TA RIS - Sentencia 66001333300320230006701-(28-10-2026)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: LEONARDO RODRIGUEZ ARANGO

Aprobado por la Sala en sesión de hoy, Pereira, 28 de octubre de 2026

Providencia Sentencia segunda instancia Radicado 66001-33-33-003-2023-00067-01 (L-1727-2025) Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gloria Osorio Chica Demandado PAR Caprecom liquidado, sucedido procesalmente por Fiduciaria La Previsora. Temas - Contrato de prestación de servicios – configuración del contrato realidad en el sector público. -Principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades en materia laboral administrativa. Carga de la prueba en la configuración de los elementos.

• Subordinación.
• Caducidad.

Decisión de 1ª instancia El Juzgado Tercero Administrativo, concedió pretensiones parcialmente. Sentencia del 08/mayo/2025 Apelantes Demandante y demandado. Decisión de tribunal Modifica Razón de la decisión No se encuentra configurada la caducidad.

1. ANTECEDENTES

1

De la lectura de la sentencia de primera instancia, se destacan como hechos relevantes que la demandante laboró al servicio de la entidad demandada a través de contratos de prestación de servicio s entre el año 2012 y 2015, para desempeñarse como auxiliar administrativa.

Pese a que la señora Gloria Osorio Chica tenía contrato con la entidad hasta el 31 de enero de 2016, fue desvinculada el 30 de octubre de 2015; se indica que, durante

desempeñarse como auxiliar administrativa.

Pese a que la señora Gloria Osorio Chica tenía contrato con la entidad hasta el 31 de enero de 2016, fue desvinculada el 30 de octubre de 2015; se indica que, durante la prestación del servicio, la actora recibió órdenes por parte del Director Territorial de Risaralda y cumplió un horario igual al de los trabajadores de planta.

La entidad accionada no realizó pago de las prestaciones sociales durante el término de prestación de sus servicios, ni realizó aportes al sistema de seguridad social. Por lo anterior, el 23 de septiembre de 2016, la actora presentó reclamación administrativa solicitando el reconocimiento de una relación laboral y el pago de los derechos salariales y las prestaciones sociales, solicitud que fue negada mediante el acto administrativo demandado.

Mediante Decreto 2519 de 2015, se ordenó la supresión y consecuente liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones . Seguidamente, mediante acta del 27 de enero de 2017, el apoderado de la Fiduprevisora S.A. entidad liquidadora

1 Folios 2 y ss. archivo 27 expediente digital primera instanciadel PAR CAPRECOM, declaró la terminación del proceso de liquidación y extinción de los efectos legales de la persona jurídica. Indica que se celebró contrato de fiducia mercantil CFM -3-1-67672 con la Fiduciaria la Previsora S.A., como responsable de los activos y pasivos contingentes de las obligaciones que le sobrevivieron a PAR CAPRECOM.

Como súplicas de la demanda se pretende 2 :

• Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el o ficio con radicado

sobrevivieron a PAR CAPRECOM.

Como súplicas de la demanda se pretende 2 :

• Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el o ficio con radicado 201670000005051 del 06 de octubre de 2016, mediante el cual se negó el reconocimiento, liquidación y pago de los conceptos salariales, prestacionales, indemnizatorios y demás acreencias laborales que conforme a la ley se causaron y fueron dejados de pagar durante el tiempo que la actora prestó sus servicios al demandado.

• Que se condene a título de restablecimiento el derecho al PAR CAPRECOM a través de su vocera FIDUPREVISORA a reconocer, liquidar y pagar los salarios, nivelaciones salariales y todas las prestaciones salariales, indemnizaciones, tales como primas de navidad, primas de servicios, boni ficaciones por servicios prestados, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por la no consignación de cesantías, indemnizaciones moratorias, indemnización por despido injusto, bonificación especial de recreación, vacaciones, primas d e vacaciones, aportes a salud, pensión, riesgos laborales y demás acreencias que, conforme a la ley y a la convención colectiva de trabajo, tuvo derecho la señora Gloria Osorio Chica por la prestación de servicios subordinados a favor del ente accionado desde el 4 de junio de 2012 hasta el 31 de enero de 2016; asimismo, se depreca el pago de aportes en pensiones y salud correspondientes.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

3

De la lectura de la demanda, se tiene que la parte actora basa su argumentación,

de aportes en pensiones y salud correspondientes.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

3

De la lectura de la demanda, se tiene que la parte actora basa su argumentación, señalando como normas quebrantadas los artículos 29,53,123 y 209 de la Constitución Política; artículo 138, 161, 162, 163 de la Ley 1437 de 2011, artículos 8°,9°, 10,11,12,13,17,18 y 20 del Decreto 1045 de 1978, Decreto 1919 de 2002, Ley 344 de 1996, Decreto 15 82 de 1998, Ley 50 de 1990, Decreto 1252 del 2000, Decreto 2418 de 2015 y artículo 30 de la Ley 2820 de 2021.

Como concepto de violación sostiene la parte actora que, el régimen laboral aplicable a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, CAPRECOM EICE, correspondía al de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, cuyos servidores, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 314 de 1996, tenían la calidad de empleados públicos o trabajadores oficiales. En ese sentido, afirma que, al no haber desempeñado durante su vinculación ninguno de los cargos que la ley reservó a los empleados públic os, su eventual relación tendría la naturaleza de laboral y le correspondería la calidad de trabajadora oficial.

Indica que Caprecom utilizó los contratos de prestación de servicios suscritos con la actora para encubrir una verdadera relación laboral, desconociendo el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la

Indica que Caprecom utilizó los contratos de prestación de servicios suscritos con la actora para encubrir una verdadera relación laboral, desconociendo el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política. Aduce que, pese a la denominación formal de los contratos,

2 Fl. 6 del archivo No. 9 del expediente digital SAMAI – Otras instancias. 3 Folio 6 y ss. del archivo No. 9 del expediente digital SAMAI – Otras instancias.las condiciones en que desarrolló sus actividades evidenciaban la existencia de un vínculo de naturaleza laboral.

Señala que para establecer la verdadera naturaleza de la relación deben atenderse las circunstancias objetivas en que se ejecutó el servicio, tales como las órdenes impartidas, la vigilancia sobre su cumplimiento, la forma de remuneración, el horario y las demás condiciones bajo las cuales desarrolló sus actividades, por encima de lo consignado formalmente en los contratos de prestación de servicios.

Invoca el preceden te del Consejo de Estado sobre la configuración de relaciones laborales encubiertas mediante contratos de prestación de servicios y sostiene que, una vez acreditados los elementos propios de una relación laboral, la aplicación del principio de primacía de la realidad permite reconocer l as consecuencias laborales derivadas de dicho vínculo, sin que ello implique conferir automáticamente la calidad de empleado público.

En consecuencia, considera que las circunstancias reales en que prestó sus servicios permiten desvirtuar la naturaleza formal de los contratos celebrados con CAPRECOM y acreditar la existencia de una relación laboral, de la cual se derivan las acreencias laborales cuyo reconocimiento y pago pretende.

4. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

CAPRECOM y acreditar la existencia de una relación laboral, de la cual se derivan las acreencias laborales cuyo reconocimiento y pago pretende.

4. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La sociedad Distira Empresarial S.A.S ., quien es la apoderada judicial del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom Liquidado 4 presentó escrito de contestación de la demanda en el que se opone a las pretensiones y sostiene que la vinculación de la señora Gloria Osorio Chica con la extinta CAPRECOM se produjo mediante contratos de prestación de servicios, celebrados de manera discontinua e interrumpida entre el 1.º de junio de 2012 y el 30 de octubre de 2015, bajo el régimen previsto en la Ley 80 de 1993. En ese sentido, afirma que la naturaleza contractual de la vinculación no generaba, por sí misma, una relación laboral ni el reconocimiento de prestaciones sociales.

Frente a la subordinación alegada por la demandante, sostiene que durante la ejecución de los contratos no se le impuso un horario ni existieron órdenes propias de una relación laboral, sino lineamientos y directrices dirigidos al cumplimiento del objeto contractual. Aduce que la relación estuvo determinada por la coordinación de actividades y la supervisión propia de la contratación estatal, circunstancias que no permiten, por sí solas, establecer la existencia de subordinación. Asimismo, señala que la pre stación del servicio en las instalaciones de CAPRECOM y dentro del horario de atención de la entidad obedecía a las necesidades propias de la actividad contratada, sin que ello implicara pérdida de autonomía o dependencia jurídica.

Agrega que los contratos suscritos establecían expresamente la exclusión de la

horario de atención de la entidad obedecía a las necesidades propias de la actividad contratada, sin que ello implicara pérdida de autonomía o dependencia jurídica.

Agrega que los contratos suscritos establecían expresamente la exclusión de la relación laboral y que la demandante actuó como contratista independiente, constituyó las garantías correspondientes, recibió los honorarios pactados y realizó sus aportes al sistema de seguridad social en tal condición. De igual manera, destaca que los co ntratos fueron objeto de liquidación y que existieron interrupciones entre los distintos vínculos contractuales, lo que, a su juicio, descarta la continuidad del servicio alegada en la demanda.

4 Archivo 16 expediente digital primera instancia Samai.Indica que la demandante no ostentó la calidad de trabajadora oficial ni estuvo cobijada por la convención colectiva de trabajo , por cuanto su vinculación no tuvo naturaleza laboral y no acreditó su pertenencia a la organización sindical. En consecuencia, considera improcedente extenderle los derechos convencionales reclamados.

Finalmente, la entidad solicita negar las pretensiones y formula como excepción previa la de caducidad y, como excepciones de fondo, las de falta de legitimación en la causa por pasiva del PAR CAPRECOM LIQUIDADO, inexistencia del derecho y de la obligación , pago, ausencia del vínculo de carácter laboral, cobro de lo no debido, relación contractual con el actor no era de naturaleza laboral, buena fe, falta de prueba de la convención colectiva, presunción de legalidad de los actos administrativos y contratos celebrados entre las partes, mala fe de la demandante y la excepción innominada.

5. LA SENTENCIA APELADA

de prueba de la convención colectiva, presunción de legalidad de los actos administrativos y contratos celebrados entre las partes, mala fe de la demandante y la excepción innominada.

5. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado de instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, a través de las siguientes decisiones contenidas en la parte resolutiva de la

sentencia:

«[…] FALLA

1º Declarar probada la excepción de caducidad propuesta por PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES LIQUIDADO en este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora GLORIA OSORIO CHICA, frente a las prestaciones sociales y demás acreenc ias laborales correspondientes a los contratos de prestación de servicios OR66 -80/2012, OR66-124/2012, OR66 - 182/2012, OR66 -1969/2012, OR66 -2159 2012/2013, CR66 -200/2013, Adición CR66 -200/2013, CR -66-131/2014, Adición CR-66-131/2014, OPS 132 de 2014, OPS 215 de 2014, OPS 034 de 2015, OR66-077-2015, OR66-0100-2015; salvo en lo concerniente con los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

2°. Declarar la nulidad del oficio 201670000005051 de 6 de octubre de 2016, por medio del cual CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES EN LIQUIDACIÓN denegó el reconocimiento y pago de unas prestaciones sociales a la demandante.

por medio del cual CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES EN LIQUIDACIÓN denegó el reconocimiento y pago de unas prestaciones sociales a la demandante.

3°. Declarar que entre la señora GLORIA OSORIO CHICA identificada con cedula de ciudadanía número 24.624.918 y CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES existió una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 04 de junio de 2012 y el 31 de octubre de 2015, únicamente en los plazos en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios.

4°. Condenar al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES LIQUIDADO a cotizar en el respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el porcentaje que le correspondía en su calidad de e mpleador durante los periodos: desde el 04 de junio de 2012 hasta el 30 de junio de 2012; desde el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de julio de 2012; desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de agosto de 2012; desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2012; desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2013; desde el 15 de abril de 2013 hasta el 30 denoviembre de 2013; desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013; desde el 8 de enero de 2014 hasta el 30 de abril de 2014; desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 30 de junio de 2014; desde el 7 de julio de 2014

de 2013; desde el 8 de enero de 2014 hasta el 30 de abril de 2014; desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 30 de junio de 2014; desde el 7 de julio de 2014 hasta el 31 de agosto de 2014; desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014; desde el 2 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2015; desde el 1 de abril de 2015 hasta el 30 de junio de 2015; y desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de octubre de 2015; para lo cual debe calcular el ingreso base de cotización pensional de la parte demandante, mes a mes, con base en los honorarios pactados.

Para tales efectos, la señora GLORIA OSORIO CHICA deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

5°. Denegar las demás pretensiones.

6°. Sin costas por no aparecer causadas. […]»

Con fundamento en la valoración conjunta de los contratos, los documentos y la prueba testimonial el Juzgado de primera instancia consideró acreditados los elementos configuradores de una relación laboral entre la demandante y CAPRECOM, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y, especialmente, la subordinación.

Para ello estableció que la demandante estuvo vinculada con la entidad mediante catorce periodos contractuales comprendidos entre el 04 de junio de 2012 y el 31

especialmente, la subordinación.

Para ello estableció que la demandante estuvo vinculada con la entidad mediante catorce periodos contractuales comprendidos entre el 04 de junio de 2012 y el 31 de octubre de 2015, correspondientes a los contratos OR66 -80/2012, OR66124/2012, OR66 -182/2012, OR66 -1969/2012, OR66 -2159/2012-2013, CR66200/2013, su adición, CR-66-131/2014, su adición, OPS 132 de 2014, OPS 215 de 2014, OPS 034 de 2015, OR66-077-2015 y OR66-0100-2015. Precisó que el objeto contractual, en términos generales, consistió en la prestación de servicios como auxiliar administrativa para apoyar la gestión en la regional Risaralda de la entidad, y que en los contratos se había determinado la contraprestación que recibiría la demandante.

Consideró relevante la habitualidad de las labores, la naturaleza de las funciones desarrolladas, su permanencia y la subordinación derivada de la forma en que se ejecutaban los servicios. Agregó que las funciones desempeñadas no requerían conocimientos especializados, que los contratos de prestación de servicios se habían prolongado en el tiempo en contravención de lo previsto en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y que existió un dir eccionamiento y control efectivo de las actividades. Tales circunstancias, valoradas en conjunto, llevaron al a quo a establecer que la relación contractual encubría una verdadera relación de trabajo, en aplicación de los principios de igualdad y primacía de la realidad consagrados en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

a quo a establecer que la relación contractual encubría una verdadera relación de trabajo, en aplicación de los principios de igualdad y primacía de la realidad consagrados en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

En consecuencia, declaró que entre Gloria Osorio Chica y CAPRECOM existió una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 04 de junio de 2012 y el 31 de octubre de 2015 , pero únicamente durante los lapsos en los cuales se acreditó la ejecución de los respectivos contratos de prestación de servicios.Frente a la caducidad del medio de control, estableció que la demandante prestó sus servicios hasta el 31 de octubre de 2015, presentó reclamación administrativa el 23 de septiembre de 2016 y recibió la respuesta mediante oficio 201670000005051 del 6 de octubre de 2016, notificado el 18 de octubre de ese año. No obstante, la demanda solo fue radicada para reparto el 9 de octubr e de 2017; por consiguiente, concluyó que había transcurrido ampliamente el término de cuatro meses previsto para ejercer el medio de control, razón por la cual declaró probada la excepción de caducidad respecto de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales, con excepción de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

6. EL RECURSO DE APELACIÓN

• La parte actora 5 formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia frente a la declaratoria del fenómeno de la caducidad y por consiguiente la negativa al pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones ; igualmente, sostuvo que la actora laboró desde el 04 de junio de 2012 al 30 de octubre de 2015.

la negativa al pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones ; igualmente, sostuvo que la actora laboró desde el 04 de junio de 2012 al 30 de octubre de 2015.

Indicó que al momento de la presentación de la demanda, es decir el 09 de octubre de 2017 , la autoridad competente para resolver el conflict o jurisdiccional era el Consejo Superior de la Judicatura , en procesos donde se discutía un contrato de trabajo de un trabajador oficial con una entidad estatal, por lo que este tipo de conflictos pertenecía a la justicia laboral . No obstante, tiempo después la Corte Constitucional asumió la competencia para dirimir conflictos entre jurisdicciones, a partir del auto 492 de 2021, en el que se estableció la competencia para conocer de las controversias en las que se discutiera la existencia de una relación laboral con la administración pública ; por lo que, el amparo del principio de la primacía de la realidad es del resorte del juez Contencioso Administrativo.

Insiste en que acudió de manera oportu na a la justicia conforme al precedente establecido al momento de la presentación de la demand a, es decir, dentro de los tres años siguientes a la respuesta de la reclamación ; por lo que al declarar la caducidad lesionó el principio de confianza procesal legítima, el cual permite tener la seguridad de que se accedió de manera oportuna a la justicia y respetar las reglas establecidas al momento de accionar. Para lo cual trae a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Finalmente, solicita se revoque de manera parcial la sentencia en cuanto declaró el fenómeno de la caducidad y en su lugar, se condene a la entidad al reconocimiento,

la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Finalmente, solicita se revoque de manera parcial la sentencia en cuanto declaró el fenómeno de la caducidad y en su lugar, se condene a la entidad al reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones sociales de un trabajador oficial de orden nacional, la indemnización por despido injusto, la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización de un día de salario por cada día de mora, luego del día 90 de terminación del nexo, por no pago de lo debido. Artículo 1° Decreto 797 de 1949 y las costas procesales en primera y segunda instancia.

• La Sociedad DISTIRA EMPRESARIAL S.A.S. apoderada judicial del PAR Caprecom Liquidado 6, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y aduce que, entre la señora Gloria Osorio Chica y la extinta Caprecom se estructur aron exclusivamente contratos de prestación de servicios regidos por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los cuales fueron discontinuos, con

5 Archivo No. 30 del expediente digital primera instancia Samai. 6 Archivo No. 31 del expediente digital primera instancia Samai.autonomía funcional y de naturaleza civil -administrativa, por lo que no podía desprenderse unos derechos laborales ; aunado a los intervalos de tiempo que existieron entre los contratos; es decir, no existió una relación laboral.

Manifiesta que la actora no demostró la existencia del elemento subordinación , en razón a que los horarios, correos o control, no superaron el estándar exigido por la jurisdicción del Consejo de Estado para desvirtuar la naturaleza contractual autónoma. Además, afirma que el medio de control fue presentado por fuera del

razón a que los horarios, correos o control, no superaron el estándar exigido por la jurisdicción del Consejo de Estado para desvirtuar la naturaleza contractual autónoma. Además, afirma que el medio de control fue presentado por fuera del término legal, en razón a que el acto administrativo que negó la relación laboral fue notificado el 18 de octubre de 2016 , pero la demanda radicada el 9 de octubre de 2017, por lo que operó el fenómeno de la caducidad , razón por la cual el juez no podía reconocer la relación laboral y aplicó de manera errónea el criterio de la imprescriptibilidad que cobija solo los aportes.

Indica que el PAR Caprecom Liquidado carece de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no existe sucesor legal procesal o laboral de la extinta Caprecom, por lo que su función es solo administ rar pasivos y activos remanentes a través de una fiducia mercantil, cuya vocera es la Fiduprevisora S.A., además, el patrimonio autónomo de remanentes no tiene personería jurídica ni facultades frente a actos administrativos emitidos por la entidad en liquidación , por lo que cualquier condena impuesta al PAR por actos dictados por Caprecom, desconoce el principio de responsabilidad objetiva y de titularidad activa y pasiva de los actos.

Finalmente, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se declare probada la totalidad de la excepción de caducidad ; de manera subsidiaria, solicita que, en caso de no declararse el fenómeno en cuestión, se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva del Par Caprecom Liquidado.

7. ALEGACIONES DE CONCLUSIÓN

solicita que, en caso de no declararse el fenómeno en cuestión, se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva del Par Caprecom Liquidado.

7. ALEGACIONES DE CONCLUSIÓN

A la convocatoria debida que se dio mediante auto del 12 de agosto de 2025 7 , en el cual no hubo decreto de pruebas, por lo que no se abrió oportunidad para presentar alegaciones. Por su parte, PAR Caprecom Liquidado se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en escrito visible en archivo 003 del expediente digital de segunda instancia en el que reitera lo manifestado en la contestación de la demanda y el recurso de apelación y solicita desestimar la alzada interpuesta por la parte actora.

8. CONSIDERACIONES DE LA SALA

8.1. COMPETENCIA.

Procede el Tribunal a decidir sobre el asunto litigioso, para lo cual es competente en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 243 y 247 ibídem.

Revisados los presupuestos procesales de la acción y del procedimiento, no se observa causal alguna que imponga dejar sin valor la actuación que hasta ahora se ha surtido, en tal virtud procede la Sala a decidir en esta instancia sobre el asunto planteado, de acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por las partes.

7 Archivo en PDF con consecutivo 4 del expediente digital de segunda instancia.Se profiere sin cumplir estrictamente el orden para dictarse sentencia en virtud que se trata de un asunto cuyos problemas jurídicos ya vienen siendo objeto de reiteración por diferentes salas de decisión de este Tribunal, conforme se enuncia

se trata de un asunto cuyos problemas jurídicos ya vienen siendo objeto de reiteración por diferentes salas de decisión de este Tribunal, conforme se enuncia en acápite siguiente.

8.2. OBJETO DE LA DECISIÓN.

8.2.1. Problemas jurídicos principales: ¿Opera el término de caducidad contencioso administrativa en un proceso cuya demanda fue inicialmente presentada ante la jurisdicción ordinaria laboral y posteriormente remitida a las jurisdicción contencioso administrativa ? ¿Cómo se acreditan los elementos constitutivos de una relación laboral entre la demandante y CAPRECOM, particularmente la subordinación, que permitan desvirtuar los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes? ¿ se encuentra el PAR CAPRECOM Liquidado legitimado en la causa por pasiva para responder por las obligaciones derivadas de aquella? ¿Las labores propias de una auxiliar administrativa en una EICE corresponden a un cargo de trabajador oficial?

8.2.3. Asunto a resolver: Procede el Tribunal a analizar en esta instancia el fallo recurrido, circunscribiendo el estudio a los aspectos materia de apelación, para establecer, en primer término, si se configuró la caducidad respecto de las acreencias laborales reclamadas, teniendo en cuenta que la demandante acudió inicialmente a la jurisdicción ordinaria laboral y que el proceso fue posteriormente remitido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por virtud del ca mbio jurisprudencial en materia de competencia. En caso de concluir que no operó dicho fenómeno, se determinará si se acreditaron los elementos propios de una relación laboral, en particular la subordinación, y, de ser así, si el PAR CAPRECOM Liquidado se encuentra legitimado para responder por las obligaciones derivadas

fenómeno, se determinará si se acreditaron los elementos propios de una relación laboral, en particular la subordinación, y, de ser así, si el PAR CAPRECOM Liquidado se encuentra legitimado para responder por las obligaciones derivadas de aquella.

En relación al contrato realidad de los trabajadores oficiales esta Corporación ya se ha referido en otras ocasiones de manera reciente 8, especialmente frente a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativo y sobre derechos convencionales, por lo que se tendrá en cuenta para efectos del presente pronunciamiento.

8.3. ANÁLISIS JURÍDICO.

En el presente caso la señora Gloria Osorio Chica presentó demanda ordinaria laboral en contra del Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR Caprecom Liquidado el 09 de octubre de 2017 9; dicho asunto le correspondió al juzgado quinto laboral de Pereira, en donde se admitió la demanda mediante auto del 09 de febrero de 201810 y emitió sentencia de primera instancia el 09 de marzo de 202111 en la que accedió a las pretensiones de la demanda y declaró que entre la actora y Caprecom existieron dos contratos de trabajo, el primero desde el 01 de junio de

8 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA PRIMERA DE DECISIÓN MAGISTRADA PONENTE: DUFAY CARVAJAL CASTAÑEDA Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, cuatro de junio de dos mil veintiséis Referencia Radicación: 66001 -33-33-004-2024-00137-01 (D-1942-2025)

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Jairo de Jesús Muñoz Álvarez

Demandado: Municipio de Pereira

9 Pág. 198 archivo No.3 del expediente digital en primera instancia. 10 Pág. 218 archivo No.3 del expediente digital en primera instancia. 11 Pág. 370 y ss archivo No.3 del expediente digital en primera instancia.2012 al 3º de abril de 2014 y el segundo con vigencia del 07 de julio de 2014 al 30 de octubre de 2015.

La parte actora, el PAR Caprecom Liquidado y el Ministerio de Salud y Protección Social presentaron recurso de apelación, además de surtirse la consulta respecto de los aspectos que no fueron objeto de controversia. En segunda instancia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira , mediante providencia del 22 de febrero de 2023 12, declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto e invalidó la sentencia de primera instancia y ordenó su remisión a los juzgados administrativos de Pereira , con fundamento en la regla establecida en los autos A479-2021, A908-2021, A492-2021, A330-2021, A491-2021, A739-2021, A901 de 2021 y A194 de 2022 de la Corte Constitucional. Indicando, además, que son decisiones vinculantes al tenor de la sentencia C-816 de 2011.

Es así que , el juzgado tercero administrativo13, conoció del presente asunto e inadmitió la demanda con la finalidad de que la misma fuera adecuada en cumplimiento de los requisi