TA RIS - Sentencia 66001333300420230020501-(28-10-2026)
Detalles
- Título
- TA RIS - Sentencia 66001333300420230020501-(28-10-2026)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Risaralda
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
SALA TERCERA DE DECISIÓN
MAGISTRADO PONENTE: ANDRÉS MEDINA PINEDA
Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, 28 de octubre de 2026
Nulidad y Restablecimiento del Derecho Asunto: Sentencia de segundo grado Radicación: 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
Demandante: Alberto de Jesús Castaño Rojas
Demandado: Municipio de Dosquebradas
Procedencia: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Tema: Contrato realidad / Vigilante / Contrato de Prestación de Servicios / Existencia del vínculo laboral / Presunción y prueba de subordinación en los extremos temporales / Accede parcialmente / Pronunciamiento de Segunda instancia / Prescripción trienal Revoca / Carga probatoria / Confirma lo demás.
EL ASUNTO POR DECIDIR
Sin que se observe irregularidad o causal de nulidad que deba ser declarada, procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira el veintiuno (21) de noviembre de 202 4, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
1. LA SÍNTESIS FÁCTICA.
El señor Alberto de Jesús Castaño Rojas mediante apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra del municipio de Dosquebradas, en procura de las siguientes:
2. PRETENSIONES
El señor Alberto de Jesús Castaño Rojas mediante apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra del municipio de Dosquebradas, en procura de las siguientes:
2. PRETENSIONES
En la demanda se consignan las siguientes2:
1 Archivo No. 072 expediente digital SAMAI primera instancia. 2 Archivo No. 002 pág. 7-8, expediente digital SAMAI primera instancia.Sentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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3. HECHOSSentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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Pueden abreviarse así3:
1. Manifiesta que el señor Alberto de Jesús Castaño Rojas prestó sus servicios como conserje o celador en diferentes instituciones educativas, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios desde el 1 ° de mayo de 2016 hasta el 30 de julio de 2022 con el municipio de Dosquebradas, resaltando que, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2016, el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 2018 lo hizo a través de la Empresa Seguridad Activa; desde el 21 de junio al 31 de diciembre de 2019, del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 2020 lo hizo a través de Amcovit Ltda; desde el 1° de enero al 31
Seguridad Activa; desde el 21 de junio al 31 de diciembre de 2019, del 1 ° de enero al 31 de diciembre de 2020 lo hizo a través de Amcovit Ltda; desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 lo hizo a través de Seguridad Nacional y finalmente, desde el 1° de enero al 30 de julio de 2022 lo hizo a través de Estatal de Seguridad.
2. Resalta que la labor encomendada fue ejecutada de manera personal por el demandante bajo continuada subordinación, cumpliendo el horario de lunes a lunes en turnos de 12 horas, un día en jornada diurna iniciando a las 6:00am y hasta las 6:00pm y otro día en la jornada nocturna iniciando de 6:00pm hasta las 6:00 am y 1 día de descanso, incluyendo jornadas extras y festivos, cumpliendo funciones tales
como:
3. Señala que el municipio de Dosquebradas como empleador de mi poderdante, no reconoció durante la vigencia de la relación laboral pago alguno por conceptos como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías o demás emolumentos que componen prestaciones sociales a las cuales tiene derecho.
3 Pág. 2 a 6 ibidem.Sentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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4. Por tal motivo procedió a realizar reclamación administrativa el 24 de noviembre de 2022, siendo negada mediante Oficio del 5 de diciembre de 2022 confirmada mediante Resolución 219 del 15 de febrero de 2023.
4. Por tal motivo procedió a realizar reclamación administrativa el 24 de noviembre de 2022, siendo negada mediante Oficio del 5 de diciembre de 2022 confirmada mediante Resolución 219 del 15 de febrero de 2023.
4. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
La parte demandante considera como violadas las siguientes normas4:
- Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículos 6 y 7 - Constitución Política: artículos 12, 13, 25, 53, 122, 123, 124 y 125 -Organización Internacional de Trabajo: recomendación sobre la relación de trabajo No. 198 - Código Sustantivo del Trabajo: artículos 22 y 23.
Como concepto de la violación, señaló de manera amplia los artículos que considera vulnerados, resaltando que, dicha relación laboral encubierta, es violatoria del derecho a la igualdad y al trabajo digno, por cuanto mi mandante, debiendo realizar las mismas funciones de un personal de planta, no recibió remuneración justa, ni las prestaciones de ley equiparables a las funciones realizadas, debiendo realizar los pagos de los aportes a la Seguridad Social, estampillas e impuesto de Industria y Comercio.
Indica que, a pesar de que la legislación nacional e internacional ha sido clara en determinar la prohibición de encubrir relaciones laborales, el municipio a través de contratos de prestación de servicios, intermediación y tercerización laboral, decidió sustraerse de sus obligaciones como empleador, generando que mi mandante en su condición de vulnerabilidad no pudiera gozar de sus derechos, y generando no sólo un perjuicio económico, sino social, dado que el derecho al trabajo, como eje
sustraerse de sus obligaciones como empleador, generando que mi mandante en su condición de vulnerabilidad no pudiera gozar de sus derechos, y generando no sólo un perjuicio económico, sino social, dado que el derecho al trabajo, como eje fundante del Estado Social de Derecho y fundamentalísimo para acceder a condiciones de vida dignos, se ha visto v ulnerado con el encubrimiento realizado, concluyendo que, la situación presentada permite observar que el Acto Administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad por cuanto fue expedido con infracción de las normas en las que debería fundarse. Por lo anterior, debe declararse judicialmente la ineficacia de las decisiones por medio de él adoptadas.
5. CONTESTACIÓN DE DEMANDA.
5.1. El municipio de Dosquebradas allegó escrito 5 dentro del término concedido, dentro del cual se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, afirmando que no existió el vínculo laboral, ya que su vinculación se debió
4 Pág. 14 y ss., ídem. 5 Archivo No. 027 expediente digital SAMAI, otras instancias.Sentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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a por su experiencia, capacitación y formación en la materia, señalando que, los contratos de prestación de servicios suscritos, además de tener un tiempo determinado para su ejecución, al finalizar eran liquidados y cesaba toda forma de prestación personal del servicio.
Resalta que no puede hablarse de subordinación laboral o dependencia ni cumplimiento de horario por el solo hecho de que la contratista debiera ejercer su
prestación personal del servicio.
Resalta que no puede hablarse de subordinación laboral o dependencia ni cumplimiento de horario por el solo hecho de que la contratista debiera ejercer su profesión como experta en la materia con el fin de desarrollar el objeto para la cual fue contratado dentro de un período de tiempo determinado, siendo lógico que la entidad contratante, vigile dicho cumplimiento e imparta a través de un supervisor, las directrices para ello. Todo con la única finalidad de lograrse un mejoramiento en el servicio necesitado y brindado por el ente territorial, lo cual respalda con los informes mensuales rendidos por la demandante, se detallaba la labor desplegada en ese período sin que de ellas se pueda deducir que eran realizadas en horario laboral y mucho menos que el mismo le era impuesto por la administración municipal.
Así las cosas, no pueden tomarse los contratos como uno solo, sino que se debe mirar el tiempo de interrupción que se presenta entre cada uno de ellos. De este modo, si es significativa la interrupción y si cesó toda relación entre las partes por la finalización de la prestación personal del servicio, hace que esos contratos sean tenidos en cuenta de manera individual máxime cuando posterior a ellos hubo nombramientos directos con la administración municipal.
Propone como excepciones las que denomina : (i) legalidad del acto administrativo demandado, (ii) prescripción extintiva del derecho a reclamar, (iii) cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, (iv) genérica.
6. LA SENTENCIA.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira, a través de sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de 2024, decidió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda 6
6. LA SENTENCIA.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira, a través de sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de 2024, decidió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda 6 :
6 Archivo No. 068 expediente digital SAMAI.Sentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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(…)”
Como fundamento de la decisión señaló el juez de instancia que existe una relación laboral encubierta o subyacente entre el demandante y el Municipio de Dosquebradas, en aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 de la Constitución Política). A través de las pruebas documentales y testimonial recabadas, el despacho constató la confluencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo: la prestación personal del servicio de conserjería y vigilancia de forma presencial, una remuneración periódica fija d enominada honorarios y la continuada subordinación o dependencia. Esta última quedó en evidencia mediante el sometimiento a jornadas y turnos de 12 horas, diurnos y nocturnos, la imposición y control de horarios mediante minutas, la necesidad de solicitar autorización previa de los rectores o coordinadores para ausentarse o permutar turnos, y el cumplimiento de tareas alineadas directamente con el objeto misional del ente territorial en las instituciones educativas públicas.
A su vez, el juez de primera instancia estableció que los períodos contratados a través de empresas privadas de seguridad contaron con vinculación
con el objeto misional del ente territorial en las instituciones educativas públicas.
A su vez, el juez de primera instancia estableció que los períodos contratados a través de empresas privadas de seguridad contaron con vinculación laboral previa e indemnizada por dichas empresas, limitando la existencia de la relación directa con el municipio a los períodos prestados bajo contratos de prestación de servicios entre el once (11) de enero y el veinte (20) de junio de 2019.
No obstante haber demostrado la existencia del contrato realidad, el pilar central para negar la mayoría de las pretensiones económicas prestaciones sociales y reajustes fue la declaración probada de la excepción de prescripción extintiva del derecho. Sigu iendo los criterios jurisprudenciales unificados por el Consejo de Estado, pues, el término de tres años para reclamar los derechos laborales caducaSentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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desde la terminación del último vínculo contractual o desde la ruptura de la continuidad, aquella superior a 30 días hábiles. Por lo cual, consideró que como el último contrato finalizó el 20 de junio de 2019 y la reclamación en sede administrativa se radicó el 24 de noviembre de 2022, el derecho de acción prescribió al haber transcurrido más de tres años.
Por otra parte, la decisión ordenó exclusivamente el reajuste y pago faltante de los aportes al sistema general de pensiones debido a la naturaleza de prestación periódica, imprescriptible e irrenunciable del derecho pensional. Para ello, ordenó
Por otra parte, la decisión ordenó exclusivamente el reajuste y pago faltante de los aportes al sistema general de pensiones debido a la naturaleza de prestación periódica, imprescriptible e irrenunciable del derecho pensional. Para ello, ordenó tomar los honorarios pactados como Ingreso Base de Cotización (IBC) mes a mes y cotizar al respectivo fondo únicamente la diferencia en el porcentaje a cargo del empleador, en caso de existir, mientras que el trabajador conserva la obligación de acreditar o cubrir su porcentaje respectivo.
Indicó que debía tenerse en cuenta que, los períodos que estuvo vinculado mediante las empresas (I) Amcovit Ltda ., (II) Estatal de Seguridad Ltda ., (III) Seguridad Activa L&L Ltda . y (IV) Seguridad Nacional Ltda ., fue bajo contrato de trabajo a término fijo, siéndole canceladas las prestaciones sociales y económicas del caso, por lo tanto, no es posible para este Despacho reconocer ese tiempo como un período de verdadera relación laboral con el municipio de Dosquebradas.
Finalmente, el juez negó las pretensiones relacionadas con el reembolso de aportes a salud y ARL, el reconocimiento de horas extras, la devolución del costo de pólizas e impuestos y el pago de intereses sobre cesantías. El rechazo de la devolución de aportes a salud se sustentó en su naturaleza jurídica parafiscal y de destinación específica. Las horas extras se negaron por insuficiencia probatoria estricta del trabajo suplementario efectivo. La devolución de las pólizas se denegó por constituir un requisito legal y contractual propio de la contratación estatal. Los intereses a las cesantías no procedieron por cuanto el derecho al auxilio de cesantías nace con la
trabajo suplementario efectivo. La devolución de las pólizas se denegó por constituir un requisito legal y contractual propio de la contratación estatal. Los intereses a las cesantías no procedieron por cuanto el derecho al auxilio de cesantías nace con la firmeza del fallo judicial.
7. El RECURSO DE APELACIÓN.
La parte demandante7 interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que el juzgado de primera instancia erró al declarar la prescripción extintiva de los derechos reclamados, pues realizó un análisis al margen de los precedentes jurisprudenciales aplicables, como la sentencia de unificación CE-SUJ2 5 del 25 de agosto de 2016 y la sentencia SUJ-025-CE-S22021 del Consejo de Estado. La parte apelante sostiene que la prestación del servicio inició el 06 de febrero de 2017 y finalizó el 30 de julio de 2022, habiéndose
7 Archivo 72, Samai otras instancias.Sentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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interrumpido el término prescriptivo el 25 de noviembre de 2022 mediante la radicación de la reclamación administrativa.
Argumenta que entre la finalización de un contrato y el inicio del siguiente jamás transcurrieron más de 30 días hábiles, por lo que, de acuerdo con el indicador temporal fijado por la jurisprudencia para la no solución de continuidad, existió una unidad contractual o relación laboral ininterrumpida que impide la configuración del fenómeno de la prescripción.
temporal fijado por la jurisprudencia para la no solución de continuidad, existió una unidad contractual o relación laboral ininterrumpida que impide la configuración del fenómeno de la prescripción.
Asimismo, adujo que, el despacho de primera instancia excluyó indebidamente del reconocimiento de la relación laboral los períodos en los cuales el demandante estuvo vinculado a través de empresas de servicios temporales, bajo el argumento de que tales empresas pagaron prestaciones sociales y formalizaron contratos a término fijo.
El apelante señala que dicha decisión desconoce el principio de primacía de la realidad sobre las formas y la jurisprudencia sobre intermediación laboral prohibida y responsabilidad del beneficiario final, dado que tales empresas actuaron como simples intermediarias para evadir obligaciones laborales directas, mientras que el Municipio de Dosquebradas fue el verdadero patrono y único beneficiario del servicio.
Asimismo, sostiene que durante dichos períodos el demandante estuvo bajo subordinación directa de funcionarios del municipio realizando labores permanentes y misionales, y percibió honorarios o salarios inferiores a los de los empleados de planta que desempeñaban idénticas funciones, por lo que deben reconocerse dichos lapsos como parte de la relación laboral continua con el municipio y ordenarse la liquidación de las correspondientes diferencias salariales y prestaciones.
8. PRONUNCIAMIENTOS EN SEGUNDA INSTANCIA.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto calendado el veintiséis (26) de marzo de 20258, no obstante, el término de ejecutoria de la providencia indicada transcurrió en silencio, según constancia secretarial9.
9. EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL.
marzo de 20258, no obstante, el término de ejecutoria de la providencia indicada transcurrió en silencio, según constancia secretarial9.
9. EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL.
PRIMERA INSTANCIA.
8 Archivo No. 003 del expediente digital 9 Archivo No. 005 ibidem.Sentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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Actuación Archivo Plataforma Virtual Samai Fechas o asuntos Demanda 2_DEMANDA(.pdf) NroActua 1 14/06/2023 Subsanación Demanda 8_SUBSANACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 5 14/06/2023 Presentación de la demanda la cual fue asignada al Juzgado 4° Administrativo de Pereira 5_ACTAREPARTO(.pdf) NroActua 1 14/06/2023 Se admite la demanda 24_AUTORESUELVEREPOSICION(.pdf) NroActua 16 17/07/2023 Notificación personal por buzón electrónico 26_NOTIFICACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 19 11/08/2023 Contestación Municipio de Dosquebradas 27_RESPUESTADEMANDAMUNICIPIOD OSQUEBRADAS(.pdf) NroActua 20 04/10/2023 Traslado para Alegatos 63AutoIncorporaPruebaTrasladoAlegatos(.pdf) NroActua 60 28/10/2024 Alegatos Demandante 65_AlegatosConclusionDemandante(.pdf) NroActua 63 12/11/2024
Traslado para Alegatos 63AutoIncorporaPruebaTrasladoAlegatos(.pdf) NroActua 60 28/10/2024 Alegatos Demandante 65_AlegatosConclusionDemandante(.pdf) NroActua 63 12/11/2024 Alegatos Municipio de Dosquebradas 66_AlegatosMpioDosquebradas(.pdf) NroActua 64 21/11/2024 Sentencia 68_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 65 21/11/2024 Notificación Sentencia 69_EnviodeNotificaSentenciaPriemra(.pdf) NroActua 66 22/11/2024 Recurso Demandante 72RecibememorialRecursoApelacionDemandante(.pdf) NroActua 69 28/11/2024 Auto Concede Recurso 73_AutoConcedeRecursoApelacionSentencia(.pdf) NroActua 70 20/01/2025
SEGUNDA INSTANCIA
Actuación procesal Archivo Fechas o asuntos Acta de Reparto 1_001ActaReparto(.pdf) NroActua 2 12/03/2025 Ingresó a Despacho del Magistrado Ponente 2_002IngresoDespacho(.pdf) NroActua 3 21/03/2025 Auto Admite Recurso 3_003AutoAdmiteRecurso(.pdf) NroActua 4 26/03/2025 A Despacho para Sentencia 5_005IngresoDespacho(.pdf) NroActua 9 23/05/2025
CONSIDERACIONES DE LA SALA
10. Competencia
Agotado el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede el Tribunal a decidir sobre el asunto
CONSIDERACIONES DE LA SALA
10. Competencia
Agotado el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede el Tribunal a decidir sobre el asunto litigado, siendo competente para hacerlo en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 243 ibídem.
11. Objeto de controversia – Problema jurídico.
Procede el Tribunal a analizar en esta instancia el fallo recurrido circunscribiendo en principio, el estudio a los aspectos que son materia de apelación formulada por la parte deman dante, para determinar sí, era procedente la declaración de prescripción tal como fue formulada por el A quo al considerar que el único plazo objeto de declaración de contrato realidad, era aquel de contratación directa entre elSentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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municipio de Dosquebradas y el señor Alberto de Jesús Castaño Rojas, en su calidad de conserje o celador.
Lo anterior significa, que no es necesario ahondar, ni retomar el análisis sobre la existencia de los tres elementos de la relación laboral que fueron reconocidos por el juez de primer grado, pues frente a ello, no se formularon reparos concretos.
12. Cuestión previa. Alteración de orden para proferir sentencia.
La presente sentencia se dicta a la luz de las excepciones de la prelación de fallos que permite decidir las litis que versan sobre un mismo asunto en razón a la naturaleza
12. Cuestión previa. Alteración de orden para proferir sentencia.
La presente sentencia se dicta a la luz de las excepciones de la prelación de fallos que permite decidir las litis que versan sobre un mismo asunto en razón a la naturaleza del mismo y sobre las cuales existe reiteración jurisprudencial, con antelación a otros procesos. Al respecto se ha pronunciado el H. Consejo de Estado, en los siguientes términos:
«En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su dec isión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.
En el presente asunto, el tema objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Diego Ospina Rivas, quien fue sindicado de los delitos de estafa agravada, falsedad material de particular en documento público, ag ravada por el uso y falsedad en documento privado.
Respecto al tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se
ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada»10
En más reciente oportunidad11 se razonó de la siguiente forma:
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.
10 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 12 de marzo de 2014, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera dentro del expediente radicado con el No. 76001-23-31-000-2004-0026901(34872), promovido por el señor Diego Ospina Rivas y otro. 11 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, sentencia del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (2019), proferida dentro del proceso identificado
SUBSECCIÓN A, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, sentencia del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (2019), proferida dentro del proceso identificado con Radicación número: 15001 -23-33-000-2016-00344-01(60952) - Actor: ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA - Demandada: LYDA MARCELA PÉREZ RAMÍREZReferencia: APELACIÓN DE SENTENCIA - REPETICIÓNSentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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En concordancia con lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación, en sesión del 5 de mayo de 2005 12 dispuso que las acciones de repetición tendrían prelación de fallo, razón por la cual esta Subsección se encuentra habilitada para resolver la controversia de manera anticipada.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998, 16 de la Ley 1285 de 2009 y el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024, en razón a la naturaleza del asunto, mutatis mutandis la Sala se encuentra habilitada para decidir el caso concreto. De igual modo, se toma en cuenta el Acuerdo N° 002 del 11 de enero de 2023 «Por el cual se establecen los criterios de alteración del orden para proferir sentencia», emanado por la Sala Plena de este Tribunal, dentro del cual se indican aquellos en los que existe unanimidad al interior del cuerpo colegiado tendrán prelación.
alteración del orden para proferir sentencia», emanado por la Sala Plena de este Tribunal, dentro del cual se indican aquellos en los que existe unanimidad al interior del cuerpo colegiado tendrán prelación.
13. Análisis jurídico probatorio y solución al problema jurídico.
Para dar solución a la Litis, se seguirá el siguiente hilo argumental: (i) En torno a la procedencia de las entidades públicas para contratar personal de vigilancia a través de empresas de vigilancia debidamente autorizadas y reconocidas por la ley, (ii) Acervo probatorio , y (ii i) Análisis de pruebas la relación contractual en el caso concreto – elementos de la relación laboral y solución del caso en concreto:
13.1. En torno a la procedencia de las entidades públicas para contratar personal de vigilancia a través de empresas de vigilancia debidamente autorizadas y reconocidas por la ley.13
En relación con los servicios de vigilancia y seguridad privada, el presidente de la República por virtud de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 61 de 199314, expidió el Decreto Ley 356 de 199415, la cual en su artículo 2 dispuso:
«ARTÍCULO 2.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del presente Decreto, entiéndese por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin». [se resalta]
en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin». [se resalta]
12 Según Acta No. 015 de esa misma fecha. 13 Numeral transcrito de la siguiente sentencia: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR, sentencia del doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026) – Radicación: 66001-23-33-000-2020-00382-01 (08962025) – Demandante: Eleazar Palomeque Sánchez - Demandados: Municipio de DosquebradasTemas: Relación laboral encubierta 14 «Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas». 15 «Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada».Sentencia de Segunda Instancia N° 66001-33-33-004-2023-00205-01 (A-0489-2025)
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En sentencia C-572 del 7 de noviembre de 1997 16, la Corte Constitucional consideró la «seguridad» como un servicio público primario que puede ser prestado de manera directa por el Estado o de forma indirecta a través de los particulares, según los límites previstos por el legislador; no obstante, esta delegación no implica «la renuncia del Estado» en la prestación del servicio.
de manera directa por el Estado o de forma indirecta a través de los particulares, según los límites previstos por el legislador; no obstante, esta delegación no implica «la renuncia del Estado» en la prestación del servicio.
En el igual sentido, el alto tribunal constitucional en sentencia C-995 del 12 de octubre de 2004 17 concluyó viable la prestación del servicio de seguridad y vigilancia por medio de particulares, pero bajo ciertas condiciones y «siempre bajo la vigilancia y control del Estado».
Respecto de las condiciones y los permisos del Estado para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los artículos 3, 5 y 7 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Establecieron:
«ARTÍCULO 3. - Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender la licencia o credencial expedida. […]
ARTÍCULO 5. - Medios para la prestación de los servicios de vigilancias y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán utiliza
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