TA TOL - Sentencia 73001-23-33-003-2022-00093-01 (24-04-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025) RADICACION: 73001-23-33-003-2022-00093-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ANA ENERIED CARMONA DE OSORIO

DEMANDADO: NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTRO

TEMA: RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE JUBILACIÓN

DOCENTE

OBJETO DE LA PROVIDENCIA Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra el fallo proferido el día 19 de diciembre de 2023, mediante el cual el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, accedió las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora ANA ENERIED CARMONA DE OSORIO actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presenta demanda contra la NACION –

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO DE PRES TACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, pretendiendo

se realicen las siguientes declaraciones:

“DECLARACIONES

1°. Declarase la nulidad del acto administrativo resolución número 1198 del 10 de marzo de 2022, notificado el 10 de marzo de 2022 que nace a la vida jurídica al dar contestación al derecho de petición que se presentó

1°. Declarase la nulidad del acto administrativo resolución número 1198 del 10 de marzo de 2022, notificado el 10 de marzo de 2022 que nace a la vida jurídica al dar contestación al derecho de petición que se presentó con radicado NURF II N°. 2019 -PENS-789330 del 20 de agosto de 2019, mediante el cual niegan el derecho de pensión del poderdante a los 55 años y 1000 semanas de servicio ley 91 de 1989.

2°. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, ordénese el reconocimiento de la pensión del poderdante bajo los términos solicitados, de sde el (12) de enero de 2015 cuando ADQUIRIÓ EL ESTATUS DE PENSIONADO. Con el salario y todos los factores saláriales, devengados durante el año de servicios que obtuvo el status de pensionado. Incluyendo la totalidad de tiempo laborado en diferentes modalidades.

3. Se declare que el poderdante tiene la compactibilidad entre salario y pensión, de acuerdo al régimen excepcional del magisterio.

CONDENAS: Expediente: 73001-33-33-003-2022-00093-01

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Ana Eneried Carmona de Osorio Demandado: Nación – Ministerio De Educación – Fondo De Prestaciones Sociales Del Magisterio

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1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a LA

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL TOLIMA Y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, que pague a la señora docente ANA

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL TOLIMA Y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, que pague a la señora docente ANA ENERIED CAR MONA DE OSORIO el valor de todas las mesadas pensiónales desde el momento que obtuvo el status de pensionada esto es desde el (12) de enero de 2015. Con el respectivo aumento año por año de acuerdo al ipc. Y hacia el futuro.

2. La liquidación de la mesada pensional del poderdante se debe ordenar en un (75%) de los salarios y factores salariales del último año al status de pensionado.

3. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda legal colombiana, y se aju starán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor.

4. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a lo establecido en los artículos 18%, 169, 192 y 195 código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011).

4. (sic) Se condene en costas en caso de que se opongan a la demanda negando lo solicitado.”

Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes:

HECHOS

“1°. El 20 de agosto de 2019 mediante derecho de petición con radicado NURF II N°. 2019 -PENS-789330 la poderdante solicita ante los demandados el reconocimiento y pago de la pensiona de la poderdante por tener derecho a pensionase con 55 años y 20 de servicio.

2°. Los demandados dan contestación al derecho de petición presentado

demandados el reconocimiento y pago de la pensiona de la poderdante por tener derecho a pensionase con 55 años y 20 de servicio.

2°. Los demandados dan contestación al derecho de petición presentado el 20 de agosto de 2019 mediante derecho de petición con radicado NURF II N°. 2019 -PENS-789330. Naciendo a la vida jurídica el acto administrativo resolución número 1198 del 10 de m arzo de 2022, notificado el 10 de marzo de 2022.

3°. La poderdante nace el 06 de mayo de 1958 e inicia a laborar y a cotizar así:

• Desde el 01 -02-1983 hasta el 29 -02-1995. Para un total de 108,86 semanas reportadas por Colpensiones.

• Mediante el Decreto 0035 del 24 de febrero 1995 en el cual la poderdante remplazo a un compañero en una comisión. Laborando un (1) año dos (2) meses trece (13) días como se prueba certificado de tiempo de servicio.

• Mediante el Decreto 051 del 01 de junio 1996 la po derdante es nombrada en propiedad al servicio del Departamento del Tolima.

Laborando a la fecha de presentación d esta demanda veinticinco (25) años. Siete (7) meses. Seis (06) días como se prueba certificado de tiempo de servicio.

Como está probado con los documentos que se anexan a esta demanda, lo cual me permite desde ya afirmar que para el (12) de enero de 2015 cumple con los dos (2) requisitos para pensionarse a los (55) años y (1000) semanas cotizadas. Amén de lo anterior a la fecha tiene (63) años y más de (26) años cotizados.

cumple con los dos (2) requisitos para pensionarse a los (55) años y (1000) semanas cotizadas. Amén de lo anterior a la fecha tiene (63) años y más de (26) años cotizados.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDAExpediente: 73001-33-33-003-2022-00093-01

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Ana Eneried Carmona de Osorio Demandado: Nación – Ministerio De Educación – Fondo De Prestaciones Sociales Del Magisterio

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LA NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Durante el término concedido y actuando a través de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, manifestando que los actos que negaron el reconocimiento pensional deprecado, fue atendiendo que la accionante no acreditó los requisitos para el reconocimiento de tal prestación, el cual es el tiempo de servicio, con pleno apego de los dispuesto en las normas que regulan todo lo relacionado con el régimen prestacional para los docentes.

Por lo anterior, descarta en principio la inclusión de otr os conceptos prestacionales, así como la distinción entre los elementos salariales implica que la sumatoria de los primeros corresponde al salario, y que los segundos concretan por disposición expresa del legislador los elementos salariales que deben tenerse en cuenta para calcular una determinada prestación social de conformidad con cada régimen prestacional aplicable y los descuentos de ley efectuados.

Sostiene que la Ley 812 del 26 de junio de 2003, en su articulo 81 determina

deben tenerse en cuenta para calcular una determinada prestación social de conformidad con cada régimen prestacional aplicable y los descuentos de ley efectuados.

Sostiene que la Ley 812 del 26 de junio de 2003, en su articulo 81 determina que solo los docentes que se vinculen a partir de su entrada en vigencia tendrá los derechos del régimen pensional de prima media establecido por las Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, afirmando que es la norma aplicable a la demandante.

Aunado a ello, propuso como excepción de fondo “régimen pensional de los docentes vinculados al servicio publico educativo oficial”, y cita diversa jurisprudencia del Consejo de Estado, en el que se sostiene que los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación pensional que gozan del régimen contenido en la Ley 33 de 1985, son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.

De acuerdo a los argumentos esgrimidos, solicita que se nieguen las pretensiones de la deman da, reiterando que a la accionante no le asiste derecho al reconocimiento pensional deprecado.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Actuando mediante apoderado judicial el ente territorial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, arguyendo que carecen de sustento factico y jurídico, puesto que su única función fue proferir el acto administrativo de conformidad con las directrices establecidas por LA

NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Propuso como excepción inexistencia de responsabilidad del Departamento

administrativo de conformidad con las directrices establecidas por LA

NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Propuso como excepción inexistencia de responsabilidad del Departamento del Tolima frente a la reclamación impetrad a, aludiendo que dicho ente territorial no tiene competencia ni le asiste algún tipo de responsabilidad respecto al reconocimiento y pago de la pensión depre cada por la demandante, al haber expedido el acto administrativo en virtud a la delegación expresa de la Ley, y a nombre del FOMAG, acto que fue proferido dentro del término establecido en la norma.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIAExpediente: 73001-33-33-003-2022-00093-01

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En sentencia proferida 19 de diciembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo la siguiente tesis:

“La demandante tiene derecho a que el FOMAG le reconozca y pague una pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que prestó el servicio docente oficial con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y acreditó que cumplió la edad de 55 años y ha laborado más de 20 años de servicios exigidos en la norma.

Frente al IBL pensional, se tendrán en cuenta los factores enlistados

la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y acreditó que cumplió la edad de 55 años y ha laborado más de 20 años de servicios exigidos en la norma.

Frente al IBL pensional, se tendrán en cuenta los factores enlistados taxativamente en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985, y respecto de los cuales se hayan efectuado aportes en el último año anterior al estatus.”

El A Quo fundamentó su tesis con los siguientes argumentos:

“(…) En el presente caso, está demostrado que la fecha de vinculación inicial de la demandante al servicio de la educación pública oficial data del 18 de marzo de 1995, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, siendo esta la fecha que debe tomarse en cuenta para efectos de determinar el régimen pensional aplicable y que, conforme al recuento legal y jurisprudencial atrás relacionado, corresponde al de la Ley 33 de 1985.

Con los certificados de historia laboral aportados y debidamente incorporados al expediente, se sabe que para la fecha en la que la demandante solicitó primigeniamente el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (20 de enero de 2016), contaba con más de 20 años en los servicios educativos oficiales (1 año, 2 meses y 13 días entre el 18 de marzo de 1995 y el 30 de mayo de 1996; y 19 años, 6 meses y 11 días entre el 1 de junio de 1996 y el 21 de diciembre de 2015); así, pese a que fue sustanciado el borrador de la resolución que reconocía la prestación solicitada, el mismo fue devuelto por no constar el acto administrativo y

entre el 1 de junio de 1996 y el 21 de diciembre de 2015); así, pese a que fue sustanciado el borrador de la resolución que reconocía la prestación solicitada, el mismo fue devuelto por no constar el acto administrativo y el acta de posesión que diera cuenta de la vinculación del 18 de marzo de 1995, requiriéndose a la accionante para que los allegara, a efectos de continuar el trámite de su solicitud.

(…)

Así las cosas, como está acreditado que la demandante nació el 08 de mayo de 1958, los 55 años los cumplió el 08 de mayo de 2013 y como también hay prueba de que tiene más de 20 años de servicio, que los cumplió el 18 de marzo de 2015 , según lo vi sto, esta es la fecha de su estatus pensional, siendo merecedora de una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, equivalente al 75% del salario promedio, a partir de entonces.

Para la liquidación de esta pensión ordinaria de jubilación , el FOMAG deberá tener en cuenta la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, radicación No. 680012333000201500569 -01 (Exp. 0935 -2017), esto es, calcular el ingreso base de liquidación en el 75% de los factores enlistados taxativamente en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985, y respecto de los cuales la misma haya devengado y efectuado aportes en el último año anterior al estatus (18 de marzo de 2014 a 17 de marzo de 2015).

(…)

Así las cosas, es del caso concluir sin duda alguna, que la actora tiene

el último año anterior al estatus (18 de marzo de 2014 a 17 de marzo de 2015).

(…)

Así las cosas, es del caso concluir sin duda alguna, que la actora tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación que reclama, elloExpediente: 73001-33-33-003-2022-00093-01

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por encontrarse probado el cumplimiento de los 55 años de edad y que laboró durante más de 20 años al servicio docente.

En vista de lo anterior, se declarará la nulidad del acto administrativo acusado, esto es, la Resolución No. 1198 del 10 de marzo de 2022, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, y en consecuencia se or denará a la entidad demandada Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que reconozca a favor de la señora Ana Eneried Carmona de Osorio, una pensión de jubilación a partir del 18 de marzo de 2015, fecha en la que concurrieron dos requisitos para adquirir la pensión y en cuantía equivalente al 75% promedio mensual obtenido en el último año anterior a la fecha en que adquirió el status pensional, liquidada con los factores enlistados taxativamente en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985, y respecto de los cuales la misma haya devengado y efectuado aportes en el último año anterior al

pensional, liquidada con los factores enlistados taxativamente en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985, y respecto de los cuales la misma haya devengado y efectuado aportes en el último año anterior al estatus (18 de marzo de 2014 a 17 de marzo de 2015), efectiva a partir del 18 de marzo de 2015, sin exigi r retiro del servicio, la cual es compatible con el salario devengado en caso que la actora todavía se encuentre laborando.

La orden será emitida en contra del FOMAG solamente, en atención a que como en efecto lo alega el Departamento del Tolima, no es e l legitimado para el reconocimiento de la pensión y su rol en la expedición de los actos administrativos que resuelven reclamaciones prestacionales de los afiliados del FOMAG, lo es a nombre de dicho fondo, no de la entidad territorial propiamente dicha.

(…)

CONDENA EN COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., salvo en los procesos donde se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, hoy C.G.P.

Tal condena se dispondrá ateniendo el criterio objetivo valorativo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia calendada el 26 de julio de 201817 verificando en consecuencia que la parte actora se limitó a incoar la demand a, absteniéndose de presentar alegatos de conclusión, razón por la cual su actividad fue más bien escasa, lo que lleva a que las agencias en derecho sean fijadas en la suma de UN MILLÓN DE PESOS

incoar la demand a, absteniéndose de presentar alegatos de conclusión, razón por la cual su actividad fue más bien escasa, lo que lleva a que las agencias en derecho sean fijadas en la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y se ordenará que por Secretaría se realice la correspondiente liquidación de los gastos procesales en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. (…)

R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido la Resolución No. 1198 del 10 de marzo de 2022, mediante el cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a la demandante.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar a favor de la señora ANA ENERIED CARMONA DE OSORIO, la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, pensión que será equivalente al 75% del salario promedio, incluyendo únicamente los factores salariales sobre los cuales hubiese efectuado aportes de conformidad con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 durante el último añoExpediente: 73001-33-33-003-2022-00093-01

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de servicios (18 de marzo de 2014 a 17 de marzo de 2015), sin estar condicionada al retiro del servicio, a partir del 18 de marzo de 2015.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO al pago de la pensión de jubilación a partir del 19 de junio de 2016, día siguiente a la adquisición de su estatus pensional, siendo compatible con el sueldo percibido actualmente, por su calidad de docente.

CUARTO: DECRETAR la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 19 de junio de 2016, de conformidad con las consideraciones contenidas en el presente fallo.

QUINTO: CONDENAR en costas a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., se fija la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) por concepto de agencias en derecho a favor de la demandante, y se ordena que por Secretaría se realice la correspondient e liquidación en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.  (…)”

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de la Juez de Primera Instancia, el apoderado judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de la Juez de Primera Instancia, el apoderado judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO presentó escrito de apelación, argumentando que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, estable ció que aquellos docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la norma en mención, es decir a partir del 27 de junio de 2003, gozarían de lo establecido en el Sistema General de Pensiones, mientras que los vinculados con antelación a dicha nor matividad, el régimen aplicable es el consagrado en la Ley 91 de 1989, norma que a su vez permitió la aplicación de las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, puesto que fueron excluidos de la aplicación del Sist ema General De Pensiones.

Indica que, una vez realizado el estudio del material probatorio aportado, evidencia que la docente se vinculó como docente al servicio del FOMAG el 11 de noviembre de 2005, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993, Ley 812 y 797 de 2003, por lo cual su status debe cumplirse una vez acredite 1.300 semanas cotizadas y 57 años de edad.

Así mismo, indica que según certificado de historia laboral expedido por el FOMAG el tiempo que la docente estuvo vinculada por orden de prestación de servicios, no realizo aportes a la seguridad social de pensión, por lo cual,

Así mismo, indica que según certificado de historia laboral expedido por el FOMAG el tiempo que la docente estuvo vinculada por orden de prestación de servicios, no realizo aportes a la seguridad social de pensión, por lo cual, no es viable reclamar un derecho al cual no es beneficiario y más aún cuando fue vinculada en propiedad en el año 2005, esto es en vigencia de la Ley 812 de 2003.

De igual manera, depreca el actor la aplicación de la Ley 71 de 1988 habida consideración de las cotizaciones efectuadas ante Colpensiones, y el tiempo laborado como docente, al respecto, se debe indicar que para elaborar su estudio es necesario que el destinatario se encuentre cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, caso que no es aplicable en el sub judice.

Ante lo esgrimido, afirma que la docente ANA ENERIED CARDONA DE OSORIO, no es beneficiaria del régime n de transición del artículo 36 de laExpediente: 73001-33-33-003-2022-00093-01

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Ley 100 de 1993, al no haber acreditado edad o tiempo de servicios, en este sentido, no puede ser beneficiaria de las disposiciones contenidas en la Ley 71 de 1988.

De otra parte, se pronuncia sobre la condena en costas, aludiendo que no se evidencian maniobras fraudulentas, dilatorias o de mala fe, por parte de la

71 de 1988.

De otra parte, se pronuncia sobre la condena en costas, aludiendo que no se evidencian maniobras fraudulentas, dilatorias o de mala fe, por parte de la entidad recurrente, por lo que no habría lugar a la condena en costas.

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo Del Circuito De Ibagué, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, o en su defecto no se condene en costas.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante Auto del 11 de marzo de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en contra del fallo proferido el día 19 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante e l cual accedió a las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL - COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima de conocer en segunda instancia el presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 153 del

C.P.A.C.A.

ESTUDIO SUSTANCIAL

El marco de competencia de esta segunda instancia es total, en tanto la parte demandada presentó recurso de apelación solicitando la revocatoria en todas sus partes de la sentencia de primera instancia, razón por la cual, corresponde a esta Corporación, abordar el análisis de los mismos.

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Corresponde a esta Corporación entrar a determinar, en primer lugar, si a la señora ANA ENERIED CARMONA DE OSORIO , le asiste derecho a que se le

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Corresponde a esta Corporación entrar a determinar, en primer lugar, si a la señora ANA ENERIED CARMONA DE OSORIO , le asiste derecho a que se le reconozca, liquide y pague la pensión de jubilación conforme a los lineamientos fijados en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y 91 de 1989, tal y como lo consideró el A Quo, o si, por el contrario, no le asiste el derecho deprecado, al presuntamente no acreditar los requisitos para acceder a dicha prestación, como lo alega la parte recurrente.

Dado el caso de estar ajustada a derecho la sentencia de primera instancia, surge un segundo problema jurídico, el cual consiste en determinar si hay lugar a revocar la condena en costas como lo alega la parte recurrente, o si por el contrario se debe confirmar la condena impuesta.

ESTUDIO SUSTANCIAL

Ahora bien, de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado en su jurisprudencia, al referirse al régimen especial de los docentes, es claro que la especialidad de este régimen, comprende entre otros aspectos, el ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de estos servidores (artículo 3º de l Decreto 2277 de 1979) pero no regula lo relativo al régimen pensional, porExpediente: 73001-33-33-003-2022-00093-01

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lo que resulta obligatoria, para ese propósito, la remisión a las normas que disponen esta prestación para los empleados públicos del orden nacional.

Para lo cual, se advierte qu e este régimen pensional, depende del tiempo y de la entidad en la que se prestó el servicio, dilucidándose variaciones en su alcance y características, tal como se observará a continuación:

Ley 6ª de 1945

En materia pensional estableció dicha prestación para los servidores públicos nacionales, extendiéndose posteriormente, en aplicación de otros mandatos, a los servidores públicos del orden territorial. Esta ley dejó de aplicarse para los empleados nacionales con la expedición del Decreto Ley 3135 de 1968 que reguló la materia para ese grupo, mientras que los empleados territoriales dejaron de estar sometidos a esta ley con la expedición de la Ley 33 de 1985. En el interregno, el legislador promulgó algunos regímenes especiales en materia pensional y también dictó algunas normas relevantes sobre el mismo asunto, aplicables para determinadas actividades.

Decreto Ley 3135 de 1968

Señaló, para el ámbito nacional que el empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendría derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pagara una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el

años si es varón, o 50 si es mujer, tendría derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pagara una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, con excepción de aquellas personas que se desempeñen en actividades expresamente determinadas por ley.

Igualmente estableció, que a los empleados que a la fecha del Decreto, hubiesen cumplido dieciocho años continuos o discontinuos de servicios, en cuanto a la edad de jubilación, se les seguiría aplicando las disposiciones anteriores.

Respecto a quienes se hallaren retirados del servicio, con veinte (20) años de labor continua o discontinua, tendrían derecho cuando cumplieran los 50 años de edad, a una pensión de jubilación que se reconocería y pagaría de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.

Decreto No. 1848 de 1969 , reglamentario del Decreto Ley 3135 de 1968, estableció que la cuantía de la pensión, sería el equivalente al setenta y cinco (75%) por ciento del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados durante el último año de servicios.

Decreto Ley 1045 de 1978, en su artículo 45 , modificó el anterior decreto al señalar expresamente los factores salariales que se tendrían en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación, así:

a. La asignación básica mensual, b. Los gastos de representación y la prima técnica. c. Los dominicales y feriados, d. Las horas extras, e. Los auxilios de alimentación y transporte, f. La prima de navidad g. La bonificación por servicios prestados,

b. Los gastos de representación y la prima técnica. c. Los dominicales y feriados, d. Las horas extras, e. Los auxilios de alimentación y transporte, f. La prima de navidad g. La bonificación por servicios prestados, h. La prima de servicios,Expediente: 73001-33-33-003-2022-00093-01

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1. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochent a días en el último año de servicio,

j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al Decreto Ley 710 de 1978, k. La prima de vacaciones, l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, m. Las primas y bonificaciones que hubieren sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.

De esa manera, la pensión de jubilación consagrada en el Dec reto Ley 3135 de 1968 se continuó reconociendo, pero ya no sobre los salarios y primas de toda especie como lo indicaba el Decreto 1848 de 1969, sino sobre los factores señalados explícitamente en el