TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2020-00021-00 (06-03-2025)

Tribunal Administrativo de Tolima

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Detalles

Título
TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2020-00021-00 (06-03-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Tolima
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: EJECUTIVO

Demandante: JAIME PEÑA HORTA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCION SOCIAL (UGPP)

Apoderado: MONICA ALEXANDRA PEÑA SIERRA (Parte demandante).

LOZADA Y ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. (parte demandada).

Asunto: SENTENCIA ANTICIPADA DE PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIA

Procede la Sala a dictar sentencia que en derecho corresponde, de manera anticipada, conforme lo dispuesto en el articulo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, modificado por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, al no haber pruebas por practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento dentro del proceso ejecutivo presentado por el señor Fernando Jaime Peña Horta en contra de Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial el señor Jaime Peña Horta, interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) , con la finalidad de que se

A través de apoderado judicial el señor Jaime Peña Horta, interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) , con la finalidad de que se le pague los intereses moratorios, reconocidos y ordenados mediante la Resolución Nro. PAP 054205 del 19 de mayo de 2011, la cual se expidió en cumplimiento a la sentencia judicial del 21 de octubre de 2008, expedida por el Tribunal Administrativo del Tolim a a través de la que se ordenó la reliquidación de la mesada pensional del actor con el promedio de los factores devengados en el último año de servicio anterior a la fecha de efectividad de la pensión; codena impuesta dentro del medio de control de nulida d y restablecimiento del derecho, radicado bajo el número 2001-02093.

Específicamente, se solicitó que se librará mandamiento de pago a su favor y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las siguientes sumas de dinero:

a) Por la suma de $47.974.843,55 por concepto de intereses moratorios reconocidos y ordenados mediante la Resolución Nro. PAP 054205 del 19 de mayo de 2011, por medio de la cual se dio cumplimiento a la sentencia objeto de ejecución. b) Ordenar a la entidad que, sobre la suma anterior mencionada, se le reconozca y pague las cantidades necesarias para hacer el ajuste de valor, conforme al IPC , según el artículo 187 del CPACA.

1 Cuaderno Principal Tomo I; folio 167 al 175.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: Ejecutivo

según el artículo 187 del CPACA.

1 Cuaderno Principal Tomo I; folio 167 al 175.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Jaime Peña Horta.

Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

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c) Condena en costas y agencias en derecho.

Lo anterior, teniendo en cuenta el incumplimiento de la sentencia proferida por e ste Tribunal Administrativo del Tolima en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho antes anunciado.

2. MANDAMIENTO DE PAGO2.

Mediante providencia del 12 de enero de 2021 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago por el siguiente concepto:

2.1. Por concepto de intereses moratorios a favor del actor.

El anterior mandamiento de pago fue objeto de controversia a través del recurso de reposición3, siendo decidido en auto del 26 de septiembre de 2022 4 sin reponerse el mandamiento, por lo que quedó incólume el mismo.

Posteriormente, mediante constancia secretarial 5, a partir del 3 de octubre de 2022 se corrió el traslado para cancelar la obligación y para proponer excepciones, conforme los artículos 431, 440 y 442 del C.G.P. Dentro del término respectivo, la entidad ejecutada contestó la demanda 6, proponiendo las excepciones de caducidad, pago total de la obligación, cobro de lo no debido, y prescripción.

3. OPOSICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO7.

contestó la demanda 6, proponiendo las excepciones de caducidad, pago total de la obligación, cobro de lo no debido, y prescripción.

3. OPOSICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO7.

La parte ejecutada alegó las excepciones de pago total y prescripción de la obligación.

Respecto a la excepción de pago, alegó que mediante la Resolución Nro. 054205 del 19 de mayo de 2011, se dio cumplimiento a la sentencia reclamada calendada el 21 de octubre de 2008, reliquidando la pensión del ejecutante con el 75% de los factores devengados, con la inclusión de la prima de servicios y prima de vacaciones. Así mismo, precisó que ante la inclusión en nómina de pensionados de la resolución PAP Nro. 054205 del 19 de mayo de 2011 y el pago total, como consta en cupón de pago del FOPEP que se allegó, no hay lugar a cobro alguno por concepto de intereses, razón por la cual no hay valores pendientes por pagos.

Igualmente, indicó que sobre esos valores se liquidaron intereses moratorios en cumplimiento del fallo judicial desde la fecha de ejecuto ria hasta los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, conforme el artículo 177 CCA, es decir, desde el 4 de noviembre de 2008 hasta el 3 de mayo de 2009, en los términos de la Resolución Nro. 015280 del 21 de junio de 2021, por el valor de $9 .308.910,30. Sin embargo, aseguró que se suspendió la causación de intereses a partir del cumplimiento del término legal, y no se reanudaron por el resto del periodo del cálculo, toda vez que ni el ejecutante ni su

que se suspendió la causación de intereses a partir del cumplimiento del término legal, y no se reanudaron por el resto del periodo del cálculo, toda vez que ni el ejecutante ni su apoderado allegaron en debida la documentación requerida para el pago, o no solicitaron el cumplimiento al fallo con posterioridad a que los documentos reposaran en el expediente, en todo caso antes de la fecha efectiva de pago.

De otra parte, explicó que se entienden suspendidos los términos p or razón del periodo de liquidación de la Cajanal (12 de junio de 2009 hasta el 12 de julio de 2013), y se aplican las siguientes reglas: i) si la solicitud de cumplimiento del fallo debía ser resuelta antes

2 Cuaderno Principal Tomo II, folio 290 al 299. 3 Cuaderno Principal Tomo II, a folio 311 al 322 4 Ver providencia que resuelve la reposición a Cuaderno Principal Tomo II, folio 336 al 339. 5 Ver constancia a Cuaderno Principal Tomo II, folio 341 6 Ver contestación a Cuaderno Principal Tomo II, folios 343 al 349 7 Cuaderno Principal, Tomo II folio 343 al 349.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Jaime Peña Horta.

Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

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del 8 de noviembre de 2011, habrá lugar a suspender los términos de caducidad, incluso hasta el 12 de junio de 2013; ii) si la solicitud debía ser resuelta por la UGPPP por

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del 8 de noviembre de 2011, habrá lugar a suspender los términos de caducidad, incluso hasta el 12 de junio de 2013; ii) si la solicitud debía ser resuelta por la UGPPP por peticiones radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011, habrá lugar a suspender los términos de caducidad incluso hasta el 8 de noviembre de 2011; iii) por el mismo término de suspensión de los términos de caducidad se suspenderá la causación de intereses.

Conforme a esa situación, indicó que la sentencia quedó ejecutoriada el 4 de noviembre de 2008, y la fecha de presentación de la demanda ejecutiva es del 10 de abril de 2018, por lo tanto, considera que al ser competencia de Cajanal el pago de los intereses, no se liquidan los mismos en el periodo del 12 de junio de 2009 hasta el 12 de junio de 2013.

En ese orden, asegura que lo s intereses se calculan sobre las mesadas indexadas causadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia (4 de noviembre de 2008), y el periodo de cálculo que va de la ejecutoria hasta la fecha efectiva de pago (agosto de 2011), habida cuenta que las interrupciones o suspensión de causacion de intereses, así como tampoco se calculan los intereses en el mes que se incluye en nómina, porque se considera que no se causan dado los tiempos establecidos para el reporte y pago de la nómina.

De otra parte, sobre la prescripción de la obligación planteó que, conforme al Decreto 1848 de 1969 artículo 102, los derechos laborales prescriben en el término de 3 años

nómina.

De otra parte, sobre la prescripción de la obligación planteó que, conforme al Decreto 1848 de 1969 artículo 102, los derechos laborales prescriben en el término de 3 años contados a partir de la última petición; no obstante, precisa que, si bien es cierto, la jurisprudencia ha expuesto que el derecho pensional es imprescriptible, si prescriben las mesadas pensionales causados con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda.

Igualmente, señaló que según el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en materia laboral cualquier reclamación anterior a los 3 años no prospera, por lo que la parte actora ahora no puede pretender el cobro de acreencias laborales superiores a 3 años contados hacia atrás de la presentación de la demanda.

4. TRÁMITE PROCESAL

De las excepciones propuestas, se corrió el traslado establecido en el numera 1 del artículo 443 del C.G.P.8, y la parte ejecutante presentó escrito pronunciándose sobre los medios exceptivos9.

La secretaría procedió a ingresar el expediente al despacho para fijar la audiencia del artículo 443 C.G.P, sin embargo, mediante providencia del 17 de mayo de 2023 10, se procedió a rechazar de plano las excepciones propuestas por la parte ejecutada de caducidad y cobro de lo no debido, al no encontrarse enlistadas en el artículo 442 del C.G.P.; providencia que fue objeto de notificación a las partes, surtiéndose la ejecutoria en silencio11.

Luego, a través de providencia del 1 de junio de 202312, el Despacho acogió la figura de

C.G.P.; providencia que fue objeto de notificación a las partes, surtiéndose la ejecutoria en silencio11.

Luego, a través de providencia del 1 de junio de 202312, el Despacho acogió la figura de sentencia anticipada en el presente proceso, ante el cumplimiento de los presupuestos determinados en el artículo 182 A del CPACA, al concluir que no había pruebas que practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento. De igual manera, en esa misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar, en caso, de no ser recurrida esa decisión, por lo que, dentro de los 10 días siguientes a la

8 Cuaderno Principal Tomo II, folio 395. 9 Cuaderno Principal Tomo II, folio 398 10 Ver providencia a Cuaderno Principal Tomo II, folio 403 al 405. 11 Ver constancia secretarial Cuaderno Principal Tomo II, folio 407. 12 Cuaderno Principal Tomo II, folio 408 al 413Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Jaime Peña Horta.

Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

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ejecutoria de esa providencia, las siguientes partes presentaron sus alegaciones finales, así:

4.1. Parte ejecutante13.

Frente a la excepción de pago, señaló que la ejecutada olvidaba que la demanda ejecutiva no se basada en el pago de la mesada pensional y su retroactivo, sino sobre el incumplimiento de la Resolución Nro. 054205 del 19 de mayo de 2011 expedida por

ejecutiva no se basada en el pago de la mesada pensional y su retroactivo, sino sobre el incumplimiento de la Resolución Nro. 054205 del 19 de mayo de 2011 expedida por Cajanal en Liquidación E.I.C.E., a través del cual se reconoce el pago de los intereses moratorios en la suma de dinero de $47.974.843,55, siendo un crédito insoluto con su respectiva indexación. Sumado a lo anterior, afirmó que la entidad no probó el pago del crédito reclamado.

Sobre la prescripción, asegura que la UGPP confunde la prescripción al reclamar un derecho de orden laboral, la cual se analizó en el proceso ordinario, con la pres cripción de los intereses que generan de un título ejecutivo, derecho que proviene de una sentencia judicial que reconoce un estatus pensional, por ello, esta excepción es improcedente.

4.2. La ejecutada14.

Reiteró nuevamente los argumentos expuestos en la contestación, al señalar que se dio cumplimiento al título ejecutivo a través de la Resolución Nro. 054205 del 19 de mayo de 2011, ordenándose la reliquidación de la pensión con el 75% de los factores devengados en el último año de servicios, así mismo, que se había reajustado anualmente, por lo que también se reconoció el respectivo retroactivo.

Precisó que, la Unidad liquidó los intereses moratorios en cumplimiento del fallo judicial desde la fecha de ejecutoria hasta los 6 meses siguientes, es decir, el 4 de noviembre de 2008 hasta el 3 de mayo de 2009, tal como se evidencia se realizó en la Resolución Nro.

desde la fecha de ejecutoria hasta los 6 meses siguientes, es decir, el 4 de noviembre de 2008 hasta el 3 de mayo de 2009, tal como se evidencia se realizó en la Resolución Nro. 015280 del 20 de junio de 2021, por la suma de $9.308.910,30, debido a que, se aplicó la cesación de los intereses del artículo 177 del CCA al no presentar en forma completa la petición de cumplimiento del fallo. Sumado a lo anterior, se suspendieron los intereses entre el 12 de junio de 2009 hasta el 12 de junio de 2013, por el periodo de liquidació n de la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal E.I.C.E.

Finalizó precisando que, los intereses de calculan sobre las mesadas indexadas casadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia declarativa (4 de noviembre de 2008), y el periodo del cálculo va de la ejecutoria hasta la fecha efectiva de pago (para el caso agosto de 2011). Habida cuenta de las interrupciones o suspensión de causación de intereses, según las reglas ya expuestas y la normatividad aplicable al particular, indicando que no se calculan intereses en el mes que se incluye en nómina, porque se considera que no se causan, dados los tiempos establecidos para el reporte y pago de la nómina.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Es competente esta corporación para dictar la sentencia anticipada que corresponde dentro del proceso ejecutivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

13 Cuaderno Principal Tomo II, folio 422 al 423.

dentro del proceso ejecutivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

13 Cuaderno Principal Tomo II, folio 422 al 423. 14 Cuaderno Principal Tomo II, folios 416 al 420Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Jaime Peña Horta.

Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

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2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Conforme los planteamientos de la demanda y la contestación, se deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

2.1. Si es procedente o no la declaratoria de la excepción de pago alegada por el ejecutado como medio de defensa en esta contienda judicial.

Sin embargo, para desatar el problema jurídico principal, es indispensable:

2.1.1. Analizar si es procedente o no la causación de los intereses moratorios reclamados, debido a que los mismos se causaron durante el proceso de liquidación forzosa de la entidad CAJANAL.

2.1.2. Determinar si en este caso, se consolidó la cesación de la causación de intereses de mora entre el periodo del 4 de mayo de 2009 al 31 de julio de 2011, ante la falta de presentación de la totalidad de los documentos exigidos para la reclamación del cumplimiento de la sentencia judicial objeto de reclamo ejecutivo.

2.1.3. Determinar si a través de la Resolución Nro. 015280 del 21 de junio de 2021 se reconocieron los intereses moratorios que deben cancelarse al actor

ejecutivo.

2.1.3. Determinar si a través de la Resolución Nro. 015280 del 21 de junio de 2021 se reconocieron los intereses moratorios que deben cancelarse al actor conforme lo ordenado en la sentencia objeto de ejecución, y sí efectivamente, la suma estimada en ese acto administrativo - $9.308.910,30 -, fue debidamente consignada al actor.

2.2. Determinar si la prescripción bajo los argumentos expuestos por la demandada constituye un verdadero medio exceptivo que enerva el título ejecutivo, y, si en este evento se consolidó la prescripción como extinción de la obligación.

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

Los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, definen el título ejecutivo y señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos . Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (Se subrayó). (...)”.

En virtud a lo anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

subrayó). (...)”.

En virtud a lo anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Jaime Peña Horta.

Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

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Ahora bien, el artículo 297 del CPACA15 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los actos administrativos, siempre y cuando tengan constancia de ejecutoria y la autoridad administrativa que los expidió de fe de que se tratan del primer ejemplar expedido.

En virtud a lo hasta aquí expuesto, encontramos, primero, que los títulos ejecutivos deben cumplir determinados requisitos formales y de fondo para su ejecución, y segundo, que éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del siete (07) de diciembre de 2017, dentro del proceso con radicado 85001-23-33-000-2014-

éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del siete (07) de diciembre de 2017, dentro del proceso con radicado 85001-23-33-000-201400201-01(52702), M.P. Danilo Rojas Betancourth, indicó:

“(…) con la revisión de los requisitos formales, se busca determinar si los documentos que integran el supuesto título ejecutivo conforman unidad jurídica, son auténticos, y emanan del deudor o de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, de modo que se pueda colegir que tienen la capacidad de imponer la ejecución de un crédito en cabeza de quien los expide o de un tercero16.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito ejecutivo, para lo cual, aquél vínculo jurídico debe ser (i) exigible, en el sentido de que sea factible ejecutarlo por no encontrarse sujeto a plazo o condición, esto es, que se trate de una obligación pura y simple; (ii) expreso, es decir, que el crédito debe aparecer de forma manifiesta en el documento sin necesidad de acudir a suposiciones que hagan necesario aplicar razonamientos lógicos complejos, y (iii) claro, en el entendido de que la obligación sea fácilmente apreciable a partir del contenido literal del documento o documentos que la contienen o la demuestran17.”

De lo anterior, se observa que el título de recaudo debe contener todos los documentos que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma

la contienen o la demuestran17.”

De lo anterior, se observa que el título de recaudo debe contener todos los documentos que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las segundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución.

En cuanto a la diferencia entre títulos ejecutivos singulares y complejos, la misma Corporación, en auto del 31 de mayo de 2016, expediente 25000-23-26-000-2014-0060801, sostuvo que la determina el número de documentos necesarios para establecer la obligación. Sobre el particular, indicó: “ se está frente a los primeros cuando el título ejecutivo está compuesto por un solo documento que da cuenta de la obligación clara,

15 “1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.//2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.//3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a tra vés del

expresa y exigible.//3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a tra vés del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.//4. Las copias auténticas de los actos administrativo s con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”. 16 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, exp. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2004, exp. 23989, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Jaime Peña Horta.

Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

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expresa y exigible, mientras que los últimos están integrados por varios medios que, únicamente juntos, pueden llegar a certificar la existencia de ese crédito”.

4. CASO CONCRETO

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expresa y exigible, mientras que los últimos están integrados por varios medios que, únicamente juntos, pueden llegar a certificar la existencia de ese crédito”.

4. CASO CONCRETO

4.1. Sobre el título ejecutivo.

Previo a entrar en el estudio de fondo de las excepciones propuestas, la Sala considera relevante efectuar varias precisiones que, si bien no son asuntos de los establecidos como excepciones de fondo en el artículo 442 del C.G.P., son de vital importancia para determinar la obligación aquí reclamada. Por lo tanto, se pasará a analizarlos con fines a conseguir la efectiva ejecución del título ejecutivo.

En ejercicio del presente medio de control el ejecutante Jaime Peña Horta, pretende que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, le pague los intereses moratorios que se ordenaron en la sentencia del 21 de octubre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, y que se reconocieron por la extinta Caja Nacional de Previsión S ocial EICE en acto administrativo Nro. PAP 054205 del 19 de mayo de 2011.

Dichas pretensiones las fundamentan, como se indicó, en la condena impuesta por esta Corporación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jaime Peña Horta en contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE , con radicado Nro. 2001-02093, en sentencia de primera instancia calendada el 21 de octubre de 200818, en la que, tras declarar la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó lo siguiente:

“(…)

RESUELVE

de 200818, en la que, tras declarar la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó lo siguiente:

“(…)

RESUELVE

1. DECLARAR no probada la excepción de CADUIDAD propuesta por la entidad demandada.

2. DECLARAR probada de oficio la excepción de INEPTA DEMANDA POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA en relación con las resoluciones No. 010675 de 6 de mayo de 1998 y 0017117 de 19 de febrero de 1999 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y como consecuencia INHIBIRSE de hacer un pronunciamiento de fondo con respecto a dichos actos.

3. DECLARAR LA NULIDAD del auto 100051 de 22 de enero de 2001 que negó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor JAIME PEÑA HORTA, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, la Caja Nacional de Previsión Social, procederá a reliquidar el valor de la mesada pensional de jubilación del señor JAIME PEÑA HORTA identificado con C.C. 5.902.134 de Espinal – Tolima, como base en el promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios anterior a la fecha de efectividad de la pensión, eso es del 30 de junio de 1997 al 30 de junio de 1998, junto con la respectiva actualización.

5. De conformidad con la reliquidación ordenada en el numeral anterior, condenase a la Caja Nacional de Previsión Social, a pagar únicamente las diferencias que por concepto

con la respectiva actualización.

5. De conformidad con la reliquidación ordenada en el numeral anterior, condenase a la Caja Nacional de Previsión Social, a pagar únicamente las diferencias que por concepto de los factores salariales legales (subsidio de alimentación, prima de servicios, pri ma de navidad y prima de vacaciones), que resulten a favor del demandante, sumas éstas

18 Cuaderno Principal Tomo I, folio 178 al 195.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00021-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Jaime Peña Horta.

Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

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que deberán ser actualizadas, con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.

6. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

7. El valor de las sumas adeudadas será ajustada de conformidad con el artículo 178

C.C.A.

8. Sin costas.”

Decisión que fue notificada a los sujetos procesales por edicto Nro. 79 del 21 de octubre de 2028, sin se presentaran recurso alguno, por lo quedó debidamente ejecutoriada el 4 de noviembre de 200819.

En ese orden, debe precisar la Sala que la decisión judicial anterior constituye título ejecutivo claro, expreso y exigible , tal como lo aceptó la misma Caja Nacional de Previsión Social EICE – En liquidación -, al emitir la Resolución Nro. PAP054205 del 19 de mayo de 2011.

ejecutivo claro, expreso y exigible , tal como lo aceptó la misma Caja Nacional de Previsión Social EICE – En liquidación -, al emitir la Resolución Nro. PAP054205 del 19 de mayo de 2011.

Atendiendo lo anterior, este Despacho judicial libró mandamiento de pago en providencia del 12 de enero de 2021, frente al concepto de intereses moratorios generados en consecuencia a la reliquidación pensional ordenada, al observarse que era una obligación clara, debido a que, en la sentencia antes transcrita es fácilmente inteligible “o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero” , y en esos términos es que se consolida una obligación, clara, expresa y exigible, tal como lo ha expresado el Consejo de Estado20 al señalar que:

“44. La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo , siendo los primeros

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