TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2018-00346-02 (06-03-2025)

Ibagué, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación No.

Interno No: 73001-33-33-005-2018-00346-02

1401-2024

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jhon Eduar Mendez Huelgos

Demandado:

Tema: NaciónRama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Bonificación judicial

I. ASUNTO A DECIDIR De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en contra de la sentencia proferida el 30 de septi embre de 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda el demandante formuló las siguientes pretensiones: “(…) 1) Que se declare que la bonificación judicial reconocida a mis mandantes mediante el Artículo 1° del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013 y demás decretos que, lo desarrollan, es factor salarial para todos los efectos legales por, cuanto su causa y efecto es la nivelación Salarial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial del poder público, teniéndose como fuente normativa la Ley 4a de 1992, además porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo percibida de manera periódica, habitual y permanente.

1. Que se declare la NULIDAD, de las actos administrativos que se relacionan a

porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo percibida de manera periódica, habitual y permanente.

1. Que se declare la NULIDAD, de las actos administrativos que se relacionan a continuación; por medio de los cuales se negó la petición de que la Bonificación Judicial constituya factor salarial para todos los efectos, y por consiguiente, se negó la reliquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que hasta la fecha han percibido y las que perciban hacia el futuro los poderdantes, tomando como factor salarial para ello el 100% de la bonificación judicial, la cual vienen percibiendo de manera mensual e ininterrumpida desde el mes de enero de 2013:

• DESAJIB017-4271 del 7 de noviembre de 2017 - Jhon Eduar MéndezHuelgos.

1. Que, se declare la EXISTENCIA y posterior NULIDAD de los actos administrativos Fictos o Presuntos, fruto, del silencio administrativo negativo de LA NACIÓN RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR.DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, po r, no haber resuelto los recursos de apelación

1 Expediente digital, primera instancia, índice 1 folios 59 a 61.Radicado No. 73001-33-33-005-2018-00346-02

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concedidos en contra de los siguientes actos administrativos, por lo que se entienden confirmados; quedando así agotada la vía administrativa;

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concedidos en contra de los siguientes actos administrativos, por lo que se entienden confirmados; quedando así agotada la vía administrativa;

• Frente al oficio DESAJIB017-4271, se concedió el recurso el 5 de diciembre de 2017 mediante la resolución DESAJIB017-4660.

1. Que se declare que mis representados tienen derecho a que la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN , JUDICIAL seccional del Tolima, les re conozca, reajuste y pague, una reliquidación de las prestaciones sociales, esto es, Primas de Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de Productividad, Prima de Bonificación por servicios prestados; Cesantías, Intereses de las Cesantías, Ap ortes al sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, y demás acreencias laborales a que tuvieren derecho, desde el 1° de enero de 2013 hasta la fecha, hasta que sea cumplida la sentencia y en adelante, incluyendo como factor salarial el 100% de la bonificación judicial devengada mes a mes de manera ininterrumpida desde enero. de 2013 a la fecha.

1. Que se hagan las declaraciones ultra y extra petita por los derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados.

1. Todo lo anterior, previo declara r la inaplicabilidad por EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, respecto de los Artículos 1° y 3° del Decreto 383 de 6 de marzo de 2013 y, los decretos que lo desarrollan, en especial el aparte del Artículo 1°

INCONSTITUCIONALIDAD, respecto de los Artículos 1° y 3° del Decreto 383 de 6 de marzo de 2013 y, los decretos que lo desarrollan, en especial el aparte del Artículo 1° en cuanto a la frase (…) y constituirá únicamente factor salaria para la base de cotización al Sistema: General de Pensiones u al Sistema General de Seguridad Social. en Salu d"(subrayado fuera del texto original), por ser manifiestamente violatorios de algunos Tratados Internacionales ratificados por Colombia y de normas de carácter superior contenidas en el Preámbulo y los artículos 4°, 93 y 53 de la Constitución Nacional, que consagran la Primacía de la realidad sobre las formas; el Principio de Favorabilidad que prima a favor de los empleados, y el Pri ncipio de irrenunciabilidad a los derechos mínimos establecidos en las-normas laborales, entre otros.

Como consecuencia de las anteriores pretensiones y a título de restablecimiento del derecho, que: 7) Se condene a la NACIÓN RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA 'DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reconocer, reajustar, liquid ar, reliquidar y pagar a mis mandantes la totalidad de las diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos dejados de cancelar en los años 2013 - 2014 -201520162017 -2018 y todos los subsiguientes, hasta la inclusión en nómina de los factores salariales debidamente indexados y lo que se

los años 2013 - 2014 -201520162017 -2018 y todos los subsiguientes, hasta la inclusión en nómina de los factores salariales debidamente indexados y lo que se determine a pagar de la liquidación de sus prestaciones sociales, incluyendo el 100% de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos, en razón a que se devenga mes a mes de manera ininterrumpida desde enero de 2013 a la fecha.

1. Se condene a la NACIÓN. – RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reajustar la bonificación judicial conforme a los porcentajes de incremento salarial establecidos por el Gobierno Nacional al inicio de cada año toda vez que su naturaleza es netamente salarial y po r ende corre con la misma suerte que la remuneración fija mensual.

1. Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación) a que seRadicado No. 73001-33-33-005-2018-00346-02

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reconozca, reliquide y pague las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo pagado y la inclusión del 100% de la bonificación judicial como factor constitutivo de salario ajustada al incremento solicitado en la pretensión anterior para la liquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que desde el año 2013 y hasta la fecha efectiva de pago hayan percibido mis poderdantes.

1. Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), para que los dineros reconocidos sean pagados debidamente indexados y actualizados de acuerdo al índi ce de precios al consumidor, con el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se cumpla en su totalidad la condena, como se dispone en el inciso 3 del artículo 192 del C.P.A.C.A.

1. Se condene en costas a la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), teniendo en cuenta la omisión en el acatamiento Constitucional, Convencional, Legal y

representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), teniendo en cuenta la omisión en el acatamiento Constitucional, Convencional, Legal y Jurisprudencial.

1. Solicito que, en el eventual caso de resultar a favor de mi representado el proceso y una vez finalice el trámite respectivo quedando en firme la sentencia, se expida copia autentica de la misma con la indicación de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo”.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así: ‐ El señor Jhon Eduar Méndez Huelgos se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1 de marzo de 2014, desempeñando a la hora de interponer la demanda el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Once Penal Municipal de Ibagué.

‐ En la Ley 4 de 1992, se establecieron los criteri os y objetivos mediante los cuales cada año el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de Decretos.

‐ En cumplimiento de lo anterior, fue expedido el Decreto 083 del 2013, mediante el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, misma que inició a pagarse desde el 1 de enero del 2013; sin embargo, esta bonificación no ha sido tenida en cuenta como factor prestacional salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión.

‐ La Rama Judicial ha venido pagando la bonificación judicial desde el 1 de enero

esta bonificación no ha sido tenida en cuenta como factor prestacional salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión.

‐ La Rama Judicial ha venido pagando la bonificación judicial desde el 1 de enero de 2013 conforme lo consagró el aludido Decreto, y en razón a que este pago goza de carácter periódico, permanente y habitual, debió haberse tenido en cuenta como factor salarial pues el Consejo de Estado ha señalado que el salario comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución directa por sus servicios.

‐ A partir de lo anterior, el 31 de octubre de 2017 el demandante solicitó a la NaciónRama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Tolima, que se reconociera la bonificación judicial como factor salarial para t odos los

2 Expediente digital, primera instancia Índice 1 folios 55 a 58.Radicado No. 73001-33-33-005-2018-00346-02

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efectos legales. No obstante, fue negada mediante oficio DESAJIBO17 -4271 del 17 de noviembre de 2017 y, ante la presentación del recurso de apelación interpuesto no obtuvo respuesta alguna por parte de la entidad.

3. Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la accionada descorrió traslado de la demanda, oponiéndose a las pretensiones en especial a la dirigida a inaplicar por

3. Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la accionada descorrió traslado de la demanda, oponiéndose a las pretensiones en especial a la dirigida a inaplicar por inconstitucionalidad el aparte “… y constituirá únicamente factor salarial para la ba se de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud...” del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y 1 del Decreto 1269 de 2015, por cuanto la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas normas, en cumplimiento de la formalidad consagrada en su artículo 3°. Indicó que, de accederse a lo solicitado se estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, pues, el Decreto 383 de 2013 fue expedido por el Gobierno Nacional, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992, significando ello que al establecerse la Bonificación Judicial únicamente como factor Salarial para efectos de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se está haciendo por expreso mandato legal. Con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, indicó que, sobre el carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación laboral y reglamentaria de los servidores públicos, se ha establecido que el disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, no implica una omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes, razón por la cual el legislador tiene la libertad para disponer que determinados emolumentos se liquiden sin

conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, no implica una omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes, razón por la cual el legislador tiene la libertad para disponer que determinados emolumentos se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor judicial, como sucede con el Decreto 0383 de 2013.

4. Sentencia apelada4.

Lo es la proferida el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda. Estableció que el demandante se encontraba vinculado laboralmente a la Rama Judicial desde el 1 de agosto de agosto de 2014, y por distintos periodos, y a la fecha de presentación de la demanda, fungía como Oficial Mayor del Juzgado 11 Penal Municipal de Ibagué. En consecuencia, desde su vinculación y con ocasión al Decr eto 383 de 2013 ha devengado la bonificación judicial por él creada, solicitando su reconocimiento como factor salarial el 31 de octubre de 2017, no obstante, le fue denegada. Después de realizar un análisis normativo en el correspondiente acápite, dando aplicación al precedente vertical y a una interpretación amplia de los derechos laborales, señaló que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013, excediendo el ejecutivo su facultad reglamentaria pues excluyó la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales con

ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013, excediendo el ejecutivo su facultad reglamentaria pues excluyó la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales con la expedición del Decreto 383 de 2013 desconociendo que debía realizar la nivelación atendiendo criterios de e quidad tal y como lo ordenaba y fue la finalidad del legislador en la Ley 4 de 1992 y no desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios y desconociendo principios mínimos fundamentales. En consecuencia, dando aplicación a los princ ipios pro homine, remuneración mínima vital y móvil favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, acogió la excepción de

3 Expediente digital, primera instancia índice 1 folios 187 a 191. 4 Índice de descarga 3 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-005-2018-00346-02

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inconstitucionalidad deprecada, e inaplicó la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 al considerar que, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 al considerar que, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Por otro lado, no accedió a la solicitud de actualizar la bonificación judicial conforme al reajuste salarial realizado anualmente por el Gobierno Nacional, pues la corrección monetaria adoptada con base en el IPC en el Decreto 383 de 2013, garantiza que se mantenga el poder adquisitivo del dinero devengado a título de bonificación judicial. Finalmente, declaró la existencia del acto ficto o presun to que se generó al no haberse resuelto el recurso de apelación y su nulidad junto al oficio DESAJIBO 17 -4271 del 7 de noviembre de 2017 y, declaró prescrit as las acreencias laborales anteriores al 31 de octubre de 2014.

5. Recurso de apelación5.

Interpuesto oportunamente por la vocera judicial del extremo accionado, solicita la revocatoria del fallo de primer grado y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda. Señaló que el acto administrativo demandado Oficio No. DESAJIBO 17 -4271 del 7 de noviembre de 2017, corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal, pues la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales , como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidos al imperio de la ley y obligados a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, debiendo darle estricto cumplimiento a los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015 que

y obligados a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, debiendo darle estricto cumplimiento a los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015 que establecen que la bonificación judicial no constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales que devengan sus beneficiarios y por ende el demandante, pues ellos gozan de legalidad al estar vigentes a la fecha. Adicionalmente, solicita se revoque o modifique la decisión que concedió efectos ultra y extra petita, pues no se puede reconocer o decretar el pago sobre emolumentos que de suyo no se tratan, ni se causaron en el oficio de la nulidad, incurriendo en un IMPOSIBLE JURÍDICO, desconociendo principios de la administración de justicia como la congruencia del fallo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se están reconociendo pretensiones sin la debida y requerida autorización presupuestal incurriendo ello en u n desequilibro presupuestal y una falta disciplinaria, pues no se cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por medio de auto del 24 de enero de 2025 6 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demanda, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas,

por la apoderada judicial de la parte demanda, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del aut o que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C. de P.A. y de lo C.A.

IV. CONSIDERACIONES

1. Sobre la competencia.

5 Índice de descarga 15 expediente digital SAMAI. 6 Índice de descarga 24 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-005-2018-00346-02

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Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958 -2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro

Segunda, Subsección B, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958 -2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), decidió declarar infun dado el impedimento formulado por esta Corporación en casos con similares contornos a los que aquí se analizan, tal y como se advirtió en el auto que admitió el recurso de apelación dentro del sub lite.

2. Problema jurídico.

Se debe establecer si el acto administrativo enjuiciado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 1 de marzo de 201 4, o si, por el contrario, las mismas fueron reconocidas y canceladas conforme a derecho. Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera pertinente este Colectivo, traer a colación las disposiciones legales que regulan el reconocimiento de la bonificación judicial objeto de debate.

3. Marco normativo y jurisprudencial. 3.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colo mbia en su artículo 150 numeral 19 literal e) consagra como atribución del Congreso de la República, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; en desarrollo de dicha normativa fue expedida la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos

empleados públicos; en desarrollo de dicha normativa fue expedida la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de lo contemplado en la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 " Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta p ara la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las nor mas legales vigentes a la fecha”.

Del precepto normativo transliterado se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración: i) el primero, hace referencia al sistema de acogidos y

vigentes a la fecha”.

Del precepto normativo transliterado se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración: i) el primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigencia del referidoRadicado No. 73001-33-33-005-2018-00346-02

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decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo añ o; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia del dicha norma y no manifestaron optar por este última, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

De otra parte, la citada disposición en su artículo 14 dispuso:

“ARTICULO 14: El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General

Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradore s del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

Con fundamento en dicha disposición normativa, se inició el proceso de nivelación salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, proceso este que se fue desarrollando paulatinamente con las expedición de los decretos 610 de 1998 y 440 de 2004, a través de los cuales se establecieron unas bonificaciones a los Magistrado de Tribunal y otros funcionarios; sin embargo dicha nivelación salarial sólo surtió efectos para los demás los servidores de la Rama Judicial hasta la expedición del Decreto 383 de 2013.

3.1.1 De la bonificación judicial de los servidores de la Rama Judicial

El Gobierno Nacional, en desarrollo del mandato establecido en la Ley 4 de 1992 expidió el Decreto 383 de 2013, “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones ”, en los siguientes términos

Decreto 383 de 2013, “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones ”, en los siguientes términos

“Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (…)

Parágrafo. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.Radicado No. 73001-33-33-005-2018-00346-02

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