TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2019-00126-02 (27-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

EXPEDIENTE DIGITAL

Expediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes: ALDINEVER LAGUNA PARRA

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: BONIFICACIÓN JUDICIAL - DECRETO 383 DE 2013

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo señalado en Auto del 24 de febrero de 2025 , por medio del cual se declaró fundado el impedimento presentado por el Doctor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, se procede a integrar Sala con el Magistrado que sigue en turno, esto es, el Doctor José Andrés Rojas Villa

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recur so de apelación formulado por l a apoderada judicial de la entidad demandada, contra la sentencia proferida el día 31 de julio de 2024, mediante la cual el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Aldinever Laguna Parra , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

ANTECEDENTES

El señor Aldinever Laguna Parra , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL, elevando las siguientes:

“DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA. - Se declare la ocurrencia del fenómeno jurídico denominado silencio administrativo negativo, por cuanto LA NACI ÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL no desató el recurso de apelación presentado el 5 de junio de 2018 e interpuesto contra el acto administrativo DESAJIB018 - 1703 del 31 de mayo de 2018, y su consecuencial nulidad absoluta.

SEGUNDA: Que inaplique el decreto 383 de 2013 y se ordene la declaratoria a través de la jurisdicción Contencioso Administrativa de la Nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el Oficio No.

DESAJIB018 - 1703 del 31 de mayo de 2018 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital, por ser contrario a la constitución a la ley, por medio del cual negó a mi mandante el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo a la bonificación j udicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelación salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidadExpediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelación salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidadExpediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

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2 con el artículo 3º de la Ley 4a, de 1992 correspondiente a los años 2017, 2018 tal como lo solicitó a través de la suscrita abogada mediante escrito presentado el día 9 de mayo de 2018 a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital.

TERCERA. - Que como consecuencia de la declaración a que se refiere el numeral precedente, se CONDENE a LA NACIÓN - RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL a ordenar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional a que tiene derecho mi mandante como servidora de la Ram a Judicial, teniendo en cuenta para ello lo establecido por el artículo 3º de la Ley 4a de 1992, y que consiste en la cancelación de las diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prestaciones económicas tales como Primas de Servicios, Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por los años 2017, 2018 y los años futuros, con fundamento en lo establecido en el artículo 3º. de la Ley 4a de 1992,

Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por los años 2017, 2018 y los años futuros, con fundamento en lo establecido en el artículo 3º. de la Ley 4a de 1992, al cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO ACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que deberá hacerse efectiva a partir del 1o. de enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a l a nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presenta esta demanda.

CUARTA. -De igual modo, se ordenará a la actualización de las condenas en los términos del artículo 195 del C. C. A. dando aplicación a la siguiente fórmula:

R= R. H. INDICE FINAL

INDICE INICIAL

En la que el valor presente ® se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto del no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoría de esta sentencia por el guarismo que resulte de dividir el Índice Final de Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente en la fecha firmeza de esta providencia por el Índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso.

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS

1. Mi mandante ALDINEVER LAGUNA PARRA se encuentra vinculado a

aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso.

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS

1. Mi mandante ALDINEVER LAGUNA PARRA se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 20 de febrero de 2017 hasta la fecha, labor que ha desempeñado en forma continua e ininterrumpida, ocupando actualmente el cargo de escribiente del juzgado sexto civil municipal de

Ibagué Tolima.

2. Mi poderdante ha ve nido percibiendo su remuneración salarial y prestacional según lo establecido en los Decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y con base en el preceptuado en la Ley 53 de 1997.

3. Con base en la Ley 4a de 1992, se establecieron los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2o. de esa normativa, por medio del cual el Gobierno Nacional cada año modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1o. literal a)Expediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

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3 b) y d) aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.

4. Reglamentada la ley 4a de 1992, el Gobierno Nacional mediante

b) y d) aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.

4. Reglamentada la ley 4a de 1992, el Gobierno Nacional mediante decretos anuales ha fijado la remuneración básica mensual y en general el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público, cumpliendo con la parte especí fica de la distribución de atribuciones en esta materia prevista en el literal f) numeral 19 del artículo 150 de la Constitucional.

5. El artículo 14 de la citada Ley 4a de 1992 señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Naciona l para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Nacional.

6. En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional, mediante Decretos dictados anualmente, ha reglamentado l a prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992 la cual se fijó con un monto del 30% de la remuneración básica de los funcionarios judiciales en la norma relacionados, pero lo ocurrió únicamente para los Jueces, Magistrados y demás funcionarios, no sucediendo lo mismo hasta ahora para el grueso de los empleados de la Rama Judicial como en efecto lo prevé el parágrafo único del artículo 14 de la citada ley 4a de 1992.

Jueces, Magistrados y demás funcionarios, no sucediendo lo mismo hasta ahora para el grueso de los empleados de la Rama Judicial como en efecto lo prevé el parágrafo único del artículo 14 de la citada ley 4a de 1992.

7. Es por ello, que mi mandante en su condición de escribiente del juzgado sexto civil de Ibagué Tolima, en acatamiento a lo normado, por el "Derecho a la Igualdad" con los sueldos de sus superiores tiene derecho también a que se le reconozca l a bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional.

8. Pues obsérvese, que la referida prima especial sin carácter de salario equivalente al 30% de la remuneración mensual para los jueces y Magistrados entre otras autoridades judiciales, ha venido siendo reglamentada por el Gobierno Nacional mediante las siguientes disposiciones: art. 90. del Decreto 51 de 1993; art. 90. del Decreto 104 de 1994; artículo 70, del Decreto 43 de 1995; art. 9o. del Decreto 34 de 1996; art. 90. del Decreto 47 de 1997; art. 6o. del Decreto 64 de 1998; art. 9o. del Decreto 43 de 1999; art. 9o, del Decreto 2739 de 2000; art. 90. del Decreto 1474 de 2001; art. 60. del Decreto 673 de 2002; art. 90. del Decreto 3568 de 2003; art. 90. del Decreto 4171 de 2004; art. 9o. del Decreto 935 de 2005; art. 6o. del Decreto 389 de 2006; art. 6o. del Decreto

Decreto 3568 de 2003; art. 90. del Decreto 4171 de 2004; art. 9o. del Decreto 935 de 2005; art. 6o. del Decreto 389 de 2006; art. 6o. del Decreto 618 de 2007; a rt. 60. del Decreto 658 de 2008; art. 80, del Decreto 723 de 2009; art. 40, del Decreto 1405 de 2010 y art. 80. del Decreto 1039 de 2011, y actualmente por jurisprudencia de los tribunales y el Consejo de estado esta prima especial es factor salarial.

9. La ley 4 de 1992 fue expedida para regular la remuneración de los empleados de la rama judicial en desarrollo de la misma se expid ió el decreto 383 de 2013 el cual estableció: Se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicia l y de l a Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones, El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a, de 1992, DECRETA: ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de l a Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decretoExpediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes: ALDINEVER LAGUNA PARRA

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4 874 de 2012 y las disposiciones que l o modifiquen o sustituyan, u na bonificación judicial, al cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, La bonificación judicial se reconocerá a par tir del 1 de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así: (...). PARAGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes. A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente articulo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior. 10. la norma en cita despoja a la bonificación de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales de los empleados y funcionarios destinatarios de la misma. Se recorta así lo conqui stado durante el cese

impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales de los empleados y funcionarios destinatarios de la misma. Se recorta así lo conqui stado durante el cese de actividades y contenido en el Acta de Acuerdo en cuanto a la nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4a de 1992 y se desnaturaliza este mandato en cuanto ordenó al Gobierno Nacional que nivelara la remuneración de l os empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

11. La bonificación sin carácter salarial despoja a los servidores públicos destinatarios de la misma de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.

12. En efecto, el concepto de remuneración, en principio, es omnicomprensivo de todos los pagos que recibe el trabajador o empleado como consecuencia o contraprestación del trabajo. Con dicha expresión se designan, entonces, los pagos derivados de una relación laboral. Por ello, esta noción difiere sustancialmente de la de honorarios, en la que no existe vínculo laboral.

13. En conclusión, la noción de bonificación no es otra cosa, antes y después de la Carta Política de 1991, "y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un "plus" para añadir el valor del ingreso laboral del servi dor." Las primas especiales y de igual forma las bonificaciones, pues, representan un incremento en la remuneración básica de los servidores públicos, no pudiendo asignarse otro sentido "al

laboral del servi dor." Las primas especiales y de igual forma las bonificaciones, pues, representan un incremento en la remuneración básica de los servidores públicos, no pudiendo asignarse otro sentido "al concepto de prima usado por el Legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4a de 1992, una consecuencia diferente a la de representar un incremento remuneratorio". 14.Con este actuar la NACIÓNRAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA desconoce la definición jurídica de salario que consiste en la remuneración que paga el patrono al empleado o servidor público como retribución al servicio prestado.

15. El requisito de procedibilidad quedo agotado conforme se demuestra con la certificación dada por la procuraduría 27 delegada para asuntos administrativos expedida el 3 de diciembre de 2018.Expediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

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16. El día 9 de mayo de 2018 mi mandante por intermedio de la suscrita presento derecho de petición agotando vía gubernativa y la demandada negó la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial mediante acto administrativo número DESAJIB018 - 1703 del 31 de mayo de 2018.

17. El día 5 de junio de 2018 se presentó recurso de apelación contra el acto administrativo número DESAJIB018 - 1703 del 31 de mayo de 2018,

DESAJIB018 - 1703 del 31 de mayo de 2018.

17. El día 5 de junio de 2018 se presentó recurso de apelación contra el acto administrativo número DESAJIB018 - 1703 del 31 de mayo de 2018, y hasta l a presente fecha no ha sido resuelto l o que hace que estemos frente al fenómeno jurídico del silencio administrativo.

18. Ante esta realidad se desconocieron por parte de l a demandada derechos laborales de mi representado, a los cuales tiene derecho”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (Índice 00053, Documento 8ED_001CUADERNOPRINCIPAL(.pdf) NroActua 53, expediente digital en SAMAI) Dentro del término del traslado, se pronunció el apoderado judicial de la entidad accionada, manifestando que, se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Así mismo, sostuvo que, la normatividad que se aplica en el asunto bajo estudio es el contemplado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y los posteriores que lo han subrogado. Agrego que, conforme, a lo previsto en el decreto 383 del 06 de marzo de 2012, modificado por el Decreto 1269 de 2015, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de la Seguridad Social en Salud, conforme a la facultad del legislador para definir los conceptos salariales.

constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de la Seguridad Social en Salud, conforme a la facultad del legislador para definir los conceptos salariales. Precisó que, l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente estas disposiciones, garantizando el principio de legalidad y no se evidencia vulneración de derechos ni perjuicio alguno para los servidores judicial es, señalando que, se debe negar la pretensión de reliquidación de prestaciones sociales y declararse probada la excepción de inexistencia de perjuicio, exonerando de responsabilidad a la entidad demandada. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia profe rida el día 31 de julio de 2024 , el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, expresó lo siguiente:

“Como se precisó, en el plenario se acreditó que el señor Aldinever Laguna Parra se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 20 de febrero de 2017, y a la fecha de la certificación laboral, ocupaba el cargo de escribiente municipal en el juzgado 6° civil municipal de Ibagué.Expediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

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6 También está probado, que es destinatario y ha devengado la

Demandantes: ALDINEVER LAGUNA PARRA Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

6 También está probado, que es destinatario y ha devengado la bonificación judicial creada por disposición del decreto 383 de 2013. A su vez, que el 9 de mayo de 2018, solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, y que, a través de los actos acusados, la demandada resolvió denegar su reconocimiento; amparándose, en esencia, en el ejercicio de la facultad reglamentaria de la cual se encuentra investido el Gobierno Nacional. Teniendo en cuenta el marco normativo, dando aplicación al precedente vertical, y en una interpretación amplia de los derechos de los trabajadores; el despacho considera que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013.

De esta manera, se colige que e l ejecutivo excedió su facultad reglamentaria, pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Porque como se señaló, desconoció que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad, y no, desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Porque como se señaló, desconoció que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad, y no, desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

Vale resaltar que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de

1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del sistema de seguridad social en pensiones y salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales.

Por ese motivo, d icha norma se torna inconstitucional e ilegal; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la constitución política, se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del decreto 383 de 2013, porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Merced a lo ant erior, se declarará la existencia del acto ficto negativo

judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Merced a lo ant erior, se declarará la existencia del acto ficto negativo derivado del silencio administrativo, en los términos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, se declarará la nulidad del acto administrativo expreso demandado y, por ende, se accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

8.1 De la exceptiva de cobro de lo no debido, respecto al reajuste ordenado.

Se declarará probada parcialmente comoquiera que el demandante solicita se le reliquiden las prestaciones sociales desde el 1° de enero de

2013. Sin embargo, del certificado laboral se advierte que tan solo seExpediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

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7 vinculó a la entidad el 20 de febrero de 2017; luego, no es procede nte el reajuste desde el 1° de enero de 2013, sino, desde su fecha de vinculación, ya que desde ese momento se causó el derecho.

8.2. De la excepción de prescripción trienal respecto al reajuste ordenado.

La obligación de reconocer y pagar la bonificación judicial, en el caso del actor, se hizo exigible a partir del 20 de febrero de 2017; pues para esa

8.2. De la excepción de prescripción trienal respecto al reajuste ordenado.

La obligación de reconocer y pagar la bonificación judicial, en el caso del actor, se hizo exigible a partir del 20 de febrero de 2017; pues para esa época se encontraba vinculado y, por tanto, percibiendo la referida prestación económica.

Teniendo en cuenta que el demandante solicitó la reliquidación el 9 de mayo de 2018, es claro que interrumpió el término de prescripción trienal, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

En consecuencia, se ordenará que la entidad demandada debe reliquidar las prestaciones sociales del actor, desde el 20 de febrero de 2017, en los periodos que haya estado efectivamente vinculado, incluyendo a la bonificación judicial como factor salarial; y mientras perdure su vinculación laboral con la Rama Judicial. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.

Ahora, como la reliquidación de las prestaciones afecta los aportes pensionales que debieron efectuarse en su oportunidad, el despacho, estima que las diferencia s que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 20 de febrero de 2017, deberán ser canceladas por la Rama Judicial al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor del demandante, igualmente, deberán realizarse los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

Sobre el particular, es necesario recordar, que en un reciente

igualmente, deberán realizarse los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

Sobre el particular, es necesario recordar, que en un reciente pronunciamiento, el H. Tribunal Administrativo del Huila (acogiendo la tesis que sobre la materia ha desarrollado el H. Consejo de Estado), precisó que el juez que ordena el reconocimiento y pago de las diferencias en los aportes en pensión no excede el uso sus facultades legales y constitucionales; mucho menos, incurre en fallo ultra o extrapetita, toda vez que los mismos, es decir los aportes, constituyen el capital indispensable para acceder al reconocimiento pensional; son propios de la controversia y por ende, ese aspecto no es susceptible de debate entre las partes (…)

En consecuencia, resolvió:

“PRIMERO. - DECLARAR no probada la excepción denominada inexistencia de perjuicios, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR probada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido , con relación a la reliquidación de las prestaciones reclamadas entre el 1° de enero de 2013 y el 19 de febrero de 2017, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO.– INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad SocialExpediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

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Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad SocialExpediente: 73001-33-33-002-2019-00126-02 (2024-0981)

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8 en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del decreto 383 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. - DECLARAR la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante el 5 de junio de 2018 contra el oficio DESAJIBO 18 -1703 del 31 de mayo de 2018.

QUINTO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESAJIBO 18 -1703 del 31 de mayo de 2018 y en el acto ficto negativo que se generó al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 5 de junio de 2018, como se esbozó en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO.-Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN -RAMA JUDICIALDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor del señor ALDINEVER

SEXTO.-Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN -RAMA JUDICIALDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor del señor ALDINEVER LAGUNA PARRA identificado con cédula de ciudadanía N° 5.825.040, desde el 20 de febrero de 2017, en los periodos que efectivamente haya estado vinculado a la Rama Judicial; todas las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial; y mientras perdure su vinculación lab oral con la entidad. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación. Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia. Las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 20 de febrero de 2017, deberán ser canceladas por la Rama Judicial al fondo pens ional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor del demandante, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

SÉPTIMO. -Negar las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO. - NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

NOVENO. -La demandada dará cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA. (…)”.

RECURSO DE APELACIÓN

NOVENO. -La demandada dará cumplimiento a esta providencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA. (…)”.

RECURSO DE APELACIÓN

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Inconforme c