TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2017-00250-02 (13-03-2025)

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Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Magistrado Ponente: JOSE ALETH RUIZ CASTRO

Ref. Expediente: Interno: 73001-33-33-001-2017-00250-02

0604-2024

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Demandante: WILSON NAVARRO PARADA

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 53 y 24 3 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 23 de febrero de 2023, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1.- Declaraciones y Condenas1.

Como petitum de la demanda, el demandante formulo las siguientes:

“(…)

1. La declaratoria a través de la jurisdicción contencioso administrativa de la nulidad absoluta del acto administrativo contendo en el Oficio No. DESAJIB017-869 del 03 de marzo de 2017, expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital, por me dio del cual negó al demandante el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial

marzo de 2017, expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital, por me dio del cual negó al demandante el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado de la ley 4 de 1992 nivelación salarial según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 4 de 1992 correspondiente a os años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (…).

2. Que como consecuencia de la declaración a que se refiere el numeral anterior, se ordene a la Nación – Rama judicial a realizar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional del demandante como servidor de la

1Índice de descarga 7, Expediente SAMAI, fls. 40 a 41.73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Rama judicial, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la ley 4 de 1992 y que consiste en la cancelación de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir por concepto de sueldo básico y demás prestaciones económicas, tales como primas de servicios, vacacional, de navidad, de productividad, bonificación por servicios prestados, cesantías y demás adeudados desde el 1 de enero de 2013 hasta cuando se haga efectivo el pago, suma que resulta de la diferencia de lo pagado actualmente y el aumento que se haga con base en dicha normativa, lo que deberá hacerse efectiva

se haga efectivo el pago, suma que resulta de la diferencia de lo pagado actualmente y el aumento que se haga con base en dicha normativa, lo que deberá hacerse efectiva a partir del 1 de enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presenta la demanda.”

3. De igual modo, se ordenará la actualización de las condenas en los términos del articulo 195 del C.C.A. dando aplicación a la siguiente formula:

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto del no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia por el guarismo que resulte de vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas. Teniendo en cuenta los au mentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso”.

2.- Fundamentos fácticos 2.

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada de la parte demandante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse , así:

• Que el señor Wilson Navarro Parada se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 29 de agosto de 2000 hasta la fecha , labor que ha desempeñado en forma continua e ininterrumpida, siendo su cargo a la fecha de la presentación de la demanda, el de Oficial Mayor en el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de Garantías de Ibagué.

• Según los hechos afirman que el demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional,

Noveno Penal Municipal con funciones de Garantías de Ibagué.

• Según los hechos afirman que el demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional, en virtud del Decreto 383 de 2013 a partir del 01 de enero de 2013 pues no se ha tenido en cuenta como factor prestacional para la liquidación de sus prestaciones sociales salvo en lo que respecto al Sistema de Seguridad social en salud y pensión.

• Que el 8 de febrero de 2017 radicó reclamación administrativa, la cual fue negada mediante oficio denominado DESAJIB017-869 del 3 de marzo de

2017.

2 Índice de descarga 7 Expediente SAMAI, fls. 41 a 43.73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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3.- Contestación de la demanda.3 Mediante apoderada judicial la entidad contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones solicitadas por el demandante y manifestando que los hechos descritos en el libelo no le constan, por lo que se atiene a todo lo que resulte probado dentro del proceso. El demandado como argumento expone que, para fijar los estipendios salariales y prestaciones de los servidores públicos, el legislador tiene libertad para disponer y determinar que emolumentos se liquiden sin consideración al monto total del salario devengado sin que ello implique una vulneración al ordenamiento jurídico. Por esto, es preciso afirmar que la administración judicial ha venido aplicando

y determinar que emolumentos se liquiden sin consideración al monto total del salario devengado sin que ello implique una vulneración al ordenamiento jurídico. Por esto, es preciso afirmar que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, establecidas en el Decreto 383 de 2013, esto en cumplimiento del principio de legalidad. Por lo anterior, propuso como medio exceptivo las de “inexistencia de perjuicios” y la “innominada o genérica”. 4.- La sentencia apelada4. Lo es la proferida el 23 de febrero de 2023 por el Conjuez Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué que concedió las pretensiones expuestas en la demanda. Indicó q ue el demandante se encontraba vinculado laboralmente a la Rama Judicial desde el 29 de agosto de l 2000, por distintos periodos, y a la fecha de presentación de la demanda, fungía como Oficial Mayor del Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de Garantías de Ibagué de manera interrumpida . En consecuencia, manifestó que desde la entrada en vigencia del Decreto 383 de 2013 ha devengado la bonificación judicial, solicitando su reconocimiento como factor salarial el 08 de febrero 2017, no obstante, le fue denegada mediante oficio denominado DESAJIB017-869 del 3 de marzo de 2017. Después de realizar un análisis normativo en el correspondiente acápite, dando aplicación al precedente vertical y , a una interpretación amplia de los derechos laborales, señaló que de conformidad a lo establecido por los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, es deber del Congreso de

aplicación al precedente vertical y , a una interpretación amplia de los derechos laborales, señaló que de conformidad a lo establecido por los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, es deber del Congreso de la Republica dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para la expedición del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros. Con base a lo anterior, se expidió la Ley 4 de 1992, convirtiéndose en la Ley marco que establece facultades al presidente de la Republica para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores púbicos. Si bien es cierto , la Ley 4 de 1992 otorg ó al presidente de la República las facultades para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados púbicos, de ninguna manera puede sobrepasar la Constitución y la Ley , por lo

3 Índice de descarga 7, Expediente SAMAI, fls 97 - 102. 4 Índice de descarga 5, Expediente SAMAI.73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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que, al ser derechos de carácter laboral los que se regula el Decreto 383 de 2013, debiendo estar su reconocimiento sujeto a los principios normativos que desarrollan expresamente los elementos constitutivos de salario y no a la mera liberalidad de la demandada, máxime si se tiene en cuenta que, los decretos reglamentarios tienen fuerza vinculante.

desarrollan expresamente los elementos constitutivos de salario y no a la mera liberalidad de la demandada, máxime si se tiene en cuenta que, los decretos reglamentarios tienen fuerza vinculante.

Por lo anterior, cuando un acto administrativo de carácter laboral :

(i) omite seguir los principios constitucionales referidos a la construcción de un orden justo, (ii) desobedece el bloque de constitucionalidad y los preceptos referidos a la protección del trabajador (iii) restringe el contenido y alcance de lo que se entiende por remuneración para todos los fines prestacionales,5

Se debe considerar ilegal, y, por ende, es susceptible de control judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la finalidad de hacer prevalecer la Constitución Política y la Ley.

A su vez, el a quo, tuvo en cuenta la definición jurisprudencial proporcionada por el Consejo de Estado de “salario” para establecer que la bonificación judicial no puede tener una doble connotación o constituir parcialmente salario, pues este, es “toda suma que remunere el servicio prestado por el trabajador” y que no hace parte de éste, “(i) los pagos ocasionales y que por mera liberalidad efectúa el empleador, como bonificaciones (ii) los pagos para el buen desempeño de las funciones a cargo del trabajador, como el auxilio de transporte (iii) las prestaciones sociales y (iv) los beneficios o bonificaciones habituales u ocasionales de carácter extra legal si las partes acuerdan que no constituyen salario” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. 25000-23-27-000-2011-00336,2014).

Citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, la instancia considera que esta

extra legal si las partes acuerdan que no constituyen salario” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. 25000-23-27-000-2011-00336,2014).

Citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, la instancia considera que esta bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013, constituye salario en su integridad, pues to que, remunera el servicio como contraprestación del trabajo, razón más que suficiente para advertir la ilegalidad que deviene de la restricción del elemento constitutivo de salario en el caso en concreto. A su vez, establece que a la hora de crear una bonificación judicial que constituye salario de forma restringida, es lo que convierte en ilegal dicha restricción, puesto que, para la base de cotización del Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud sí constituye como salario. Dado que, esta variación hace que dicha normativa ataña el principio de legalidad por desconocer que es salario, para todos los efectos legales y prestacionales. Yendo al campo factico, el Conjuez establece que la administración le ha liquidado todas las prestaciones sociales y laborales al demandante con un salario reducido, por no haber tomado en cuenta la bonificación prevista en el Decreto 383 de 2013,

5 Índice de descarga 5, Expediente SAMAI. fl. 10.73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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se advierte que la Rama Judicial no le ha cancelado al accionante la totalidad de sus acreencias laborales, pues solo se han liquidado con una parte del salario

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se advierte que la Rama Judicial no le ha cancelado al accionante la totalidad de sus acreencias laborales, pues solo se han liquidado con una parte del salario básico, al n o tomar en cuenta dicha bonificación desde el año 2013, en consecuencia a esto, adeuda durante todo este tiem po los efectos e incidencias en todas sus prestaciones que tenga el 100% de su salario básico que hasta ahora ha excluido de la base de liquidación. Para finalizar, el Juzgado considera que e l acto administrativo demandado, así como los decretos del gobierno que no consideran la bonificación judicial como parte de salario básico como adicional, es contrario al ordenamiento superior (ley, Constitución y b loque de constitucionalidad) y en ocasión a esto, accede a la pretensión de la demandante de declarar la nulidad del acto admirativo expedido por la Rama Judicial denominado DESAJIB017-869 del 03 de marzo de 2017. Además, que se condena a la Rama Judicial a reconocer, re liquidar, reajustar y pagar al señor Wilson Navarro Parada, desde el 08 de febrero de 2014 (fecha en ocasión de que se presentó la reclamación administrativa el 08 de febrero de 2017) hasta la fecha de la sentencia y en adelante, siendo estos pagos actualizados de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según la formula establecida en la sentencia.

4. El recurso de apelación6.

Interpuesto oportunamente por la vocera judicial del extremo accionado, solicita la revocatoria del fallo de primer grado y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda.

4. El recurso de apelación6.

Interpuesto oportunamente por la vocera judicial del extremo accionado, solicita la revocatoria del fallo de primer grado y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda. Señala que el acto administrativo demandado DESAJIB017-869 del 03 de marzo de 2017, corresponde a un acto admin istrativo dictado bajo los parámetros de orden legal, pues la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidos al imperio de la ley y obligados a aplicar el derecho vigente al te nor literal de su redacción, debiendo darle estricto cumplimiento a los Decretos 383 , 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015 que establecen que la bonificación judicial no constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales que devengan sus beneficiarios y por ende el demandante, pues ellos gozan de legalidad al estar vigentes a la fecha.

Adicionalmente, solicita se revoque o modifique la decisión que concedió efectos ultra y extra petita , pues no se puede reconocer o decretar el pago sobre emolumentos que de suyo no se tratan, ni se causaron en el oficio de la nulidad, incurriendo en un IMPOSIBLE JURÍDICO, desconociendo principios de la administración de justicia como la congruencia del fallo . Lo anterior, teniendo en cuenta que se están reconociendo pretensiones sin la debida y requerida autorización presupuestal incurriendo ello en un desequilibro presupuestal y una

6 Índice de descarga 11, Expediente SAMAI.73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823

autorización presupuestal incurriendo ello en un desequilibro presupuestal y una

6 Índice de descarga 11, Expediente SAMAI.73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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falta disciplinaria, pues no se cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existenci a de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 09 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto por l a apoderada judicial de la parte demandada 7, debido a esto, la parte accionante presentó alegatos de conclusión 8, solicitando a este Tribunal confirmar la decisión proferida por el Conjuez Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, enunciando razones tanto legales, como jurisprudenciales que corroboran la decisión tomada por el a quo.

IV. CONSIDERACIONES

1.- Sobre la competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia apelada según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958-2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024 ), decidió declara r infundado el impedimento formulado por esta Corporación en casos con similares contornos a los que aquí se analizan, tal y como se advirti ó en el auto que admitió el recurso de apelación dentro del sub lite.

2.- El Problema Jurídico.

Se debe establecer si la sentencia recurrida debe revocarse , confirmarse, o modificarse en cuanto accedió a l reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del desde el 08 de febrero de 2014 fecha en que el demandante presentó la reclamación administrativa el 08 de febrero de 2017.

7 Índice de descarga 27, Expediente SAMAI. 8 Índice de descarga 27, Expediente SAMAI.73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera pertinente este

Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera pertinente este Colectivo, traer a colación las disposiciones legales que regulan el reconocimiento de la bonificación judicial objeto de debate,

3.- Marco Legal y jurisprudencial.

3.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 150 numeral 19 literal e) consagra como atribución del Congreso de la Repúbli ca, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; en desarrollo de dicha normativa fue expedida la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de lo contemplado en la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 " Por el cual se dictan norm as sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Pode r Público, organismos o instituciones del Sector Público.

a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Pode r Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacio nal establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha”.

Del precepto normativo transliterado se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración: i) el primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigencia del referido decreto, esto es a partir del 07 d e enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia del dicha norma y no manifestaron optar por este última, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

De otra parte, la citada disposición en su artículo 14 dispuso:73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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“ARTICULO 14: El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delega dos departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

Con fundamento en dicha disposición normativa, se inició el proceso de nivelación salarial de los funcionarios de la Rama J udicial, proceso este que se fue desarrollando paulatinamente con las expedición de los decretos 610 de 1998 y 440 de 2004, a través de los cuales se establecieron unas bonificaciones a los Magistrado de Tribunal y otros funcionarios; sin embargo dicha nivelación salarial

desarrollando paulatinamente con las expedición de los decretos 610 de 1998 y 440 de 2004, a través de los cuales se establecieron unas bonificaciones a los Magistrado de Tribunal y otros funcionarios; sin embargo dicha nivelación salarial sólo surtió efectos para los demás los servidores de la Rama Judicial hasta la expedición del Decreto 383 de 2013.

3.1.1 De la bonificación judicial de los servidores de la Rama Judicial

El Gobierno Nacional, en desarrollo del mandato establecido en la Ley 4 de 1992 expidió el Decreto 383 de 2013, “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos

“Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una boni ficación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (…)

Parágrafo. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales d e los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”. (Se destaca fuera de texto).

De acuerdo con el precepto normativo anotado en precedencia, resulta claro que

la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”. (Se destaca fuera de texto).

De acuerdo con el precepto normativo anotado en precedencia, resulta claro que los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, sometidos al régimen salarial de acogidos y, a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, tienen derecho a recibir un bonificación judicial, la cual será cancelada de manera mensual y sólo constituirá factor salarial para efectos de la base de cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones.

Igualmente resulta preciso señalar que, conforme a la Cartilla Laboral de la Rama Judicial, la bonificación judicial comenzó a reconocerse de manera mensual a partir del 10 de enero de 2013, de acuerdo a los valores estipulados en el citado Decreto que la creó, el cua l estableció un reconocimiento gradual y fraccionado por un periodo de 6 años, esto es, desde el año 2013 hasta el año 2018, el cual será percibido por el funcionario siempre y cuando permanezca vinculado al servicio.

Posteriormente, dicho emolumento ha sido ajustado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 442 de 2020, 986 de 2021, 471

servicio.

Posteriormente, dicho emolumento ha sido ajustado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024 conforme al parágrafo del artículo 1º, y en los mismos términos inicialmente reconocida. Así mismo, dicho s decretos han hecho lo propio para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, a los cuales el Decreto 384 de 2013 creo la bonificación judicial.

En casos en los que se h a analizado emolumentos económicos devengados por servidores en entidades del Estado y su carácter salarial, el Consejo de Estado ha señalado que, “(...) cualquier “incentivo” que se le dé a un trabajador de manera habitual y como contraprestación de su la bor, como ocurre en este caso, debe significar ineludiblemente un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público, que no puede73001-33-33-001-2017-00250-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Wilson Navarro Parada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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desconocerse ni desnaturalizarse cercenándole el carácter de factor salarial. (…) Así las cosas, el Ejecutivo al establecer que este 26%, como rubro máximo a devengar por medio de este incentivo, no constituye factor salarial, lo que en

desconocerse ni desnaturalizarse cercenándole el carácter de factor salarial. (…) Así las cosas, el Ejecutivo al establecer que este 26%, como rubro máximo a devengar por medio de este incentivo, no constituye factor salarial, lo que en realidad hace es despojar de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo qu