TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2021-00143-01 (02-05-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: No. 73001-33-33-002-2021-00143-01

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: ROCIO BARRERO Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFOMAGDEPARTAMENTO DEL TOLIMA Referencia: Apelación de sentencia – Reliquidación pensión docente.

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la sente ncia dictada por Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 1º de febrero de 2023, mediante la cual decidió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La señora ROCIO BARRERO, obrando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAGy el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ,

solicitando: I.1. PRETENSIONES I.1.1. Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución No 002460 del 5 de agosto de 2020, mediante la cual se reliquidó la pensión de jubilación a la señora Rocio Barrero.

I.1.1. Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución No 002460 del 5 de agosto de 2020, mediante la cual se reliquidó la pensión de jubilación a la señora Rocio Barrero.

I.1.2. Que se declare la nulidad parcial de la resolución Nro. 002460 del 5 de agosto de 2020, mediante la cual LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – y EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, reconoció la pensión de jubilación a la docente Rocio Barrero, tomando como salario base de liquidación la asignación básica, dejando de incluir las horas extras, la bonificación mensual, y demás factores devengados en el año anterior al que adquirió el status de pensionado.

I.1.3. Que Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓN — MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL — FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACION, reconocer y pagar los reajustes de ley; así como el ajuste al valor o indexación laboral por la depreciación de la moneda.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ROCIO BARRERO vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

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I.1.4. Que se ordene a la entidad demandada, reconocer y pagar los intereses comerciales y moratorios sobre las sumas que resulten adeudadas, si a ello hubiera lugar.

I.1.5. Que se condene a la parte demandada al pago de las agencias en derecho y las costas procesales.

I.2. HECHOS

El extremo demandante mencionó:

I.2.1. Que la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima mediante resolución No. 002460 del 5 de agosto de 2020, liquidó la pensión vitalicia de jubilación de la demandante, efectiva a partir del 23/10/2018, en cuantía de $2.697.338.

I.2.2. Que de la citada resolución se desprende que la demandante ingresó al servicio educativo oficial con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, esto es, el 19 de enero de 1996.

I.2.3. Que la prestación fue liquidada con base en el promedio de la asignación básica mensual devengada durante el último año de servicio, anterior al status pensional, sin inclusión de la prima de servicios, horas extras, prima de navidad, de vacaciones, bonificación mensual y demás factores devengados.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Dentro del término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, únicamente el Departamento del Tolima contestó la demanda, oponiéndose

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Dentro del término de traslado de la demanda que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, únicamente el Departamento del Tolima contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones demandatorias, y además señaló:MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ROCIO BARRERO vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

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Dentro del mismo escrito presentó la excepción que denominó “Legalidad – la docente fue liquidada de conformidad con el régimen pensional aplicable”, “Improcedencia del régimen pensional solicitado”, “Imposibilidad legal del Departamento para acceder a lo pretendido por inaplicación de normas”, “Cobro de lo no debido” y Prescripción”.

III. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 1º de febrero de 2023, resolvió:

“PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 1º de febrero de 2023, resolvió:

“PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el Departamento del Tolima y que denominó “legalidad – la docente fue liquidada de conformidad con el Régimen Pensional aplicable, improcedencia del régimen pensional solicitado, imposibilidad legal del Departamento para acceder a lo pretendido por inaplicación de las normas, cobro de lo no debido y prescripción”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 002460 del 5 de agosto de 2020 por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación a la señora Rocío Barrero, por los motivos expuestos previamente en esta providencia.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO que reliquide y pague la pensión de jubilación de la señora ROCÍO BARRERO, teniendo en cuenta para ello además de todos los factores salariales ya tenidos en cuenta en el IBL, el factor salarial horas extras devengado por la actora en el último año anterior a alcanzar el estatus pensional (23 de octubre de 2018), y reconozca y pague las diferencias dejadas de devengar desde la fecha que adquirió el status de pensionada el 23 de octubre de 2018.

CUARTO.- En el evento en que la demandante Rocío Barrero no hubiese efectuado

reconozca y pague las diferencias dejadas de devengar desde la fecha que adquirió el status de pensionada el 23 de octubre de 2018.

CUARTO.- En el evento en que la demandante Rocío Barrero no hubiese efectuado aportes sobre el factor denominado horas extras, la entidad demandada deberá descontar los aportes correspondientes a ese factor, debidamente indexados, en aplicación de los principios de solidaridad, sostenibilidad financiera del sistema y equidad.

QUINTO.- Reajustar los valores resultantes de la anterior condena en los términos del artículo 187 del CPACA y de conformidad con la fórmula señalada en la parte motiva de este fallo.

SEXTO.- Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA. De otra parte, por Secretaría efectúese la devolución de los dineros consignados por la actora por gastos de proceso, si los hubiere.

SÉPTIMO.- Sin costas.

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Para llegar a la anterior decisión, el a quo consideró lo siguiente:

“Del material probatorio allegado, se encuentra demostrado que la señora Rocío Barrero, prestó sus servicios como docente de vinculación nacional durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 1996 al 19 de febrero

“Del material probatorio allegado, se encuentra demostrado que la señora Rocío Barrero, prestó sus servicios como docente de vinculación nacional durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 1996 al 19 de febrero de 2018 para un tiempo total de servicio docente de 22 años, 10 meses y 25 días, siendo su último lugar de prestación de servicios en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de El Espinal (Tol.), y que el factor salarial que sirvió de base para la liquidación pensional f ue la Asignación Mensual; indicando que fueron disposiciones aplicables la Ley 91 de 1989, la Ley 33 de 1985, la Ley 6ª de 1945, la Ley 71 de 1988 y el Decreto 3752 de 2003.

Descendiendo de lo anterior, tenemos, que según se indica en la demanda, a título de restablecimiento del derecho se pretende que se incluyan en la base de liquidación pensional las horas extras, la bonificación mensual y demás factores salariales devengad os por la parte demandante durante el año anterior a la adquisición de su estatus; para tal efecto, en aras a realizar el análisis respectivo, se tendrá en cuenta que la vinculación de la demandante a la docencia oficial se surtió con anterioridad a la ent rada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (19 de enero de 1996), por lo que es un hecho cierto e indiscutible, que le resulta aplicable la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 estableció (…)

De donde se desprenden dos circunstancias, la primera, respeta los derechos en materia prestacional de los docentes vinculados antes de la vigencia de la

15 estableció (…)

De donde se desprenden dos circunstancias, la primera, respeta los derechos en materia prestacional de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, y la segunda, que es para los docentes que se vinculen a partir de la vigencia, se aplica el régimen de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y es sobre el cual el artículo 3º del Decreto 3752 de 2003, dispuso que el ingreso base de cotización y liquidación de prestaciones sociales no podrá ser diferente a la cotización sobre la cual realiza aportes, el cual debe interpretarse de manera armónica con el inciso segundo del artículo transcrito, donde los destinatarios de esta son los docentes que se vinculen a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003 y no para los que ya se encuentran afiliados al sistema a la entrada de su vigencia y debe de ser esta la interpretación, de lo contrario si estaría opuesto a la finalidad de la Ley; igual, acontece con el Decreto 2341 de 2003, reglamentario del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que dicho sea de paso no derogó los artículos 2 y 15 de la Ley 91 de 1989, entonces, al estar vigente dicha normativa, la n orma aplicable en materia pensional para el caso de la accionante, es la que se encontraba vigente de acuerdo a lo establecido en la Ley 91 de 1989, como las Leyes 33 y 62 de 1985, que estipulaban que la base de liquidación para efectos de pensión está con stituida por los siguientes factores salariales: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios

está con stituida por los siguientes factores salariales: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicio.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ROCIO BARRERO vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

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Ahora bien, como las Leyes 33 y 62 de 1985 establecieron que la base de liquidación para efectos de pensión estará constituida por los siguientes factores salariales: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios. (…)

En este orden de ideas, resulta claro que conforme a la postura asumida actualmente por el Consejo de Estado frente al asunto debatido, los factores que deben incluirse en la base de liquidación pensional de los docentes, son

(…)

En este orden de ideas, resulta claro que conforme a la postura asumida actualmente por el Consejo de Estado frente al asunto debatido, los factores que deben incluirse en la base de liquidación pensional de los docentes, son los previstos en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 modificados y enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Bajo este entendido y descendiendo al caso concreto, se procederá a contrastar los factores efectivamente devengados por la docente durante el año anterior a la adquisic ión de su estatus pensional, esto es, entre el 24 de octubre de 2017 al 23 de octubre de 2018 con el contenido de la Resolución N° 002460 del 5 de agosto de 2020, a la luz del precepto jurisprudencial arriba citado, entonces, se tiene, que se pretende se incluyan “las horas extras, la bonificación mensual y demás factores”, esta pretensión demás factores, debió la demandante precisarla de manera expresa, para delimitar el alcance del estudio, de la manera como lo dejó planteado, prácticamente trasladó la tarea al juez de establecer cuáles otros factores fuera de las horas extras, de donde se debe recordar, que la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, ha determinado que el juez contencioso no está obligado a in terpretar de oficio los cargos de la demanda, pues en esta jurisdicción opera el principio de justicia rogada, lo que significa que a la parte actora le asiste la obligación de delimitar con precisión y de manera expresa sus pretensiones, los hechos de la demanda y los fundamentos de derecho, es decir delimitar el alcance del estudio de validez que pretende

parte actora le asiste la obligación de delimitar con precisión y de manera expresa sus pretensiones, los hechos de la demanda y los fundamentos de derecho, es decir delimitar el alcance del estudio de validez que pretende plantear ante el juez, de igual manera deberá indicar cuáles son las normas que considera vulneradas por el acto enjuiciado y señalar el razonamiento respectivo para ese efecto; lo cual tiene razón de ser para que los demás sujetos procesales conozcan con certeza, sobre que recae el litigio y así mismo se pronuncie en la contestación, y tenga la certeza que sobre ellos se pronunciara el juez; lo que es una garantía de los constitucionales del debido proceso y derecho de defensa y el principio de congruencia, cuyo objeto no es otro que asegurar que en la sentencia únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y pretensiones aducidos en la d emanda y su contestación, así como en las demás oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico para que las partes alleguen argumentos que deban ser tratados en la sentencia.

Como fundamento de lo anterior, en este asunto se efectuará un pronunciamiento acorde a las horas extras y a la bonificación mensual; así las cosas, como se dijo en precedencia, del certificado salarial valorado se desprende que la demandante para los años 2017 y 2018 devengó además de la asignación básica, la bonificación mensual de docentes, horas extras, primaMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ROCIO BARRERO vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

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de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones docentes y bonificación pedagógica (solo para el año 2018) y que en la base de liquidación pensional establecida en la Resolución 002460 del 5 de agosto de 2020 solo se tuvo en cuenta la asignación básica a efectos de liquidar la pensión, se descartará lo pretendido por la parte accionante respecto a la inclusión de la bonificación mensual por cuanto dicho factor salarial no se encuentra incluido taxativamente en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.

(…)

Así las cosas, conforme a las normas y jurisprudencia citadas con antelación en esta sentencia y por lo tanto, se declarará la nulidad parcial de la Resolución No. 002460 del 5 de agosto de 2020, por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación a la demandante sin incluir todos los factores salariales pertinentes, como las horas extras. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condenará a la Entidad demandada a reliquidar la pensión de jubilación de la d emandante incluyendo todos los factores devengados en el año inmediatamente anterior a alcanzar el estatus pensional, esto es, incluyendo el factor denominado horas extras, suma que deberá ser indexada conforme al Índice de Precios al Consumidor – IPC, en aplicación del artículo 187 del CPACA…”

IV. LA APELACIÓN

alcanzar el estatus pensional, esto es, incluyendo el factor denominado horas extras, suma que deberá ser indexada conforme al Índice de Precios al Consumidor – IPC, en aplicación del artículo 187 del CPACA…”

IV. LA APELACIÓN

Oportunamente, la apoderada judicial de la parte acciona da, interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 1º de febrero de 2023, señalando:

“De la Jurisprudencia en cita, es claro que el Consejo de Estado, les hizo extensiva la segunda subregla orientada a que los factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones y se encuentren taxativos en la ley y no enunciativos, y dejó sin sustento la tesis adoptada por la Sección Segunda de la del Consejo de Estado, la providencia de fecha 04 de agosto de 2010.

Asimismo, en la reciente Sentencia de Unificación SUJ-014 de fecha 25 abril de 2019, bajo el radicado No. 680012333000201500569-01, Sección Segunda, con ponencia nuevamente del Dr. Cesar Palomino Cortes, en donde unificó jurisprudencia en relación con crit erio sobre el IBL, ratificando los conceptos adoptados por el Consejo de Estado en materia de factores salariales en la respectiva liquidación de los docentes.

En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Estado, para efectos del reajuste de la pensión de invalidez del demandante,

respectiva liquidación de los docentes.

En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Estado, para efectos del reajuste de la pensión de invalidez del demandante, deben tomarse sólo los factores taxativos del art. 1° de la Ley 62 de 1985.

Para concluir le solicito respetuosamente, que se tenga lo dispuesto por las citadas Sentencias de Unificación toda vez que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 10 consagra el deber de dar aplicación uniforme de las normas y jurisprudencia.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ROCIO BARRERO vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

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1. Los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación – Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado

Mediante Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del veinticinco (25) de abril de 2019, proferida dentro del radicado No. 68001-23-33-000-2015-0056901(093517), de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del Doctor César Palomino Cortés, fij ó las reglas relativas al ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FOMAG. Preciso sobre la existencia de dos regímenes prestaciones que regulan el derecho a la pensión de jubilación para

liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FOMAG. Preciso sobre la existencia de dos regímenes prestaciones que regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial, cuya aplicación está condicionada a la fecha de ingreso al servicio educativo oficial, así:

“De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de

puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones”.

Ello siempre que, respecto de los mismos, se hubiesen cumplido con los requisitos de 55 años para hombre y mujeres, 20 años de servicio y tasa de remplazo del 75% para el primer escenario; y para el segundo, los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 bajo los requisitos de 57 años de edad para hombres y mujeres, 1300 semanas de cotización (en atención a la progresividad establecida en el artículo 33 de la ley 100 modificada por el artículo 9 de la ley 797 de 2003) y con una tasa de remplazo del 65%-85%.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ROCIO BARRERO vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

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Aunado a lo anterior, deberá demostrase que el docente haya hecho los

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Aunado a lo anterior, deberá demostrase que el docente haya hecho los respectivos aportes, tal y como se indicó por parte de la máxima corporación de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Para el caso concreto debe precisarse que, de conformidad con la fecha de vinculación de la parte demandante, los factores a tener en cuenta al momento de determinar el Ingreso Base de Liquidación, son los contenidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, a saber: - asignación básica - gastos de representación - primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación - dominicales y feriados - horas extras - bonificación por servicios prestados - y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso Obligatorio

Ello siempre que, respecto de los mismos, se hubiesen hecho los respectivos aportes, tal y como se indicó por parte de la máxima corporación de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

(…) Por estas razones, deben denegarse las pretensiones de la demanda para en su lugar declarar probadas los medidos exceptivos que se pasan a exponer. Colofón de lo expuesto, deberá tenerse en cuenta la sentencia de Unificación proferida por el Honorable Consejo de Estado en la cual menciona, que sólo se deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros efectivamente cotizados al fondo pensional a fin de no afectar los principios de sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y economía. Así como tener en

deben tener en cuenta para liquidar la mesada pensional, los dineros efectivamente cotizados al fondo pensional a fin de no afectar los principios de sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal y economía. Así como tener en cuenta, la buena fe que ha tenido la administración pues de manera voluntaria reliquido la pensión de vejez, buscando p roteger los derechos laborales del pensionado.”

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por el extremo accionado fue admitido mediante providencia del 4 de mayo de 20231; luego de notificado al agente del Ministerio Público2, el 2 de junio de 20233 ingresó al Despacho para el correspondiente fallo.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Dentro del término conferido al representante del Ministerio Público delegado ante esta Corporación, guardó silencio.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

VII.1. Competencia del Tribunal

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad a la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta

1 Ver índice 004 aplicativo Samai Tribunal. 2 ver índice 008 aplicativo Samai Tribunal. 3 Ver índice 009 aplicativo Samai Tribunal.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ROCIO BARRERO vs NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

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jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controversia originada en varios actos sujetos al derecho administrativo expedidos por una entidad pública.

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para resolver el recurso de alzada contra las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem, los fallos emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados, es claro que esta Colegiatura es competente para dirimir el presente asunto en Sala de Decisión tal como lo prevé el artículo 125 ejusdem. VII.2. Definición del recurso Conforme a lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, normativa aplicable al caso de autos por remisión expresa del canon 306 de la Ley 1437 de 2011, el estudio en esta segunda instancia se circunscribirá a la inconformidad formulada por la parte accionada en contra de la sentencia de primer grado. VII.3. Problema jurídico

El problema jurídico se concreta en determinar si la demandante Rocio Barrero tiene o no derecho a que la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reliquide y pague la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio previo a la adquisición del status jurídico de pensionada.

Sociales del Magisterio, le reliquide y pague la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio previo a la adquisición del status jurídico de pensionada.

VII.4. Hechos probados

• Que la demandante nació el 23 de octubre 1963 (Folio 20 expediente administrativo Secretaria de Educación).

• Que ingresó a prestar sus servicios como docente oficial el 19 de enero de

1996.

• Que adquirió el status pensional el 23 de octubre de 2018, fecha en la que se encontraba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio4.

• Que durante el año anterior a la adquisición del status pensional, comprendido entre el 23 de octubre de 2017 y el 22 de octubre de 2018, según los antecedentes administrativos allegados a esta instancia, devengó los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de servicios, prima de vacaciones , HE J. Única G 12, 13 y 14 D.2277 y horas extras

(fols.15-16 expediente administrativoSecretaria de Educación).

• Que mediante Resolución No. 002460 del 5 de agosto de 2020 el Secretario de Educación del Departamento del Tolima reconoció y ordenó el pago a

4 Ver folio 31-33 expediente administrativo – Secretaria de Educación.