TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2017-00346-02 (03-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-001-2017-00346-02

ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: LILIA MORENO HERNÁNDEZ - OTROS

APODERADO: DAVID RODRÍGUEZ GIRALDO

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

APODERADO: NATALIA CÉSPEDES CARDONA

DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

APODERADO: MARÍA ALEJANDRA CHACÓN CARDONA

DEMANDADO: MUNICIPIO DE ORTEGA

APODERADO: LUISA FERNANDA VALBUENA

TEMA: FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE TRÁNSITO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 13 de septiembre de 2023 , proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de las demandadas, con el fin de que se reconociera a favor de los demandantes los perjuicios materiales y morales, ocasionados por el fallecimiento de Eladio Morales Hernández en un accidente de tránsito, por falta de señalización en la vía y el mal estado de l puente en hechos ocurridos e l 6 de septiembre de 2015

por el fallecimiento de Eladio Morales Hernández en un accidente de tránsito, por falta de señalización en la vía y el mal estado de l puente en hechos ocurridos e l 6 de septiembre de 2015

Que se ordene a las demandadas reconocer a favor de los demandantes los perjuicios morales y materiales ocasionados a los demandantes.

Que se ordene la indexación de las sumas reconocidas y el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en el CPACA.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 Eladio Moreno Hernández, se desempeñaba como obrero en construcciones dentro y fuera de Chaparral, con sus ganancias ayudaba al sostenimiento de la familia.

2.2 El 6 de septiembre de 2015 en horas de la noche, luego de terminar sus labores, Eladio Moreno Hernández, se desplazó del municipio de Coyaima hacia Chaparral, en suRadicación: 73001-33-33-001-2017-00346-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Liliana Moreno Hernández -otros Demandado: Departamento del Tolima Página 2 de 15

motocicleta; sin embargo, en ese trayecto suf rió un accidente en inmediaciones del puente el limón en el municipio de Ortega, por el mal estado del puent e y la falta de señalización de la vía lo que esto generó que se saliera de la carretera, causando su fallecimiento.

2.3 El 7 de septiembre de 2015, el cuerpo de Eladio Moreno Hernández, fue encontrado debajo del puente, y la inspectora del municipio de Ortega fue quien procedió a hacer el levantamiento del cadáver.

fallecimiento.

2.3 El 7 de septiembre de 2015, el cuerpo de Eladio Moreno Hernández, fue encontrado debajo del puente, y la inspectora del municipio de Ortega fue quien procedió a hacer el levantamiento del cadáver.

2.4 El 8 de septiembre de 2015, la inspectora de Policía del municipio de Ortega puso en conocimiento el informe del accidente del tránsito al fiscal 44 local de Ortega, quien identificó el cuerpo determinando que se trataba del señor Eladio Moreno Hernández, quien se identificaba en vida con la C.C. 10.010.949

2.5 Que debido al falleci miento de Eladio Moreno Hernández, su familia ha sufrido perjuicios morales por el dolor de la p érdida, además de los perjuicios económicos, porque era quien brindaba sustento a su hogar.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda, porque si bien el señor Eladio Moreno Hernández sufrió un accidente de tránsito, sin embargo, este ocurrió en el puente el limón, como consta en el informe correspondiente, sin que sea atribuible responsabilidad a esta entidad.

Propuso las excepciones: i) caducidad de la acción; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva y iii) ausencia de material probatorio de las condiciones de tiempo, modo y lugar y iv) inexistencia de los elementos de responsabilidad – inexistencia de relación de causalidad.

3.2 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

lugar y iv) inexistencia de los elementos de responsabilidad – inexistencia de relación de causalidad.

3.2 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

Indicó que no existe ninguna acción o conducta omisiva por parte de este ente territorial ya que el accidente no ocurrió en una vía de su competencia, por lo que no existe una relación de causalidad entre el daño y el actuar de es ta entidad, concluyendo que no existe una falla en el servicio que pueda ser motivo para imputar responsabilidad.

Propuso las excepciones i) Cad ucidad del medio de control; ii) insuficiencia probatoria; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva; iv) imposibilidad de atribución del daño al demandado (ausencia de legitimación en la causa por pasiva y nexo causal); v) rebaja de la indemnización y vi) innominada o genérica.

3.3 MUNICIPIO DE ORTEGA

Solicitó que se nieguen las pretensiones, porque la entidad no generó perjuicio alguno y no vulneró los derechos de los demandantes.Radicación: 73001-33-33-001-2017-00346-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Liliana Moreno Hernández -otros Demandado: Departamento del Tolima Página 3 de 15

Propuso las excepciones de i) caducidad en el medio de control; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) carga de la prueba acreditar las circunstancias de hecho, modo y lugar; y iv) reconocimiento oficioso de excepción.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 13 de septiembre

y lugar; y iv) reconocimiento oficioso de excepción.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 13 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que , en primer lugar, se configuró la falta manifiesta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Instituto Nacional de Vías INVIAS y el Municipio de Ortega más no respecto del Departamento del Tolima por cuanto la conservación y mantenimiento de la carretera en la que ocurrió el accidente estaba a cargo de la entidad territorial.

Y en segundo lugar, concluyó q ue no es posible atribuir responsabilidad alguna al Departamento del Tolima, como entidad encargada del mantenimiento y señalización de vía secundaria en la cual se presentaron los hechos objeto del proceso, pues, era indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para ello, los hechos que sirvieron de fundamento fáctico de la demanda.

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en el recurso de apelación indicó que en el presente caso quedo plenamente demostrado que la responsabilidad del mantenimiento y señalización de la vía en que incurrió el accidente estaba en cabeza de la accionada, obligación que de no haberse ignorado, no habría causado la muerte del señor Eladio Moreno Hernández, pues acciones como mantenimiento y señalización habrían evitado el fatal accidente, además de ello, si el sitio hubiese contenido señalización de proximidad de un puente o el puente hubiese contado con barandas de seguridad tal como lo establece La Norma Colombiana del Diseño de Puentes, se habría evita do la muerte de Moreno Hernández

(QEPD).

el puente hubiese contado con barandas de seguridad tal como lo establece La Norma Colombiana del Diseño de Puentes, se habría evita do la muerte de Moreno Hernández

(QEPD).

Que de acuerdo a lo estipulado en este código toda carretera debe cumplir con un hardware de seguridad el cual incluye la instalación de sistemas de barreras para el tráfico vehicular en puentes los cuales se denom inan barandas, según como se definió en la sección 13 de dicha norma.

Se entiende entonces que las entidades demandadas incumplieron sin lugar a dudas con sus obligaciones al no prever el alto riesgo de accidentalidad que tiene este puente, toda vez que n o cumple con los requisitos mínimos estipulados en la ley como lo son la instalación de barandas que hubieran podido retener al señor Eladio Moreno generando únicamente una colisión que dado el caso hubiera podido salvarle la vida, al evitar que este callera al precipicio, sumado a la falta de iluminación y reflectores que debería tener la vía para que los transeúntes pudieran visibilizar el riesgo.

Que teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, erro el Juzgador de Primer Grado en considerar una falta de nexo causal entre el daño acaecido como lo fue la muerte del señor Eladio Moreno Hernández y la falla del servicio de la accionada, pues como se fundamentó, el hecho de que el puente donde sucedió el accidente no contara con barandas o barandilla s de seguridad que hubieran evitado la caída de Moreno Hernández y su posterior fallecimiento, deja en evidencia que fue en razón a precisamente la falla del servicio de la accionada lo que genero el daño, lo que claramente

con barandas o barandilla s de seguridad que hubieran evitado la caída de Moreno Hernández y su posterior fallecimiento, deja en evidencia que fue en razón a precisamente la falla del servicio de la accionada lo que genero el daño, lo que claramente configura el tercer elemento de la responsabilidad el cual es el nexo causal.Radicación: 73001-33-33-001-2017-00346-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Liliana Moreno Hernández -otros Demandado: Departamento del Tolima Página 4 de 15

Pero como se demostró, el hecho de que la vía en que sucedió el accidente se encontrara en pésimas condiciones, no contara con el mantenimiento requerido, luz, señalizaciones, etc., pero aún más importante, no contara con barandillas de seguridad para la protección de peatones y conductores, fueron la causa directa de la muerte del señor Eladio Moreno, configurándose de esta manera los 3 elementos de la responsabilidad estatal, como lo son; (i) la muerte de Moreno Hernández (daño), (ii) la falla del servicio en lo concerniente a la falta de mantenimiento, señalización e imposición de barandillas de seguridad tal como quedo establecido en el trámite de primera instancia por parte de la accionada, en este caso del Departamento del Tolima (imputación por omisión), y (iii) la falla del servicio, por las situaciones ya mencionadas en el anterior ítem, resaltando el hecho de la falta de barandillas de seguridad en el puente en que sucedió el fatal accidente, fueron la causa directa del daño (nexo de causalidad).

Teniendo en cuenta lo anterior, era el Departamento del Tolima quien tenía la obligación de demostrar que la muerte no aconteció como consecuencia del deplorable estado de

directa del daño (nexo de causalidad).

Teniendo en cuenta lo anterior, era el Departamento del Tolima quien tenía la obligación de demostrar que la muerte no aconteció como consecuencia del deplorable estado de las vías, falta de iluminación, falta de señalización y ausencia de barandillas de seguridad, por lo tanto, no demostró, ni siquiera intento mencionar causas extrañas diferentes al mal estado de las vías, con lo cual se evidencia y se puede concluir una vez más, que la muerte del señor Eladio Moreno Hernández aconteció con causa y ocasión a la falla del servicio de la entidad accionada. Pues debió el Departamento del Tolima si consideraba que no era responsable de la muerte del señor Eladio Moreno Hernández proponer argumentos de defensa encami nados a demostrar fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima, o el hecho de un tercero exclusivo y determinante en el hecho, argumentos con carecen de existencia, pues reitero una vez más, la accionada Departamento del Tolima solo se limitó a argumentar que el mantenimiento de la vía no se encontraba dentro de sus obligaciones y/o deberes.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 24 de noviembre de 2023. Mediante auto del día 24 de noviembre del mismo año, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, siRadicación: 73001-33-33-001-2017-00346-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Liliana Moreno Hernández -otros Demandado: Departamento del Tolima Página 5 de 15

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante con ocasión a un accidente de tránsito; ii) Si se demostraron las causas que originaron el accidente de tránsito, y en caso afirmativo, iii) si las demandadas son responsables administrativa y patrimonialmente del daño sufrido por los demandantes, el día 6 de septiembre de 2015, con ocasión a un accidente de tránsito, o, si por el contrario, no existe prueba que permita endilgar responsabilidad alguna.

7.3. TESIS DE LA SALA

La sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido de negar las pretensiones.

En este asunto, la demandante no logró demostra r que la causa determinante del accidente fue la falta de señalización o el mal estado del puente el limón ubicado entre

La sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido de negar las pretensiones.

En este asunto, la demandante no logró demostra r que la causa determinante del accidente fue la falta de señalización o el mal estado del puente el limón ubicado entre el municipio de Ortega y Chaparral , pues, no se tiene certeza de la forma en la que ocurrió el accidente de tránsito. Ahora bien, si lo que pretendía el actor era establecer que la causa probable y determinante era la falta de señalización y mal estado de puente , debió demostrar y acreditar ese hecho, pues, como se indicó anteriormente ni siquiera existe un informe de accidente de tránsit o donde se codifique la causa del suceso . Cabe precisar, que el accidente de tránsito sufrido por Eladio Moreno, pudo ocurrir por varias causas, pues la conducción de vehículos ha sido considerada una actividad peligrosa, lo cual lleva implícito un alto riesgo1. Y por último, se advierte que a la parte actora no le bastaba con acreditar la existencia de un daño, sino que le correspondía, a partir del empleo de todos los medios de convicción a su disposición, acreditar que el accidente fue producto de la acción u omisión de la entidad demandada, lo cual, como se indicó en precedencia, no ocurrió.

7.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 2, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 2, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre3 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la

1 Ver sentencia Consejo de Estado del 2 de marzo de 2017, radicación No. 47001-23-31-000-2007-00414-01. 2 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue

perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-001-2017-00346-02

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Demandante: Liliana Moreno Hernández -otros Demandado: Departamento del Tolima Página 6 de 15

integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha

extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cue nta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las dec isiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más

que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las dec isiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicaci ón, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

7.4.1 El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así

que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima estáRadicación: 73001-33-33-001-2017-00346-02

Acción: Reparación Directa

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legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado4 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 5 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armon iza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitu cional considera que el daño antijurídico se

valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitu cional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución ”6. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por part e del mismo Estado del derecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20107 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar –

cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar – acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante, lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas o regímenes de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política8.”

4 Sección Tercera, Subsección A, C. P.: Hernan Andrade Rincón, en sentencia del 26 de mayo 2011, radicación No.: 19001-23-31-000-1998-03400-01(20097), 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 6 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.

Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976). 6 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. 7 Radicación No. 05001-23-26-000-1994-02405-01(18590) C.P.: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.Radicación: 73001-33-33-001-2017-00346-02

Acción: Reparación Directa

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El Estado, entonces, es responsable extracontractualmente una vez se haya configurado la existencia de un da ño antijurídico y la imputación del mismo desde el punto de vista fáctico y jurídico y, siempre y cuando se predique el nexo de causalidad entre estos.

7.5. PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EL CASO CONCRETO

7.5.1. EL DAÑO ANTIJURÍDICO

El daño antijurídico es entendido como la lesión que una persona no tiene el deber jurídico de soportar, y es uno de los presupuestos que estructuran la responsabilidad del Estado, común a todos los regímenes (falla del servicio, presunción de falla, daño especial, trabajos públicos, etc), a tal punto que la ausencia de éste elemento imposibilita el surgimiento de la responsabilidad endilgada, lo que naturalmente significa que se hace imposible la declaración de responsabilidad a cargo del Estado.

trabajos públicos, etc), a tal punto que la ausencia de éste elemento imposibilita el surgimiento de la responsabilidad endilgada, lo que naturalmente significa que se hace imposible la declaración de responsabilidad a cargo del Estado.

Ahora bien, para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de cierto, concreto o determinado y personal.

Sobre el tema nos ilustra el profesor Juan Carlos Henao Pérez, que:

“(…) para que se declare la responsabilidad es menester que se presenten en forma concurrente una falla del servicio, un daño y una relación de causalidad entre uno y otro9. (…) Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del actor resultará necio e inútil. (…) De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la mat eria, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria. (…) El daño es, entonces, el primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente torna inoficioso el estudio de la misma, por más que exista una falla del servicio. (…) Primero se ha de estudiar el daño, luego la imputación y, finalmente, la justificación del porqué se debe reparar, esto es, el fundamento. (…) El daño deber ser probado por quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización. (…) El demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin

debe reparar, esto es, el fundamento. (…) El daño deber ser probado por quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización. (…) El demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”10

En relación con el daño que originó el presente medio de control, esto es, el fallecimiento de Eladio Moreno en un accidente de tránsito se aportó registro civil de defunción donde consta que la muerte ocurrió el 6 de septiembre de 2015.

7.5.2. IMPUTACIÓN Y CASO CONCRETO En el