TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2018-00372-02 (13-02-2025)

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Ibagué, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: JOSE ALETH RUIZ CASTRO

Ref. Expediente: Interno: 73001-33-33-001-2018-00372-02

2024-0823

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Demandante: JAIME RICARDO PINTO TORRES

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 187 y 247 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo del Circuito de Neiva el 31 de mayo de 2024 , mediante l a cual accedió a las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1.- Declaraciones y Condenas1.

Como petitum de la demanda, el demandante formulo las siguientes:

“(…)

1. Que se declare que la bonificación judicial reconocida a los demandantes mediante el Artículo 1° del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013 y demás decretos que lo desarrollan, es factor salarial para todos los efectos legales por cuanto su causa y efecto es la nivelación Salarial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial del poder público, teniéndole como fuente normativa la Ley 4° de 1992, además porque se trata

es factor salarial para todos los efectos legales por cuanto su causa y efecto es la nivelación Salarial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial del poder público, teniéndole como fuente normativa la Ley 4° de 1992, además porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo percibida de manera periódica, habitual y permanente.

2. Que se declare la NULIDAD de los actos administrativos que se relaciona a continuación, por medio de los cuales se negó la petición de que la Bonificación Judicial constituya factor salarial para todos los efectos, y por consiguiente, se negó la reliquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que hasta la fecha ha n percibido y las que perciban hacia futuro los poderdantes, tomando como factor salarial para ello el 100 % de la bonificación judicial, la cual vienen percibiendo de manera mensual e ininterrumpida desde el mes de enero de 2013:

• DESAJIB017-3909 del 17 de octubre de 2017 - Jaime Ricardo Pinto Torres.

1 Expediente digital, primera instancia, índice 00 y 01, fls. 57 a 80.73001-33-33-001-2018-00372-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Jaime Ricardo Pinto Torres Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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3. Que se declare la EXISTENCIA y posterior NULIDAD de los actos administrativos fictos o presuntos, fruto del silencio administrativo negativo de la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL por no haber resuelto los recursos de apelación

o presuntos, fruto del silencio administrativo negativo de la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL por no haber resuelto los recursos de apelación concedidos en contra de los siguientes actos administrativos, por lo que se entienden confirmados, quedando así agotada la vía administrativa:

• Frente al oficio DESAJIB017-3909, se concedió el recurso el 15 de noviembre de 2017, mediante la resolución DESAJIB017-4367.

4. Que se declare los demandantes tienen derecho a que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL seccional del Tolima, reconozca, reajuste y pague, una reliquidación de las prestaciones sociales, esto es, Primas de Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de Productividad, Prima de Bonificación por servicios prestados, Cesantías, Intereses de las Cesantías, Aportes al sistema d Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, y demás acreencia laborales a que tuvieren derecho, desde el 10 de enero de 2013 hasta la fecha, hasta que sea cumplida la sentencia y en adelante, in cluyendo como factor salarial el 100% de la bonificación judicial devengada mes a mes de manera ininterrumpida desde enero de 2013 a la fecha.

5. Que se hagan las declaraciones ultra y extra petita por los derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados.

6. Todo lo anterior, previo declarar la inaplicabilidad por EXCEPCIÓN DE

fecha.

5. Que se hagan las declaraciones ultra y extra petita por los derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados.

6. Todo lo anterior, previo declarar la inaplicabilidad por EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, respecto de los Artículos 1° y 3º del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013 y los decretos que lo desarrollan, en especial el aparte del Artículo 1° en cuanto a la frase “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones u al Sistema General de Seguridad Social en Salud.” (subrayado fuera del texto original), por ser manifiestamente violatorios de algunos Tratados Internacionales ratificados por Colombia y de normas de carácter superior contenidas en el Preámbulo y los artículos 4º, 53 y 93 de la Constitución Nacional, que consagran la Primacía de la realidad sobre las formas; el Principio de Favorabilidad que prima a favor de los empleados, y el Principio de irrenunciabilidad a los derechos mínimos establecidos en las normas laborales, entre otros.

Como consecuencia de las anteriores pretensiones y a título de restablecimiento del derecho, que:

7. Se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima po r el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reconocer, reajustar, liquidar, reliquidar y pagar a los demandantes la totalidad de las diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos dejados de cancelar en los años 2013reajustar, liquidar, reliquidar y pagar a los demandantes la totalidad de las diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos dejados de cancelar en los años 20132014 -20152016 -2017 -2018 y todos los subsiguientes, hasta la inclusión en nómina de los factores salariales debidamente indexados y lo que se determine a pagar de la reliquidación de sus prestaciones sociales, incluyendo el 100% de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos, en razón a que se devenga mes a mes de manera ininterrumpida desde enero de 2013 a la fecha.

8. Se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en la secciona] de/ Tollina por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reajustar la bonificación judicial conforme a los porcentajes de incremento salarial establecidos73001-33-33-001-2018-00372-02

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por el Gobierno Nacional al inicio de cada año, toda vez que su naturaleza es netamente salarial y por ende corre con la misma suerte que la remuneración fija mensual.

9. Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL CONSEJO SU PERIOR DE LA

JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

9. Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL CONSEJO SU PERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a que reconozca, reliquida y pague las diferentes salariales y prestacionales existentes entre lo pagado y la inclusión del 100% de la bonificación judicial como factor constitutivo de salario, ajustada al incremento solicitado en la pretensión anterior para la liquidación de todas las pre staciones sociales y laborales que desde el año 2013 y hasta la fecha efectiva de pago hayan percibido mis demandantes.

10. Que condene a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMIN ISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Toli ma por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus v es al momento de la notificación), para que los dineros reconocidos sean pagados debidamente indexados y actualizados de acuerdo al índice de precios al con sumidor, con el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se cumpla en su totalidad la cond ena, como se dispone en el inciso 3° del artículo 192 del C.P.A.C.A.

11. Se condene en costas a la NACIÓNRAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO

11. Se condene en costas a la NACIÓNRAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus v es al mom ento de la notificación), teniendo en cuenta la omisión en el acatamiento constitucional, convencional, legal y jurisprudencial.

12. (…)”.

2.- Fundamentos fácticos 2.

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así:

1. Que el señor Jaime Ricardo Pinto Torres se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde antes de la entrada en vigencia del Decreto 383 de 2013, desde el 1 de agosto de 1988 y ha ocupado los siguientes cargos: (i) entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de octubre de 2015 se encontraba retirado del servicio, siendo reintegrado desde el 2 de octubre de 2015 en cumplimiento a la Sentencia de fecha 3 de febrero del mismo año proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y (ii) desde el 1 de enero de 2013 a la fecha como Escribiente del Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de lbagué.

2. Que la Ley 4 de 1992, se establecieron los criterios y objetivos mediante los cuales cada año el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de Decretos.

3. Con base en la mencionada Ley y como producto de la Negociación

los cuales cada año el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de Decretos.

3. Con base en la mencionada Ley y como producto de la Negociación adelantada entre los trabajadores judiciales y el Gobierno Nacional, se expidió el Decreto 383 del 6 de marzo de 2013.

2 Expediente digital, primera in stancia, índice 00 y 01, fls. 57 a 80.73001-33-33-001-2018-00372-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Jaime Ricardo Pinto Torres Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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4. Que el decreto en cita despoja a la bonificación judicial de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales de los funcionarios y empleados beneficiarios de la misma, cercenando así los beneficios que el incremento de la remuneración debe representar, en la medida en que al ser un factor salarial debería tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos como lo son, primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías y demás prestaciones sociales, lo que en realidad NO sucede.

5. Que la Rama Judicial ha venido pagando la bonificación judicial desde el 1 de enero de 2013 conforme lo consagró el aludido Dec reto, y en razón a que este el pago goza de un carácter periódico, permanente y habitual, debió h aberse tenido en cuenta como regla general, los lineamiento s jurisprudenciales del Consejo de Estado, el cual ha consagrado en

que este el pago goza de un carácter periódico, permanente y habitual, debió h aberse tenido en cuenta como regla general, los lineamiento s jurisprudenciales del Consejo de Estado, el cual ha consagrado en reiterados pronunciamientos que para el concepto de asignación o salario de los funcionarios y empleados públicos (entre ellos los de la Rama Judicial), se debe tener en cuenta que, “Por su parte, el salario es una noción más amplia que comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución directa por sus servicios, por lo tanto el demandante tiene derecho a que la Administración Judicial ordene la reliquidación, tanto del valor total del salario, como de todas las prestaciones sociales a que tiene derecho.

6. En ese sentido señala que, la entidad demandada mes a mes, desde enero de 2013, cancela a mis prohijados la bonificación judicial antes referida por los servicios prestados, con el fin de materializar la NIVELACIÓN SALARIAL establecida en la Ley 4a de 1992.

7. Que el demandante, mediante reclamación administrativa solicito ante a Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial seccional Tolima, que se reconociera la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos; primas, cesantías y demás emolumentos pervividos en razón de la relación laboral y NO únicamente para el pago de aportes a Seguridad Social en Salud y Pensión, petición que se radicó el 12 de octubre de 2017.

8. Que m ediante oficio DESAJIBO17 -3909 del 17 de octubre de 2017 la entidad demandada denegó la solicitud elevada, interponiéndose recurso

8. Que m ediante oficio DESAJIBO17 -3909 del 17 de octubre de 2017 la entidad demandada denegó la solicitud elevada, interponiéndose recurso de apelación el 3 de noviembre de 2017, concediéndose el mismo el día 15 de noviembre siguiente, sin que después de haber transcurrido más de 2 meses la entidad demandada se pronunciara , por lo que, ante la configuración de un acto ficto o presunto, entendió agotada la vía gubernativa.

3.- Contestación de la demanda.73001-33-33-001-2018-00372-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Jaime Ricardo Pinto Torres Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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De conformidad con la constancia secretarial del 5 de septiembre de 2022 3 y el auto que acogió la figura de la sentencia anticipada de fecha 9 de septiembre de 20224, se evidencia que la entidad demandada no contestó la demanda. 4.- La sentencia apelada5. Lo es la proferida el 31 de mayo de 2024 por el Juez 404 Administrativo del Circuito de Neiva dispuso acceder a las pretensiones de la demanda. Estableció que el demandante se encontraba vinculado laboralmente a la Rama Judicial desde el 1 de agosto de 1998, y por distintos periodos, y a la fecha de presentación de la demanda, fungía como escribiente de circuito en el Juzgado 4° de familia del circuito de Ibagué y si bien hubo una interrupción en el vínculo laboral entre el 1 de abril de 2008 y el 1 de octubre de 2015, en virtud de la

de familia del circuito de Ibagué y si bien hubo una interrupción en el vínculo laboral entre el 1 de abril de 2008 y el 1 de octubre de 2015, en virtud de la sentencia del 3 de febrero de 2015 del Tribunal Administrativo del Tolima ordenó el reintegro del actor a su cargo de escribiente, así como el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde su retiro hasta su reintegro, aclarando que, para el efecto, no hubo s olución de continuidad. En consecuencia, desde la entrada en vigencia del Decreto 383 de 2013 ha devengado la bonificación judicial por él creada, solicitando su reconocimiento como factor salarial el 12 de octubre de 2017, no obstante, le fue denegada. Después de realizar un análisis normativo en el correspondiente acápite, dando aplicación al precedente vertical y a una interpretación amplia de los derechos laborales, señaló que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir d el año 2013, excediendo el ejecutivo su facultad reglamentaria pues excluyó la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales con la expedición del Decreto 383 de 2013 desconociendo que debía realizar la nivelación atendiendo criterios de equidad tal y como lo ordenaba y fue la finalidad del legislador en la Ley 4 de 1992 y no desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios y desconociendo principios mínimos fundamentales.

nivelación atendiendo criterios de equidad tal y como lo ordenaba y fue la finalidad del legislador en la Ley 4 de 1992 y no desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios y desconociendo principios mínimos fundamentales. En consecuencia, dando aplicación a los princi pios pro homine , remuneración mínima vital y móvil favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, acogió la excepción de inconstitucionalidad deprecada, e inaplicó la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 al considerar que, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales. Por otro lado , no accedió a la solicitud de actualizar la bonificación judicial conforme al reajuste salarial realizado anualmente por el Gobierno Nacional, pues la corrección monetaria adoptada con base en el IPC en el Decreto 383 de 2013, garantiza que se mantenga el poder adquisitivo del dinero devengado a título de bonificación judicial. Finalmente, declaró la existencia del acto ficto o presunto que

3 Expediente digital, primera instancia, índice 05. 4 Expediente digital, primera instancia, índice 06. 5 Expediente digital, expediente TRIBUNAL, índice 05.73001-33-33-001-2018-00372-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Jaime Ricardo Pinto Torres Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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se generó al no haberse resuelto el recurso de apelación y declaró prescrito las acreencias laborales anteriores al 12 de octubre de 2014.

5. El recurso de apelación6.

Interpuesto oportunamente por la vocera judicial del extremo accionado, solicita la revocatoria del fallo de primer grado y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda. Señala que el acto administrativo demandado Oficio No. DESAJIBO 17-3909 del 17 de octubre de 2017 , corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal, pues la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidos al imperio de la ley y obligados a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, debiendo darle estricto cumplimiento a los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015 que establecen que la bonificación judicial no constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales que devengan sus beneficiarios y por ende el demandante, pues ellos gozan de legalidad al estar vigentes a la fecha. Adicionalmente, solicita se revoque o modifique la decisión que concedió efectos ultra y extra petita , pues no se puede reconocer o decretar el pago sobre emolumentos que de suyo no se tratan, ni se causaron en el oficio de la nulidad, incurriendo en un IMPOSIBLE JURÍDICO, desconociendo principios de la

ultra y extra petita , pues no se puede reconocer o decretar el pago sobre emolumentos que de suyo no se tratan, ni se causaron en el oficio de la nulidad, incurriendo en un IMPOSIBLE JURÍDICO, desconociendo principios de la administración de justicia como la congruencia del f allo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se están reconociendo pretensiones sin la debida y requerida autorización presupuestal incurriendo ello en un desequilibro presupuestal y una falta disciplinaria, pues no se cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 30 de septiembre de 2024 se admitió el recurso interpuesto por l a apoderada judicial de la parte demandada 7, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A.

IV. CONSIDERACIONES

1.- Sobre la competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia apelada según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo

6 Expediente digital, expediente TRIBUNAL, índice 22.

Es competente esta colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia apelada según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo

6 Expediente digital, expediente TRIBUNAL, índice 22. 7 Expediente digital, expediente TRIBUNAL, índice 30.73001-33-33-001-2018-00372-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Jaime Ricardo Pinto Torres Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces. Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958 -2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024 ), decidió declara r infundado el impedimento formulado por esta Corporación en casos con similares contornos a los que aquí se analizan, tal y como se advirtió en el auto que admitió el recurso de apelación dentro del sub lite.

2.- El Problema Jurídico.

Se debe establecer si el acto administrativo enjuiciado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 01 de enero de 2013, o si, por el contrario, las mismas

accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 01 de enero de 2013, o si, por el contrario, las mismas fueron reconocidas y canceladas conforme a derecho.

Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera pertinente este Colectivo, traer a colación las disposiciones legales que regulan el reconocimiento de la bonificación judicial objeto de debate,

3.- Marco Legal y jurisprudencial.

3.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 150 numeral 19 literal e) consagra como atribución del Congreso de la República, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados pú blicos; en desarrollo de dicha normativa fue expedida la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del G obierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de lo contemplado en la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 " Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la

"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha”.73001-33-33-001-2018-00372-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Jaime Ricardo Pinto Torres Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Del precepto normativo transliterado se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración: i) el primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigencia del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia

vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia del dicha norma y no manifestaron optar por este última, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

De otra parte, la citada disposición en su artículo 14 dispuso:

“ARTICULO 14: El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, c on efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

Con fundamento en dicha disposición normativa, se inició el proceso de nivelación salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, proceso este que se fue

reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

Con fundamento en dicha disposición normativa, se inició el proceso de nivelación salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, proceso este que se fue desarrollando paulatinamente con las expedición de los decretos 610 de 1998 y 440 de 2004, a través de los cuales se establecieron unas bonificaciones a los Magistrado de Tribunal y otros funcionarios; sin embargo dicha nivelación salarial sólo surtió efectos para los demás los servidores de la Rama Judicial hasta la expedición del Decreto 383 de 2013.

3.1.1 De la bonificación judicial de los servidores de la Rama Judicial

El Gobierno Nacional, en desarrollo del mandato establecido en la Ley 4 de 1992 expidió el Decreto 383 de 2013, “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos

“Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una boni ficación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.73001-33-33-001-2018-00372-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho

únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.73001-33-33-001-2018-00372-02 2024-0823 Nulidad y restablecimiento del derecho Jaime Ricardo Pinto Torres Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecuti