TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2021-00414-00 (13-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: EJECUTIVO

Demandante: NANCY STELLA VARGAS BONILLA

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCAILES DEL

MAGISTERIO.

Apoderado: VALDIMIR VARGAS DÍAZ (Parte demandante).

ANA VALENTINA LOZANO NAVAS (parte demandada).

Asunto: SENTENCIA ANTICIPADA DE PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIA

Procede la Sala a dictar sentencia que en derecho corresponde, de manera anticipada, conforme lo dispuesto en el articulo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, modificado por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, al no haber pruebas por practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento dentro del proceso ejecutivo presentado por la señora Nancy Stella Vargas Bonilla en contra de Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial la señora Nancy Stella Vargas Bonilla , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, con la finalidad de

A través de apoderado judicial la señora Nancy Stella Vargas Bonilla , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, con la finalidad de que se le reconociera y pagara la pensión de jubilación que fue ordenada en la sentencia del 19 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento, radicado bajo el número 73001-23-33-001-201400408-00.

Específicamente, se solicitó que se librará mandamiento de pago a su favor y en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, por las siguientes sumas de dinero:

a) Por concepto del retroactivo de la mesada pensional a la que tiene derecho la actora desde el 27 de julio de 2010 hasta la fecha de presentación de la demanda y las mesadas que se sigan causando en el curso del presente proceso de ejecución.

b) Por los intereses moratorios que se hubieran causado desde que se hizo exigible la obligación de que trata el literal anterior, es decir, desde el 13 de agosto de 2018 – fecha de la ejecutoria -, hasta que se realice el pago efectivo de la obligación.

1 Expediente SAMAI; índice Nro. 00030; carpeta comprimida “ 6_ED_ONEDRIVE_1_2092022(.zip)”; archivo 004Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia

Acción: Ejecutivo Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 2

c) Por la suma de $781.242 por concepto de las costas de primera instancia contenidas en el numeral sexto de la sentencia de fecha de 19 de julio de 2018.

d) Por los intereses moratorios que se han causado desde que se hizo exigible la obligación anterior – 29 de septiembre de 2018 -, fecha en que quedó ejecutoriada la aprobación de la liquidación de costas, hasta la fecha en que se realice efectivamente el pago de la obligación.

e) Se condena en costas y agencias en derecho a la entidad ejecutada.

Lo anterior, teniendo en cuenta el incumplimiento de la sentencia proferida por e ste Tribunal Administrativo del Tolima en el proceso ordinario de nulidad y restablecimi ento del derecho antes anunciado. Lo mismo

2. MANDAMIENTO DE PAGO2.

Mediante providencia del 26 de noviembre de 2021 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

2.1. La pensión de jubilación en cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio remunerado (1995-1996), a partir del 27 de julio de 2010, fecha en la que adquirió el estatus pensional.

2.2. Por el pago de intereses en los términos del artículo 192 del CPACA.

2.3. Por la indexación dispuesta en el artículo 187 del CPACA.

2.4. Por el valor de las costas procesales.

2.2. Por el pago de intereses en los términos del artículo 192 del CPACA.

2.3. Por la indexación dispuesta en el artículo 187 del CPACA.

2.4. Por el valor de las costas procesales.

El mandamiento de pago fue notificado a la entidad demandada el 16 de diciembre de

20213. Así, el 13 de enero de 2022 inició el término de traslado de los 10 días para proponer excepciones, el cual se venció el 26 de enero de 20214.

Dentro del término respectivo, la entidad ejecutada contestó la demanda, proponiendo varios medios exceptivos de los fijados en el numeral segundo del artículo 442 del C.G.P, tales como compensación y prescripción.

3. OPOSICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO5.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que son las entidades territoriales quienes atienden las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, como también son las encargadas de elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, a la Fiduciaria la Previsora S.A., quien es la encargada del manejo y la administración de los recursos del Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, para su aprobación, a efecto de que previo visto b ueno, efectué el respectivo pago en virtud de lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil, suscrito entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria la Previsora S.A.

De acuerdo a ello, aseguró que es necesario que en este proceso l a entidad territorial informe la trazabilidad de su actividad, concerniente al pago de lo ordenado mediante

de Educación Nacional y la Fiduciaria la Previsora S.A.

De acuerdo a ello, aseguró que es necesario que en este proceso l a entidad territorial informe la trazabilidad de su actividad, concerniente al pago de lo ordenado mediante sentencia de fecha 19 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,

2 Expediente SAMAI; índice Nro. 00030; carpeta comprimida “ 6_ED_ONEDRIVE_1_2092022(.zip)”; archivo 010 3 Expediente SAMAI; índice Nro. 00030; carpeta comprimida “6_ED_ONEDRIVE_1_2092022(.zip)”; archivo 014 4 Expediente SAMAI; índice Nro. 00030; carpeta comprimida “ 6_ED_ONEDRIVE_1_2092022(.zip)”; archivo 019 5 Expediente SAMAI; índice Nro. 00030; carpeta comprimida “ 6_ED_ONEDRIVE_1_2092022(.zip)”; archivo 018Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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con el fin de identificar s I fue enviado para estudio y aprobación el expediente de la ejecutante, si la Fiduprevisora realizó alguna devolución por no cumplir a cabalidad los requisitos mínimos para la aprobación del proyecto.

Subsiguientemente, expuso que la condena en costas conforme al criterio del Consejo de Estado no debe ser una condena meramente objetiva, sino que debe entonces el Juez tener en cuenta la buena fe de la entidad respecto a sus actuaciones procesales, y sobre

Subsiguientemente, expuso que la condena en costas conforme al criterio del Consejo de Estado no debe ser una condena meramente objetiva, sino que debe entonces el Juez tener en cuenta la buena fe de la entidad respecto a sus actuaciones procesales, y sobre ello, aseguró que en el expediente la parte ejecutante no presentó pruebas o fundamento alguno sobre la ocurrencia de alguna actuación por parte de la entidad demandada Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que desvirtuara la presunción de buena fe, por ello, adujo que ante la falta del cumplimiento del requisito procesal para realizar la respectiva condena en costas, la misma no procede.

De otra parte, en cuanto a los intereses moratorios , indicó que se deben calcular sobre la suma que la entidad accionada debió cancelar a la ejecutoria de la sentencia bajo la tasa equivalente al DTF durante los 10 primeros meses y luego bajo la tasa del interés corrientes bancario, sin embargo, se debe tener en cuenta la fecha de radicación de la petición de pago, dado que si esta se radicó superados los 3 meses posteriores a la fecha de ejecutoria, los intereses moratorios cesarán hasta la fecha de radicación.

Así mismo, aseguró que la presente obligación no cumple con los presupuestos de ser clara, expresa y exigible, y en el presente asunto, se desprende que el titulo ejecutivo es complejo dado que este resulta de una decisión judicial la cual con posterioridad debe materializarse a través de un acto administrativo que reconozca las condenas expresas en la providencia del 19 de julio de 2 018, por lo que en realidad esa sentencia se emitió

complejo dado que este resulta de una decisión judicial la cual con posterioridad debe materializarse a través de un acto administrativo que reconozca las condenas expresas en la providencia del 19 de julio de 2 018, por lo que en realidad esa sentencia se emitió en forma abstracta, lo que conlleva a que será el ente territorial el encargado del reconocimiento y liquidación de tales obligaciones y no la parte, por lo que la ejecutante tuvo la oportunidad de presen tar un incidente dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de logar que la condena fuera en concreto.

Entonces, concluyó que el operador judicial no podía librar el mandamiento de pago, pues la obligación no era clara, en tanto el título no determinó específicamente cuales eran los dineros que debían reconocerse al dem andante y mucho menos determinarse que el Ente Territorial liquidó mal las condenas establecidas en el acto administrativo, pues no es el proceso idóneo para tal.

Luego, planteó las excepciones de compensación y prescripción; la primera, al señalar que debe ser compensada cualquier suma de dinero que resulte probada en el proceso a favor del demandante y que haya sido pagada.

Sobre la prescripción de la obligación alegó que, esta figura debe ser analizada a la luz del artículo 2536 del Código Civil, el cual determina la extinción de obligaciones contenidas en título ejecutivo por un lapso de 5 años.

4. TRÁMITE PROCESAL

De las excepciones propuestas, se corrió el traslado establecido en el numera 1 del artículo 443 del C.G.P., y la parte ejecutante presentó escrito pronunciándose sobre los medios exceptivos6.

4. TRÁMITE PROCESAL

De las excepciones propuestas, se corrió el traslado establecido en el numera 1 del artículo 443 del C.G.P., y la parte ejecutante presentó escrito pronunciándose sobre los medios exceptivos6.

La secretaría procedió a ingresar el expediente al despacho para fijar la audiencia del artículo 443 C.G.P, sin embargo, a través de providencia del 25 de octubre de 2022 7, el

6 Expediente SAMAI; índice Nro. 00030; carpeta comprimida “ 6_ED_ONEDRIVE_1_2092022(.zip)”; archivo 022 7 Expediente SAMAI: índice Nro. 00031Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Despacho acogió la figura de sentencia anticipada en el presente proceso, ante el cumplimiento de los presupuestos determinados en el artículo 182 A del CPACA, al concluir que no había pruebas que practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento.

De igual manera, en esa misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar, en caso, de no ser recurrida esa decisión, por lo que, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esa providencia, las siguientes partes presentaron sus alegaciones finales, así:

4.1. Parte ejecutante8.

Frente a la s excepciones, precisó que, si bien se plantearon las permitidas por la

ejecutoria de esa providencia, las siguientes partes presentaron sus alegaciones finales, así:

4.1. Parte ejecutante8.

Frente a la s excepciones, precisó que, si bien se plantearon las permitidas por la legislación, lo cierto era que los argumentos solo buscan dilatar el proceso, pues fueron alegadas sin prueba alguna, abusando del derecho, incluso, desde que se fijó el litigio se planteó el problema jurídico frente a la acreditación del pago de lo adeudado, sin que hasta ese momento se realizara alguno.

Entonces, aclaró que, ante la inexistencia de pago alguno, no es posible que se consolida la supuesta compensación alegada, por lo que, reiteró que la ejecuta da solo planteó la excepción, pero no la justificó.

Sobre la excepción de prescripción, también se propuso sin fundamento alguno, imponiéndole la carga genérica al despacho judicial de realizar el estudio sin fundamental la configuración de la misma, sin embargo, precisó que, al revisar la norma procesal, se tiene que, en efecto la ejecutante contaba con 5 años para presentar la acción ejecutiva, so pena de que hubiera configurado la prescripción.

Sin embargo, aclaró que en el presente caso se presentó la demanda en oportunidad, debido a que, la sentencia del 19 de julio de 2018 quedó ejecutoriada el 13 de agosto de

2018. Luego, el 7 de diciembre de 2018 mediante radicación Nro. SAC 2018PQR31898 se elevó petición ante el FOMAG, buscando se diera cumplimiento a la orden judicial.

Posteriormente el 3 de noviembre d e 2020 se radicó la demanda ejecutiva, seguida del

se elevó petición ante el FOMAG, buscando se diera cumplimiento a la orden judicial. Posteriormente el 3 de noviembre d e 2020 se radicó la demanda ejecutiva, seguida del ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

Finalizó, concluyendo que no se probaron ninguna las excepciones propuestas, por lo que, solicitó proseguir con la orden de seguir adelante con la ejecución.

4.2. Parte ejecutada9.

Inició advirtiendo que el cumplimiento de la sentencia por parte de la entidad demandada Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, está supeditado a que la secretar ía de educación de Tolima, expida el acto administrativo que reconozca la misma y ordene su pago, ello debido a la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, en relación con la entidad administradora de los recursos del Patrimonio Autónomo, en este caso la Fiduciaria La Previsora S.A.

Conforme a esa situación, el hecho de existir una sentencia ejecutoriada en favor de la docente, no puede la Fiduprevisora S.A. a través de su Dirección de Prestaciones Económicas desembolsar el dinero, ya que debe existir una causa legal para que puedan salir los dineros de los rubros del FOMAG, so pena de incurrir en faltas fiscales graves sancionables por los respectivos órganos de control.

8 Expediente SAMAI: índice Nro. 00038 9 Expediente SAMAI; índice Nro. 00037Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla

8 Expediente SAMAI: índice Nro. 00038 9 Expediente SAMAI; índice Nro. 00037Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Por ende, aseguró que la eventual responsabilidad del incumplimiento en el pago de la obligación no es achacable al FOMAG, sino a la falta de expedición del acto administrativo, ya que el FONDO y la Fiduprevisora S.A. , actúan de acuerdo al acto autorizado por el funcionario competente en dicho ente, y si bien es cierto en tratándose de prestaciones económicas estas entidades descentralizadas actúan en nombre y representación del FOMAG, no es menos cierto que la radicación de la misma se debe ser ante la Secretaría, razón por la cual, si no emite el acto administrativo, por lo menos debe expedir una respuesta de fondo al peticionario, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 1755 de 2015 que regula el derecho de petición, Ley que sustituye el libro inicial de la Ley 1437 de 2011.

Reiteró que la obligación aquí reclamada no es clara, expresa y exigible, toda vez que, se requiere que la decisión judicial la cual con posterioridad fuera materializada a través de un acto administrativo emitido idóneamente por el respectivo ente territoria l, atendiendo a que, la sentencia fue determinada en abstracto y no en concreto, pues no se estableciendo las sumas de dinero que deben cancelarse por concepto de la obligación.

atendiendo a que, la sentencia fue determinada en abstracto y no en concreto, pues no se estableciendo las sumas de dinero que deben cancelarse por concepto de la obligación.

4.3. Concepto de Ministerio Público10:

El agente del Ministerio Público plant eó la carencia de pruebas de las excepciones propuestas por la ejecutada, específicamente, sobre la compensación precisó que no se adjuntó prueba alguna respecto de pago realizado como consecuencia del 19 de julio de 2018.

Respecto a la excepción de prescripción, aseguró que tampoco hay elementos que lleven a concluir que dicha excepción se configuró en el proceso, pues se trata de un proceso ejecutivo con providencia judicial ejecutoriada del 13 de agosto de 2018, por lo que se tenían 10 meses para su pago, de acuerdo a lo normado en el artículo 192 del CPACA, término que iba hasta el 13 de junio de 2019.

En ese orden, conforme al artículo 2536 del CC y también conforme lo regulado en el literal k) del artículo 164 del CPACA, la beneficiaria tenía 5 años para obtener el cumplimiento de la sentencia, plazo que iría hasta el 13 de junio de 2024, y la demanda se presentó en el año 2021, por lo que, tampoco está llamada a prosperar la excepción de prescripción.

Luego, analizó el cumplimiento de los requisitos del título ejecutivo, para concluir que la providencia judicial base de recaudo, contiene una obligaci ón clara, expresa y exigible para la fecha de presentación de la demanda de conformidad con lo normado en el artículo 192 del CPACA, porque si bien no establece unas sumas liquidadas en dinero a

providencia judicial base de recaudo, contiene una obligaci ón clara, expresa y exigible para la fecha de presentación de la demanda de conformidad con lo normado en el artículo 192 del CPACA, porque si bien no establece unas sumas liquidadas en dinero a pagar, del texto de esta se tiene que la obligación dineraria es fácilmente determinable con los elementos establecidos en la providencia.

5. INFORME DE PAGO11.

Encontrándose el proceso al despacho para emitir decisión de fondo, el ejecutante a través de memorial del 20 de enero de 2024 , informó que el 28 de octubre de 2023 la entidad ejecutada realizó un pago por la suma de $528.372.403, dando cumplimiento en forma parcial a la sentencia objeto de reclamo ejecutivo.

Explicó que, ante la negligencia en el cumplimiento de la sentencia del 19 de julio de 2018, acudió por vía de tutela a su reclamación, ordenándose la inclusión en nómina de

10 Expediente SAMAI; índice Nro. 00039 11 Expediente SAMAI: índice Nro. 00061Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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la demandante, sin embargo, fue necesario presentar incidente de desacato sancionándose a la Directora de Prestaciones Sociales de la Fiduprevisora a título de negligencia por incumplir la ordenes de tutela del 23 de septiembre de 2023.

la demandante, sin embargo, fue necesario presentar incidente de desacato sancionándose a la Directora de Prestaciones Sociales de la Fiduprevisora a título de negligencia por incumplir la ordenes de tutela del 23 de septiembre de 2023.

Conforme a esa situación, relató que se expidió la R esolución 3703 del 5 de octubre de 2023, en donde la Secretaría de Educación del Tolima manifest ó que se abstendría de liquidar y ordenar el pago de la pensión de la ejecutante, a lo cual se le interpusieron los recursos correspondientes, para luego, expedirse la Resolución Nro. 4081 del 25 de octubre de 2023, por medio de la cual se adoptó el fallo contencioso de la pensión de jubilación, ordenándose a pagar las siguientes sumas de dinero:

Sin embargo, el apoderado de la parte demandante, asegura que la suma anterior cancelada el 28 de octubre de 2023, no constituye el pago total de la obligación, sino un abono, y por ello, explicó que la obligación actual corresponde a:

Concluyó planteando que, si bien se realizó un reconocimiento y pago, lo ciert o era que lo pagado, no cubría la obligación completa, debiéndose entonces, imputarse ese pago, primero a intereses, y luego, a capital, tendiendo entonces un saldo a favor por la suma de $188.162.793.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Es competente esta corporación para dictar la sentencia anticipada que corresponde dentro del proceso ejecutivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Es competente esta corporación para dictar la sentencia anticipada que corresponde dentro del proceso ejecutivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Conforme los planteamientos de la demanda y la contestación, en el auto que se acogió a sentencia anticipada se establecieron los siguientes cuestionamientos de orden jurídico:Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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2.1. Determinar si se efectuó un pago de lo adeudado que permita la configuración de la compensación de lo adeudado.

2.2. Determinar si la prescrip ción bajo los argumentos expuestos por la demandada constituye un verdadero medio exceptivo que enerva el título ejecutivo, y, si en este evento se consolidó la prescripción como extinción de la obligación.

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

Los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, definen el título ejecutivo y señalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de

expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (Se subrayó). (...)”.

En virtud a lo anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

Ahora bien, el artículo 297 del CPACA12 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en general, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los actos administrativos, siempre y cuando tengan constancia de ejecutoria y la autoridad administrativa que los expidió de fe de que se tratan del primer ejemplar expedido. En virtud a lo hasta aquí expuesto, encontramos, primero, que los títulos ejecutivos deben cumplir determinados requisitos formales y de fondo para su ejecución, y segundo, que éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del

cumplir determinados requisitos formales y de fondo para su ejecución, y segundo, que éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del siete (07) de diciembre de 2017, dentro del proceso con radicado 85001-23-33-000-201400201-01(52702), M.P. Danilo Rojas Betancourth, indicó:

“(…) con la revisión de los requisitos formales, se busca determinar si los documentos que integran el supuesto título ejecutivo conforman unidad jurídica, son auténticos, y emanan del deudor o de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, de modo que se pueda

12 “1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cua les se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.//2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.//3. Sin per juicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales

actuaciones.//4. Las copias auténticas de los actos administrativos c on constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar ”.Radicación: 73001-23-33-000-2021-00414-00

Acción: Ejecutivo Demandante: Nancy Stella Vargas Bonilla Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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colegir que tienen la capacidad de imponer la ejecución de un crédito en cabeza de quien los expide o de un tercero13.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito ejecutivo, para lo cual, aquél vínculo jurídico debe ser (i) exigible, en el sentido de que sea factible ejecutarlo por no encontrarse sujeto a plazo o condición, esto es, que se trate de una obligación pura y simple; (ii) expreso, es decir, que el crédito debe aparecer de forma manifiesta en el documento sin necesidad de acudir a suposiciones que hagan necesario aplicar razonamientos lógicos complejos, y (iii) claro, en el entendido de que la obligación sea fácilmente apreciable a partir del contenido literal del documento o documentos que la contienen o la demuestran14.”

aplicar razonamientos lógicos complejos, y (iii) claro, en el entendido de que la obligación sea fácilmente apreciable a partir del contenido literal del documento o documentos que la contienen o la demuestran14.”

De lo anterior, se observa que el título de recaudo debe contener todos los documentos que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las segundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución.

En cua nto a la diferencia entre títulos ejecutivos singulares y complejos, la misma Corporación, en auto del 31 de mayo de 2016, expediente 25000-23-26-000-2014-0060801, sostuvo que la determina el número de documentos necesarios para establecer la obligación. Sobre el particular, indicó: “ se está frente a los primeros cuando el título ejecutivo está compuesto por un solo documento que da cuenta de la obligación clara, expresa y exigible, mientras que los últimos están integrados por varios medios que, únicamente juntos, pueden llegar a certificar la existencia de ese crédito”.

4. CASO CONCRETO

4.1. Sobre el título ejecutivo.

Previo a entrar en el estudio de fondo de las excepciones propuestas, la Sala considera relevante efectuar varias precisiones que, si bien no son asuntos de los establecidos como excepciones de fondo en el artículo 442 del C.G.P., corresponden a unos

Previo a entrar en el estudio de fondo de las excepciones propuestas, la Sala considera relevante efectuar varias precisiones que, si bien no son asuntos de los establecidos como excepciones de fondo en el artículo 442 del C.G.P., corresponden a unos argumentos que reitera en todas sus intervenciones la ejecutada y que se eviden