TA TOL - Sentencia 73001-33-33-001-2021-00252-01 (20-02-2025)

Ibagué, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente:

JOSE ALETH RUIZ CASTRO

Ref. Expediente: Interno: 73001-33-33-001-2021-00252-01

0749-2023

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: COMUNICACIÓN CELULAR-COMCEL S.A.

Demandado: MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la accionada en contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 11 de mayo de 2023, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones1

“PRIMERA: Que son nulas los siguientes actos administrativos:

a) Las liquidaciones oficiales que se relacionan a continuación, expedidas por la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Carmen de Apicalá Departamento del Tolima, por medio de la cual se determinó el impuesto de alumbrado público por los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020 a cargo de COMCEL S.A.

Factura No Fecha Periodo gravable 2020

APO00447 10-junio-2020 Enero a junio APOR00454 08-julio-2020 Julio APO460 10-agosto-2020 Agosto

Factura No Fecha Periodo gravable 2020

APO00447 10-junio-2020 Enero a junio APOR00454 08-julio-2020 Julio APO460 10-agosto-2020 Agosto APO00460 10septiembre-2020 Septiembre

b) Las resoluciones que se relacionan a continuación, expedidas por la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá Departamento del Tolima, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de reconsideración interpuestos contra las liquidaciones oficiales de que trata el literal anterior

Recurso No

fecha Periodo gravable 362 13-octubre-2021 Enero a junio 363 13octubre -2021 Julio 365 13-octubré2021 Agosto 364 13-octubre-2021 Septiembre

1 Ver Expte Juzgado – Archivo 2 – fls 1-2Rad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

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SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que no hay lugar al cobro del impuesto de alumbrado público por los periodos correspondientes a los meses de enero a junio de 2020 en cuantía de $26.334.090, julio 2020 en cuantía de $4.389.015, agosto 2020 en cuantía de $4.389.015 y septiembre 2020 en cuantía de $4.389.045 a cargo

de COMCEL S.A.”

2. Fundamentos fácticos2

en cuantía de $4.389.015 y septiembre 2020 en cuantía de $4.389.045 a cargo

de COMCEL S.A.”

2. Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso siguientes hechos relevantes:

1. Indicó que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Carmen de Apicalá, sin tener en cuenta que COMCEL S.A. no tiene establecimientos de comercio dentro de esa jurisdicción y sin mediar actos previos notificó a la parte actora las liquidaciones oficiales objeto de anulabilidad

2. Dentro de la oportunidad legal conferida la accionante por intermedio de su representante legal, interpuso los recursos de reconsideración contra las aludidas liquidaciones, siendo resueltos por la accionada a través de las Resoluciones Nos 362, 363, 365 y 367 de 13 de octubre de 2021 y notificadas por correo electrónico el día 21 de octubre de 2021.

3.- Contestación de la demanda

Mediante apoderado judicial, la entidad accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones planteadas en la demanda, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

Citó algunas disposiciones legales relacionadas con el tema de energía eléctrica, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – REIEy el por objeto establecer los requisitos y medidas que deben cumpli r los sistemas de iluminación y alumbrado público; igualmente trajo a colación algunos apartes jurisprudenciales relacionados con el cobro del impuesto de alumbrado público, indicando que en ellas se ha señalado que el servicio de alumbrado público es

iluminación y alumbrado público; igualmente trajo a colación algunos apartes jurisprudenciales relacionados con el cobro del impuesto de alumbrado público, indicando que en ellas se ha señalado que el servicio de alumbrado público es susceptible del cobro de un tributo, porque es un derecho de interés general al cual deben contribuir todos los miembros de la comunidad que se benefician de la prestación del servicio, ya que el hecho generador del impuesto de alumbrado público lo constituye ser usuario potencial de dicho servicio, calidad esta que ostentan todos los sujetos que residen en la jurisdicción municipal, sin que importe si reciben o no el servicio de forma permanente.

Aseveró que las entidades territoriales tenían autonomía tributaria y los concejos municipales estaban facultados para determinar y fijar los elementos estructurales del tributo, por lo que no era de recibo que la demandante quisiera exonerarse de su res ponsabilidad de cancelar el monto correspondiente que adeuda al municipio por concepto de alumbrado público.

Dijo que contrario a lo manifestado por la demandante el contribuyente no está obligado a declarar, pues dicho impuesto no es de aquellos suscepti bles de declaración por parte del contribuyente, por lo que sobre el impuesto en disputa no se realiza el respectivo emplazamiento previo por no declarar; así mismo señaló, que las entidades territoriales deben expedir los actos administrativos respectivos – facturaspara determinar el tributo a su favor aplicando los procedimientos establecidos en el E:T. y en el Acuerdo municipal.

2 Ver Expte Juzgado – Archivo 16Rad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

procedimientos establecidos en el E:T. y en el Acuerdo municipal.

2 Ver Expte Juzgado – Archivo 16Rad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

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Refirió que no se había trasgredido el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa, toda vez que las facturas demanda das est aban debidamente motivadas conforme a los procedimientos establecidos en el E.T y en el Acuerdo municipal, actos administrativos estos que fueron debidamente notificados, los cuales fueron recurridos y resueltos por la administración.

Sostuvo que el Consejo Municipal de Carmen de Apicalá expidió el Acuerdo No 032 de 22 de octubre de 2013, el cual fue sustituido por el Acuerdo 005 de 16 de septiembre de 2016, y en el capítulo XV artículo 267-5 parágrafo 4-1 de éste último, se incorporó lo referente al impuesto de alumbrado público para personas naturales o jurídicas que operen o sean propietarias de infraestructura, como antenas de transmisión y recepción de telefonía fija, móvil y señal repetidora de televisión y de transmisión de datos.

Exaltó que el Municipio tuvo conocimiento que la Sociedad Comunicación Celular -COMECEL S.Aopera y posee infraestructura (Torres de Transmisión y recepción de telefonía móvil) ancladas en predios ubicados dentro de la jurisdicción municipal, lo que la hacía acreed ora del pago del tributo de alumbrado público.

y recepción de telefonía móvil) ancladas en predios ubicados dentro de la jurisdicción municipal, lo que la hacía acreed ora del pago del tributo de alumbrado público.

Manifestó que con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia del COVID 19 el alcalde del Municipio de Carmen de Apicalá expidió el Decreto Municipal No 078 de 14 julio de 2020, por medio del cual se dispuso el aislamiento preventivo, sin que existiera entonces atención al público, situación ésta que debía ser evaluada al momento de estudiar la pretensión de operancia del silencio administrativo positivo.

Po último, propuso la excepción de inepta demanda.

4.- La sentencia apelada3.

Lo es la proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué el 11 de mayo de 2023, a través de la cual se accedieron las pretensiones de la demanda.

Señaló que respecto de todas las facturas objeto de anulabilidad la entidad demandante había interpuesto el recurso de reconsideración, sin embargo, el Municipio demandado había expedido y notificado los actos administrativos que los resolvieron cuando ya había vencido el plazo legal, por lo que se había configurado el silencio administrativo positivo establecido en el artículo 734 del E.T., perdiendo entonces el ente territorial demandado la competencia para manifestar su v oluntad, prosperando de este modo una de las causales alegadas por el demandante.

En relación a la suspensión de términos con ocasión de la pandemia del Covid 19 alegada por la accionada, sostuvo que de la lectura del Decreto Municipal

alegadas por el demandante.

En relación a la suspensión de términos con ocasión de la pandemia del Covid 19 alegada por la accionada, sostuvo que de la lectura del Decreto Municipal aportado al proceso se evidenciaba que en él no se había dispuesto la suspensión de términos en sede administrativ a, por lo que no podía darse por entendida tal suspensión por el hecho de haberse decretado el aislamiento.

Manifestó que si en gracia de discusión el municipio hubiere resuelto los recursos de reconsideración dentro del término legal, tampoco se logró demostrar la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público de la sociedad demandante en el Municipio de Carmen de Apicalá, toda vez que dicha sociedad no tenía establecimiento físico dentro de la jurisdicción del aludido municipio, por lo que los actos administrativo s que liquidaron el impuesto serían nulos por violación a las normas en que debían fundarse; deRad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

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ahí que la accionante no estaba obligada a cancelar el impuesto de alumbrado público en los periodos de enero a septiembre de 2020.

5.- El recurso de apelación4.

Interpuesto oportunamente por el procurador judicial del ente territorial demandado, quien solicita se revoque el fallo de primera instancia, para que en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda.

Dijo que para la época de la interposición de los recursos de reconsideración

demandado, quien solicita se revoque el fallo de primera instancia, para que en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda.

Dijo que para la época de la interposición de los recursos de reconsideración contra los actos de liquidación oficial demandados se encontraba vigente a nivel nacional la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución No 385 de 12 de marzo de 2020 y prorrogada sucesivamente hasta la expedición de la Resolución No 1215 de 2021; a su vez señaló que mediante el Decreto 491 de 2020, el Gobierno Nacional adoptó medidas dirigidas a todos los organismos y entidades que conformaban las ramas del poder púbico relacionadas con la prestación de los servicios, consagrando la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.

Sostuvo que, en el caso concreto, como quiera que se trataba de una actuación administrativa relativa al cobro de una obligación de carácter eminentemente económico, en donde no existía imp licación directa frente a la efectividad de derechos fundamentales, la misma se encontraba dentro del ámbito de aplicabilidad de la norma.

Aseveró que el municipio demandado expidió el Decreto No 078 de 14 de julio de 2020, en donde adoptó medida s urgentes de carácter administrativo respecto de sus dependencias, lo que evidentemente repercutió en el desarrollo de actividades administrativas de la Secretaría de Hacienda y de la tesorería, no siendo acertado minimizar tal situación bajo el hecho de q ue existía el teletrabajo, pues debía tener se en cuenta que Carmen de Apicalá era un municipio de sexta categoría en donde los recursos físicos y humanos eran escasos.

no siendo acertado minimizar tal situación bajo el hecho de q ue existía el teletrabajo, pues debía tener se en cuenta que Carmen de Apicalá era un municipio de sexta categoría en donde los recursos físicos y humanos eran escasos.

Concluyó que los temimos para la resolución de los recursos de reconsideración interpuesto por la sociedad demandante contra las liquidaciones oficiales se encontraban suspendidos mientras las circunstancias que fundamentaron las restricciones se mantuvieran vigentes.

Adujo que los actos administrativos enjuiciados se ajustaban a los requisitos legales de existencia y validez para la producción plena de efectos jurídicos, pues la administración municipal en cumplimento de lo establecido en los Acuerdos Municipales Nos. 011 de 05 de septiembre de 2017 y 016 de 14 de diciembre de 2020, expidió las liquidaciones oficiales demandadas, ya que no existía norma que obligara a dicha entidad a consultar al administrado si tiene el deseo o la voluntad de ser sujeto pasivo de una obligación tributaria, pues se trata de una norma imperativa

Precisó que el Juez de instancia no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, pues había resultado insuficiente la argumentación para sustentar el carg o de falta de motivación al no demostrar la existencia de disposición normativa vulnerada por la administración municipal.

Aseveró que en la sentencia censurada no había logrado demostrar la transgresión al debido proceso alegada por la parte actora; igu almente señaló que Comunicaciones Celular S.A. era sujeto pasivo de impuesto de alumbrado público adoptado en el Acuerdo Municipal No 016 de 14 de diciembre de 2020,

que Comunicaciones Celular S.A. era sujeto pasivo de impuesto de alumbrado público adoptado en el Acuerdo Municipal No 016 de 14 de diciembre de 2020,

4 Ver Expte Juzgado – Archivo 52Rad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

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pues de conformidad con el certificad o de existencia y representación legal de la citada e ntidad, la misma desarrolla diversas actividades que suponen la utilización de bienes inmuebles y que no se restringe únicamente a ser propietario de un establecimiento físico de comercio, pues se trata de un esquema empresarial que supone la realización d e actividades económicas más allá de las oficinas y que supone la instalación de torres o antenas de transmisión en territorios como el Municipio de Carmen de Apicalá, en donde hay una operatividad permanente, vinculándose al territorio y a la infraestructura que la rodea.

Refirió que la accionante efectivamente era sujeto pasivo de la obligación tributaria dado que cuenta con infraestructura permanente en el territorio para el desarrollo de una actividad económica que concierne al objeto social y respecto de la cual existe un provecho de la existencia de la infraestructura de alumbrado púbico del municipio.

En relación con la sentencia de unificación citada en la providencia censurada, señaló que contrario a la manifestado en ella, el Consejo de Estado e n ningún momento restringe el pago del cuestionado impuesto, a que solamente se trate

En relación con la sentencia de unificación citada en la providencia censurada, señaló que contrario a la manifestado en ella, el Consejo de Estado e n ningún momento restringe el pago del cuestionado impuesto, a que solamente se trate de establecimientos comerciales abiertos al público, pues en ella se hace referencia a activos y establecimientos físicos de la empresa.

Agregó que contrario a lo conc luido por el Juez de instancia, la sentencia de unificación del consejo de Estado citada por este, contrario a desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, confirman que están ajustados al ordenamiento jurídico, pues se impone la obligación tributaria a un sujeto pasivo para desarrollar su actividad económica, que opera y explota en el territorio del municipio demandado torres o antenas de transmisión y recepción de telefonía móvil.

Reiteró que el hecho de que la infraestructura de torr es y redes de comunicaciones opere en el territorio donde existe infraestructura de alumbrado público ya da lugar a un beneficio directo, consistente en contar con iluminación, pues dicho impuesto no grava el hecho de ser propietario o poseedor de un inmueble; además señaló, que los acuerdos que fijaron el tributo de alumbrado público se encontraban vigentes y por ende gozaban de presunción de legalidad.

Sostuvo que el a quo había indicado que la entidad no allegó el expediente administrativo que contenía los antecedentes de la actuación, señalando así , que pese a que el despacho no contaba con el material probatorio completo decidió en todo caso declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, resultando un contrasentido que sin tener el exped iente

que pese a que el despacho no contaba con el material probatorio completo decidió en todo caso declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, resultando un contrasentido que sin tener el exped iente administrativo hubiese realizado aseveraciones sobre el silencio administrativo positivo, por lo que el fallo estaba viciado de nulidad.

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 07 de noviembre de 2023 se admitió el recurso interpuesto por la apoderada judicial del municipio de Carmen de Apicalá, habiéndose manifestado sobre el mismo el vocero judicial de la parte actora , en donde solicitó desestimar los argumentos expuestos en la apelación y confirmar el fallo recorrido, para lo cual citó algunos de los argumentos expuestos en el escrito de demanda ; igualmente y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se omitió correr traslado a las partes en los términos señalados en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A.Rad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

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IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables

proferida el 11 de mayo de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico se concreta en determinar, si los actos administrativos demandados a través de los cuales el Municipio de Carmen de Apicalá liquidó el impuesto de alumbrado público a cargo de COMUNICACIÓN CELULARCOMCEL S.A., se encuentran ajustados a derecho, tal como lo sostienen el apelante, o si, por el contrario, y como lo consideró el Juez de instancia los mismos se encuentran viciados de nulidad.

3. Marco Legal.

Previo a adentrarnos en el estudio del caso concreto, considera esta Sala pertinente, hacer un breve recuento normativo y jurisprudencial relacionado con la naturaleza del impuesto de alumbrado público y la facultad de que gozan las entidades territoriales para la determinación del mismo y de los elementos que lo componen.

3.1 Análisis legal y jurisprudencial

Los antecedentes del impuesto de alumbrado público se remontan a la expedición de la Ley 97 de 1913 por medio de la cual se autorizó al Concejo Municipal de Bogotá para crear, entre otros, el impuesto sobre el servicio de alumbrado público 5. Tal autorización se hizo extensiva a los demás concejos municipales por medio de l a Ley 84 de 1915 6, determinando así el legislador que el presupuesto económico de dicha obligación tributaria lo constituye el servicio de alumbrado público.

municipales por medio de l a Ley 84 de 1915 6, determinando así el legislador que el presupuesto económico de dicha obligación tributaria lo constituye el servicio de alumbrado público.

En relación a la autonomía tributaria de las entidades territoriales, la jurisprudencia decantada por nuestro Órgano de Cierre Jurisdiccional, a partir de la sentencia de julio de 2009 7, ha mantenido la línea jurisprudencial en la que se ha indicado que los concejos municipales gozan de plenas facultades para constituir los elementos propios de dicho tributo.

La mencionada Corporación, al referirse al impuesto en cuestión, en providencia del 13 de junio de 2013 8 señaló que el Concejo Municipal de Aracataca estaba facultado para establecer los elementos del impuesto sobre alumbrado público; posterior al análisis normativo, señaló que dicho concejo sí se encontraba facultado para hacerlo, ya que el legislador había creado el tributo y era competencia de los órganos de representación popular la determinación de los componentes estructurales del mismo.

En otra oportunidad también sostuvo el Consejo de Estado 9, que la línea jurisprudencial sostenida consistía en que los entes territoriales contaban con

5 Artículo 1°, literal d) 6 Artículo 1, literal a) 7 C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente No. 16544. 8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P: Carmen T. Ortiz, 13 de junio de 2013 Radicación: 470012331000200900232 02.

9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, 25 de julio de 2013, C.P: Martha T. Briceño, Radicación número: 25000-23-27-000-200900053-01(19383).Rad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

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la facultad para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público, con apoyo en su autonomía tributaria.

De otra parte, el artículo 338 de la Carta Política dispuso:

“ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pued en aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pued en aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

En efecto el artículo 338 de la Constitución Política determina unas competencias que permiten a las autoridades legislativas del orden nacional, departamental, municipal y distrital la imposición de tributos y de los elementos constitutivos de los mismos (sujeto activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa).

Conforme al criterio normativo y jurisprudencial plasmado en precedencia, queda claro, que los concejos municipales están legalmente facultados para determinar el tributo de alumbrado público y los elementos del mismo, en concordancia con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales, consagrados en los artículos 1°, 287-3, 300-4 y 313-4 de la Carta Política, que confirieron a las asambleas departamentales y a los concejos municipales la potestad de establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria.

Ello por cuanto el legislador de 1913, al momento de crear y autorizar la implantación e implementación del tributo no definió todos los presupuestos objetivos del gravamen, ni señaló los elementos esenciales del mismo, correspondiendo, en consecuencia, directamen te a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular.

4Caso concreto.

4.1 De las pruebas allegadas.

• Liquidaciones oficiales Nos APO00 447 de 10 de junio de 2020 , APOR00 454 de

4Caso concreto.

4.1 De las pruebas allegadas.

• Liquidaciones oficiales Nos APO00 447 de 10 de junio de 2020 , APOR00 454 de 08 de julio de 2020, APO 460 de 10 de agosto de 2020 y APO00 466 de 10 de septiembre de 2020, dexpedidas por el Municipio de Carmen de Apicalá10

• Resoluciones Nos 362, 363, 365 y 367 13 de octubre de 2021, a través de las cuales se resolvieron los recursos de reconsideración interpu estos contra las liquidaciones oficiales referenciadas¸ notificadas mediante oficios aca-rs 202100002249, aca -rs-2021-00002250, aca -rs-2021-00002252 y aca -rs-202100002254 de 21 de octubre de 2021 a través de mensaje de datos.11

10 Ver Expte JuzgadoArchivo 3 -fls – 54, 79,101,144 11 Ver Expte Juzgado – Archivo 3fls 57-74, 81-90, 103-120, 124-141Rad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

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• Acuerdo No 016 de 2020, “Por medio del cual se actualiza el estatuto de rentas del Municipio del Carmen de Apicalá Tolima y se dictan otras disposiciones”12

4.2 Análisis sustancial

En el subexamine se discute la legalidad de las liquidaciones oficiales Nos

del Municipio del Carmen de Apicalá Tolima y se dictan otras disposiciones”12

4.2 Análisis sustancial

En el subexamine se discute la legalidad de las liquidaciones oficiales Nos APO00 447 , APOR00 454, APO 460 y APO 00466 , en virtud de las cuales la entidad accionada liquidó el impuesto de alumbrado público correspondiente a los meses de enero a junio, julio, agosto y septiembre de 2020 y de las resoluciones Nos 362, 363, 365 y 367 13 de octubre de 2021, que confirmaron las anteriores liquidaciones al resolver los recursos de reconsideración.

En la sentencia censurada se indicó que en el sub examine había operado el silencio administrativo positivo, en razón a que le ente territorial demandado resolvió los recursos de reconsideración contra las liquidaciones oficiales cuando ya había vencido el termino legal para ello, habiendo perdido por ende la competencia para resolverlas; igualmente señaló, que los actos enjuiciados estaban viciados de nulidad en razón a que la entidad demanda no podía ser sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, por cuanto no se había acreditado en el plenario que la empresa de telecomunicaciones demandante tuviese un establecimiento físico en dicha jurisdicción.

Por su parte, el apoderado judicial del ente territorial demandado manifiesto que no había operado el silencio administrativo positivo, pues indicó, que si bien los recursos de reconsideración interpuestos contra las liquidaciones oficiales fueron resueltos con posterioridad a los términos otorgados en la ley, ello había obedecido a la suspensión de términos administrativos que se había ordenado

recursos de reconsideración interpuestos contra las liquidaciones oficiales fueron resueltos con posterioridad a los términos otorgados en la ley, ello había obedecido a la suspensión de términos administrativos que se había ordenado en razón de la pandemia del Covid 19, concluyendo entonces que los aludíos recursos fueron expedidos en termino ; también señaló, que contrario a lo manifestado por el a quo, la sociedad demandante era sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, por el hecho de que tuviese en jurisdicción del Municipio de Carmen de Apicalá i infraestructura de torres y redes de comunicaciones, indicando que el Juez de instancia había realizado una indebida interpretación de la sentencia de unificación citada en el fallo.

• Del silencio administrativo positivo.

Prima facie, ha de estudiarse si en el sub lite efectivamente operó la figura del silencio administrativo positivo, o si por el contrario y como lo aduce el apelante, la resolución de los recursos de reconsideración contra las liquidaciones oficiales se realizó dentro del término legal en razón a la suspensión de términos administrativos que se produjo con ocasión de la pandemia del COVID 19.

El artículo 84 del CPACA respecto al silencio administrativo positivo, dispone lo siguiente:

“Artículo 84. Silencio positivo . Solamente en los casos expresament e previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.

Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos

Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código”.

12 Ver Expte Juzgado – Archivo 16Rad. No 73001-33-33-001-2021-00252-01

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Así las cosas, será presupuesto necesario del silencio administrativo positivo que una ley especial de manera expresa disponga que, ante la eventualidad de inactividad de la administración en la resolución de fondo de una determinada solicitud, ésta equivale a una decisión positiva o favorable