TA RIS - Sentencia 66001233300020260020200-(28-10-2026)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, 28 de octubre de 2026

Providencia Sentencia única instancia Radicado 66001-23-33-000-2026-00202-00 Medio de control Validez de Acuerdo Demandante Gobernador de Risaralda Acto demandado Acuerdo 022 del 26 de agosto de 20 26, expedido por el Concejo Municipal de Mistrató – Risaralda Temas ➢ Competencia de los concejos municipales para proferir declaraciones de patrimonio cultural inmaterial. ➢ Procedimiento para incluir manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. ➢ Concepto previo. Decisión Accede

1. ACTO DEMANDADO

El gobernador del departamento de Risaralda, en uso de la atribución conferida por el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución, ha remitido a esta Corporación el Acuerdo 022 del 26 de agosto de 202 6, por medio del cual se declaran como patrimonio cultural inmaterial del municipio de Mistrató las manifestaciones dancísticas del pueblo Embera Chamí, se crea e institucionaliza el Festival de Danza Embera de la Institución Educativa La Inmaculada del corregimiento de San Antonio del Chamí y se dictan otras disposiciones para su protección, salvaguardia, promoción y fortalecimiento , emanado por el Concejo Municipal de Mistrató Risaralda.

2. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

promoción y fortalecimiento , emanado por el Concejo Municipal de Mistrató Risaralda.

2. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La solicitud de invalidez1 sostiene que el Concejo Municipal de Mistrató transgredió el numeral 10 del artículo 313 de la Constitución Política; el artículo 8, numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 y el Decreto 1080 de 2015 al expedir el Acuerdo 022 del 26 de agosto de 2026, mediante el cual declaró como patrimonio cultural inmaterial del municipio las manifestaciones dancísticas del pueblo Embera Chamí. Según la parte solicitante, dichas disposiciones reservan determinadas competencias a las autoridades ejecutivas territoriales y establecen un procedimiento específico para el reconocimiento y manejo del patrimonio cultural, el cual no habría sido observado en este caso.

1 Archivo en PDF con consecutivo 1 del expediente digital.2

En el concepto de violación propone los siguientes cargos:

• Falta de competencia del concejo municipal: sostiene que el concejo excedió las funciones que le atribuyen la Constitución y la ley al declarar directamente como patrimonio cultural inmaterial las manifestaciones dancísticas del pueblo Emberá Chamí, ya que esa facultad corresponde a la administración municipal, a través del alcalde, de conformidad con la legislación cultural vigente. Como respaldo de esta tesis, cita el artículo 8 de la Ley 397 de 1997 y pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Cun dinamarca, en los que se ha precisado que los concejos municipales pueden promover medidas de protección del patrimonio cultural, pero no efectuar por sí mismos la declaratoria de bienes o manifestaciones como patrimonio cultural.

Administrativo de Cun dinamarca, en los que se ha precisado que los concejos municipales pueden promover medidas de protección del patrimonio cultural, pero no efectuar por sí mismos la declaratoria de bienes o manifestaciones como patrimonio cultural.

• Vulneración del artículo 8 de la Ley 397 de 199 7: afirma que el acuerdo desconoció el régimen legal que regula la declaratoria y administración del patrimonio cultural , por cuanto la Ley 397 de 1997 asigna expresamente a las alcaldías y gobernaciones la competencia para adelantar dichas actuaciones dentro de su respectiva jurisdicción . En consecuencia, el concejo asumió una atribución ajena a sus funciones al incluir las manifestaciones dancísticas del pueblo Embera Chamí dentro del patrimonio cultural in material del municipio , para sustentar este cargo, invoca la interpretación que sobre el alcance de esa norma ha realizado la jurisdicción contencioso -administrativa, especialmente decisiones que distinguen entre las facultades normativas de los concejos y las competencias administrativas de los alcaldes en materia cultural.

• Expedición irregular por omisión del concepto previo del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural: precisa que el acuerdo fue expedido con desconocimiento del procedimiento previsto para la inclusión de manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial , la normativa aplicable exige obtener previamente un concepto favorable del respectivo Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, requisito que no aparece acreditado dentro de los antecedentes del acto demandado.

Como fundamento, cita el artículo 11 -1 de la Ley 397 de 1997, el Decreto 1080 de 2015, la jurisprudencia de la Corte Constituciona l y decisiones de los tribunales administrativos de Caldas y Risaralda, los cuales han considerado que la ausencia

2015, la jurisprudencia de la Corte Constituciona l y decisiones de los tribunales administrativos de Caldas y Risaralda, los cuales han considerado que la ausencia de dicho concepto constituye una irregularidad sustancial capaz de invalidar actos administrativos relacionados con la declaratoria o inclusión de manifestaciones culturales inmateriales. Con base en ello, concluye que el acuerdo fue expedido sin cumplir un requisito esencial del procedimiento legalmente establecido.

3. TRÁMITE PROCESAL

De conformidad con los artículos 22 y 23 de la Ley 78 de 1986, 120 y 121 del Decreto 1333 de 1986, mediante proveído del 28 de septiembre de 2026,2 se ordenó fijar el

2 Archivo en PDF con consecutivo 4 del expediente digital.3

proceso en lista por el término de 10 días, para que el Ministerio Público o cualquier persona interviniera para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del Acuerdo demandado. Posteriormente, a través de auto del 15 de octubre de 2026,3 se dispuso tener como pruebas los documentos aportados.

4. INTERVENCIONES

Dentro del presente asunto se presentaron las siguientes intervenciones:

4.1. El agente del Ministerio Público, presentó concepto4 en el que expone que el análisis debía centrarse en determinar si el Concejo Municipal de Mistrató podía declarar directamente como patrimonio cultural inmaterial las manifestaciones dancísticas del pueblo Embera Chamí o si esa atribución correspondía a otra autoridad dentro d el sistema normativo que regula la protección del patrimonio cultural. En tal sentido, recordó que el principio de legalidad impone a todas las autoridades públicas el deber de actuar dentro del ámbito específico de

autoridad dentro d el sistema normativo que regula la protección del patrimonio cultural. En tal sentido, recordó que el principio de legalidad impone a todas las autoridades públicas el deber de actuar dentro del ámbito específico de competencias que la Constitución y la ley les asignan, de modo que la validez de un acto no depende únicamente de su contenido material, sino también de que haya sido expedido por la autoridad competente y conforme al procedimiento legalmente establecido.

Explicó que la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, y el Decreto 1080 de 2015 establecen un régimen especial para la protección del patrimonio cultural inmaterial y distribuyen funciones precisas entre las autoridades que integran el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural. A juicio del Ministerio Público, la competencia de los concejos municipales para promover, preservar y proteger la cultura no puede confundirse con la facultad de reconocer oficialmente una manifestación como patrimonio c ultural inmaterial, pues esta constituye una decisión administrativa especial que corresponde al alcalde municipal y debe sujetarse al procedimiento previsto en la normatividad especial.

En este punto, consideró trasladable la posición asumida por esa agencia dentro del proceso 66001 -23-33-000-2023-00285-00, en el que consideró que la competencia de las corporaciones administrativas territoriales en materia cultural no puede extenderse hasta el ejercicio de funciones expresamente asignadas a las autoridades ejecutivas, pues ello desconoce el principio de legalidad y la distribución funcional establecida por el legislador.

Resaltó que el procedimiento para el reconocimiento de una manifestación cultural exige la intervención previa de las instancias técnicas creadas por la ley. En particular, indicó que la obtención del concepto favorable del Consejo

funcional establecida por el legislador.

Resaltó que el procedimiento para el reconocimiento de una manifestación cultural exige la intervención previa de las instancias técnicas creadas por la ley. En particular, indicó que la obtención del concepto favorable del Consejo Departamental de Patrimo nio Cultural constituye una garantía dirigida a asegurar una valoración especializada sobre la relevancia de la manifestación, su significado para la comunidad portadora y las medidas de protección que resulten necesarias.

3 Archivo en PDF con consecutivo 13 del expediente digital. 4 Archivo en PDF con consecutivo 9 del expediente digital.4

Por esta razón, dicha actuación no puede ser sustituida por una decisión adoptada exclusivamente por una corporación de elección popular. La misma distinción fue reiterada en el concepto rendido dentro del proceso 6600123-33-000-2024-00029-00, oportunidad en la cual el Ministerio Público precisó que la protección y promoción de expresiones culturales por parte de los concejos municipales no puede confundirse con el procedimiento administrativo necesario para su declaratoria como patrimonio cultural, el cual exige el cumplimiento de requisitos técnicos y la participación de las autoridades competentes.

Al examinar el acuerdo demandado, concluyó que el Concejo Municipal de Mistrató no se limitó a promover o respaldar iniciativas encaminadas a la protección de las expresiones culturales del pueblo Embera Chamí, sino que produjo directamente el reconocimiento jurídico de estas como patrimonio cultural inmaterial del municipio. Dicho efecto excedía las competencias de la corporación y desconocía la distribución funcional establecida en la legislación cultural. Además, observó que dentro del expediente no exis tía prueba de la obtención del concepto previo

Dicho efecto excedía las competencias de la corporación y desconocía la distribución funcional establecida en la legislación cultural. Además, observó que dentro del expediente no exis tía prueba de la obtención del concepto previo favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, circunstancia que evidenciaba el incumplimiento del procedimiento especial previsto para este tipo de decisiones.

Precisó que la sanción posterior del acuerdo por parte del alcalde no tenía la capacidad de subsanar las irregularidades identificadas, puesto que la competencia para adoptar la decisión de reconocimiento patrimonial y el cumplimiento de las etapas procedimentales debían verificarse antes de la expedición del acto. De igual forma, sostuvo que los artículos restantes del acuerdo guardaban una relación directa e inescindible con la declaratoria de patrimonio cultural contenida en el artículo primero, ya que la s medidas de protección, promoción, fortalecimiento e institucionalización del festival fueron concebidas como consecuencia de dicho reconocimiento.

Con fundamento en estas consideraciones, el Ministerio Público concluyó que el Concejo Municipal de Mistrató excedió las competencias que le confiere el ordenamiento jurídico y omitió el procedimiento especial previsto para la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial . En consecuencia, estimó procedente acceder a la solicitud formulada por el Gobernador de Risaralda y conceptuó de manera favorable a la declaratoria de invalidez integral del Acuerdo 022 del 26 de agosto de 2026.

4.2. el municipio de Mistrató , allegó escrito 5 dentro del cual refiere que la declaratoria de invalidez solo procede so bre el contenido del artículo primero, el resto del acuerdo incorpora medidas autónomas de promoción cultural, formación

4.2. el municipio de Mistrató , allegó escrito 5 dentro del cual refiere que la declaratoria de invalidez solo procede so bre el contenido del artículo primero, el resto del acuerdo incorpora medidas autónomas de promoción cultural, formación artística, investigación, asignación de recursos e institucionalización del Festival de Danza Embera de la Institución Educativa La Inmaculada, las cuale s pueden subsistir independientemente de la suerte jurídica de la declaratoria cuestionada. Por ello, de manera subsidiaria, solicitó que cualquier eventual invalidez se limitara

5 Archivo en PDF con consecutivo 11 del expediente digital.5

únicamente a las disposiciones directamente afectadas y no al acto administrativo en su totalidad.

Como antecedente, explicó que el acuerdo fue aprobado en primer debate el 21 de agosto de 2026 y en segundo debate el 26 de agosto de 2026, fecha en la que también fue sancionado. Indicó que la iniciativa tuvo origen en la administración municipal y que la exposición de motivos, suscrita por el alcalde, estuvo orientada a fortalecer la identidad cultural, la educación artística, la participación comunitaria y la preservación de las tradiciones del pueblo Embera. A su juicio, estos antecedentes evidencian qu e la finalidad predominante del acuerdo era promover una manifestación cultural local y consolidar un espacio permanente para su difusión dentro del municipio.

Sostuvo que el concejo actuó al amparo de la competencia prevista en el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política, que le permite dictar normas para la preservación y defensa del patrimonio cultural del municipio . L a solicitud de invalidez se concentra exclusivamente en las reglas que regulan la declaratoria del

9 del artículo 313 de la Constitución Política, que le permite dictar normas para la preservación y defensa del patrimonio cultural del municipio . L a solicitud de invalidez se concentra exclusivamente en las reglas que regulan la declaratoria del patrimonio cultural inmaterial, pero desconoce que los concejos municipales conservan facultades propias para adoptar medidas de protección, promoción y fortalecimiento de las expresion es culturales presentes en sus territorios. En ese sentido, afirmó que la existencia de un procedimiento especial para la inclusión de manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial no elimina ni restringe las competencias ordinarias de fomento cultural atribuidas a las corporaciones territoriales.

Respecto de los cargos formulados, el municipio reconoció que la declaratoria formal de patrimonio cultural inmaterial se encuentra sometida a competencias y procedimientos especiales previstos en la Ley 397 de 1997. Sin embargo, planteó que el artículo primero del acuerdo debía interpretarse a partir de su contexto y de la finalidad general del acto. Según esta tesis, la expresión “patrimonio cultural inmaterial” fue utilizada con un alcance descriptivo o institucional para destacar la importancia cultural de las danzas Embera dentro del municipio, mas no para producir los efectos jurídicos propios de una inclusión formal en el régimen especial de patrimonio cultural inmaterial.

Afirmó que una lectura integral del acuerdo demuestra que su contenido principal no está dirigido a incorporar una manifestación cultural a una lista patrimonial ni a desarrollar mecanismos de salvaguardia propios de ese régimen jurídico. Por el contrario, la mayor parte de sus disposiciones regula aspectos relacionados con la organización del festival, la promoción de actividades pedagógicas, el

desarrollar mecanismos de salvaguardia propios de ese régimen jurídico. Por el contrario, la mayor parte de sus disposiciones regula aspectos relacionados con la organización del festival, la promoción de actividades pedagógicas, el fortalecimiento de procesos de formación artística, la asignación de apoyos institucionales y la preservación de la identidad cultural indígena. Desde esta perspectiva, consideró que el eje central del acuerdo consiste en reglamentar y fomentar actividades culturales locales y no en ejercer una competencia reservada a otra autoridad administrativa.

Invocó el principio de conservación del acto administrativo , conforme al cual ante una eventual eliminación de la expresión “patrimonio cultural inmaterial” o incluso la6

anulación aislada del artículo primero no generaría un vacío normativo ni privaría de contenido al acuerdo, puesto que subsistirían las disposiciones relacionadas con el festival, la promoción cultural, las escuelas de formación artística, las actividades logísticas y las apropiaciones presupuestales. Estas decisiones encuentran fundamento en competencias ordinarias de gestión y promoción cultural que la Constitución y la ley reconocen a las entidades territoriales.

Destacó que la iniciativa y posterior sanción del acuerdo por parte del alcalde no fueron invocadas como mecanismos de convalidación de una eventual incompetencia del concejo. Explicó que tales actuaciones únicamente demuestran el respaldo de la administrac ión municipal a las medidas de organización, financiación y ejecución del festival, así como la existencia de una política pública local destinada al fortalecimiento de las expresiones culturales del pueblo Embera. Tales antecedentes permiten evidenciar l a autonomía de las medidas de fomento

financiación y ejecución del festival, así como la existencia de una política pública local destinada al fortalecimiento de las expresiones culturales del pueblo Embera. Tales antecedentes permiten evidenciar l a autonomía de las medidas de fomento frente a la discusión jurídica suscitada alrededor de la declaratoria patrimonial.

Con base en esas consideraciones, solicitó declarar la validez integral del acuerdo, bajo el entendido de que el artículo primero contiene un reconocimiento institucional y descriptivo de la relevancia cultural de las danzas Embera, sin sustituir el procedimiento legal de inclusión en la L ista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. De manera subsidiaria, deprecó que, si se llegara a establecer la existencia de una incompetencia o una irregularidad respecto de esa disposición, la invalidez se limi tara exclusivamente al artículo primero y se conservaran los artículos 2 a 11, en cuanto regulan aspectos autónomos de promoción, organización y fortalecimiento cultural compatibles con el ordenamiento jurídico.

5. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 119 a 121 del Decreto 1333 de 1986 y el artículo 151-2 del CPACA, es competente este Tribunal para conocer del presente asunto en única instancia.

5.2. Objeto de decisión .

5.2.1. Problemas jurídicos: ¿Es competencia de un concejo municipal expedir un acuerdo mediante el cual se declara una manifestación cultural como patrimonio cultural inmaterial de la entidad territorial respectiva? ¿El concepto favorable previo del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural constituye un requisito indispensable para la declaratoria de una manifestación como patrimonio cultural

acuerdo mediante el cual se declara una manifestación cultural como patrimonio cultural inmaterial de la entidad territorial respectiva? ¿El concepto favorable previo del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural constituye un requisito indispensable para la declaratoria de una manifestación como patrimonio cultural inmaterial y, de ser así, cuáles son las consecuencias jurídicas de su omisión?

5.2.2. Asunto para resolver : En concreto, la Sala debe determinar la validez del Acuerdo 022 del 26 de agosto de 2026, expedido por el Concejo Municipal de Mistrató, cuya invalidez solicitó el Departamento de Risaralda, al considerar que la corporación carecía de competencia para declarar como patrimonio cultural inmaterial del municipio las manifestaciones dancísticas del pueblo Embera Chamí y que, además, omitió el procedimiento especial previsto en la normativa cultu ral,7

particularmente la obtención del concepto favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

En consecuencia, deberá establecerse si el acuerdo fue expedido con infracción de las normas que regulan las competencias y el procedimiento para la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial y, de ser así, si tales vicios afectan la totalidad del acto o únicamente las disposiciones relacionadas con dicha declaratoria.

5.2.3. Reiteración de los fundamentos jurídicos de este Tribunal: Esta Corporación se ha pronunciado sobre hechos similares en recientes providencias6. En los mencionados fallos se incorporaron razones que serán acogidas en el presente asunto, dado que sirven de fundamento para la decisión que en éste habrá de proferirse.

5.3. Análisis jurídico.

5.3.1. Competencia y requisitos para la declaratoria de patrimonio cultural

presente asunto, dado que sirven de fundamento para la decisión que en éste habrá de proferirse.

5.3. Análisis jurídico.

5.3.1. Competencia y requisitos para la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial en el ámbito municipal.

La Constitución Política de 1991 establece sobre el Patrimonio Cultural: «ARTÍCULO

72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.»

Asimismo, la Constitución dispone que, el Estado tiene el deber de promover fomentar el acceso a la cultura (Artículo 70) y crear incentivos para las personas e instituciones que los desarrollen (Artículo 71), lo que en conjunto con los derechos culturales han conducido a que se denomine como una “Constitución Cultural”7.

6 Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, magistrada ponente Dufay Carvajal Castañeda, sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado 66001-23-33-002-2012-00075-00; el suscrito Magistrado, sentencia del 18 de diciembre de 2023, radicado 66001-23-33-000-2023-00285-00 y Sala Tercera

de Decisión, magistrado ponente Andrés Medina Pineda, sentencia 27 de febrero de 2026, radicado 66001-2333-000-2026-00014-00. 7 Sentencia C-570 de 2016 “(…) 5.4. Cabe destacar, que la competencia reconocida al Congreso para autorizar gasto público, en las condiciones definidas por la jurisprudencia, se entiende extendida a las medidas legislativas expedidas para la financiación pública de manifestaciones cultu rales, sociales e históricas, las cuales pueden estar comprendidas en las llamadas leyes de honores, de conmemoraciones o de reconocimientos institucionales en general. Dicha atribución, encuentra fundamento específico en el amplio conjunto de disposicione s constitucionales que protegen la cultura y su diversidad -lo que le ha permitido a dicho bloque recibir el calificativo de “Constitución Cultural”-, a partir del cual resulta razonable inferir que el Estado, a través del Congreso de la República, se encuentra habilitado para autorizar la financiación de manifestaciones culturales.

5.5. En efecto, tal y como la reconocido esta Corporación6, la cultura y su promoción, encuentra respaldo constitucional: (i) en el artículo 2º, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en la vida cultural de la Nación; (ii) en los artículos 7º y 8º, que le imponen al Estado el deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales de la Nación; (iii) en el artículo 44, que define la cultura como un derecho fundamental de los niños; (iv) en el artículo 67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los valores culturales de la Nación; (v) en el artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar el acceso

fundamental de los niños; (iv) en el artículo 67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los valores culturales de la Nación; (v) en el artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar el acceso a la cultura de los colombianos, y que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones como fundamento de la nacionalidad; (vi) en el artículo 71 que también le impone al Estado la obligación de crear incentivos para fomentar las manifestaciones culturales; (vii) en artículo 95-8 que señala como uno de los deberes de la persona8

El numeral 9 del artículo 313 ibidem establece que el concejo municipal cuenta con la siguiente facultad respecto del patrimonio cultural: « ARTÍCULO 313.

Corresponde a los concejos : … 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio…»

Según el numeral 7 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, los concejos tienen como atribución, entre otros, velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural y el artículo 41 ibidem prevé que tiene prohibido, entre otros, intervenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de acuerdos o de resoluciones.

En lo referente a la declaración de bienes de interés cultural, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008) indica en el artículo 4 que el patrimonio cultural de la Nación está «(…) constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales , los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como

en el artículo 4 que el patrimonio cultural de la Nación está «(…) constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales , los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, la s costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico (…)» (Resaltado de la Sala);

El mismo artículo dispone que, la declaratoria de un bien material como de interés cultural, o la inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se materializa en un acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en esta ley, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus competencias, determinan que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la presente ley.

Lo anterior resulta concordante con los dispuesto en el artículo 2.3.1.3 del Decreto 1080 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

Lo anterior resulta concordante con los dispuesto en el artículo 2.3.1.3 del Decreto 1080 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura» en el cual sobre las competencias de los municipios señala: «IV. De los municipios.

y el ciudadano la protección de los recursos culturales y naturales; y (viii) en los artículos 311 y 313 -9, que encomiendan de manera especial a los municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 5.6. De igual manera, en lo que se refiere a la defensa del patrimonio cultural y arqueológico y al régimen constitucional de protección, su fundamento surge directamente del (ix) artículo 63, en el que se consagra que el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables; y, de manera especial, del (x) artículo 72, que prevé que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, al tiempo que establece que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En plena armonía con las citadas disposiciones, (xi) el artículo 313 -10 del mismo ordenamiento Superior, le atribuye a los Concejos Municipales la función de expedir las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, mientras que (xii) el articulo 333 deja en manos de la ley la delimitación del alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (…)”9

articulo 333 deja en manos de la ley la delimitación del alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (…)”9

A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 1165 de 2008, les corresponde cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal que declare o pretenda declarar como tales, competencias análogas a las señalada s en el numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo. También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial y los declarados como monumentos, áreas de conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones efectuadas por los Concejos municipales y alcaldías, homologadas a BIC de conformid