TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2022-00293-01 (24-04-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO Demandante: GLORIA ESPERANZA CONDE IPUS Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; DEPARTAMENTO DEL TOLIMAFIDUPREVISORA Tema: Mora en el pago de las cesantías.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contra la sentencia proferida el día 29 de septiembre de 2023 , mediante la cual, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora GLORIA ESPERANZA CONDE IPUS, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE L TOLIMA, con el fin que se le reconocieran las siguientes:

“DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Decretar la nulidad de los actos administrativos fictos o presuntos de

DEPARTAMENTO DE L TOLIMA, con el fin que se le reconocieran las siguientes:

“DECLARACIONES Y CONDENAS

1. Decretar la nulidad de los actos administrativos fictos o presuntos de que trata el artículo 83 del CPACA producto de las peticiones presentadas el 26 de mayo de 2022, emitidos por la Nación - El Ministerio de Educación Nacional representado legalmente por Camilo Andrés Leguizamon Campos - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, por medio de las cuales se niega el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria de que trata el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006'.(cuando la mora se genere con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, será reconocida por la entidad territorial y/o por la Nación - Ministerio De Educación Nacional, dependiendo a quien se atribuya la responsabilidad), debido a que vulnera la normatividad en que debió fundarse.

2. Decretar la nulidad del acto administrativo concreto Oficio TOL2022EE017358 del 20 de junio de 2022, notificado el mismo día. emitido por El Departamento Del Tolima Secretaria de Educación, representado legalmente por su Gobernador Ricardo Orozco Valero, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de lo indemnización moratoria de que trata el parágrafo únic o del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006ª.(cuando la mora se genere con posterioridad a la entrada enExpediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

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de 2006ª.(cuando la mora se genere con posterioridad a la entrada enExpediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

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2 vigencia de la Ley 1955 de 2019, será reconocida por la entidad territorial y/o por la Nación - Ministerio De Educación Nacional, dependiendo a quien se at ribuya Ic responsabilidad), debido a que vulnera la normatividad en que debió fundarse.

3. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho las entidades accedan a reconocer y pagar a favor de mi

poderdante, los siguientes valores y emolumentos:

Sanción moratoria por valor de veintiséis millones dos mil quinientos noventa y tres pesos ($26.002.593), equivalentes a ciento noventa y nueve (199) días de salario. desde el 16 de marzo de 2020 (fecho en que se debió efectuar el pago de la prestación) hasta el 2 de octubre de 2020 (fecha en que se materializó el pago de las cesantías).

4. Que se reconozcan intereses moratorios sobre los dineros que se adeuden.

5. Que las sumas a pagar sean debidamente indexadas.

6. Que se condene en costas a la entidad accionada.

7. Que el cumplimiento de la sentencia se haga en los términos de los artículos 192 y 195 del código de procedimiento administrativo y de lo

6. Que se condene en costas a la entidad accionada.

7. Que el cumplimiento de la sentencia se haga en los términos de los artículos 192 y 195 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS

1. Gloria Esperanza Conde Ipus, solicito el 04 de diciembre de 2019 al FOMAG - representada a través de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, el reconocimiento y pago de unas cesantías parciales, según radicado 2019-CES-824914.

2. La Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, en representación del FOMAG, reconoció a través de Resolución No. 0196 del 22 de enero de 2020 respectivamente, cesantías parciales en favor de mi representada, en cuantía de quince millones seiscientos veinte mil ochocientos trece pesos ($15.620.813).

3. La entidad pagadora no cumplió con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1071 de 20063, en la medida en que no expidió la Resolución de reconocimiento de la prestación en los términos allí indicados.

4. Adicionalmente no se efectuó el pago de la prestación dentro de los términos legales, consagrados en el Art. 54 de la supramentada Ley. para el caso concreto el 16 de marzo de 2020, pese a ello transcurrieron ciento noventa y nueve días para efectuar el pago.

5. Como consecuencia del pago inoportuno de la prestación indicada, la entidad se hace acreedora de la sanción que se solicita.

ciento noventa y nueve días para efectuar el pago.

5. Como consecuencia del pago inoportuno de la prestación indicada, la entidad se hace acreedora de la sanción que se solicita.

6. El salario básico percibido por mi representada para el año en que solicitó las cesantías parciales, sobre el cual se solicita el reconocimiento y pago de la indemnización por la mora en el pago de las cesantías parciales asciende a la suma de tres millones novecientos diecinueve mil novecientos ochenta y nueve pesos ($3.919.989).Expediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

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7. El día 26 de mayo de 2022, se presentó reclamación administrativa ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio "FOM AG" -Departamento del Tolima Secretaria de Educación, por medio de los cuales se solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización por la mora en el pago de las cesantías parciales de Gloria Esperanza Conde Ipus.

8. Han transcurrido cinco (05) meses sin que La Nación - Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, hayan dado respuesta DE FONDO a las peticiones simultaneas y en el mismo sentido que se hicieron el pasado 26 de mayo de 2022, a través de las cuales se solicitó el reconocimiento

Educación Nacional - FOMAG, hayan dado respuesta DE FONDO a las peticiones simultaneas y en el mismo sentido que se hicieron el pasado 26 de mayo de 2022, a través de las cuales se solicitó el reconocimiento y pago de la sanci ón por la mora en el pago de las cesantías, configurándose así un silencio administrativo negativo de que trata el artículo 83 del CACA, 5.

9. El Ministerio de Educación Nacional a través de radicado No. 2022 -EE118864 del 01 de junio de 2022 traslado por co mpetencia a la

Fiduprevisora.

10. La secretaria de educación Gobernación del Tolima a través de radicado TOL2022EE017358 del 20 de junio de 2022, le informa a suscrito que las solicitudes de pago de sanción moratoria son negadas teniendo en cuenta que no se está reconociendo por vía administrativa en cumplimiento de lo dispuesto por el Comité de Conciliaciones del Departamento del Tolima dado el impacto del recurso financiero y de la importancia de determinar la responsabilidad en el pago de manera conjunta con la FIDUPREVISORA S.A según el caso.

11. Mediante audiencia realizada el 06 de octubre de 2022 por el procurador judicial para asuntos administrativos de Ibagué, el Departamento del Tolima presento formula de arreglo, la cual no fue aceptada debido a que la fecha de envió y recibido de la documentación a Fiduprevisora no coincidía con la certificación emitida por los comités de conciliación de cada entidad.”

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL

a Fiduprevisora no coincidía con la certificación emitida por los comités de conciliación de cada entidad.”

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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DE PRESTACION ES SOCIALES DEL MAGISTERIO (Índice 021 de Samai

Carpeta Juzgado Documento 010 Min Educación Fomag Contesta Demanda

Mediante apoderado judicial, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) presentó contestación a la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte demandante, al considerar que carecen de sustento fáctico y jurídico. En su respuesta, la entidad precisó que los hechos expuestos en la demanda deben ser debidamente acreditados dentro del proceso, señalando que algunos de ellos no le constan y que, en consecuencia, se atiene a lo que se pruebe en el curso del litigio. Argumentó que , la sanción moratoria reclamada por la demandante no puede ser pa gada con cargo a los recursos del FOMAG, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el cual establece que las cesantías definitivas y parciales de los docentes deben ser reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo. Asimismo, indicó que cualquier responsabilidad por mora enExpediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

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4 el pago de cesantías recae en la entidad territorial certificada y no en el FOMAG.

En este sentido, sostuvo que la decisión de negar el pago de la sanc ión moratoria se encuentra ajustada a derecho, conforme a la normatividad vigente. Explicó que la demandante efectivamente recibió el pago de sus cesantías, por lo que el FOMAG no tiene obligación alguna respecto de la sanción moratoria, ya que dicha respo nsabilidad recae en la Secretaría de Educación de Tolima, entidad que debía gestionar oportunamente el pago. Conforme a la normatividad aplicable, el FOMAG reiteró que sus recursos solo pueden ser destinados para el pago de prestaciones económicas, sociales y asistenciales a los docentes afiliados y pensionados, y que está expresamente prohibido el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a dichos recursos.

Finalmente, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda y se ratifique la legalidad de su actuación, resaltando la falta de legitimación en la causa por pasiva del FOMAG respecto del pago de la sanción moratoria pretendida.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (Índice 021 de Samai Carpeta Juzgado Documento 011 Departamento del Tolima Contesta Demanda

respecto del pago de la sanción moratoria pretendida.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (Índice 021 de Samai Carpeta Juzgado Documento 011 Departamento del Tolima Contesta Demanda

Durante el término de traslado, se pronunció el Departamento del Tolima, por conducto de su apoderada judicial, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, al considerar que no existen fundamentos de hecho ni de derecho que permitan declarar su responsabilidad en los hechos alegados. Señaló que no se ha cercenado, desconocido ni vulnerado derecho alguno de la demandante, pues el pago de las cesantías a los docentes es competencia exclusiva de la Fiduprevisora S.A., entidad encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En su defensa, el Departamento del Tolima expuso que, en el caso concreto, la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima reconoció y ordenó el pago de la liquidación de cesantías parciales de la demandante mediante la Resolución No. 0196 del 22 de enero de 2020, y que dich o pago fue efectivamente realizado el 2 de octubre de 2020. Indicó que si hubo alguna mora en el desembolso, esta se debió a la actuación de la Fiduprevisora S.A., pues la Gobernación del Tolima cumplió con los trámites dentro de los términos legales establecidos.

Además, resaltó que la Secretaría de Educación Departamental actuó en el marco de la delegación otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, conforme a las disposiciones de la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1272 de

Además, resaltó que la Secretaría de Educación Departamental actuó en el marco de la delegación otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, conforme a las disposiciones de la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1272 de 2018, y que su función en este proceso se limitó a la radicación, certificación y remisión de documentos a la fiduciaria, sin que tuviera injerencia en el proceso de pago.

Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad de la entidad, sostuvo que el Departamento del Tolima ajustó su a ctuar a los presupuestos jurídicos aplicables y que no hay prueba que evidencie una conducta arbitraria o caprichosa que haya vulnerado los derechos de la demandante. Afirmó queExpediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

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5 todas las actuaciones se realizaron conforme a la normatividad vigente, garantizando el debido proceso.

Finalmente, propuso como excepciones la inexistencia de responsabilidad del Departamento del Tolima, la falta de competencia de la entidad para efectuar el pago de cesantías y la ausencia de nexo de causalidad entre la actuación de la Gobernación y el supuesto perjuicio alegado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023, accedió a las pretensiones

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 29 de septiembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, dispuso:

“(…) PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto resultante del silencio administrativo negativo, por la no respuesta a la petición elevada por la demandante ante la demandada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el 26 de mayo de 2022, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio TOL2022EE017358 del 20 de junio de 2022, mediante el cual, el Departamento del Tolima denegó a la demandante, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , a reconocer y pagar a favor de la señora GLORIA ESPERANZA CONDE IPUS, un día de salario por cada día de retardo por concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 19 95, modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, correspondiente a 114 días , liquidados con la asignación básica devengada por la docente en el año 2020, de conformidad con las razones expuestas anteriormente.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la

correspondiente a 114 días , liquidados con la asignación básica devengada por la docente en el año 2020, de conformidad con las razones expuestas anteriormente.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar a favor de la señora GLORIA ESPERANZA CONDE IPUS , un día de salario por cada día de retardo por concepto de la sanción mo ratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, correspondiente a 85 días, liquidados con la asignación básica devengada por la docente en el año 2020, de conformidad con las razones expuestas anteriormente.

QUINTO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a que sobre la suma total causada por sanción moratoria e indicada en el ordinal anterior, realicen los ajustes de val or a partir del día en que cesó su causación, esto es 02 de octubre de 2020 y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, en cumplimiento del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: CONDENAR en costas al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y a

la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., se fija la suma de UN MILLÓNExpediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., se fija la suma de UN MILLÓNExpediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

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6 DE PESOS ($1.000.000) por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo de las demandadas Departamento del Tolima, y Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en partes iguales, y se ordena que por Secretaría se realice la correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código

General del Proceso.

OCTAVO: A esta sentencia se le dará cumplimi ento de acuerdo con lo previsto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.”

Como sustento de su decisión, adujo:

“(…)De acuerdo con el antecedente fáctico y con la finalidad de establecer qué regla jurisprudencial es aplicable al presente asunto, lo primero que debe verificar el despacho es si la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, expidió el acto de rec onocimiento de las cesantías parciales dentro del plazo de 15 días previsto en el artículo 4 de

debe verificar el despacho es si la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, expidió el acto de rec onocimiento de las cesantías parciales dentro del plazo de 15 días previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, el cual venció el 26 de diciembre de 2019 pero como se evidenció, el acto de reconocimiento se expidió el día 22 de enero de 2020, esto es, 32 días después de haberse presentado la solicitud.

Partiendo de la base que la expedición del acto administrativo se hizo por fuera del término de ley, oportunidad en que la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de re conocimiento, que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago, la sanción moratoria se causó de la siguiente manera:

De acuerdo a lo anterior, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías se causó desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 01 de octubre de 2020 , día anterior a la fecha de pago, generándose un retardo de 199 días, que debe ser calculado con el salario diario básico devengado en el año 2020 (año de la mora).

Ahora bien, al estudiar la actuación desplegada por el Departamento del Tolima desde el momento en que la docente demandante radicó la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías – 4 de diciembre de 2019y siguiendo los lineamientos del Decreto 1272 de 2018 en concordancia con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, se sabe que la Secretaría de Educación tenía 15 días para proferir el acto

2019y siguiendo los lineamientos del Decreto 1272 de 2018 en concordancia con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, se sabe que la Secretaría de Educación tenía 15 días para proferir el acto administrativo y, una vez notificado y ejecutori ado, debía remitirlo en forma inmediata para su pago (artículo 2.4.4.2.3.2.26.), evidenciándose que solo hasta el 22 de enero de 2020 , es decir, 32 días después de haberse presentado la solicitud, fue expedido el acto administrativo; y únicamente hasta el 14 de febrero de 2020 se llevó a cabo su notificación personal (Pág. 30 del archivo 011. 2022 -00293Expediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONTESTA DEMANDA.pdf; archivo carpeta 8_ED_EXPEDIENTE_73001333300320220029(.zip) SAMAI).

Se observa también que mediante oficio de l 19 de febrero de 2020 se hizo el envío de 12 solicitudes de cesantías parciales para su pago, en cuya relación se menciona la resolución 196 del 22 de enero de 2020, y que fue recibido por la Fiduprevisora el 27 de febrero de 2020, como

hizo el envío de 12 solicitudes de cesantías parciales para su pago, en cuya relación se menciona la resolución 196 del 22 de enero de 2020, y que fue recibido por la Fiduprevisora el 27 de febrero de 2020, como consta en la hoja de revisión aportada (Pág. 40-41 y 45 del archivo 011. 2022-00293 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONTESTA DEMANDA.pdf; archivo carpeta 8_ED_EXPEDIENTE_73001333300320220029(.zip)

SAMAI).

Teniendo en cuenta que únicamente hasta el 02 de octubre de 2020 se realizó el pago de la cesantía reconocida, resulta evidente la configuración de una mora de 199 días que, cuya responsabilidad no puede ser atribuida únicamente al ente territorial certificado en educación, pues si bien incumplió los plazos para proferir, notifi car y enviar el acto administrativo para su pago, no existe justificación alguna para que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio dilatara el pago de la cesantía reconocida hasta el 02 de octubre de 2020 , siendo que desde el 14 de febrero se le envió el acto administrativo para el pago.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en aplicación del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que se encontraba en vigencia al momento que inició la mora, el Departamento del Tolima es el llamado a responder por la mora de 114 días, comprendidos entre el 13 de enero de 2020 (plazo máximo para la ejecutoria y envío del acto administrativo de reconocimiento de cesantías para su pago), hasta el

a responder por la mora de 114 días, comprendidos entre el 13 de enero de 2020 (plazo máximo para la ejecutoria y envío del acto administrativo de reconocimiento de cesantías para su pago), hasta el 06 de mayo de 2020 (45 días hábiles siguientes al envío del acto administrativo para el pago de las cesantías reconocidas por parte del FOMAG). Lo anterior por cuanto considera el Despacho que mal haría al imputarle responsabilidad de la mora causada al FOMAG por no realizar el pago de manera inmediata o en un plazo inferior a los 45 días hábiles conferidos por la norma.

En ese orden de ideas, y dado que el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 determina la responsabilidad del pago de la sanción por mora en el pago de cesan tías únicamente en los eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago por parte del Ente Territorial, corresponde a la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio responder por la mora de 85 días, ya que dicho término no puede imputársele al Departamento del Tolima, pues obedece al incumplimiento por parte del FOMAG de los términos establecidos para el pago de las cesantía s reconocidas en un plazo máximo de 45 días después de recibir el acto administrativo en firme.

Si bien el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 prohíbe expresamente el pago de indemnizaciones con cargo a los recursos del FOMAG, la naturaleza penalizadora de la sanción moratoria no es equivalente a una indemnización, pues pretende sancionar la inacción de la entidad

pago de indemnizaciones con cargo a los recursos del FOMAG, la naturaleza penalizadora de la sanción moratoria no es equivalente a una indemnización, pues pretende sancionar la inacción de la entidad encargada de realizar el pago, de la cual, en el presente caso es responsable el FOMAG por los 85 días, según se explicó anteriormente. Se concluye entonces que la mora en el pago de las cesantías de la aquí demandante deberá ser reconocida y pagada tanto por el Departamento del Tolima, en un equivalente a 114 días, como por la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional deExpediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

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8 Prestaciones Sociales del Magisterio, en un equivalente a 85 días, siendo estos proporcionales al incumplimiento de las mismas, en los plazos para realizar lo de su competencia en el proceso de reconocimiento y pago de las cesantías de la docente.

En consecuencia, se declarará la nulidad del acto ficto proferido por la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se configuró por la no respuesta de fondo a la petición del 26 de mayo de 2022; así como del oficio TOL2022EE017358 del 20 de junio de 2022, pues como se vio, ambas son responsables del pago de la sanción moratoria. (…)

la petición del 26 de mayo de 2022; así como del oficio TOL2022EE017358 del 20 de junio de 2022, pues como se vio, ambas son responsables del pago de la sanción moratoria. (…)

INDEXACIÓN E INTERESES

Al respecto, el Despacho debe precisar que como lo explicó el Consejo de Estado en su sentencia de unificación CE -SUJ-SII-(012-2018) del 18 de julio de 2018, no hay lugar a indexar la sanción moratoria, ya que dicha sanción penaliza la negligencia u omisió n del empleador que no paga oportunamente las cesantías a sus empleados y el valor de dicha penalidad es mucho mayor al de la indexación y por lo tanto cubre la misma, lo anterior, sin perjuicio de la actualización prevista en el artículo 187 del C.P.A.C.A ., precisión del órgano de cierre que ha venido llevando a este Despacho a ordenar el cumplimiento de la norma en los diferentes fallos que ha proferido sobre el tema.

Sin embargo, para dar mayor claridad, haciendo suya la tesis planteada por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado en sentencia del 26 de agosto de 2019 en la radicación 68001 -23-33-000-201600406-01 (1728-2018) con ponencia del consejero William Hernández Gómez, este Juzgado considera también que “La indexación de la sanción moratoria no procede durante el tiempo de su causación, pero sí una vez esta finaliza y se ordena por condena judicial”

Ello debe ser así, porque durante el tiempo en que se genera la sanción, cada día se incrementa en una suma que resulta mucho más alta que

sí una vez esta finaliza y se ordena por condena judicial”

Ello debe ser así, porque durante el tiempo en que se genera la sanción, cada día se incrementa en una suma que resulta mucho más alta que la indexación y entonces no hay ninguna devaluación, pero una vez cesa la causación de la mora, ese monto totalizado empieza a verse afectado por el fenómeno inflacionario que lo hace devaluarse y, en consecuencia, no actualizarlo, implicaría un resta blecimiento del derecho incompleto e injustificado.

Por ende, se permite el Juzgado precisar, que lo que corresponderá hacer a la entidad demandada, es actualizar el valor total generado por sanción moratoria, a partir del día en que cesó su causación, e sto es el 02 de octubre de 2020 y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A., utilizando la tradicional fórmula del Consejo de Estado:

R= R.H x Índice Final Índice Inicial

En la que el valor present e R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es el valor de la sanción moratoria, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial que es el vigente el día en que cesó la causación de la sanción moratoria.Expediente: 73001-33-33-003-2022-00293-01 (2023-1599)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: GLORIA ESPERANZA CONDE IPUS

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: GLORIA ESPERANZA CONDE IPUS

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

9 Para el cumplimiento de la sentencia, como el reconocimiento de los intereses a que hubiera lugar, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 1