TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2018-00281-01 (08-05-2025)

2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (179/22)

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Urbano Álvarez Rubio

DEMANDADO: Municipio de Flandes REFERENCIA: Apelación sentencia -reintegro

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 15 de diciembre de 2 021, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , dentro del proceso promovido por Urbano Álvarez Rubio en contra del Municipio de Flandes, mediante la cual denegó las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES.

La demanda. El señor Urbano Álvarez Rubio, por conducto de apoderado judicial instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de l Municipio de Flandes, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fls. 56 del documento 01. 2018.00281 cuaderno principal , expediente Samai). Como pretensiones principales solicitó:

Flandes, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (fls. 56 del documento 01. 2018.00281 cuaderno principal , expediente Samai). Como pretensiones principales solicitó: • Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018, expedida por el alcalde municipal de Flandes.

A título de restablecimiento del derecho. • Ordenar al municipio de Flandes, reintegrar al señor Urbano Álvarez Rubio en el mismo cargo que desempeñaba antes de su desvinculación o a otro de igual o superior categoría o funciones similares.

• Condenar al municipio de Flandes a que se paguen los salarios, primas, reajustes o aumento de sueldos, vacaciones, cesantías y demás emolumentos e indemnizaciones que dejó de percibir el demandante des de la fecha de su2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

Página 2 de 19 desvinculación hasta que se produzca su reintegro al municipio de Flandes.

• Declarar que no existió solución de continuidad de la relación laboral con el municipio de Flandes, y se condene en costas y agencias en derecho a la entidad territorial demandada.

Hechos (fls. 56 a 58 del documento 01. 2018.00281 cuaderno principal , expediente Samai). Como circunstancias fácticas expuestas en la demanda , de manera sintetizada se establecen:

Hechos (fls. 56 a 58 del documento 01. 2018.00281 cuaderno principal , expediente Samai). Como circunstancias fácticas expuestas en la demanda , de manera sintetizada se establecen:

1. El demandante fue nombrado a través de Resolución No. 429 del 1 de julio de 2014 en el cargo de técnico administrativo código 367 grado 08, desde el 16 de julio de 2014 hasta el 28 de febrero de 2018, fecha en la que se le comunicó la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018 que dispuso la terminación de su nombramiento.

2. Aduce el apoderado judicial que la entidad territorial expidió el acto acusado con expreso quebranto del parágrafo único del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, el cual consagra la prohibición de modificar la nómina de la entidad dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular; además, puso de presente que el demandante tenía la calidad de prepensionado porque le faltaban dos años para cumplir la edad de retiro.

3. El acto administrativo acusado tuvo como fundamento para dar por terminado el nombramiento del demandante una sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, por medio de la cual se declaró la nulidad del Decreto 086 del 10 de septiembre de 2013 qu e establecía la planta de personal del municipio de Flande s; no obstante y a juicio del demandante , aquella consideración se qued ó sin asidero legal ya que en virtud de la sentencia de tutela proferida el 12 de julio de 2018 por el Consejo de Estado

personal del municipio de Flande s; no obstante y a juicio del demandante , aquella consideración se qued ó sin asidero legal ya que en virtud de la sentencia de tutela proferida el 12 de julio de 2018 por el Consejo de Estado en rad icación 11001 -03-15-000-2018-00924-00, el proceso tramitado por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué quedó sin efectos, y por consiguiente, el Decreto en mención gozaba de presunción de legalidad.

4. En sentir del apoderado del extremo activo, el municipio de Flandes quebrantó además el contenido del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, como quiera que la administración debió contar con el consentimiento previo, expreso y escrito del demandante para dar por terminado su vínculo, o en su defecto haber solicitado la nulidad del acto administrativo de nombramiento.

5. Aunado a lo ya descrito, adujo la parte demandante que el nombramiento sólo podía terminarse por la provisión definitiva del cargo, la imposición de sanciones disciplinarias, calificación insatisfactoria u otras razones semejantes, pero no por las consideraciones expuestas por la entidad, máxime cuando se quebrantó el derecho al debido proceso al no permitirse la interposición del recurso de reposición que legalmente procedía.

Normas violadas y concepto de la violación (fls. 58 a 69 del documento 01.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

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Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

Página 3 de 19 2018.00281 cuaderno principal, expediente Samai). Señaló los artículos 1,2,5,13,25,26,29,42,44, de la Constitución Política, así como el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, artículo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, artículo 38 de la Ley 996 de 2005, artículo 12 y 13 del Decreto 190 de 2003

En cuanto al concepto de violación, manifestó que el acto acusado quebrantaba derechos fundamentales como el debido proceso, dignidad humana, el respeto de las disposiciones legales existentes como la ley de garantías, la prohibición de revocar actos administrativos de contenido particular sin el previo consentimiento, así como el hecho de desvincular personas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del fuero de estabilidad laboral por su condición de prepensionado.

A su turno, enfatizó que tanto el Decreto 1083 de 2015 como la sentencia SU -917 de 2010 proferida por la Corte Constitucional prevén que la terminación del nombramiento provisional o de su prórroga proceden, siempre por acto motivado y solo es admisible cu ando la insubsistencia invoque causales como la provisión definitiva del cargo, imposición de sanciones disciplinarias, calificación insatisfactoria, entre otras.

Del trámite procesal. De conformidad con el auto del 20 de septiembre de 2018 (fls. 75 a 76, del documento

definitiva del cargo, imposición de sanciones disciplinarias, calificación insatisfactoria, entre otras.

Del trámite procesal. De conformidad con el auto del 20 de septiembre de 2018 (fls. 75 a 76, del documento 01. 2018.00281 cuaderno principal , expediente Samai ), el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, admitió la demanda, y ordenó la notificación del ente demandado. Corrido el traslado de la demanda al Municipio de Flandes -Tolima, de conformidad con lo ordenado en el auto mencionado, el término corrió del 23 de enero al 5 de marzo de 2019 (fls. 306 a 307 del documento 01. 2018.00281 cuaderno principal, expediente Samai); y ello discurrió así:

Contestación de la demanda Municipio de Flandes (fls. 267 a 305 del documento 01. 2018.00281 cuaderno principal, expediente Samai). A través de apoderado judicial, el ente territorial demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas, argumentando para tal fin que la expedición del acto administrativo demandado tuvo su génesis en el cumplimiento del Decreto No. 021 del 21 de febrero de 2018, el cual, se expidió como consecuencia del fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué que declaró la nulidad del Decreto No. 086 del 10 de septiembre de 2013, la cual establecía la planta de personal del municipio de Flandes.

Como consecuencia de lo anterior, al desaparecer del mundo jurídico la norma que preveía la planta de personal del municipio de Flandes y más aún, la supresión del

de personal del municipio de Flandes.

Como consecuencia de lo anterior, al desaparecer del mundo jurídico la norma que preveía la planta de personal del municipio de Flandes y más aún, la supresión del cargo que desempeñaba el demandante; la terminación del nombramiento provisional del señor Urbano Álvarez Rubio no requería consentimiento previo y fue amparado bajo lo dispuesto en los artículos 122 de la Constitución Política y el artículo 28 del Decreto 2400 de 1968.

Aunado a lo anterior, adujo que el acto administrativo acusado había sido expedido con observancia de las normas en que debían fundarse y motivado en hechos reales y certeros, ya que al declararse la nulidad del Decreto 086 de 2013, la administración municipal se vio obligada a hacer una reorganización administrativa como2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

Página 4 de 19 consecuencia de una decisión judicial que intrínsicamente dispuso la supresión de cargos, pues estos habían sido creados a partir del decreto que había sido declarado nulo.

Afirmó que el demandante no era beneficiario del fuero de estabilidad reforzado por prepensionado, ya que según pronunciamientos de la Corte Constitucional, aquello acontecía únicamente si lo faltante eran semanas cotizadas y no la edad como en el sub lite; también, hizo hincapié en que no se quebrantó la ley de garantías porque la terminación de su nombramiento no fue discrecional, sino que tuvo su génesis como

sub lite; también, hizo hincapié en que no se quebrantó la ley de garantías porque la terminación de su nombramiento no fue discrecional, sino que tuvo su génesis como consecuencia de la supresión de la norma en que se fundamentaba, y según el artículo 122 superio r, no puede existir empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamentos.

Finalmente, como medios exceptivos propuso i.) expedición regular del acto administrativo, ii.) conservación de la presunción de legalidad del acto administrativo, iii) improcedencia del medio de control contra la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018 por ser un acto de ejecución.

La sentencia apelada (Documento 08. 2018 -00281 sentencia municipio de Flandes (Reintegro), expediente Samai) El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, en sentencia del 15 de diciembre de 2021, denegó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte activa.

En primer lugar se refirió a la presunta protección de retén social en la que se encontraba inmerso el demandante, advirtiendo para tal efecto que aquella no le beneficiaba por la potísima razón de que , si bien su desvinculación con el ente territorial demandado se dio dentro de los 3 años anteriores al momento de causar la edad de retiro; lo cierto era que aquel requisito pensional podía causarse con el solo paso del tiempo sin necesidad de vinculación alguna, máxime cuando no obraba prueba alguna que demostrara que al señor Urbano Álvarez Rubio le faltaran semanas mínimas requeridas para ser acreedor de su derecho pensional.

solo paso del tiempo sin necesidad de vinculación alguna, máxime cuando no obraba prueba alguna que demostrara que al señor Urbano Álvarez Rubio le faltaran semanas mínimas requeridas para ser acreedor de su derecho pensional.

Ahora, sobre el presunto quebranto a la Ley de garantías, adujo que si bien el acto administrativo demandado contenido en la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018 se había expedido dentro de los 4 meses anteriores a los comicios electorales celebrados el 27 de mayo de 2018, - lo que en principio haría asistirle razón a la parte demandante –, lo cierto era que a la luz de la jurisprudencia vigente expedida por el Consejo de Estado1, los actos administrativos derivados de decisiones judiciales no se encontraban dentro de la prohibición contenida en la Ley 996 de 2005, quedando así desvirtuado el anterior argumento.

Por último, frente a la presunta vigencia del Decreto 086 de 2013 a la fecha de cuando fue interpuesto el presente medio de control, expone el juzgado de origen que aquello no tiene vocación de prosperidad, ya que a pesar de haber existido un fallo de tutela conocido por el Consejo de Estado bajo la radicación 11001-03-15-000-201800924-00, el cual inicialmente declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso ordinario cursado en el Jugado Séptimo Administrativo de Ibagué; aquella decisión

1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO; Concepto del 15 de noviembre de 2007, radicación número: 1001 -03-06-000-2007-00092-00

1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO; Concepto del 15 de noviembre de 2007, radicación número: 1001 -03-06-000-2007-00092-00 (int: 1863), asunto: Ley 996 de 2005 /Cumplimiento de fallos judiciales durante la etapa preelectoral2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

Página 5 de 19 fue objeto de impugnación y posteriormente fue revocada en proveído del 6 de septiembre de 2018, de modo tal que dicho acto administrativo feneció del mundo jurídico y con este el sustento legal del cargo que venía desempeñando el demandante.

La apelación. Parte demandante. (documento 18. 2018 -00281 Recurso de apelación demandante , expediente Samai). Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la decisión de primera instancia, y se acceda a las pretensiones de la demanda.

Adujo en primer lugar que, si bien el Decreto 086 de 2013 fue declarado nulo por la jurisdicción contenciosa administrativa, no era menos cierto que existía previamente una situación jurídica consolidada para el demandante en virtud de la necesidad del servicio, motivo por el cual y en garantía del debido proceso, la entidad demandada para dar por terminado el nombramiento del extremo activo debió solicitar su consentimiento previo o expreso, o en su defecto acudir a la administración para

servicio, motivo por el cual y en garantía del debido proceso, la entidad demandada para dar por terminado el nombramiento del extremo activo debió solicitar su consentimiento previo o expreso, o en su defecto acudir a la administración para realizar el trámite de la revocatoria directa del acto que hoy es objeto de estudio.

De la misma manera, manifestó que contrario a lo indicado en la parte considerativa del fallo apelado, los cargos creados por el Decreto 086 de 2013 nunca desaparecieron o se suprimieron conforme a un estudio técnico de necesidad del servicio, tal y como lo prevé el artículo 2.2.12.1. del Decreto 1083 de 2015; de modo tal que si bien la motivación del acto acusado alude al hecho de la nulidad decretada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué a través del medio de control de simple nulidad, no podía perderse de vista que aquella decisión judicial no llenaba los requisitos consagrados en la norma de un estudio técnico, esto es, análisis de cargas de trabajo, funciones, perfiles, estudios financieros que conlleva ran a la creación, supresión o fusión de las entidades territoriales.

Conforme lo anterior , concluyó que el juzgado de origen erra al concebir el acto administrativo que da por terminador el nombramiento del demandante como consecuencia de la supresión del cargo, en virtud a lo supuestamente ordenado en la sentencia de su homólogo; cuando, en el proceso de simple nulidad no se debatieron situaciones particulares como de necesidad del servicio, análisis de puestos de trabajo, entre otros.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

la sentencia de su homólogo; cuando, en el proceso de simple nulidad no se debatieron situaciones particulares como de necesidad del servicio, análisis de puestos de trabajo, entre otros.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de sustanciación del 10 de o ctubre de 2022 (índice 005, expediente Samai), se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, indicando que una vez ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia.

Alegatos de conclusión. De la parte demandante Guardó silencio.

Municipio de Dolores.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

Página 6 de 19 Guardó silencio.

Ministerio público. Guardó silencio.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL La competencia. Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104 -Inc. 4º.-, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Ibagué en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Considera la Sala que el medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado (artículo 138 ibidem) es el procedente, toda vez que por esta vía se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que dispuso la

Considera la Sala que el medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho instaurado (artículo 138 ibidem) es el procedente, toda vez que por esta vía se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que dispuso la terminación del nombramiento del demandante.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar si confirma o revoca la sentencia del Juez, para lo cual, deberá examinarse si el acto administrativo contenido en la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018, mediante el cual, el Alcalde del Municipio de Flandes dio por terminado el nombramiento del señor Urbano Álvarez Rubio se encuentra viciado de nulidad, y en ese sentido, si debe ordenarse el reintegro del demandante junto con el pago de prestaciones sociales y emolumentos salariales, o si por el contrario, el acto acusado atiende lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Límites de la apelación. Pasa la Sala, a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 15 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes, así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero

dicho de manera reiterada el Consejo de Estado2.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Grego ria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jur ídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado3.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa4 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so

puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial. Terminación del nombramiento provisional. En relación con el retiro de servicio de empleados provisionales, se hace necesario revisar lo concerniente a la terminación del nombramiento provisional, señalando que el Decreto 1083 de 2015 dispuso:

“ARTÍCULO 2.2.5.3.4 TERMINACIÓN DE ENCARGO Y NOMBRAMIENTO

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demand ado: Instituto Nacional Penitenciario y

FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demand ado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuest os y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 25000 - 2324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado : Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos.2ª Instancia N/R Radicado: 73001-33-33-002-2018-00281-01 (Interno 179-22)

Demandante: Urbano Álvarez Rubio

Contra: Municipio de Flandes

Página 8 de 19 PROVISIONAL. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

El retiro de los empleados provisionales procede siempre y cuando se motive. La Corte Constitucional5, ha sostenido que el empleado provisional debe conocer las razones por las cuales se le desvincula, para efectos de que ejerzan su derecho de contradicción. Así mismo, la misma corporación6 sobre el retiro de los empleados vinculados en provisionalidad, expresó:

1. El deber de motivación de los actos administrativos que (por regla general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos, estos son,

ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos, estos son, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la jurisdicción compete definir si esas razones son justificadas constitucional y legalmente.

2. Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se fundan en la realización de los principios que orientan la función administrativa o derivados del incumplimiento de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso, deben ser constatables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario se incurrirá en causal de nulidad por falsa motivación.

3. En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto.

4. La Corte insistió en que la necesaria motivación de los actos administrativos no puede conducir, en la práctica, a equiparar a los funcionarios nombrados en

provisionalidad con aquellos que se encuentren en carrera. Tal equiparación terminaría por ser, paradójicamente, contraria al espíritu de la Constitución de 1991 en materia de función pública. Siendo ello así, la motivación que se exige para

5 Sentencia SU-250-98. Referencia: expediente T-134192, Acción de Tutela de María Duque Valencia contra

en materia de función pública. Siendo ello así, la motivación que se exige para

5 Sentencia SU-250-98. Referencia: expediente T-134192, Acción de Tutela de María Duque Valencia contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; Sentencia del 26 de mayo de 1998, Tema: Subsidiariedad de la tutela -Principio constitucional de publicidadMotivación de los actos administrativos-Motivación concomitante y motivación posterior-El interés general de la función notarial-El principio de imparcialidad en la nominación y retiro de los servidores públicos -confianza subjetiva y objetiva-Estado de cosas inconstitucional por la no convocatoria a concursos en el caso concreto de los notarios-El debido proceso y el derecho a defensa en el acceso en la justicia.

6 Sentencia SU-917-10. Referencia: Expedientes Acumulados: T-2116104 (Lucas Arturo Pulido Guarnizo); T2123871 (Diana Yolima Niño Avendaño); T -2123824 (Gloria María Arias Arboleda); T -2139736 (Gregorio Oviedo Oviedo); T -2155221 (Juan de Dios Pinto Seija);T -2180526 (Luis María Si erra Castilla);T-2180541 (Jorge Cañedo de la Hoz);T-2180822 (Isabel Linero Gómez);T-2188198 (Myriam Lizarazo Vargas);T-2188408 (Abel Antonio Piñeres Mejía);T -2188413 (José Gregorio Gutiérrez Alvarado);T -2188416 (Octavio Mantilla

Sáenz);T-2189945 (Carlos Arturo Marín Perea);T-2190768 (Libardo de Jesús Mora Medina);T-2192129 (Jesús Manuel López Celedón);T -2210469 (César Augusto Hernández Aguirre);T -2217575 (Tito Díaz Algarín);T2241166 (Jaime Enrique Niño López);T -2259171 (Elena Patricia Cárdenas Díaz); T -2436474 (Oscar Arturo Escobar Torres) T-2442394 (José Ignacio Pineda Palencia) T2482380 (Santiago Rocha Zarta) T -2482383 (F