TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2019-00315-01 (13-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-001-2019-00315-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandante: Angela Eufemia Hurtado Gutiérrez.

Apoderado: Uber Alirio Fonseca Sambrano.

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Apoderado: María del Pilar Bernal Caro.

Tema: Primacía de la realidad sobre las formalidades - contrato realidad.

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 28 de febrero de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que denegó las pretensiones contenidas en el escrito introductorio.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Angela Eufemia Hurtado Gutiérrez1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el servicio nacional de aprendizaje – SENA en busca de que se declare la existencia de una relación laboral subyacente o encubierta, y solicitó la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

1.1.1. Pretensiones. 2

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número 73-9123que negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

1.1.1. Pretensiones. 2

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número 73-91231 Espinal / NIS 2019-05-022761 con radicado SENA 73-1-2019-6074 del cuatro de junio de 2019 a través del cual el subdirector del centro agropecuario la granja negó el reconocimiento de la relación laboral entre la Angela Eufemia Hurtado Gutiérrez y el servicio nacional de aprendizaje – SENA.

Se reconozca y declare que entre el servicio nacional de aprendizaje – SENA y Angela Eufemia Hurtado Gutiérrez existió una relación labo ral que inició el 05 de mayo de 2015 y subsistió hasta el 18 de diciembre de 2019, fecha en que se cumplió la fecha de ejecución del contrato de prestación de servicios 00531 de 2019.

1 Por medio de apoderado. 2SAMAI expediente digital tribunal, SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333007201900401011EXPEDIENTEDIGI20221003172342 carpeta 01PrimeraInstancia carpeta C01Principal documento 02Demanda.pdf página 1 – 2.2

A titulo de restablecimiento del derecho, se reconozca y pague todos los emolumentos salariales y prestacionales derivados de la relación laboral: cesantías intereses a las cesantías prima de servicio correspondiente a mitad y final de año, dotación de calzado y vestido, auxilio de transporte, vacaciones, cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión y salud, además de los otro factores salariales a los cual tiene derecho un instructor de planta , desde el 05 de mayo de

dotación de calzado y vestido, auxilio de transporte, vacaciones, cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión y salud, además de los otro factores salariales a los cual tiene derecho un instructor de planta , desde el 05 de mayo de 2009 hasta el 18 de diciembre de 2019.

Que la entidad demandada pagué a favor de la accionante la sanción moratoria por el no pago en fecha oportuna de las prestaciones sociales.

Se actualicen las sumas a pagar en concordancia con dispuesto por el artículo 187 del C.P.A.C.A. y se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.3

Los hechos que motivaron la demanda sucintamente se resumen en:

Angela Eufemia Hurtado Gutiérrez, prestó personalmente sus servicios profesionales a través cooperativa asociada de trabajo y de contratos de prestación de servicios al Servicio Nacional de A prendizaje - SENA, como instructora para apoyar el desarrollo de las actividades de formación profesional integral desde el 05 de mayo de 2009 hasta el 18 de diciembre de 2019, cumpliendo de esta manera con su función de instructor – docente, realizando la formulación de proyectos, elaboración de programas de formación, diseño de actividades de aprendizaje, y participación en el proceso de ejecución de la formación en el área de PECUARIA, del centro agropecuario “La Granja SENA – Espinal”

Durante el tiempo en que estuvo vinculada cumplió una jornada dispuesta por el subdirector del SENA centro agropecuario de formación la granja - espinal, el cual consistía en dictar catedra presencial: 8 horas diarias y 5 días a la semana en los municipios de l departamento del Tolima , mensualmente recibía un pago como

subdirector del SENA centro agropecuario de formación la granja - espinal, el cual consistía en dictar catedra presencial: 8 horas diarias y 5 días a la semana en los municipios de l departamento del Tolima , mensualmente recibía un pago como contraprestación por los servicios prestados y cumplía funciones de un instructor de planta.

La accionante debía asistir a las 2 reuniones hechas para los instructores en las cuales el subdirector explicaba la metodología y forma de dictar las asignaturas.

La señora Hurtado Gutiérrez a través de derecho de petición solicitó al subdirector del centro agropecuario La Granja – Espinal el reconocimiento de prestaciones sociales por los años de prestación personal del servicio bajo una subordinación directa y a cambio de una remuneración periódica.

Dicha solicitud fue resuelta el 04 de junio de 2019 nega ndo el reconocimiento de carácter laboral a favor de la señora Angela Eufemia Hurtado Gutiérrez, al considerar que la relación se dio únicamente en la modalidad de contratos civiles de prestación de servicios, exentos del pago de prestaciones sociales. Así mismo y en razón a la interposición de un recurso por parte de la demandante, el mismo funcionario, a través de oficio 79-9123-1-EspinalNOS 2019-01-206381, manifestó que contra esa decisión no era procedente el recurso de apelación.

3SAMAI expediente digital tribunal, SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333007201900401011EXPEDIENTEDIGI20221003172342 carpeta 01PrimeraInstancia carpeta C01Principal documento 02Demanda.pdf página 2 – 8.3

documento 2_730013333007201900401011EXPEDIENTEDIGI20221003172342 carpeta 01PrimeraInstancia carpeta C01Principal documento 02Demanda.pdf página 2 – 8.3

1.2. Contestación de la demanda4

Se opuso a la prosperidad de todas la s pretensiones de la demanda, explicó que dichas pretensiones no tienen soporte factico o jurídico para que sean accedidas judicialmente. Manifestó que , la relación que existió entre la demandante y la entidad fue estrictamente contractual en el marco de los contratos estatales los cuales están permitidos y regulados por la Ley. Explicó que, estos fueron suscritos e n atención a la necesidad de cubrir la prestación de servicios temporales de un instructor, por lo cual no estaban sujetos a la subordinación, ya que, si bien se establecía un horario, este es necesario para la prestación del servicio, y no implica que exista una relación laboral , agregó que los términos y obligaciones contractuales fueron aceptados por la accionante. Frente al vinculo con la cooperativa de trabajo asociado laboorum, refirió que esta era una empresa contratista del servicio nacional de aprendizaje – SENA, y que los asociados a dicha cooperativa cumplían con las condiciones mínimas para cumplir con el objeto contractual, por lo cual eran requeridos antes faltas de personal temporal o definitiva. Señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se reúnen los requisitos para declarar la existencia de un contrat o realidad, debido a que las actividades nacen del acuerdo de voluntades, resaltó que no se puede considerar a un contratista como empleado publico de acuerdo con la disposición constitucional del artículo 122. Formuló las excepciones de prescripción , y la que denominó “ reconocimiento

actividades nacen del acuerdo de voluntades, resaltó que no se puede considerar a un contratista como empleado publico de acuerdo con la disposición constitucional del artículo 122. Formuló las excepciones de prescripción , y la que denominó “ reconocimiento oficioso de excepciones”. 1.3. Sentencia de primera instancia.5

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 28 de febrero de 2023, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la parte demandada, para lo cual se incluirán como agencias en derecho el equivalente a 8 salarios mínimos legales diarios vigentes.

TERCERO: Abstenerse de reconocer personería al abogado Leonardo Fabio Méndez Urquiza, para actuar como apoderado judicial del Servi cio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo considerado en esta providencia.

4 SAMAI expediente digital tribunal, SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 2_730013333007201900401011EXPEDIENTEDIGI20221003172342 carpeta 01PrimeraInstancia carpeta C01Principal documento 015ContestcaionDemandaSena.pdf 5SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 73001333300120190031501_T133857491339434136 carpeta 2_ED_01PRIMERAINSTANCIAR.rar carpeta

5SAMAI, expediente digital tribunal, actuación expediente digital índice 4, descripción del documento 73001333300120190031501_T133857491339434136 carpeta 2_ED_01PRIMERAINSTANCIAR.rar carpeta 01PrimeraInstancia carpeta C01Principal documento 13SentenciaPrimeraInstancia.pdf4

CUARTO: Abstenerse de emitir pronunciamiento respecto al nuevo poder aportado a favor de la abogada María Del Pilar Bernal Cano, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Por Secretaría, realizar las anotaciones de rigor, dejando las constancias correspondientes en el sistema y una vez en firme, archivar el proceso.”

Los argumentos en que sustentó la decisión el juez de primera instancia fueron sucintamente:

Se destaca en primer lugar que no existe aparente controversia respecto a la efectiva actividad personal desplegada por la señora Angela Eufemia Hurtado Gutiérrez al servicio del Servicio Nacional de Aprendizaje, pues el ente demandado en ningún momento ha negado que la demandante desempeñó funciones como instructora, aunado a que las pruebas practicadas si refieren la existencia de la mencionada prestación personal de actividades para con el Servicio Nacional de Aprendizaje por parte de la demandante.

Al igual que, tampoco existe disonancia en cuanto a la remuneración periódica a favor de la señora Angela Eufemia Hurtado Gutiérrez, ya que hay lugar de encuentro en las tesis planteadas por las partes al afirmarse que la demandante recibía como contraprestación de los contratos de prestación de servicios un pago en dinero previamente pactado y que si bien difieren en lo relativo a la denominación conceptual

tesis planteadas por las partes al afirmarse que la demandante recibía como contraprestación de los contratos de prestación de servicios un pago en dinero previamente pactado y que si bien difieren en lo relativo a la denominación conceptual en que debe ser llamado salario u honorarios, lo cierto es que las pruebas del proceso dan cuanta que la demandante recibió de parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, continuos pagos por la prestación personal de sus servicios, lo que igualmente se encuentra acreditado con el contenido de los contratos citados párrafos atrás.

Respecto de la subordinación, se tiene que de las pruebas aportadas por el extremo activo es decir, los testimonios, no se puede establecer con certeza la existencia del elemento de subordinación entre las partes del contrato, dado que de estos ellos se extrae que la demandante debía ajustar el horario y lugares de sus actividades a las programadas para la impartición de los cursos, impartir los contenidos institucionalmente señalados y someterse a la supervisión del cumplimiento del contrato, rindiendo informes y reportando sus actividades, sin que ello constituya subordinación laboral tal y como lo señaló el Honorable Consejo de Estado.

Concluyó que que la parte demandante no cumplió con la carga de acreditar la configuración de la totalidad de elementos de la relación laboral, esto es, no allegó los elementos probatorios que permitieran identificar la existencia de una subordinación laboral, contrario a ello y como fue señalado líneas atrás, se evidencia que la relación de coordinación de actividades implicaba que la demandante se sometiera a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo que incluía el cumplimiento de un horario, recibir una serie de instrucciones, o tener

de coordinación de actividades implicaba que la demandante se sometiera a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo que incluía el cumplimiento de un horario, recibir una serie de instrucciones, o tener que reportar informes sobre sus resultados, por lo que no desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, razón por la cual se negaran las pretensiones

1.4. Recurso de apelación

Expuso que en el asunto en comento se dan los presupuestos para declarar una relación laboral conforme a los elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.5

En el mismo sentido, mencionó que de la actividad laboral de la demandante y el pago de su remuneración como elementos del contrato, se encuentran debidamente acreditadas dentro del plenario, más aun cuando no fueron controvertidas por la demandada, así el motivo único de negación fue no haberse acreditado el elemento subordinación como elemento del contrato, pues según considera, solam ente se aportaron al expediente unas planillas contentivas de la programación relacionadas con lugares y horarios correspondientes al mes de mayo de 2019, refiriendo los distintos programas de formación, documentos estos que no son suficientes para configurar la subordinación.

Resaltó que que no es acertada la interpretación de la jurisprudencia que hace la primera instancia, ya que no tuvo en cuenta el contenido en conjunto de las pruebas obrantes en el proceso, pues con lo recaudado si es posible determinar la existencia del elemento subordinación, y consecuentemente de un contrato realidad.

Explicó que se cumplieron los indicios dados por el Consejo de Estado para determinar la existencia de subordinación, es decir: lugar de trabajo, cumplimiento

del elemento subordinación, y consecuentemente de un contrato realidad.

Explicó que se cumplieron los indicios dados por el Consejo de Estado para determinar la existencia de subordinación, es decir: lugar de trabajo, cumplimiento de hor ario, dirección y control de actividades, que las tareas o actividades a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta.

Coligió que, los testimonios dados pese a la tacha propuesta por la entidad accionante, fueron totalmente espontáne os e imparciales, limitándose su declaración a contestar sobre los hechos de averiguación de manera muy coherente y sin dilaciones.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA, según el cual los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

En igual sentido, esta se ajustará de acuerdo con lo establecido en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, por remisión del artículo 306 del CPACA. De acuerdo con dicha disposición, s e realizará pronunciamiento únicamente sobre los argumentos expuestos por el apelante en el recurso de alzada, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, circunstancia que se avizora en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el marco de la apelación, corresponde a la Sala decidir:

Si en el proceso de la referencia con los elementos probatorios aportados se lograron acreditar los elementos necesarios para declarar la existencia de contrato realidad entre la parte accionante y servicio nacional de aprendizaje - SENA.6

Por lo cual en caso de que la respuesta sea afirmativa se pasará a revisar en que periodos fue causado el contrato realidad y las prestaciones sociales derivadas de la declaración de existencia de un contrato realidad.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se revocará la sentencia de primera instancia a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda , debido a que una vez analizados los elementos de prueba aportados al cartulario, se encontraron acreditados los elementos del contrato laboral, así, el instructor que dentro de sus funciones debía impartir clases en los procesos de orientación del SENA carece de autonomía en la ejecución de esta labor, dado que está sujeto a las órdenes que desde la coordinación académica eran impartidas, de manera que se logró acreditar una verdadera relación laboral en cubierta , en la cual debía cumplir horarios, pedir permiso para ausentarse, y seguir las ordenes, desdibujando la figura del contrato de prestación de servicios, la autonomía e independencia propia de este tipo de vínculo.

Se reitera que se acreditaron los presupuestos de una relación laboral entre las

seguir las ordenes, desdibujando la figura del contrato de prestación de servicios, la autonomía e independencia propia de este tipo de vínculo.

Se reitera que se acreditaron los presupuestos de una relación laboral entre las partes, empero, esta sala acoge la postura de reconocimiento de la relación laboral entre instructor y el servicio nacional de aprendizaje - SENA de la subsección B de la sección segunda del Consejo de Estado, en aplicación del principio pro operario, debido a que acreditado está que un instructor de planta y un contratista cumplen las mismas funciones, luego entonces, resultaría una discriminación predicar que el instructor contratista es autónomo e independiente , con diferencia del lugar donde deben impartir clases en los programas técnicos, tecnológicos y de formación para grado 10° y 11°.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Contrato realidad.

Respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

En otros términos, el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta

vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.6

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicación: 63001 -23-33-000-2021-00072-01, sentencia del 11 de abril de 2024, demandante: Jaime Chávez Arcila, demandado: Municipio de Armenia.7

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (…) general relación laboral ni prestaciones sociales” , contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación labor al y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato

persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administra ción sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.”

términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.”

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 7, “[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil (…)”, dispone:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

7 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.8

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.”

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, la Corte expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de ca rácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contra to de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.”

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las

esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo su jeción de9

órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales8.

2.4.2. Sentencias de unificación sobre contrato realidad del Consejo de Estado.

De igual manera, el Consejo de Estado 9 ha recordado que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el p arámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato

labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el p arámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de emp leado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

En lo que concierne a la prescripción cuando se declara la existencia de un contrato realidad encubierto mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE -SUJ2 No. 5 de 201610, precisó:

(…) i) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realida