TA TOL - Sentencia 73001-23-33-000-2020-00367-00 (27-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Radicación: 73001-23-33-000-2020-00367-00

Acción: EJECUTIVO

Demandante: FERNANDO YAIR ACOSTA GIRALDO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCAILES DEL

MAGISTERIO.

Apoderado: JORGE AUGUSTO LOZANO GACHA (Parte demandante).

CATALINA CELEMIN CARDOSO (parte demandada).

Asunto: SENTENCIA ANTICIPADA DE PRIMERA INSTANCIA.

SENTENCIA

Procede la Sala a dictar sentencia que en derecho corresponde, de manera anticipada, conforme lo dispuesto en el articulo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, modificado por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, al no haber pruebas por practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento dentro del proceso ejecutivo presentado por el señor Fernando Yair Acosta Giraldo en contra de Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial el señor Fernando Yair Acosta Giraldo , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA1.

A través de apoderado judicial el señor Fernando Yair Acosta Giraldo , interpuso la correspondiente acción ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la finalidad de que se pague la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, reconocida a través de la sentenc ia del 19 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual fue confirmada parcialmente por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, calendada el 14 de febrero de 2019 , en donde se condenó al pago de la sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo desde el 1 de noviembre de 2011 y hasta el 23 de julio de 2012 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento, radicado bajo el número 73001 -23-33001-2014-00061-00.

Específicamente, se solicitó que se librará mandamiento de pago a su favor y en contra del Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las siguientes sumas de dinero:

a) Por la suma de $21.506.898 equivalente a la liquidación de la sanción moratoria correspondiente al 1 de noviembre de 2011 y hasta el 23 de julio de 2012, es decir, 266 días, calculo anterior con base en la liquidación del salario base del año 2011,

correspondiente al 1 de noviembre de 2011 y hasta el 23 de julio de 2012, es decir, 266 días, calculo anterior con base en la liquidación del salario base del año 2011,

1 Expediente TEAMS; carpeta denominada “73001-23-33-000-2020-00367-00-LECO”; archivo “001DEMANDA EJECUTIVA”Radicación: 73001-23-33-000-2020-00367-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Fernando Yair Acosta Giraldo.

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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correspondiente a $2. 425.592, por lo que el valor diario determinado fue de $80.853.

b) Por la suma de $3.643.261 por concepto de intereses calculados hasta la fecha de presentación de la demanda, conforme con el artículo 192 del CPACA.

c) Por la suma de $6.600.740 por indexación de las sumas dinero reclamadas conforme al artículo 187 del CPACA.

d) Por la suma de $860.116 por concepto de las costas del proceso ordinario.

Lo anterior, teniendo en cuenta el incumplimiento de la sentencia proferida por e ste Tribunal Administrativo del Tolima y por el Consejo de Estado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho antes anunciado.

2. MANDAMIENTO DE PAGO2.

Mediante providencia del 16 de noviembre de 2021 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

2.1. Por el valor de la sanción por el no pago oportuno de las cesantías del actor,

Mediante providencia del 16 de noviembre de 2021 , el Despacho sustanciador libró mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

2.1. Por el valor de la sanción por el no pago oportuno de las cesantías del actor, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contado desde el 1 de noviembre de 2011 al 23 de julio de 2012.

2.2. Por el pago de intereses en los términos del artículo 192 del CPACA.

2.3. Por el valor de la indexación dispuesta en el artículo 187 del CPACA.

2.4. Por el valor de las costas procesales.

El mandamiento de pago fue notificado a la entidad demandada el 27 de enero de 20233. Así, el 1 de febrero de 2023 inició el término de traslado para pagar la obligación, el cual venció el 7 de febrero de 2023. El mismo 1 de febrero de 2023 también inició el término de traslado para proponer excepciones, el cual venció el 14 de febrero de 2023.

Dentro del término respectivo, la entidad ejecutada contestó la demanda, proponiendo varios medios exceptivos de los fijados en el numeral segundo del artículo 442 del C.G.P, tales como pago, compensación y prescripción.

3. OPOSICIÓN AL MANDAMIENTO DE PAGO4.

Frente a lo s hechos de la demanda, se efectuaron varias precisiones por parte de la ejecutada, entre las cuales, se afirmó que se dio estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 19 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Adm inistrativo de Tolima y

ejecutada, entre las cuales, se afirmó que se dio estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 19 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Adm inistrativo de Tolima y modificada por el Consejo de Estado mediante sentencia de fecha 14 de febrero del 2019, mediante oficios CAPSXM327 y INTSXM327 en virtud de la resolución del 27 de enero del 2012, dineros que fueron puestos a disposición el 27 el oc tubre del 2020 y 26 de diciembre del 2020 respectivamente, reconociendo lo correspondiente capital, indexación e intereses corrientes.

2 Expediente TEAMS; carpeta denominada “73001-23-33-000-2020-00367-00-LECO”; archivo “003Libra mandamiento de pago.” 3 Expediente TEAMS; carpeta denominada “73001-23-33-000-2020-00367-00-LECO”; archivos “012_NOTIFICACIÓN AUTO LIBRA MANDAMIENTO PAGO” y “013_CONSTANCIA SECRETARIAL DE NOTIFICACIÓN” 4 Expediente SAMAI: índice Nro. 00035.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00367-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Fernando Yair Acosta Giraldo.

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Luego, advirtió que los dineros reconocidos mediante oficios INTSXM327 en virtud de la resolución del 27 de enero del 2 012 no fueron cobrados por el ejecutante siendo reintegrados por la entidad bancaria. Estos pagos que son publicados en la Página Web

resolución del 27 de enero del 2 012 no fueron cobrados por el ejecutante siendo reintegrados por la entidad bancaria. Estos pagos que son publicados en la Página Web del FOMAG, ítem afiliaciones, recaudos y pagos, ítem pagos de cesantías, auxilios y seguros por muerte, página de acceso p úblico de los cuales el cuerpo docente y apoderados tienen conocimiento, además se encuentra publicado las instrucciones para la consulta en cada listado.

También se opuso al reconocimiento a intereses moratorios a la tasa del DTF conforme al artículo 192 del CPACA por cuanto es necesario tener en cuenta que existe un periodo muerto para la causación de intereses desde la fecha de ejecutoria contando 3 meses, hasta la fecha de radicación del derecho de petición, en este caso, asegura que se consolidó la c esación o suspensión de los intereses debido a que, la sentencia quedó ejecutoriada en marzo de 2019 y la petición fue radicada solo hasta el 26 de junio de 2019.

Así mismo, l a parte ejecutada alegó las excepciones de pago, compensación y prescripción de la obligación.

Respecto a la excepción de pago, señaló que la entidad condenada Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, dio cabal cumplimiento al fallo base de la presente ejecución en los términos allí establecidos, lo cual fue comunicado al actor mediante los oficios Nro. CAPSXM327 Y INTSXM327 en virtud de la Resolución Nro. 27 de enero de 2012.

Aseguró que el acto administrativo expedido por el ente territorial, dio cumplimiento al reconocimiento de la prestación, donde se observa claramente los montos y lapsos de

Nro. 27 de enero de 2012.

Aseguró que el acto administrativo expedido por el ente territorial, dio cumplimiento al reconocimiento de la prestación, donde se observa claramente los montos y lapsos de reconocimiento de estos valores y aunado a esto se realizó el correspondiente pago de lo liquidado, mediante la consignación bancaria a la cuanta del docente beneficiario.

Sobre la compensación, indicó que cualquier suma de dinero que resultará probada en el proceso a favor del demandante y que hubiera sido pagada por la demandada deberá tenerse por compensada.

De otra parte, sobre la prescripción de la obligación planteó que, esta figura debe se analizada a la luz del artículo 2536 del Código Civil, el cual determina la extinción de obligaciones contenidas en título ejecutivo por un lapso de 5 años.

4. TRÁMITE PROCESAL

De las excepciones propuestas, se corrió el traslado establecido en el numera 1 de l artículo 443 del C.G.P., y la parte ejecutante presentó escrito pronunciándose sobre los medios exceptivos5.

La secretaría procedió a ingresar el expediente al despacho para fijar la audiencia del artículo 443 C.G.P, sin embargo , a través de providenc ia del 24 de julio de 2023 6, el Despacho acogió la figura de sentencia anticipada en el presente proceso, ante el cumplimiento de los presupuestos determinados en el artículo 182 A del CPACA, al concluir que no había pruebas que practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento.

De igual manera, en esa misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar, en

concluir que no había pruebas que practicar y que las allegadas por las partes no fueron objeto de tacha o desconocimiento.

De igual manera, en esa misma providencia, se ordenó correr traslado para alegar, en caso, de no ser recurrida esa decisión, por lo que, dentro de los 10 días siguientes a la

5 Expediente SAMAI; índice Nro. 00045. 6 Expediente SAMAI: índice Nro. 00054Radicación: 73001-23-33-000-2020-00367-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Fernando Yair Acosta Giraldo.

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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ejecutoria de esa providencia, las siguientes partes presentaron sus alegaciones finales, así:

4.1. Parte ejecutante7.

Frente a la excepción de pago, señaló que efectivamente la demandada efectuó un abono el día 3 de noviembre de 2022 por la suma de $28.127.832, sin e mbargo, aseguró que ello constituye un pago parcial, pues la demanda se presentó el 26 de octubre de 2020, sumado a que, el pago no corresponde al valor total de la liquidación de la condena.

Precisó que, el pago efectuado no devino como consecuencia del reconocimiento alguno a través de acto administrativo, por lo que no fue notificado de ninguna manera, simplemente el ejecutante manifestó que el sindicato de maestro informó que el Ministerio de Educación estaba efectuando pagos de fallos judiciales, y como consecuencia de ello, los docentes que tenían pendientes cuentas con esa entidad, salieron a verificar en el

simplemente el ejecutante manifestó que el sindicato de maestro informó que el Ministerio de Educación estaba efectuando pagos de fallos judiciales, y como consecuencia de ello, los docentes que tenían pendientes cuentas con esa entidad, salieron a verificar en el Banco BBVA, pero ese pago no fue consignado a la cuenta personal del docente.

Sobre la compensación, señaló que no esta llamada a prosperar, en virtud, a la definición que trae el Código Civil Colombiano de dicha figura como modo de extinguir obligaciones, en razón a que no se dan los requisitos para la misma, advirtiendo que el demandante no es deudor del ejecutado , sumado a que, la entidad ej ecutada no allegó prueba para que dicha figura tuviera el efecto de extinción de la obligación.

Finalmente, respecto a la prescripción indicó que, la norma aplicable en este caso es el artículo 164 del CPACA, el cual establece que cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar la ejecución será de 5 años contados a p artir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

De acuerdo a ello, advirtió que el titulo aquí reclamado había quedo ejecutoriado el 5 de junio de 2019, según constancia secretarial y la demanda ejecutiva se presentó el día 26 de octubre de 2020, siendo claro que no transcurrieron el termino de caducidad que ordena el artículo 164 del CPACA.

5. INFORME DE PAGO.

Encontrándose el proceso al despacho para emitir decisión de fondo, el ejecutante a

ordena el artículo 164 del CPACA.

5. INFORME DE PAGO.

Encontrándose el proceso al despacho para emitir decisión de fondo, el ejecutante a través de memorial del 22 de agosto de 2023 8, informó que el 10 de julio de 2023 la entidad Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, efectuó un segundo abono a la obligación aquí reclamada por la suma de $5.867.521 lo cual fue retirado en forma efectiva el 10 de julio de 2023, soportando lo dicho con el recibo del banco BBVA de la misma fecha.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Es competente esta corporación para dictar la sentencia anticipada que corresponde dentro del proceso ejecut ivo promovido en este asunto, tal como lo establecen los artículos 125, 156 y 182 A del CPACA.

7 Expediente SAMAI: índice Nro. 00060 8 Expediente SAMAI: índice Nro. 00063Radicación: 73001-23-33-000-2020-00367-00

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Demandante: Fernando Yair Acosta Giraldo.

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2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Conforme los planteamientos de la demanda y la contestación, en el auto que se acogió a sentencia anticipada se establecieron los siguien tes cuestionamientos de orden jurídico:

2.1. ¿En el presente proceso se han consolidado intereses moratorios de los que prevé

a sentencia anticipada se establecieron los siguien tes cuestionamientos de orden jurídico:

2.1. ¿En el presente proceso se han consolidado intereses moratorios de los que prevé el artículo 192 del CPACA, tanto los de la tasa equivalente al DTF que prevé el artículo 195 del CPACA para los primeros 10 meses de mora, como los intereses moratorios a la tasa comercial, a partir del vencimiento de dicho periodo? Para tal efecto, será necesario precisar ¿Desde qué fecha deben liquidarse los intereses moratorios? ¿Desde el 05 de junio de 2019, es decir, desde la ejec utoria del auto que ordenó obedecer y cumplir la decisión, o, como lo indica la ejecutada, desde el 15 de marzo de 2023, fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia? En este mismo escenario deberá precisarse si ¿La causación de intereses se suspendió? Y, en caso afirmativo ¿En qué fecha y hasta cuándo? ¿Qué efectos tiene en los intereses la interposición de la solicitud de cumplimiento elevada el 26 de junio de 2019, la cual está acreditada y aceptada por la ejecutada?

2.2. ¿El abono efectuado el 0 3 de noviembre de 2020, por valor de $28.127.832 constituye un pago total de la obligación? Para tal efecto, deberá precisarse ¿Cuál era el monto total del capital más intereses para el 03 de noviembre de 2020? Lo cual, a su vez, implica determinar ¿Cuál e s el valor del capital consistente en 266 días de mora, para el periodo comprendido desde el 01 de noviembre de 2011 hasta el 23 de julio de 2012, según lo ordenado en la sentencia de cierre? ¿Cuál es el

días de mora, para el periodo comprendido desde el 01 de noviembre de 2011 hasta el 23 de julio de 2012, según lo ordenado en la sentencia de cierre? ¿Cuál es el valor de dicho capital indexado o actualizado a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia? ¿Cuál es el valor del capital indexado más los intereses moratorios (DTF y comerciales) para el 03 de noviembre de 2020?

2.3. ¿Existen pagos o valores a favor de la ejecutada, sumados al abono del 03 de noviembre de 2020, que puedan compensar los valores objeto de recaudo?

2.4. ¿Ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de cinco (5) años que prevé el literal k, numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en armonía con el artículo 2536 del Código Civil Colombiano? En ese orden de ideas, será necesario determinar ¿Cuál es la fecha de exigibilidad del título ejecutivo, es decir, luego de los 10 meses que prevé el artículo 192 del CPACA?

2.5. Finalmente ¿Están acreditadas las costas procesales? y, en todo caso, si guiendo las reglas del artículo 188 del CPACA, ¿Es viable la condena en costas en el presente asunto?

3. GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS.

Los artículos 422 del Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, definen el título ejecutivo y s eñalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos . Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones

el título ejecutivo y s eñalan las providencias que tienen tal característica, respectivamente.

El artículo 422 del Código General del Proceso, reza:

“Art. 422. Títulos Ejecutivos . Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalenRadicación: 73001-23-33-000-2020-00367-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Fernando Yair Acosta Giraldo.

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (Se subrayó). (...)”.

En virtud a lo anterior, se pueden demandar ejecutivamente las obligaciones que reúnan las siguientes condiciones:

1. Obligaciones expresas, claras y exigibles.

2. Que emanen del deudor o de su causante, o que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

3. Que constituyan plena prueba contra él.

Ahora bien, el artículo 297 del CPACA9 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en gener al,

Ahora bien, el artículo 297 del CPACA9 establece que puede constituir un título ejecutivo en materia de lo contencioso administrativo, a saber (i) cierto tipo de providencias judiciales que cumplan con determinados requisitos; (ii) el contrato estatal y en gener al, cualquier otro acto que sea proferido con ocasión de la actividad contractual, y (iii) los actos administrativos, siempre y cuando tengan constancia de ejecutoria y la autoridad administrativa que los expidió de fe de que se tratan del primer ejemplar expedido.

En virtud a lo hasta aquí expuesto, encontramos, primero, que los títulos ejecutivos deben cumplir determinados requisitos formales y de fondo para su ejecución, y segundo, que éstos pueden ser singulares o complejos.

Respecto a los requisitos formales y de fondo, el Consejo de Estado, en providencia del siete (07) de diciembre de 2017, dentro del proceso con radicado 85001-23-33-000-201400201-01(52702), M.P. Danilo Rojas Betancourth, indicó:

“(…) con la revisión de los requisitos formales, se busca determinar si los documentos que integran el supuesto título ejecutivo conforman unidad jurídica, son auténticos, y emanan del deudor o de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, de modo que se pueda colegir que tienen la capacidad de imponer la ejecución de un crédito en cabeza de quien los expide o de un tercero10.

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito

Ahora, respecto a la verificación de las condiciones de fondo, la misma Corporación ha sostenido que se propende por determinar si el cumplimiento de la obligación que contiene el título puede ser conminado sin óbice alguno o, en otras palabras, si presta mérito ejecutivo, para lo cual, aquél vínculo jurídico debe ser (i) exigible, en el sentido de que sea factible ejecutarlo por no encontrarse sujeto a plazo o condición, esto es, que se trate de una obligación pura y simple; (ii) expreso, es decir, que el crédito debe aparecer de forma manifiesta en el documento sin necesidad de acudir a suposiciones que hagan necesario aplicar razonamientos lógicos complejos, y (iii) claro, en el entendido de que la obligación sea fácilmente apreciable a partir del contenido literal del documento o documentos que la contienen o la demuestran11.”

De lo anterior, se observa que el título de recaudo debe contener todos los documentos

9 “1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cua les se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.//2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.//3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que correspo nde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a tra vés del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual,

prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a tra vés del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.//4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ej ecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que e xpida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, exp. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2004, exp. 23989, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00367-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Fernando Yair Acosta Giraldo.

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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que lo integran, pero, además, unos requisitos, condiciones o exigencias tanto de forma como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las segundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la

como de fondo, siendo las primeras la autenticidad de los documentos, que emanen del deudor o que provengan de una providencia judicial o de un acto administrativo en firme. En cuanto a las segundas, es decir, las de fondo o sustanciales, se refieren a la acreditación de una obligación insatisfecha que está a cargo del ejecutado y debe ser clara, expresa y exigible al momento de la ejecución.

En cuanto a la diferencia entre t ítulos ejecutivos singulares y complejos, la misma Corporación, en auto del 31 de mayo de 2016, expediente 25000-23-26-000-2014-0060801, sostuvo que la determina el número de documentos necesarios para establecer la obligación. Sobre el particular, indicó : “ se está frente a los primeros cuando el título ejecutivo está compuesto por un solo documento que da cuenta de la obligación clara, expresa y exigible, mientras que los últimos están integrados por varios medios que, únicamente juntos, pueden llegar a certificar la existencia de ese crédito”.

4. CASO CONCRETO

4.1. Sobre el título ejecutivo.

Previo a entrar en el estudio de fondo de las excepciones propuestas, la Sala considera relevante efectuar varias precisiones que, si bien no son asuntos de los establecid os como excepciones de fondo en el artículo 442 del C.G.P., corresponden a unos argumentos que reitera en todas sus intervenciones la ejecutada y que se evidencia son la base para el incumplimiento que se avizora de la sentencia ejecutada , tal como inexistencia de la obligación al no ser clara, expresa y exigible. Por lo tanto, se pasará a analizarlos con fines a conseguir la efectiva ejecución del título ejecutivo.

En ejercicio del presente medio de control el ejecutante Fernando Yair Acosta Giral do,

inexistencia de la obligación al no ser clara, expresa y exigible. Por lo tanto, se pasará a analizarlos con fines a conseguir la efectiva ejecución del título ejecutivo.

En ejercicio del presente medio de control el ejecutante Fernando Yair Acosta Giral do, pretende que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le pague el valor de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y hasta el 23 de julio de 2012.

Dichas pretensiones las fundamenta n en la condena impuesta por esta Corporación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Fernando Yair Acosta Giraldo en contra Nación – Ministerio de Educ ación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con radicado Nro. 73001-23-33-0012014-00061-00, en sentencia de primera instancia calendada el 19 de agosto de 201412, siendo confirmada parcialmente por el Consejo de Estado, Sala de lo Conten cioso Administrativo, Sección Segunda, en sentencia de 14 de febrero de 2019 13 en las que, tras declarar la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó lo siguiente:

Sentencia de primera instancia del 19 de agosto de 2014:

“(…)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. 2012EE15296 del 8 de noviembre de 2012, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías del accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2012, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías del accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

12 Expediente TEAMS; carpeta denominada “73001-23-33-000-2020-00367-00-LECO”; archivo “001DEMANDA EJECUTIVA” a folio 7 al 23. 13 Ibidem folios 24 al 46.Radicación: 73001-23-33-000-2020-00367-00

Acción: Ejecutivo

Demandante: Fernando Yair Acosta Giraldo.

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Sentencia de Primera instancia Pág. 8

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE al MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, en lo que corresponda a cada uno según sus competencias a reconocer al señor FERNANDO YAIR ACOSTA GIRALDO, identificado con la cédula Nro. 79.672.453, la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, consistente en un día de salario por cada día de retardo desde el 1 de cociembre de 2011 y hasta el 23 de julio de 2012, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

TERCERO: Las entidades demandadas darán cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

CUARTO: Condenar en costas a las demandadas, según lo señalado en precedencia; para

TERCERO: Las entidades demandadas darán cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

CUARTO: Condenar en costas a las demandadas, según lo señalado en precedencia; para tales efectos se fija como agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente. Liquídense por secretaría.

QUINTO: Para el cumplimiento de e sta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso, y con observancia de lo preceptuado en el artículo 137 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

SEXTO: LÍQUESE por Secretaría los gastos ordinarios del proceso y si hubiese un remanente. DEVÚELVASE a la parte actora. (…)”

Sentencia de segunda instancia del 14 de febrero de 2019:

“(…)Precisado lo anterior, se analizará la situación del dem