TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2021-00321-00 (03-04-2025)

1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

Contra: José Ducardo Patiño Vargas.

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA Ibagué, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN: 73001-23-33-000-2021-00321-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Administradora Colombiana de PensionesColpensiones

DEMANDADO: José Ducardo Patiño Vargas

VINCULADO: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP REFERENCIA: Sentencia de primera instancia -reintegro de sumas percibidas por concepto de prestación pensional-.

Surtido el trámite correspondiente y al no advertirse causal de nulidad de lo actuado, procede el Tribunal Administrativo del Tolima a proferir la sentencia que en derecho corresponde, con fundamento en los razonamientos que se pasan a exponer.

ANTECEDENTES La demanda: La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, mediante apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C. de P. A. y de lo C. A., en contra del señor José Ducardo Patiño Vargas, con el fin de que se despachen las siguientes:

consagrado en el artículo 138 del C. de P. A. y de lo C. A., en contra del señor José Ducardo Patiño Vargas, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fl. 2 del documento 005_DEMANDA Y PODER, expediente Samai): • Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 4218 del 19 de agosto de 2004 , por la cual el ISS reconoció una pensión de vejez, a favor de José Ducardo Patiño Vargas, efectiva a partir del 1 de mayo de 2004 de conformidad con el Decreto 758 de 1990, toda vez que existe incompatibilidad pensional entre la pensión reconocida y disfrutada por el demandado en la UGPP y la reconocida por Colpensiones.1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

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A título de restablecimiento del derecho. • Se ordene al demandado a reintegrar a favor de Colpensiones lo pagado por el ISS por concepto del reconocimiento y pago de una pensión de vejez a título de mesadas, retroactivo y aportes en salud, desde su ingreso a nómina hasta que cese su pago en virtud de la nulidad de la Resolución No. 4218 del 19 de agosto de 2004. • Que las sumas reconocidas sean indexadas. • Que se condene en costas a la demandada.

Hechos (fls. 3 a 4 del documento 005_DEMANDA Y PODER, expediente Samai):

19 de agosto de 2004. • Que las sumas reconocidas sean indexadas. • Que se condene en costas a la demandada.

Hechos (fls. 3 a 4 del documento 005_DEMANDA Y PODER, expediente Samai): Como fundamentos fácticos en el escrito de demanda se expresó: Que mediante Resolución No. 1577 del 1 de marzo de 2004 la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E., le reconoció una Pensión de vejez a José Ducardo Patiño Vargas, con estatus jurídico del 10 de marzo de 1999, en cuantía inicial de $834.621, con efectividad desde del 10 de marzo de 1999. Mediante Resolución No. 2340 del 2005, Cajanal aclaró la resolución No. 1577 del 1 de marzo de 2004 en su parte motiva y en el artículo segundo, quedando de la siguiente manera: Reconocer y ordenar el pago a favor de José Ducardo Patiño Vargas, de una pensión de vejez en cuantía de $834.621.76 efectiva a partir del 10 de marzo de 1999, por cuanto demostró retiro definitivo del servicio.

Por su parte, el ISS reconoció una pensión de vejez a José Ducardo Patiño Vargas, mediante Resolución No. 4218 del 19 de agosto de 2004, teniendo en cuenta 634 semanas cotizadas y un ingreso base de liquidación de $1.535.476 al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 51%, otorgando una mesada pensional en cuantía inicial de $783.093., efectiva a partir del 1 de mayo de 2004 de conformidad con el Decreto 758 de 1990.

Que para el reconocimiento pensional de Cajanal y el ISS se tuvieron en cuenta los

de $783.093., efectiva a partir del 1 de mayo de 2004 de conformidad con el Decreto 758 de 1990.

Que para el reconocimiento pensional de Cajanal y el ISS se tuvieron en cuenta los mismos tiempos públicos, por lo tanto, resultan incompatibles.

Colpensiones para el reconocimiento de la pensión de vejez, no tuvo en cuenta la pensión otorgada por Cajanal , por ello no puede el demandado disfrutar de dos asignaciones del estado que cubren un mismo riesgo y que resultan incompatibles debido a que no puede recibir más de una asignación que provenga del tesoro público; aunado a lo dicho, las dos prestaciones fueron causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ya que el estatus pensional con Cajanal fue del 1 de marzo de 1999 y el estatus pensional ante el ISS es del 1 de mayo de 2004.

Mediante Auto de Prueba No. APSUB 420 del 23 de febrero de 2021, entregado el 26 de mayo de 2021, Colpensiones solicitó a José Ducardo Patiño Vargas, consentimiento para revocar la Resolución No. 4218 del 19 de agosto de 2004, toda vez que se encuentra incurso en la causal establecida en el numeral 1 del artículo 93 del C. de P.A. y de lo C.A., sin que se obtuviera respuesta.

Normas violadas y concepto de violación. (fls. 6 a 10 del documento 005_DEMANDA Y PODER, expediente Samai):1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00

005_DEMANDA Y PODER, expediente Samai):1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

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Como normatividad transgredida el profesional en derecho trajo a colación: Artículo 128 de la Constitución Política; Artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. Señaló que la prohibición de origen Constitucional de la doble asignación del tesoro ha de entenderse no solo bajo la percepción de más de una asignación proveniente de varios empleos públicos, sino la de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como pensiones.

En ese orden de ideas, consideró que debe revocarse la resolución demandada, toda vez que el Instituto de Seguros Sociales al reconocer la pensión de vejez involucrando tiempos que habían sido tenidos en cuenta por Cajanal para el reconocimiento de la pensión de jubilación al demandado, convierte la prestación en incompatible y, en ese sentido violatoria de las normas que regulan el derecho pensional de la Ley 549 de 1999, del que se desprende que: i. Todos los tiempos cotizados por el trabajador deben contribuir con la financiación de la prestación económica que le sea reconocida, es decir, tanto los tiempo s públicos como los tiempos aportados a través del sector privado al RPM; ii. Los recursos que no se encuentren en la entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de la prestación económica, deben ser trasladados a ella a través de las diferentes figuras creadas por la Ley para tal fin, como, por ejemplo, la del Bono pensional.

encuentren en la entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de la prestación económica, deben ser trasladados a ella a través de las diferentes figuras creadas por la Ley para tal fin, como, por ejemplo, la del Bono pensional. Explicó que existe la incompatibilidad pensional, puesto que ambas pensiones tienen su origen en una misma fuente y cubren un mismo riesgo, y fueron causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994), ya que el estatus pensional con Cajanal fue del 1 de marzo de 1999 y el estatus pensional ante el ISS es del 1 de mayo de 2004, generando un detrimento patrimonial de los recursos públicos que se ve materializada con el reconocimiento de una prestación que no debió tener lugar.

Contestación de la demanda. Con providencia del 27 de septiembre de 2021 (documento 008_Auto admite demanda, expediente Samai) se ordenó: admitir la demanda instaurada por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones contra José Ducardo Patiño Vargas; vincular al trámite del presente medio de control en calidad de demandado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP; notificar personalmente la decisión a las partes e intervinientes.

El auto admisorio fue notificado el 11 de octubre de 2021 (documento 016_CONSTANCIA NOTIFICACIÓN-TRASLADO CONTESTAR DEMANDA, expediente Samai); y el terminó de 30 días para contestar la demanda transcurrió del 14 de octubre de 2021 al 29 de noviembre de 2021 (documentos

016_CONSTANCIA NOTIFICACIÓN-TRASLADO CONTESTAR DEMANDA, expediente Samai); y el terminó de 30 días para contestar la demanda transcurrió del 14 de octubre de 2021 al 29 de noviembre de 2021 (documentos 021_VenceTrasladoContestarTrasladoReformarDda, expediente Samai) José Ducardo Patiño Vargas y la UGPP contestaron la demanda oportunamente.

José Ducardo Patiño Vargas (documento 019_ContestaciónDemandaJoséDucardoPatiñoVargas, expediente Samai). Por conducto de apoderado judicial, José Ducardo Patiño Vargas contestó la demanda, manifestando que los hechos contenidos en los numerales 1 y 3 son1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

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ciertos; el 2, 6 y 7 no le constan; el 4 y el 10 son parcialmente ciertos; y el 5, 8 y 9 no son ciertos. Consideró que existió una vulneración al debido proceso en el trámite del procedimiento administrativo para efectos de obtener por esa vía la revocatoria del acto demandado. Dicho lo anterior, se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando, como primera medida, la ausencia del requisito previo para el ejercicio del presente medio de control, por cuanto es necesario obtener el consentimiento del destinatario del acto administrativo, según lo establecido en el artículo 97 del C. de P.A. y de lo C.A.,

primera medida, la ausencia del requisito previo para el ejercicio del presente medio de control, por cuanto es necesario obtener el consentimiento del destinatario del acto administrativo, según lo establecido en el artículo 97 del C. de P.A. y de lo C.A., por lo que Colpensiones debió agotar en sede administrativa el requisito de intentar obtener el consentimiento del destinatario para la revocatoria de su propio acto de carácter particular.

Expuso que la solicitud de consentimiento No. APSUB 420 de 23 de febrero de 2021, expedida en vigencia del Decreto 806 de 2020 y entregada el 26 de mayo de 2021 mediante guía MT684772384CO, fue notificada a una dirección no autorizada por el demandado, quien tiene domicilio en la ciudad de Ibagué, como se acredita en la declaración extrajuicio No. 1671 del 4 de septiembre de 2018. En relación con el acto administrativo SUB 157031 de 7 de julio de 2021, expedido por la Dirección de Procesos Judiciales de la Gerencia de Defensa Judicial de la Vicepresidencia de Operaciones del Régimen de Prima Media de Colpensiones, se dirigió a la carrera 6 Nro. 3 – 29 apartamento 301 Manizales – Caldas, incurriendo en indebida notificación. En consecuencia, considera que, en la actuación administrativa para obtener el consentimiento para la revocato ria del acto administrativo demandado, se vulneraron sus derechos de contradicción y defensa.

Por último, expresó que no es procedente la devolución de los dineros solicitados porque obró de buena fe al recibir los pagos de forma periódica, y en cumplimiento del acto administrativo proferido por una entidad pública que se presume legal.

Por último, expresó que no es procedente la devolución de los dineros solicitados porque obró de buena fe al recibir los pagos de forma periódica, y en cumplimiento del acto administrativo proferido por una entidad pública que se presume legal.

Por otra parte, propuso como excepción previa la que denominó: “ Ausencia del requisito previo para la acción, de intentar obtener consentimiento del destinatario del acto para su convocatoria, artículo 97 del C. P. A. de lo C. A.”, considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, la entidad pública que pretenda demandar su propio acto de carácter particular, previo a activar el sistema judicial, debe agotar en sede administrativa el requisito de intentar obtener el consentimiento del destinatario del acto para su revocatoria; y so lo en el evento en el que la respuesta sea negativa, queda habilitada para promover el correspondiente medio de control. En este sentido, considera que el artículo en comento le impone la obligación a la autoridad de, para poder demandar el acto administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, previamente y como requisito de procedibilidad, intente la revocatoria del acto y solicitar al titular del mismo su consentimiento; y si este no lo otorga, solo ahí surge la potestad de la administración de demandarlo. Por consiguiente, como la actuación administrativa no se surtió en debida forma debido a que los actos expedidos para obtener el consentimiento previo de la revocatoria no se notificaron como correspondía, lo cual comprometió su derecho de contradicción y defensa, ni dicho procedimiento se agotó como debía para que la administración quedara habilitada para demandar su propio acto, debe declararse probada esta excepción.1ª Instancia N/R

y defensa, ni dicho procedimiento se agotó como debía para que la administración quedara habilitada para demandar su propio acto, debe declararse probada esta excepción.1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

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Como excepción de fondo, propuso la que denominó: “Improcedencia de la devolución de los dineros recibidos ” fundamentada en que recibió el pago de la mesada en cumplimiento de un acto administrativo expedido por una entidad pública, el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 1437 de 2011, se presume legal mientras no haya sido anulado por esta jurisdicción. Además, el artículo 164, numeral 1, literal c del C. de P.A. y de lo C.A. establece que “…no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe…”, y que lo que se presume es la buena fe, por lo que es carga de la entidad demandante demostrar que el demandado obró de mala fe al momento de percibir las mesadas pensionales.

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social–UGPP (documento 020_UGPP CONTESTA LA DEMANDA, expediente Samai), El apoderado judicial de la entidad vinculada contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones. Como excepciones de mérito propuso las que denominó:

1. Inexistencia de la obligación demandada: expresó que no es procedente la vinculación de la entidad al proceso por cuanto las decisiones que se adopten, no afectan ni

las pretensiones. Como excepciones de mérito propuso las que denominó:

1. Inexistencia de la obligación demandada: expresó que no es procedente la vinculación de la entidad al proceso por cuanto las decisiones que se adopten, no afectan ni benefician a la U.G.P.P. en el entendido que no intervino en el reconocimiento pensional efectuado al dema ndado. Así, no existen relaciones o actos jurídicos que por su naturaleza o disposición legal afecten o beneficien a la unidad ni que deban resolverse de manera uniforme respecto de todas las partes del proceso; de manera que la relación jurídica que se de bate es la correspondiente al reconocimiento de la pensión de vejez por Colpensiones y el demandado; ii. Buena fe de la demandada : indicó que la entidad obró en el presente asunto y en todas las actuaciones de buena fe y de manera honesta frente al Estado y los particulares, aplicando la Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial que permiten reconocer o negar prestaciones; iii. Prescripción: resaltó que en el evento de existir alguna condena en contra de la entidad, se declare la prescripción de las mesadas o diferencias de las mensualidades causadas con 3 años de anterioridad a la fecha de presentación de la demanda; iv. Innominada o genérica.

Señaló que, no comparte la vinculación al proceso pues considera no necesaria su comparecencia. Dado que la extinta Cajanal reconoció a favor de José Ducardo Patiño Vargas teniendo en cuenta el tiempo que estuvo vinculado con el Esta do a través de Incomex, debe establecerse si el demandado recibió pagos dobles y, anotó que el reconocimiento que se realizó a favor del codemandado por medio de la

Patiño Vargas teniendo en cuenta el tiempo que estuvo vinculado con el Esta do a través de Incomex, debe establecerse si el demandado recibió pagos dobles y, anotó que el reconocimiento que se realizó a favor del codemandado por medio de la Resolución No. 1577 del 1 de marzo de 2004, se consolidó de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, atendiendo el criterio de interpretación que fijó para la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición.

Solicitó se denieguen las pretensiones invocadas y, se absuelva en todo a la unidad.

Del traslado de las excepciones propuestas. Durante el término legal concedido para la entidad demandante se pronunciara de las excepciones propuestas, guardó silencio (documento 022_Vt.ReformaDda, expediente Samai).1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

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Del auto que ajustó el trámite procesal. Con auto del 27 de abril de 2023 el magistrado ponente resolvió: 1. Una vez revisado el trámite procesal, no se advierte la existencia de alguna irregularidad que deba subsanarse; 2. Negar lo que la parte demandada José Ducardo Patiño Vargas denominó como excepción previa “ Ausencia del requisito previo para la acción, de intentar obtener consentimiento del destinatario del acto para su revocatoria, artículo 97 del

subsanarse; 2. Negar lo que la parte demandada José Ducardo Patiño Vargas denominó como excepción previa “ Ausencia del requisito previo para la acción, de intentar obtener consentimiento del destinatario del acto para su revocatoria, artículo 97 del C. de P.A. y de lo C.A.” y frente la excepción de improcedencia de la devolución de los dineros recibidos, será resuelta al momento de proferir sentencia; 3. No se observa que se tipifiquen excepciones previas, así como tampoco alguna de las demás excepciones que menciona el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021; 4. Diferir al fondo del asunto las excepciones de mérito propuestas por la UGPP; 5. Incorporar al expediente el medio de prueba documental allegado con la demanda, así como con la contestación de la demanda;

6. Negar el decreto de prueba solicitada por Colpensiones, correspondiente a oficiar a la UGPP para que certifique la existencia de reconocimiento de pensión por vejez;

7. Fijar el litigio; 8. Prescindir de la audiencia inicial en el presente asunto; 9. Declarar precluido el término probatorio en el proceso de la referencia; 10. correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, para lo cual se les concede un término común de 10 días, término dentro del cual el Agente del Ministerio Público podrá presentar concepto, si así lo considera.

Alegatos de conclusión Durante el término procesal concedido, las partes allegaron escritos así:

1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

podrá presentar concepto, si así lo considera.

Alegatos de conclusión Durante el término procesal concedido, las partes allegaron escritos así:

1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP (documento 031_UGPP Alega de Conclusión, expediente Samai) Aportó escrito repitiendo los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

2. Demandado José Duardo Patiño Vargas (documento 033_Apoderado Demandado Alega de Conclusión, expediente Samai) Reiteró lo expuesto en contestación a la demanda. Recalcó que actuó de buena fe y, que no solo aportó a pensión durante los años que laboró como catedrático universitario, sino que de igual modo, al momento de realizar la solicitud de pensión informó a la hoy demandante sobre su pensión otorgada por Cajanal, para que esta última no solo la tomara en cuenta, sino que decidiera si influía sobre su solicitud de pensión, ello teniendo en cuenta que no es conocedor, ni técnico, ni profesional, ni cuenta con la capacidad de fondo y específica para conocer del sistema pensional colombiano.

Agregó que no tiene antecedentes de ningún tipo, lo que denota su actuar ético, honesto, intachable y profesional en todos sus años de vida y experiencia laboral.

3. Parte demandante.

Guardó silencio.1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

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4. Ministerio Público.

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4. Ministerio Público.

Guardó silencio.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del C. de P. A. y de lo C.A., es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para resolver en primera instancia el litigio. Por otro lado, considera la Sala que el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho instaurado (artículo 138 C de P.A y de lo C.A) es el procedente, toda vez que por esta vía se pretende la nulidad de los actos administrativos expedidos por una entidad del Estado y el restablecimiento de una prestación pensional a la cual se considera tener derecho.

Problema jurídico

En virtud de lo expuesto, la Sala entrará a determinar si el acto administrativo demandado, esto es, la Resolución No. 4218 del 19 de agosto de 2004 por medio de la cual el entonces I.S.S., reconoció una pensión de vejez en favor del señor José Ducardo Patiño Vargas efectiva a partir de 1 de mayo de 2004 esta ajustado o no a derecho, debido a que devenga simultáneamente otra pensión de vejez concedida por la U.G.P.P. (antes Cajanal), es decir, por la misma causa; luego ambas provienen del erario, lo cual transgrede el artículo 128 de la Constitución Política. Si ello es así, corresponderá determinar si ¿hay lugar al reintegro de las sumas percibidas por concepto de la prestación pensional reconocida?

Marco Normativo De la nulidad y restablecimiento del derecho

corresponderá determinar si ¿hay lugar al reintegro de las sumas percibidas por concepto de la prestación pensional reconocida?

Marco Normativo De la nulidad y restablecimiento del derecho El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene fundamento en el artículo 138 del C. de P. A. y de lo C. A., al alcance de toda persona que considere que con un acto administrativo se infirió agravio a sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ejercicio con el cual se obtienen, de forma simultánea, tanto la nulidad del acto como el restablecimiento de los derechos personales violados por la decisión contenida en el acto o en los actos objeto de demanda.

Del principio de legalidad enunciado se aprecia, claramente que el medio de control se origina en un acto administrativo que el demandante considera ilegal; persigue (objeto) la nulidad del acto y además el restablecimiento de un derecho, y/o la indemnización y/o la devolución de lo indebidamente pagado. Tal medio de control se encamina a: 1) impugnar la validez de un acto jurídico administrativo y, como declaración consecuencial, 2) restablecer el derecho subjetivo lesionado. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, ha ejercido el medio de control de n ulidad y restablecimiento del derecho a efecto de cuestionar sus propios actos administrativos, que le afectan porque van en contravía del ordenamiento jurídico y un interés subjetivo, individual o concreto; por consiguiente, es susceptible de control por esta jurisdicción mediante la pretensión que se ha promovido, y la Sala es competente para conocer de ello.1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho

consiguiente, es susceptible de control por esta jurisdicción mediante la pretensión que se ha promovido, y la Sala es competente para conocer de ello.1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial. De la lesividad. Como primera medida se advierte que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra los distintos medios de control procedentes en esta jurisdicción, entre ellos el de nulidad y restablecimiento del derecho; luego la figura de la lesividad, no es un medio de control como tal, sino más bien es una dominación dada por la doctrina y la jurisprudencia de las Altas Cortes. Bajo esta aclaración, la lesividad es el mecanismo legal a través del cual todas las autoridades de la Administración Pública pueden infirmar la expresión de su propia voluntad consignada en los actos administrativos por ellas proferidos, cuando observe que los mismos se expidieron con desconocimiento del ordenamiento jurídico constitucional y legal lo cual conduce a que indefectiblemente dicho acto, resulte nocivo a sus propios intereses1.

Bajo esta óptica la Administración al observar la inminencia de un acto administrativo contrario a derecho, bien puede optar por acudir a la institución de la revocatoria directa en los términos del artículo 97 C. de P.A. y de lo C.A. Así el Legislador previó el supuesto fáctico de la imposibilidad de esta figura en caso de

la revocatoria directa en los términos del artículo 97 C. de P.A. y de lo C.A. Así el Legislador previó el supuesto fáctico de la imposibilidad de esta figura en caso de que no se cuente con el consentimiento del titular del acto a revocar, previendo la posibilidad de que el mismo sea demandado ante esta jurisdicción, en todo caso, siempre y cuando se parta del presupuesto de que se está en presencia de un acto expedido con desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal.

Siendo ello así, el adelantamiento de la lesividad puede efectuarse a través de los medios de control de legalidad consagrados en los artículos 137 y 138 C. de P.A. y de lo C.A.

Régimen jurídico y competencia del ISS, hoy Colpensiones, y de Cajanal, hoy

U.G.P.P.

El artículo 52 de la Ley 100 de 1993 estableció que el Instituto de Seguro Social (ISS) sería el administrador general del régimen pensional de prima media con prestación definida y que las cajas, fondos o entidades de previsión públicas o privadas, solo cumplirían dicha función únicamente respecto de sus afiliados mientras estas entidades subsistieran, la mencionada norma señala: «Artículo 52. Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquellos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta Ley […]»

administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan, sin perjuicio de que aquellos se acojan a cualesquiera de los regímenes pensionales previstos en esta Ley […]»

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS; Sentencia del 15 de julio de 2021, Radicación número: 05001 -2333-000-2013-00960-01(0785-16), Demandante: Municipio de Me dellín, Demandado: Zuly Del Socorro Paniagua Mejía, Referencia: Lesividad / Revocatoria del fallo de primera instancia, para en su lugar declarar la nulidad del decreto de nombramiento de la demandada por expedición irregular, pues la vinculación a la administración municipal se hizo mediante documento falso; retiro automático del servicio; no procede devolución de dineros por concurrencia de culpas.1ª Instancia N/R Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2021-00321-00 De: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones

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La regla anterior se reiteró en el Decreto 692 de 1994, que en su artículo 34 señaló que el régimen de solidaridad de prima media con prestación definida sería administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistieran, pero estas últimas solo en relación con las personas que a 31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo, en consecuencia, recibir nuevos

o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994, mientras subsistieran, pero estas últimas solo en relación con las personas que a 31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo, en consecuencia, recibir nuevos cotizantes a partir de dicha fecha: “Artículo 34. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régimen solidario de prima media con prestación definida será administrado por el In