TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2019-00394-01 (13-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023)

Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

Demandante: MIRYAM DE JESÚS OCAMPO GUTIERREZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ – EMPRESA IBAGUEREÑA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P.

Vinculada: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE

ASEO DE IBAGUEIBAGUÉ LIMPIA

Tema: PODA EN ZONAS VERDES

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el Municipio de Ibagué, contra la sentencia proferida el día 17 de junio de 2022, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Los señores MIRYAM DE JESUS OCAMPO GUTIERREZ, VICTOR HUGO

ZANABRIA, ROSA MARIA PARRA, SONIA HERNANDEZ, AUGUSTO LEONEL

OSPINA, MARTHA ISABEL ACOSTA, ARGEMIRO CASTILLO, ALBERTO

SANCHEZ, IVAN FERNANDO SANCHEZ, WILMAR FLOREZ, CARLOS ANDRES

OSPINA, MARTHA ISABEL ACOSTA, ARGEMIRO CASTILLO, ALBERTO

SANCHEZ, IVAN FERNANDO SANCHEZ, WILMAR FLOREZ, CARLOS ANDRES

SANTA CRUZ, NIDIA JIMENEZ , GILBERTO FORERO GUSTAVO SALAZAR,

CESAR ALVIS, GLORIA VARGAS, VIGELINA PEREZ, HECTOR FABIO

WALTERO, ABEL ARTURO WALTERO, DIANA MARIBEL VAQUERO,

ALEJANDRO CORTEZ PUENTE, OSCAR JAVIER VILLA, FREDY CORTEZ, ELSI

PUENTES, CAMILO CORTEZ, JAVIER ALFONSO GARCIA, LUZ MARINA DIAZ, HENRY RONDÓN, MANUEL MONTEALEGRE y MARIA CLEMENCIA GUZMÁN, como ciudadano s, instaur aron el medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos contra el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL , y la EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE IBAGUÉ – IBAGUE LIMPIA S.A E.S.P (vinculada), por la presunta vulneración de los derechos colectivos, a la seguridad y salubridad públicas, el uso y goce del espacio público, los derechos de los niños y de la tercera edad, para lo cual, elevó las siguientes:

“PRETENSIONES

Ordenar a la Alcaldía de Ibagué para facilitar acceso al espacio público que contamos para la instalación del parque biosaludable y arreglos pertinentes para posteriormente la pavimentación de dicho tramo.

PETICIÓN ESPECIAL: Que se fije el monto de la garantía bancaria o póliza

contamos para la instalación del parque biosaludable y arreglos pertinentes para posteriormente la pavimentación de dicho tramo.

PETICIÓN ESPECIAL: Que se fije el monto de la garantía bancaria o póliza de seguros que deberá constituir el accionado vencido en este juicio, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42 de la ley 472 de 1998 y que pedimos se haga efectiva si el accionado incumpliere el cumplimiento de la sentencia. “Expediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023) Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO

IBAL S.A E.S.P.

Vinculada: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE IBAGUÉ – IBAGUÉ

S.A E.S.P.

2 Las anteriores pretensiones, las soportan en los siguientes:

“HECHOS

1. el día 12 de septiembre del 2019 radique el oficio bajo el número 2019-78826 al señor Alcalde solicitando un parque biosaludable y la

pavimentación de carrera 3ra sur desde la calle 100 hasta la calle 103.

1. el día 12 de septiembre del 2019 radique oficio bajo el número 17845 se le envío al señor Mario Casas gerente del ibal donde le solicitamos revisar alcantarillado en el Barrio esmeralda

1. el día 12 de septiembre del 2019 radique oficio bajo el número 17845 se le envío al señor Mario Casas gerente del ibal donde le solicitamos revisar alcantarillado en el Barrio esmeralda

1. el 18 de septiembre del 2019 recibí el oficio 83594 vía servicios postales Nacionales SA 472 oficio secretaria general donde me informa el traslado de mi solicitud a la secretaria de infraestructura y la oficina de Ibagué limpia.”

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

MUNICIPIO DE IBAGUÉ (Fls 63 al 68 Expediente Digital Carpeta One Drive del Juzgado)

Mediante apoderada judicial, el Municipio de Ibagué contestó la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, señalando que algunos de los hechos expuestos por la parte actora son ciertos, mientras que respecto de otros afirmó no tener conocimiento d irecto. En consecuencia, expresó su rechazo a las pretensiones del demandante, argumentando la falta de fundamento jurídico y probatorio que las sustente.

Como primer punto, sostuvo que la acción popular interpuesta carece de fundamento, ya que no se acreditó la vulneración de derechos colectivos por acción u omisión del Municipio de Ibagué. Indicó que la competencia para la intervención de la vía objeto de controversia corresponde a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. (IBAL), entidad que debe certificar el estado de las redes hidrosanitarias antes de cualquier obra de infraestructura.

En cuanto a la carga de la prueba, señaló que corresponde al actor demostrar la afectación de los derechos colectivos invocados. Sin embargo, el

certificar el estado de las redes hidrosanitarias antes de cualquier obra de infraestructura.

En cuanto a la carga de la prueba, señaló que corresponde al actor demostrar la afectación de los derechos colectivos invocados. Sin embargo, el demandante no aportó pruebas suficientes que acreditaran la vulneración o amenaza de tales derechos.

Dentro de las excepciones propuestas, se enunciaron las siguientes: “Litisconsorcio necesario por competencia del IBAL en la intervención de la vía”, y “Falta de prueba de la vulneración de derechos colectivos”

Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la demanda.Expediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023) Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO

IBAL S.A E.S.P.

Vinculada: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE IBAGUÉ – IBAGUÉ

S.A E.S.P.

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EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO – IBAL S.A.

(Documento 014 Ibagué Limpia Contestación Demanda Expediente digital Carpeta One Drive del Juzgado) El apoderado de la entidad demandada, dentro del término procesal establecido para presentar respuesta a la demanda, manifestó en relación con los hechos que se acoge a lo que se logre demostrar dentro del proceso, conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

establecido para presentar respuesta a la demanda, manifestó en relación con los hechos que se acoge a lo que se logre demostrar dentro del proceso, conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Respecto de las pretensiones formuladas en contra de la entidad que representa, expresó su oposición con fundamento en la i nexistencia de la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda. En cuanto a las demás pretensiones, indicó que se abstendría de pronunciarse por carecer de competencia al respecto. Asimismo, propuso como excepciones la “Ausencia de responsabilidad del IBAL S.A. E.S.P.” y una excepción de carácter genérico. No obstante, con la contestación de la demanda, no solicitó la práctica de pruebas. IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P. (Documento 013 Ibagué Limpia Contestación Demanda Expediente digital Carpeta One Drive del Juzgado) A su turno , Ibagué Limpia S.A. E.S.P. presentó escrito de contestación a la demanda, oponiéndose categóricamente a las pretensiones de la parte actora y solicitando su desvinculación del proceso, al consid erar que la acción carece de fundamento jurídico y probatorio. En su defensa, argumentó que no le constan los hechos alegados por la parte demandante y que su veracidad debe ser valorada por el despacho. Sostuvo que no existe prueba que acredite la recepci ón de una solicitud formal por parte de la Alcaldía de Ibagué para la instalación del parque biosaludable mencionado en la demanda. Además, enfatizó que su objeto social se limita a la prestación del servicio público de aseo, sin competencia en la

parte de la Alcaldía de Ibagué para la instalación del parque biosaludable mencionado en la demanda. Además, enfatizó que su objeto social se limita a la prestación del servicio público de aseo, sin competencia en la construcción o mantenimiento de parques, función exclusiva del Municipio de Ibagué o de la entidad delegada mediante convenio. Asimismo, resaltó la inexistencia de prueba sobre un convenio que le impusiera la obligación de intervenir en la adecuación del parque, l o que desvirtúa cualquier imputación de responsabilidad. Como excepciones de fondo, alegó, en primer lugar, la inexistencia de vulneración de derechos colectivos atribuible a su actuación, dado que la acción popular requiere la configuración de una amenaza o afectación efectiva, lo cual no fue acreditado. En consecuencia, sostuvo que la carga de la prueba recaía sobre la parte actora, quien no aportó elementos suficientes para demostrar un daño o riesgo inminente atribuible a la empresa. En segundo lugar, planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no fue inicialmente demandada en la acción popular, sino vinculada posteriormente a solicitud de la Alcaldía de Ibagué. Reiteró que su objeto social se restringe al servicio público de aseo y que la responsabilidad en la recuperación y mantenimiento de parques recae en la administración municipal o en la entidad competente, como INFIBAGUÉ, conforme al Decreto 0183 de 2001.Expediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023) Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS

Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS

Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO

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4 Finalmente, advirtió que no se cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en la Ley 1437 de 2011, al no acreditarse que los accionantes hubiesen presentado una solicitud previa ante la empresa, lo que torna improcedente cualquier condena en su contra. En consecuencia, solicitó el rechazo de las pretensiones de la demanda y la declaratoria de improcedencia de medidas en su contra.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia proferida el día 17 de junio de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, accedió parcialmente a la protección de los derechos colectivos invocados por la parte accionante, para lo cual, resolvió lo siguiente: “(…) PRIMERO: AMPARAR el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defens a de los bienes de uso público consagrado en el literal d) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ, como primera autoridad administrativa del territorio, y obligado constitucional y legalmente a garantizar el uso y disfrute del espacio público, que dentro

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ, como primera autoridad administrativa del territorio, y obligado constitucional y legalmente a garantizar el uso y disfrute del espacio público, que dentro del término de los tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, si no lo hubiese hecho ya, realice todas las gestiones de carácter administrativo y demás que se requieran, para que directamente, o a través del establecimiento público del orden municipal que disponga, se realice dentro de ese mismo periodo, la poda y

mantenimiento de la zona verde y vía peatonal de la Carrera 3 sur de la calle 100 hasta la 103 del Barrio La Esmeralda.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda instaurada por MIRYAM DE JESUS OCAMPO GUTIERREZ y otros, en contra del contra del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, IBAGUÉ LIMPIA S.A e IBAL S.A E.S.P, conforme las motivaciones del presente asunto.

CUARTO: Sin costas. (…)” Como fundamento en su decisión, adujo lo siguiente (Indice No 00034 de SamaiExpediente del Juzgado): “(…) lo primero que debe indicar este Despacho es que si bien, se trata de dos pretensiones una relacionada con la instalación de un parque biosaludable y la otra relacionada con la pavimentación de la vía, lo cierto es que, de las pruebas arrimadas al cartulario y su valoración conjunta, permiten establecer, en primer lugar, que las entidades hoy demandadas vulneraron el derecho fundamental d e petición al desconocer que cualquier persona que inicie cualquier solicitud, requerimiento, consulta, queja o denuncia, lleva inmersa lo consagrado

conjunta, permiten establecer, en primer lugar, que las entidades hoy demandadas vulneraron el derecho fundamental d e petición al desconocer que cualquier persona que inicie cualquier solicitud, requerimiento, consulta, queja o denuncia, lleva inmersa lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política es decir el ejercicio del derecho de petición sin que sea ne cesario invocarlo, y al existir silencio por parte de la administración municipal incumplió sus funciones. En segundo lugar, en relación con la pretensión de la instalación de un parque biosaludable, encuentra el Despacho que, de las pruebasExpediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023) Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO

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5 aportadas y r ecaudadas, no hay prueba de que la administración municipal se encuentre ejecutando acciones u omitiendo funciones que lleven a la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del barrio La Esmeralda, o ponga en riesgo los mismos por la no instalación de tal parque. Al respecto, cabe recordar que los municipios a través de la oficina de planeación son los encargados de establecer los mecanismos de dirección, coordinación y monitoreo para la ejecución del plan de

de tal parque. Al respecto, cabe recordar que los municipios a través de la oficina de planeación son los encargados de establecer los mecanismos de dirección, coordinación y monitoreo para la ejecución del plan de desarrollo municipal para cada p eriodo electoral, disponiendo la inversión y gastos decretados por los Concejos Municipales de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y el principio de legalidad del gasto. Ahora bien, frente al actuar de la empresa IBAL S. A, el Despacho mediante auto de fecha 21 de mayo de 2021, de manera oficiosa requirió al Gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL, a fin que informara si la entidad tiene cobertura en acueducto y alcantarillado en el Barrio La Esmeralda de la ciudad de Ibagué; y cuál es el estado del sistema de alcantarillado en la Carrera 3 sur calle 100 hasta la calle 103 del Barrio La Esmeralda, ante lo cual el ingeniero Alfonso Augusto del Campo Naged como líder de la gestión de alcantarillado inf ormó mediante informe técnico de fecha 01 de junio de 202138 que: “Mediante el informe de Inspección y diagnóstico de la red de alcantarillado del tramo ubicado en la Cra 3 sur entre calles 100 -100 Bis - 100 a y 101 D.N B/ LA ESMERALDA, se logró identificar la existencia de un sistema instalado por un lado de la vía en material de PVC en buen estado tanto estructural como hidráulico. Existe un pozo intermedio a los 30.50 m del pozo aguas arriba con profundidad promedio de 1.15 m. Es una línea de conducción no existen domiciliarias

buen estado tanto estructural como hidráulico. Existe un pozo intermedio a los 30.50 m del pozo aguas arriba con profundidad promedio de 1.15 m. Es una línea de conducción no existen domiciliarias conectadas en este tramo de vía; Se Certifica para Pavimentar. En el tramo de las calles 100A y 101B con Cra 3 sur LA ESMERALDA, Se Certifica para Pavimentar el tramo, debido a la inexistencia de red de alcantarillado. Finalmente, en la C ra 3 sur entre calles 102 A - 102 B y 103 D.N B/LA ESMERALDA, se logró identificar la existencia de un sistema instalado por el eje de la vía en material de PVC en buen estado tanto estructural como hidráulico. Existe un pozo intermedio a los 26.50 m desde el pozo agua arriba con una profundidad promedio de 1.45 m. Es una línea de conducción no existen domiciliarias conectadas en este tramo de vía. Se Certifica para Pavimentar.” De lo referenciado por la entidad demandada, da cuenta que no hay obras y actuaciones pendientes por realizar por parte de las demandadas que demuestren la transgresión de los derechos colectivos invocados en la demanda, o situaciones que pongan en riesgo la vida y la seguridad de la comunidad, pues es claro con los informes allegados por parte del IBAL S.A que la comunidad tiene un sistema de alcantarillado que satisface las necesidades de forma idónea y emitió certificación de viabilidad de pavimentación. Aunque como se referenció anteriormente existe certificado por parte del IBAL para poder efectuar pavimentación, la misma no es viable de conformidad con el informe técnico rendido por la Secretaría de infraestructura, donde dio respuesta al requerimiento del Despacho

Aunque como se referenció anteriormente existe certificado por parte del IBAL para poder efectuar pavimentación, la misma no es viable de conformidad con el informe técnico rendido por la Secretaría de infraestructura, donde dio respuesta al requerimiento del Despacho informando lo siguiente:Expediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023) Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO

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6 “1. Cuál es el estado actual de la vía, existe pavimentación o no en la carrera 3 sur entre calles 100 y 103 del barrio la Esmeralda.

Respuesta: El estado actual de la vía carrera 3 sur entre calles 100 y 103 del barrio la esmeralda, se encuentra en material de recebo compactado y fresado (asfalto reciclado), la vía no es vehicular, según el perfil vial es una zona verde y peatonal.

2. En caso de que la vía se encuentre sin pavimentación indicar la razón técnica y administrativa por la que la misma no se ha efectuado.

Respuesta: Según lo que establece el Urbanismo aprobado para el sector del barrio la esmeralda según Resolución No. 401 del 14 de julio de 1995, esta vía es zona verde, y exclusivamente peatonal y no vehicular,

Respuesta: Según lo que establece el Urbanismo aprobado para el sector del barrio la esmeralda según Resolución No. 401 del 14 de julio de 1995, esta vía es zona verde, y exclusivamente peatonal y no vehicular, según el perfil vial expedido por la secretaria de Planeación – Dirección de Información y aplicación de la Norma Urbanística. Con estos perfiles y uso del suelo la secretaria de infraestructura no es posible realizar la intervención, haciendo el cambio de suelo, como tampoco convertir la vía a vehicular sin la aprobación de la secretaria de planeación y el concejo municipal. (…)” En vista de lo antes transcrito es c laro para el Despacho que no hay lugar a la prosperidad de la pretensión de los actores populares

relacionado con la pavimentación de la vía ubicada en la Carrera 3 sur entre calles 100 y 103 del barrio la Esmeralda de esta ciudad, por cuanto, según informe técnico es una zona peatonal, y para el cambio del uso del suelo, se requiere la aprobación de la Secretaría de Planeación Municipal y autorización por parte del Concejo Municipal, considerándose impertinente ordenarla por vía judicial cuando no está probado que ese hecho esté vulnerando derecho colectivo alguno. No ocurre lo mismo con las zonas verdes, que, según informe técnico emitido por la Secretaría de Infraestructura del Municipio, el estado actual de los parques y zonas verdes del barrio La Esmer alda, se encuentran en total abandono, razón por la cual es deber de la administración municipal directamente o a través de la delegación de sus funciones cumplir con el mantenimiento adecuado periódico y la conservación de las zonas verdes que rodean las calles objeto de estudio.

encuentran en total abandono, razón por la cual es deber de la administración municipal directamente o a través de la delegación de sus funciones cumplir con el mantenimiento adecuado periódico y la conservación de las zonas verdes que rodean las calles objeto de estudio. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Política, es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. (…) Por lo anterior, encuentra demostrado el Despacho una amenaza de derechos por lo que pasará a establecerse que actuaciones y en cabeza de que autoridades deberán ser desplegadas las mismas, a fin de garantizar la protección y salvaguard ar los derechos colectivos de los habitantes del barrio La Esmeralda. 6.3. Un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos e intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana. Conforme se indicó en el acápite anterior, es claro que en el plenario no se demostró la vulneración o puesta en peligro de los derechos de losExpediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023) Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO

IBAL S.A E.S.P.

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7 habitantes del barrio La Esmeralda por la no construcción del parque biosaludable y la pavimentación de una vía peatonal, razón por la cual no hay lugar a estudiar el daño ocasionado. Sin embargo, si observa, que existe una amenaza de los derechos colectivos invocados con el escrito de demanda para los habitantes del sector frente al abandon o de las zonas verdes ubicadas en la calle 100 a la 101 del barrio La Esmeralda, tal y como quedo conceptuado por la Secretaría de Infraestructura, quien advirtió en su informe que la zona verde y parque existente están en mal estado. 6.4. La relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos. Con las pruebas reunidas en el cartulario, encuentra el Juzgado, una amenaza o trasgresión a los derechos e intereses colectivos de la comunidad, la cual tiene un nexo directo con la omisión de la obligación Constitucional y legal de la entidad accionada, esto es el Municipio de Ibagué, que dentro de sus obligaciones es el encargado, de la protección y administración del espacio público, dado que en caso de la no poda de árboles, rocería y mantenimiento en general del espacio, podría conllevar a la formación de espesos matorrales que no solo impiden uso

y administración del espacio público, dado que en caso de la no poda de árboles, rocería y mantenimiento en general del espacio, podría conllevar a la formación de espesos matorrales que no solo impiden uso y goce del espacio público, sino que como en otros casos se ha visto, se convierten en focos de inseguridad para la población transeúnte y residente del sector. Por lo anterior, considera el Juzgado, que a partir de los informes técnicos rendidos por las entidades accionadas, se evidencia que la zona verde se encuentra en total abandono, lo cual se convierte en un riesgo o amena za al derecho colectivo al uso y goce del espacio público, e incluso amenazar la seguridad y salubridad de los habitantes y transeúntes del barrio La Esmeralda, por ello, se amparará tal derecho ORDENANDO al MUNICIPIO DE IBAGUÉ como primera autoridad administrativa del territorio, y obligado constitucional y legalmente a garantizar el uso y disfrute del espacio público, conforme al literal d) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, que dentro del término de los tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, si no lo hubiese hecho ya, realice todas las gestiones de carácter administrativo y demás que se requieran, para que directamente, o a través del establecimiento público del orden municipal que disponga, se realice la poda y mantenimiento de la zona verde y vía peatonal de la Carrera 3 sur de la calle 100 hasta la 103 del Barrio La Esmeralda.

7. De la condena en costas.

Sobre este tema , se debe recordar que el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 señala sobre la materia que se deben aplicar las normas de

7. De la condena en costas.

Sobre este tema , se debe recordar que el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 señala sobre la materia que se deben aplicar las normas de procedimiento civil, y que en tratándose del demandante solo puede ser condenado a pagarlas cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe, lo que nos permite inferir, tal y como lo ha hecho el Consejo de Estado40, que respecto al demandado esta condena procede aún sin que su actuación hubiese tenido una de estas dos connotaciones. Sin embargo, el Consejo de Estado ha precisado que, no obstante que la condena en costas debe imponerse en forma objetiva en contra del demandado en una acción popular, de todas formas, su reconocimiento requiere debida comprobación. En consideración a estas precisiones, como quiera que en el presente asunto se ventila un interés público como lo fue la protección de los derechos e intereses colectivo s alegados por los actores populares, a quienes además se les concedió amparo deExpediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023) Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO

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8 pobreza, el Despacho se abstendrá en condenar en costas, teniendo en

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8 pobreza, el Despacho se abstendrá en condenar en costas, teniendo en cuenta que no se evidencia su comprobación. (…)”

RECURSOS DE APELACIÓN

MUNICIPIO DE IBAGUE (Documento 0 59 Recurso de Apelación Sentencia Municipio de Ibagué Expediente digital Carpeta One Drive del Juzgado)

Mediante escrito, el apoderado judicial del Municipio de Ibagué, interpuso recurso de apelación, señalando que el A Quo realizó una valoración errónea de las pruebas y que, en consecuencia, emitió una decisión que no corresponde con la realidad fáctica ni jurídica del caso.

Sostiene que, el municipio no ha incurrido en ninguna omisión o acción que vulnere los derechos colectivos invocados en la acción p opular, en especial en lo que respecta al goce del espacio público. En este sentido, considera que la orden impartida en la sentencia carece de fundamento probatorio suficiente, por lo que solicita su revocatoria y, en consecuencia, la negación de todas las pretensiones de la demanda.

Asimismo, argumenta que el juzgado basó su decisión en un informe técnico emitido por la Secretaría de Infraestructura del Municipio, en el que se menciona el estado de parques y zonas verdes del barrio La Esmeralda. Sin embargo, a juicio del apelante, este documento no puede ser considerado como prueba suficiente para establecer una omisión por parte de la administración municipal. En particular, destaca que el mismo informe señala que el tramo vial objeto de discusión corres ponde a una zona verde para uso peatonal y no vehicular, de conformidad con la Resolución No. 401

administración municipal. En particular, destaca que el mismo informe señala que el tramo vial objeto de discusión corres ponde a una zona verde para uso peatonal y no vehicular, de conformidad con la Resolución No. 401 del 14 de julio de 1995, expedida por la Secretaría de Planeación Municipal. Por lo tanto, el hecho de que la zona verde se encuentre en material de recebo compactado y fresado (asfalto reciclado) no implica un descuido o abandono de la misma, sino que es el material propio para este tipo de espacios.

También resalta, que la acción popular tiene un carácter restitutorio, es decir, busca volver las cosas a su estado anterior a la supuesta vulneración del derecho colectivo, siempre que ello sea posible. Sin embargo, considera que en el presente caso no se acreditó que la administración municipal haya generado una afectación que requiera una orden de restablecimi ento o intervención.

Por otro lado, enfatiza en la carga de la prueba que recae sobre la parte actora, conforme al artículo 30 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 167 del Código General del Proceso, en los cuales se establece que corresponde a quien alega la vulneración de un derecho probar los hechos en que se sustenta su pretensión. No obstante, en el presente caso, no se aportó prueba suficiente que permita concluir que el municipio incurrió en una omisión que generara una afectación a los derechos cole ctivos invocados en la demanda.Expediente: 73001-33-33-002-2019-00394-01 (0484-2023) Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS

Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS

Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DE RECHOS E INTERESES COLECTIVOS Demandante: MIRYAM DE JESUS CAMPO GUTIERREZ Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ y EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO

IBAL S.A E.S.P.

Vinculada: EMPRESA PRESTADORA DEL SERV