el seguro fue suscrito bajo un esquema de coaseguro, en el cual AXA Colpatria asumió el 60% del riesgo y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa el 40%, por lo que cualquier obligación eventual tendría que limitarse a ese porcentaje y no podría predicarse solidaridad entre las

en el cual AXA Colpatria asumió el 60% del riesgo y Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa el 40%, por lo que cualquier obligación eventual tendría que limitarse a ese porcentaje y no podría predicarse solidaridad entre las aseguradoras. Asimismo, señaló que la responsabilidad se encontraba limitada al valor asegurado correspondiente a su participación dentro de la póliza.

Propuso como excepciones la de imposibilidad de afectar la póliza por falta de vigencia frente a los hechos objeto del litigio y, de forma subsidiaria, las relacionadas con la existencia del coaseguro, la inexistencia de solidaridad entre las aseguradoras y los límites de cobertura pactados contractualmente.

4 Archivo en PDF con consecutivo 22 del expediente digital de primera instancia.5 2.4. AXA Colpatria Seguros S.A., llamada en garantía por el departamento de Risaralda, 5 indicó que de los hechos narrados y de las pruebas aportadas no se desprendía responsabilidad alguna del departamento de Risaralda, toda vez que el accidente ocurrido el 13 de septiembre de 2019 , en el que resultó lesionado el menor, habría tenido como causa directa la conducta del conductor del vehículo tipo Jeep Willys de placas HAF-569, quien permitió que el menor viajara en la parte superior del automotor, espacio destinado para carga y no para pasajeros. Así mismo, resaltó que el servicio de transporte escolar había sido contratado por el municipio de Pueblo Rico mediante el contrato No. 054-03-2019 celebrado con Transportes Tatamá S.A., relación contractual ajena al departamento de Risaralda.

Que no existía prueba que permitiera imputar una falla del servicio, una conducta

municipio de Pueblo Rico mediante el contrato No. 054-03-2019 celebrado con Transportes Tatamá S.A., relación contractual ajena al departamento de Risaralda.

Que no existía prueba que permitiera imputar una falla del servicio, una conducta culposa o un incumplimiento atribuible al ente departamental. Por el contrario, los elementos obrantes en el expediente permitían inferir que el accidente se produjo por la actuación imprudente y negligente del conductor y por las condiciones en que era transportado el menor, circunstancias que, a su juicio, configuraban la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero e incluso en el hecho de la propia víctima. Con base en ello, propuso las excepciones de ausencia de factor de imputación frente al departamento de Risaralda, inexistencia de responsabilidad estatal, inexistencia de hecho ilícito imputable a dicha entidad y ausencia de nexo causal entre su actuación y los daños reclamados.

En cuanto al llamamiento en garantía, aceptó la existencia del contrato de seguro suscrito con el departamento de Risaralda, pero precisó que la póliza No. 1002402 fue contratada bajo la modalidad de coaseguro, en la cual el riesgo se distribuyó entre AXA Colpatria con una participación del 60% y Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. con una participación del 40%. Por ello, señaló que cualquier eventual condena debía limitarse al porcentaje de riesgo asumido por cada aseguradora, sin que pudiera predicarse solidaridad entre ellas.

Alegó que la ausencia de cobertura temporal ya que la póliza invocada por el departamento de Risaralda entró en vigencia el 8 de junio de 2021, mientras que el

aseguradora, sin que pudiera predicarse solidaridad entre ellas.

Alegó que la ausencia de cobertura temporal ya que la póliza invocada por el departamento de Risaralda entró en vigencia el 8 de junio de 2021, mientras que el hecho dañoso objeto del litigio ocurrió el 13 de septiembre de 2019, es decir, cerca de dos años antes del inicio de la cobertura y el contrato operaba bajo el sistema de amparo por ocurrencia, razón por la cual únicamente cubría siniestros acontecidos durante su vigencia y no eventos anteriores a la celebración del segur o; en consecuencia la reclamación formulada en su contra carecía de respaldo contractual y debía rechazarse.

De manera subsidiaria, precisó que aun si el Tribunal llegara a considerar procedente el llamamiento, cualquier obligación indemnizatoria se encontraría limitada por las condiciones pactadas en la póliza. En tal sentido, advirtió que el monto máximo asegur ado ascendía a $3.000.000.000 para el amparo de responsabilidad civil extracontractual y que, además, debía verificarse al momento de la sentencia la disponibilidad efectiva de dicho valor asegurado.

2.5. Seguros del Estado S.A. , llamada en garantía por el departamento de Risaralda6, aceptó la existencia de las lesiones acreditadas mediante el informe pericial de clínica forense del 12 de marzo de 2020 y el dictamen de pérdida de

5 Archivo en PDF con consecutivo 23 del expediente digital de primera instancia. 6 Archivo en PDF con consecutivo 24 del expediente digital de primera instancia.6 capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de

5 Archivo en PDF con consecutivo 23 del expediente digital de primera instancia. 6 Archivo en PDF con consecutivo 24 del expediente digital de primera instancia.6 capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el 30 de julio de 2020 , pero tales circunstancias no demostraban responsabilidad alguna del departamento de Risaralda.

Como fundamento de su defensa, indicó que el material probatorio aportado con la demanda, especialmente la noticia criminal No. 666676000086202000015, mostraba que el accidente obedeció a circunstancias ajenas a la actuación del departamento, ya que el menor viajaba sobre el capacete de un vehículo tipo Jeep Willys, lugar no destinado para pasajeros, y que el conductor Víctor Manuel Tascón Galeano permitió dicha situación pese a que el automotor excedía la capacidad autorizada. Estas circunstancias evidenciaban que el daño se originó en la conducta del conductor y en la exposición al riesgo por parte de la víctima.

Asimismo, destacó que el vehículo se encontraba vinculado a Transportes Tatamá S.A., empresa que ejecutaba el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 054 de 2019 , celebrado con el m unicipio de Pueblo Rico , sin participación contractual del departamento de Risaralda, por lo cual le correspondía al municipio ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del servicio de transporte escolar.

Formuló como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Risaralda, la ausencia de responsabilidad estatal , la inexistencia de nexo causal, la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero y

Formuló como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Risaralda, la ausencia de responsabilidad estatal , la inexistencia de nexo causal, la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero y la ausencia de fundamento probatorio respecto de la participación del ente departamental en la producción del daño. También coadyuvó todas las excepciones formuladas por el departamento de Risaralda y solicitó su absolución, así como la de la aseguradora.

En lo tocante al llamamiento, reconoció la existencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 55 -02-101000859, contratada por el departamento de Risaralda, con vigencia comprendida entre el 29 de julio de 2018 y el 27 de septiembre de 2019 , por lo cual se encontraba vigente para la fecha del accidente ocurrido el 13 de septiembre de 2019 . Igualmente, precisó que dicha póliza fue expedida bajo la modalidad de coaseguro junto con Liberty Seguros S.A., correspondiéndole a Seguros del Estado una participación del 60% y a Liberty Seguros una participación del 40%.

Aunque admitió la existencia y vigencia de la póliza, señaló que el siniestro objeto del proceso no se encontraba amparado. Explicó que la cobertura de responsabilidad civil extracontractual estaba diseñada para indemnizar perjuicios derivados de accidentes producidos durante la ejecución de las actividades propias del asegurado, es decir, de las funciones que desarrolla el departamento de Risaralda. En este caso, el accidente de tránsito que ocasionó las lesiones al menor no guardaba relación con las compe tencias, operaciones o actividades propias del departamento, entidad que ejerce funciones administrativas, de coordinación,

Risaralda. En este caso, el accidente de tránsito que ocasionó las lesiones al menor no guardaba relación con las compe tencias, operaciones o actividades propias del departamento, entidad que ejerce funciones administrativas, de coordinación, referencia y complementariedad, pero no presta servicios de transporte escolar.

Explicó que el accidente no obedeció a una acción u omisión del departamento relacionada con el mantenimiento de la vía o con la prestación del servicio de transporte, sino a la conducta del conductor del vehículo y a la forma en que se desarrolló el trasl ado de los estudiantes. Por ello, planteó como excepción la ausencia de cobertura de la póliza por inexistencia de interés asegurable y por no7 corresponder los hechos a riesgos cubiertos dentro del contrato de seguro.

De manera subsidiaria, refirió que cualquier eventual condena debía sujetarse estrictamente a los términos de la póliza, el valor asegurado para el amparo de responsabilidad civil extracontractual ascendía a $3.000.000.000, pero que, debido al coaseguro pactado, la responsabilidad máxima de Seguros del Estado S.A. no podría exceder el 60%, equivalente a $1.800.000.000, mientras que el 40% restante, esto es, $1.200.000.000, correspondería a Liberty Seguros S.A. Añadió que debía aplicarse el deducible previst o en la póliza y verificarse la disponibilidad real del valor asegurado al momento de ejecutoria de la sentencia, pues la suma asegurada podría haberse reducido por otros siniestros o reclamaciones cubiertas durante la vigencia del contrato.

2.6. Seguros del Estado S.A., llamada en garantía por el municipio de Pueblo Rico,

podría haberse reducido por otros siniestros o reclamaciones cubiertas durante la vigencia del contrato.

2.6. Seguros del Estado S.A., llamada en garantía por el municipio de Pueblo Rico, 7 considera que se presentó falta de acreditación de la responsabilidad del municipio en la causación del daño, puesto que concurre como circunstancias de rompimiento del nexo de causalidad la culpa exclusiva de la víctima al ponerse en mayor riesgo y el hecho de un t ercero, conductor, al dar marcha al vehículo con exceso de pasajeros y la ubicación de un niño en el capacete, lugar no apto para el transporte de pasajeros.

Propuso como principales medios de defensa la ausencia de responsabilidad del municipio de Pueblo Rico, la inexistencia de nexo causal, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho exclusivo de un tercero. En relación con esta última causal, afirmó que la conducta determinante fue la desplegada por el conductor del vehículo, quien desarrollaba una actividad peligrosa y actuó sin observar las normas de tránsito y de transporte aplicables. De igual forma, sostuvo que la prestación material del servicio era eje cutada por Transportes Tatamá S.A., por lo que cualquier responsabilidad debía recaer sobre dicha sociedad y no sobre el ente territorial.

Cuestionó la cuantificación de los perjuicios solicitados en la demanda, al considerar que las sumas reclamadas por concepto de perjuicios morales y daño a la salud resultaban excesivas frente a los parámetros jurisprudenciales que orientan la tasación de este tipo de indemnizaciones. Igualmente, se adhirió a todas las excepciones propuestas por el municipio de Pueblo Rico, solicitando que fueran

resultaban excesivas frente a los parámetros jurisprudenciales que orientan la tasación de este tipo de indemnizaciones. Igualmente, se adhirió a todas las excepciones propuestas por el municipio de Pueblo Rico, solicitando que fueran declaradas probadas y que, en consecuencia, se absolviera tanto al municipio como a la aseguradora.

Respecto del llamamiento en garantía formulado por el municipio de Pueblo Rico, la aseguradora aceptó la existencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento No. 55-40-101021284, expedida a favor del municipio dentro d e la ejecución del contrato de transporte escolar celebrado con Transportes Tatamá S.A. Indicó que dicha póliza tuvo vigencia entre el 4 de marzo de 2019 y el 17 de octubre de 2019, bajo la modalidad de ocurrencia, y amparaba los riesgos derivados de predi os, labores y operaciones. El valor asegurado ascendía a $165.623.200, con un deducible equivalente al 10% de la pérdida, con un mínimo de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No obstante, aduce que la sola existencia de la póliza no implicaba la obligación automática de indemnizar que, antes de discutir la cobertura del contrato de seguro, debía demostrarse la responsabilidad del municipio de Pueblo Rico, circunstancia

7 Archivo en PDF con consecutivo 25 del expediente digital de primera instancia.8 que consideró ausente en el caso concreto, pues los hechos del 13 de septiembre de 2019 obedecieron a la actuación exclusiva del conductor y a la conducta de la víctima, por lo que no existía fundamento para imponer condena contra el

que consideró ausente en el caso concreto, pues los hechos del 13 de septiembre de 2019 obedecieron a la actuación exclusiva del conductor y a la conducta de la víctima, por lo que no existía fundamento para imponer condena contra el asegurado ni, por ende, contra la aseguradora.

De manera subsidiaria, indicó que cualquier eventual obligación debía limitarse estrictamente a las condiciones pactadas en la póliza. Por ello, solicitó que se respetara el límite máximo asegurado de $165.623.200 y que se verificara la disponibilidad efectiv a de la suma asegurada al momento de ejecutoriarse la sentencia, teniendo en cuenta que el valor amparado podía verse afectado por otros siniestros cubiertos durante la vigencia del contrato. Además, solicitó que se aplicaran las exclusiones, condiciones generales y deducibles previstos en la póliza.

2.7. Liberty Seguros hoy HDI seguros de Colombia S.A. , llamada en garantía por el departamento de Risaralda, 8 expone que no existían elementos fácticos ni probatorios que permitieran atribuir responsabilidad al departamento de Risaralda, por cuanto dicha entidad no tenía a su cargo la prestación del transporte escolar ni la administración o mantenimiento de la vía donde ocurrió el siniestro. En efecto, el servicio de transporte escolar era ejecutado en virtud del contrato de prestación de servicios No. 054-03-2019, celebrado entre el m unicipio de Pueblo Rico y Transportes Tatamá S.A. , sin que el departamento hubiera intervenido en dicha relación contractual.

De igual forma, afirmó que la carretera donde se produjo el accidente era administrada por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, razón por la cual tampoco

Transportes Tatamá S.A. , sin que el departamento hubiera intervenido en dicha relación contractual.

De igual forma, afirmó que la carretera donde se produjo el accidente era administrada por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, razón por la cual tampoco podía atribuirse al ente departamental responsabilidad derivada del estado o mantenimiento de la vía.

Que el daño se produjo por circunstancias atribuibles tanto al conductor del vehículo como al menor lesionado, pues según los elementos obrantes en el expediente y la información recopilada por el CTI, el conductor Víctor Manuel Tascón Galeano habría acelerado bruscamente el vehículo de placas HAF-569, situación que ocasionó la caída del estudiante. Asimismo, resaltó que el menor se transportaba sobre el capacete del automotor, lugar no destinado para pasajeros, conducta que, a su juicio, implicó una exposi ción imprudente al riesgo y configuró una causal de exoneración por hecho de la víctima.

Formuló las excepciones de hecho de la víctima , hecho exclusivo de un tercero , inexistencia de daño antijurídico imputable al departamento de Risaralda , inexistencia de relación causal , falta de legitimación en la causa por pasiva , ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad estatal e improcedencia de la falla del servicio . Igualmente, cuestionó el reconocimiento de perjuicios morales, al considerar que la demanda no incorporaba pruebas suficientes para acreditar la intensidad de la afecta ción alegada por los demandantes.

En lo concerniente al llamamiento de garantía, reconoció la existencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 55 -02-101000859, expedida a favor

demandantes.

En lo concerniente al llamamiento de garantía, reconoció la existencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 55 -02-101000859, expedida a favor del departamento y vigente entre el 29 de julio de 2018 y el 27 de septiembre de 2019, periodo dentro del cual ocurrió el accidente del 13 de septiembre de 2019 . También aceptó que dicha póliza fue contratada bajo la modalidad de coaseguro

8 Archivo en PDF con consecutivo 26 del expediente digital de primera instancia.9 con Seguros del Estado S.A. , correspondiéndole a Liberty Seguros S.A. un