TA TOL - Sentencia 73001-33-33-002-2023-00002-01 (22-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº.: 73001-33-33-002-2023-00002-01 (1044/2024) Medio de

Control:

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS

Demandante: HERNANDO GUZMÁN

Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ – EMPRESA

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.

Tema: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL contra la sentencia del 28 de agosto de 2024, proferida por el Juzgado Segundo Administrativ0 del Circuito de Ibagué, por medio del cual se accedieron las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos promovido por

HERNANDO GUZMÁN contra el IBAL S.A. E.S.P.

II. ANTECEDENTES

El señor HERNANDO GUZMÁN , mediante apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política y artículo 12 de la Ley 472 de 1998 , presentó demanda con la finalidad de obtener , a través de

del medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política y artículo 12 de la Ley 472 de 1998 , presentó demanda con la finalidad de obtener , a través de sentencia judicial, un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

1. Pretensiones1

Que se amparen los derechos fundamentales a la salud, al acceso al agua potable, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, y los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los

1 Fls. 4-6 – Expediente Digital – 029ED_002. 2023-00002 Dema.pdf.Medio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 2

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bienes de uso público, y, a la seguridad y salubridad pública, contemplados en el artículo 4 literales d, g, h, y j, de la Ley 472 de 1998, de los habitantes de la Urbanización San Francisco Aparco del Municipio de Ibagué.

Que se ordene al Municipio de Ibagué y a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. Oficial, asegurar a los habitantes de la

Urbanización San Francisco Aparco del Municipio de Ibagué.

Que se ordene al Municipio de Ibagué y a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. Oficial, asegurar a los habitantes de la Urbanización San Francisco Aparco, el suministro y entrega de agua potable con acceso continuo, eficiente y en una cantidad que les garantice el consumo diario mínimo acorde con el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud (entre 50 a 100 litros de agua por persona).

Que se ordene a las entidades demandadas para que, de manera coordinada, adelanten todas las medidas técnicas, jurídicas y presupuestales, a fin de efectuar la reposición de la red de alcantarillado ubicada sobre la calle 111 ente carrera 20 sur hasta la Esta ción Benemérito Cuerpo de Bomberos, f rente a la casa con nomenclatura antigua calle 113 sur 50 -63, de la Urbanización San Francisco Aparco.

Que se o rdene a las entidades demandadas para que, de manera coordinada, adelanten todas las medidas técnicas, jurídicas y presupuestales, a fin de efectuar la construcción del sistema de recolección y distribución de aguas lluvias (escorrentías) y la intervención (construcción) de la vía ubicada sobre la calle 111 entre carrera 20 sur hasta la Estación Benemérito Cuerpo de Bomberos, frente a la casa con nomenclatura antigua calle 113 sur 50 -63, de la Urbanización San Francisco Aparco.

2. Hechos2

Que en la Urbanización San Francisco Aparco de l Municipio de Ibagué hay alrededor de 81 viviendas, las cuales cuentan servicios públicos domiciliarios

Urbanización San Francisco Aparco.

2. Hechos2

Que en la Urbanización San Francisco Aparco de l Municipio de Ibagué hay alrededor de 81 viviendas, las cuales cuentan servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, gas y aseo, sobre los cuales se paga el correspondiente impuesto predial, entre otros.

Que en los bienes inmuebles que integran la Urbanización San Francisco de Aparco, viven aproximadamente 250 personas, de forma continua, con vocación de permanencia, en la cual han concentrado por muchos años el ejercicio de los derechos, obligaciones, relaciones económicas, comerciales, familiares, sociales, entre otras.

Que los habitantes de la urbanización se encuentran gravemente perjudicados, por cuanto, debido a la edificación de nuevos proyectos de apartamentos y conjuntos de viviendas en sectores aledaños, el suministro de agua potable no se recibe durante las 24 horas del día, sino con muy baja presión todos los días, en horario de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., de manera intermitente o cortándose con anticipación, en ocasiones no prestándose el servicio durante semanas, a pesar de contar con redes de conducción del servic io, situación que ha forzado a los

2 Fls. 2-4 – Expediente Digital – 029ED_002. 2023-00002 Dema.pdf.Medio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 3

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habitantes a utilizar canecas, ollas, vasijas y tanques para acceder y almacenar cantidades de agua que no se hacen suficiente para su subsistencia.

Que la falta de abastecimiento de agua potable con la periodicidad, eficiencia, calidad y cantidad que se requiere para el consumo diario, ha provocado que , para los habitantes de la urbanización , las condiciones indispensables de alimentación, higiene, desinfección y salubridad sean precarias.

Que la vía ubicada sobre la calle 111 entre carrera 20 sur hasta la Estación Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Urbanización San Francisco de Aparco, se encuentra en mal estado, presentando un alto grado de destrucción; deterioro progresivo, huecos, agrie tamientos, zanjas, hundimiento, colapso, arrastre de material, maleza, montones de tierra y escombros.

Que la red de alcantarillado ubicada en el sector de la urbanización se encuentra en mal estado, habiendo sido instalada hace aproximadamente 30 años, sin certificación ni cumplimiento de las especificaciones técnicas, circunstancia que ha provocado , por el uso y paso del tiempo , deterioro progresivo, destrucción, erosión severa, colapso, hundimiento, taponamiento y filtraciones al aire libre.

Que el mal estado de la vía y la infraestructura de alcantarillado ubicada sobre

progresivo, destrucción, erosión severa, colapso, hundimiento, taponamiento y filtraciones al aire libre.

Que el mal estado de la vía y la infraestructura de alcantarillado ubicada sobre la calle 111 entre carrera 20 sur hasta la Estación Benemérito Cuerpo de Bomberos de la urbanización, obstruye el libre tránsito vehicular y peatonal, constituyendo una permanente amenaza contra la vida, integridad física y seguridad de las personas.

Que, debido a la falta de un sistema recolector de aguas lluvias, el mal estado de la vía y red de alcantarillado, en época de invierno, las aguas lluvias se desbordan por las calles y la alcantarilla se brota por las rejillas, lo cual ha provocado empozam ientos al aire libre, grandes lodazales, pantanos, humedades, filtraciones y montones de tierra.

Que el Municipio de Ibagué y la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, pese a ser requeridos en reiteradas ocasiones por la comunidad de la urbanización, han omitido tomar medidas para garantizar una buena calidad de vida a sus habitantes.

Que se presentó derecho de petición ante la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, la cual, mediante Oficio No. 310 -2000 de fecha 18 de agosto de 2022, fue respondida, informando que, respecto al suministro de agua potable, la situación que vive el sistema de acueducto es complicada, pues debido a las lluvias o altas olas de calor se ve afectado el suministro de agua potable a la urbanización, y, a su vez, respecto al estado de las redes de alcantarillado, arguyó que la empresa no cuenta con redes sanitarias instaladas que sean de su

lluvias o altas olas de calor se ve afectado el suministro de agua potable a la urbanización, y, a su vez, respecto al estado de las redes de alcantarillado, arguyó que la empresa no cuenta con redes sanitarias instaladas que sean de su propiedad, por lo cual no resultó procedente efectuar su reposición.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDAMedio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 4

Demandante: HERNANDO GUZMÁN Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ – EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.

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4.1 Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.

OFICIAL3

La apoderada judicial del IBAL solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda, argumentando que no se acreditan vulneraciones a derechos colectivos por parte de la entidad. Respecto a la falta de abastecimiento de agua potable, señaló que Ibagué cuenta con un sistema de acueducto por gravedad con tres bocatomas y trece tanques que sectorizan la ciudad, incluyendo el tanque 8 - Mirolindo que abastece el sector de la Urbanización San Francisco de Aparco. Reconoció circunstancias externas como el de terioro del río Combeima, sequías, daños en la red y lluvias fuertes que afectan la continuidad del servicio, pero indicó que el IBAL adelanta obras de mejoramiento y sectorización para mitigar estos impactos.

Combeima, sequías, daños en la red y lluvias fuertes que afectan la continuidad del servicio, pero indicó que el IBAL adelanta obras de mejoramiento y sectorización para mitigar estos impactos.

En cuanto al precario estado del alcantarillado, la apoderada precisó que las redes en la zona no fueron instaladas ni son propiedad del IBAL, por lo que la entidad no es responsable de su afectación. Finalmente, sobre la ausencia de recolección de aguas lluvias y la falta de infraestructura adecuada, informó que el IBAL contrató estudios y diseños para la construcción de redes pluvial y sanitaria en San Francisco de Aparco, con alternativas técnicas que requieren viabilidad y la obtención de recursos para su inversión, conforme los planes de la entidad.

4.2 Municipio de Ibagué4

No contestó la demanda ni formuló excepción alguna.

4. Sentencia recurrida5

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 28 de agosto de 2024, resolvió:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos relacionados al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, contemplados en el artículo 4 literales d), g), h), y j) de la Ley 472 de 1998, de los que son titulares de los habitantes de la Urbanización San Francisco Aparco de la ciudad de Ibagué - Tolima, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y

habitantes de la Urbanización San Francisco Aparco de la ciudad de Ibagué - Tolima, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en el término de tres meses realice las gestiones técnicas, administrativas, financieras y presupuestales, proceda a suministrar de manera permanente y en óptimas condiciones a gua potable para el consumo de los habitantes de la Urbanización San Francisco Aparco; igualmente en el término de doce meses, realice los estudios técnicos,

3 Expediente Digital – 044ED_016.2023-00002 Conte.pdf. 4 Expediente Digital - 037ED_010. VE AUTO 16-02-2.pdf. 5 Expediente Digital – 117SentenciadePr_202300002SENTENCIA28.pdf.Medio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 5

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administrativos, financieros y presupuestales, para la reposición de la red de Alcantarillado de este sector y proceda a su ejecución en el término de seis meses.

TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que dentro del término de seis meses proceda a realizar las gestiones técnicas, administrativas, financieras y presupuestales, para la recuperación de la red vial, de este sector, en concreto a

TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que dentro del término de seis meses proceda a realizar las gestiones técnicas, administrativas, financieras y presupuestales, para la recuperación de la red vial, de este sector, en concreto a efectuar la construcción del sistema de recolección y distribución de aguas lluvias

(escorrentías) y la intervención (construcción) de la vía ubicada sobre la calle 111 entre carrera 20 sur hasta la Estación Benemérito Cuerpo de Bomberos (frente a la casa con nomenclatura antig ua calle 113 sur 50 -63) de la Urbanización San Francisco Aparco y su ejecución deberá hacerse seis meses después.

CUARTO: ORDENAR la integración de un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el cual estará conformado por el titular del Despacho, la parte actora, el señor Agente del Ministerio Público, y un delegado de cada una de las accionadas.

QUINTO: Sin costas.

SEXTO: ENVIAR una copia del presente fallo a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y a cada una de las personas que integran el COMITÉ DE VERIFICACIÓN.

SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 en concordancia con el artículo 243 del CPACA.

OCTAVO: En firme esta providencia y efectuadas las anotaciones correspondientes archívese el expediente."

Para llegar a estas decisiones, el Juez A-quo estableció que el problema jurídico consistió en determinar a quien correspondía la responsabilidad de suministrar

correspondientes archívese el expediente."

Para llegar a estas decisiones, el Juez A-quo estableció que el problema jurídico consistió en determinar a quien correspondía la responsabilidad de suministrar agua potable y el mantenimiento y reposición de la red de alcantarillado, como también las obras de construcción del sistema de recolección y distribución de escorrentías y la construcción de las vías en el Municipio de Ibagué, para lo cual debió examinarse el régimen jurídico aplicable al caso en concreto, así como examinar el material probatorio obrante en el plenario.

Señaló que, del análisis del material probatorio, que incluye informes técnicos y las reclamaciones de los residentes del sector, se respaldó la afirmación de que el suministro de agua potable no es constante ni óptimo. Si bien el IBAL inicialmente indicó una falta de competencia sobre el área en un informe conciso, sin realizar un estudio exhaustivo de las necesidades de la comunidad, sí sugirió que el área de planeación de la empresa debería definir la existencia de planes o proyectos al respecto. El A Qu o indicó que e sta respuesta se interpretó como una falta de responsabilidad inicial ante las problemáticas planteadas y, por otro lado, un informe del Municipio evidenció el deterioro de las vías en el sector.

Contrario a las respuestas de las entidades demandadas en sus contestaciones y alegatos, consideró suficientemente probado que existe una vulneración realMedio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 6

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de los derechos colectivos invocados. Por lo tanto, la decisión judicial busc ó garantizar el suministro constante y adecuado de agua potable, la renovación del sistema de alcantarillado y la posterior pavimentación de la vía en la Urbanización San Francisco Aparco.

En consecuencia, consideró necesario ordenar al Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) que, en un plazo de tres meses, realizara las gestiones necesarias para asegurar un suministro permanente y de óptima calidad de agua potable a los habitantes de la urbanización. Adicionalmente, se le exigió que, en un lapso de doce meses, complet ara los estudios técnicos, administrativos, financieros y presupuestales para la reposición de la red de alcantarillado en el sector, y que ejecut ara dichas ob ras en los seis meses siguientes a la finalización de los estudios.

Por su parte, ordenó al Municipio de Ibagué que, en un término de seis meses, llevara a cabo las gestiones técnicas, administrativas, financieras y presupuestales para la recuperación de la red vial en el sector , lo que incluye específicamente la construcción del sistema de recolección y distribución de aguas lluvias y la intervención (construcción o mejoramiento) de la vía en la ubicación mencionada, cuya ejecución de bió iniciarse a más tardar seis meses

específicamente la construcción del sistema de recolección y distribución de aguas lluvias y la intervención (construcción o mejoramiento) de la vía en la ubicación mencionada, cuya ejecución de bió iniciarse a más tardar seis meses después de completadas las gestiones previas.

Fundamentó lo anterior en la protección de los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad, y el acceso a servi cios públicos eficientes y oportunos, todos ellos consagrados en la Ley 472 de 1998.

Para asegurar el cumplimiento efectivo de estas órdenes, decretó la conformación de un Comité de Verificación, integrado por el juez del caso, la parte actora (representando a la comunidad), los representantes legales del Municipio de Ibagué y del IBAL, y un delegado del Ministerio Público. Este comité tendr ía la responsabilidad de supervisar y verificar el avance y la culminación de las acciones ordenadas por el A Quo.

4.2 Recurso de Apelación6

La apoderada de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, solicitando la revocación de la sentencia proferida el 28 de agosto de 2024.

En cuanto al servicio de acueducto, argument ó que no existe prueba concluyente de una prestación deficiente que vulnere derechos colectivos, por el contrario, indicó que se presentaron informes técnicos que describen el

agosto de 2024.

En cuanto al servicio de acueducto, argument ó que no existe prueba concluyente de una prestación deficiente que vulnere derechos colectivos, por el contrario, indicó que se presentaron informes técnicos que describen el sistema de acueducto de Ibagué como un sistema por gravedad, eficiente e

6 Expediente Digital – 119_MemorialWeb_Apelacion.pdf.Medio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 7

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higiénico, con múltiples fuentes de captación y tanques de compensación que sectorizan la ciudad, incluyendo el sector de la Urbanización San Francisco de Aparco (distrito 8 - Mirolindo). Explicó que la captación puede verse limitada en temporadas secas por órdenes de la autoridad ambiental para preservar los caudales, y en temporadas de lluvia por la turbiedad, lo que obliga a suspender temporalmente la captación para proteger la planta de tratamiento.

Subrayó que el IBAL, encargado del servicio dentro del perímetro hidrosanitario, tiene planes de contingencia para garantizar el suministro en la medida de lo posible y en condiciones de igualdad , por lo tanto, concluyó que no hay certeza de afectación de derechos colectivos por parte del IBAL en la prestación del servicio de acueducto, solicit ando revocar la sentencia en este punto.

medida de lo posible y en condiciones de igualdad , por lo tanto, concluyó que no hay certeza de afectación de derechos colectivos por parte del IBAL en la prestación del servicio de acueducto, solicit ando revocar la sentencia en este punto.

Respecto al servicio de alcantarillado, afirmó que el IBAL no presta este servicio en el sector de la Urbanización San Francisco de Aparco, lo cual se evidenci ó en la ausencia de cobro por este concepto en las facturas de los demandantes y se confirmó en un informe técnico del líder de gestión de alcantarillado del IBAL. Bajo esta premisa, s ostuvo que la orden de reponer la red matriz de alcantarillado en dicha urbanización es imposible de cumplir, debido a que no son usuarios de este servicio y el sector está fuera de su cobertura.

Aclaró que las inversiones del IBAL están sujetas a partidas presupuestales previamente establecidas y deben obedecer a la planeación del gasto, atendiendo al plan de acción y obras dentro de su perímetro hidrosanitario, definido en el Plan de Ordenamiento Terri torial de Ibagué , de modo que, n o sería posible destinar fondos a obras fuera de su competencia y en sectores fuera de su perímetro de servicio.

Finalmente, mencionó que la construcción inicial de la red matriz y las acometidas domiciliarias era obligación del constructor o urbanizador, para luego ser entregadas al IBAL para su mantenimiento, lo cual no ocurrió en este caso al no ser usuarios del servicio de alcantarillado. Indicó que obligar al IBAL a realizar esta inversión generaría un detrimento patrimonial al no poder recuperarse a través del cobro de tarifas en un sector sin cobertura, por todo lo

caso al no ser usuarios del servicio de alcantarillado. Indicó que obligar al IBAL a realizar esta inversión generaría un detrimento patrimonial al no poder recuperarse a través del cobro de tarifas en un sector sin cobertura, por todo lo anterior, argumentó que tampoco procedería amp arar derechos colectivos en relación con el servicio de alcantarillado.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 25 de octubre de 2024, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Ibagué, el 28 de agosto de 2024.

De igual manera, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso para decisión de fondo de fecha 25 de noviembre de 2024, la providencia de 25 de octubre de 2024 que admitió el recurso de apelación interpuesto, fue notificadaMedio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 8

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al agente del Ministerio Público, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para

al agente del Ministerio Público, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado del demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 28 de agosto de 2024, en la que se accedieron las pretensiones de la demanda.

2. Problema jurídico

El problema jurídico en el presente asunto consiste en determinar si la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial (IBAL) vulneró los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de los habitantes de la Urbanizac ión San Francisco Aparco, lo que implicaría confirmar la decisión de instancia; o si, por el contrario, como argumenta la parte recurrente, la falta de la calidad de usuarios del servicio de alcantarillado por parte de los residentes y la ubicación de la urbanización fuera del perímetro hidrosanitario del IBAL eximen a la empresa de responsabilidad y de la obligación de realizar inversiones en obras en dicho sector, con la consecuente revocatoria de la decisión de primera instancia.

3. Tesis de la Sala

La tesis que sostendrá la Sala, consiste en afirmar que e n el caso particular, aun cuando la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL reconoce el suministro de agua potable a la Urbanización San Francisco Aparco mediante su infraestructura, creando una relación de facto con los

aun cuando la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL reconoce el suministro de agua potable a la Urbanización San Francisco Aparco mediante su infraestructura, creando una relación de facto con los usuarios según la Ley 142 de 1994, niega la prestació n integral de acueducto y alcantarillado argumentando la naturaleza comunitaria de la red, su ubicación fuera del perímetro hidrosanitario formal y la falta de cobro ; sin embargo, la delimitación d el perímetro de servicios formalmente podría restringir la cobertura del IBAL, no puede ignorarse la realidad del suministro de agua existente ni las obligaciones constitucionales del Estado de garantizar servicios públicos eficientes para el bienestar general, generando en la comunidad una expectativa legítima de recibir los servicios de acueducto y alcantarillado, dada su interdependencia para la salubridad y calidad de vida , por lo que corresponde confirmar la providencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia.

4. Fundamentos de la Tesis de la Sala

4.1. De la Prestación de Servicios Públicos DomiciliariosMedio de Control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 9

Demandante: HERNANDO GUZMÁN Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ – EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.

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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 366, establece un mandato fundamental para el Estado en relación con el bienestar general y la calidad de

Interno: 1044/2024

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 366, establece un mandato fundamental para el Estado en relación con el bienestar general y la calidad de vida de la población, señalando que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directament e por el Estado, por comunidades organizadas o por particulares, manteniendo el Estado la regulación, control y vigilancia de dichos servicios, lo que impone la obligación estatal de asegurar la prestación eficiente de servicios esenciales como el acueduct o y el alcantarillado, estableciendo el marco general para la actuación de las entidades encargadas de esta labor en los diferentes niveles territoriales.

En desarrollo de los principios constitucionales, la Ley 142 de 1994, o Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, define el régimen jurídico aplicable a estos servicios. Su artículo 11 consagra de manera inequívoca la obligación de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de prestar sus servicios de forma continua, eficiente y en condiciones de calidad. Esta disposición legal impone un estándar de conducta claro y exigible a las empresas que operan en este sector, asegurando que la prestación no solo sea constante en el tiempo, sino que también cumpla con criterios de eficiencia en la gestión y calidad en el servicio ofrecido a los usuarios dentro de su área de influencia.

La Ley 142 de 1994 también delimita la figura del usuario en su artículo 14.2, definiéndolo como toda persona natural o jurídica que se beneficia de la prestación de un servicio público domiciliario , definición que es crucial para establecer el alcance de las obligaciones de las empresas prestadoras, puesto que la calidad de usuario activa los derechos a recibir un servicio continuo,

prestación de un servicio público domiciliario , definición que es crucial para establecer el alcance de las obligaciones de las empresas prestadoras, puesto que la calidad de usuario activa los derechos a recibir un servicio continuo, eficiente y de calidad, así como los mecanismos de protección previstos en la ley.

Adicionalmente, el artículo 18 de la misma ley asigna a las empresas de servicios públicos la función esencial de la prestación de los servicios y la gestión de los sistemas inherentes a su actividad. Esta atribución de funciones implica una responsabilidad integral en la administración y operación de la infraestructura necesaria para la provisión de los servicios, incluyendo la gestión de los sistemas de captación, tratamiento, distribución y recolección, así como el mantenimiento y la expansión de las redes.

Finalmente, la Ley 142 de 1994, en su artículo 138, establece el deber de conexión obligatoria. Esta disposición consagra el derecho de toda persona que habite o construya en inmuebles ubicados frente a vías públicas o privadas por donde pasen las redes de servicios públicos a solicitar y obtener la conexión respectiva, una vez cumplidos los requisitos y canceladas las tarifas corre