TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2016-00557-02 (20-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-003-2016-00557-02

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JUAN CARLOS FAJARDO GARCÍA - OTROS

APODERADO: LUIS ARIEL SÁNCHEZ CARDOZO

DEMANDADO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

APODERADO: ANDRÉS TAPIAS TORRES

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

POLICÍA NACIONAL

APODERADA: NANCY STELLA CARDOSO ESPITIA

DEMANDADO: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL

A LAS VÍCTIMAS - UARIV

APODERADO: VLADIMIR MARTÍN RAMOS

TEMA: DAÑO POR PRESUNTA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 6 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la Presidencia de la República - Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Unidad pa ra la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, con el fin de que se declaren administrativa y

Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Unidad pa ra la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, con el fin de que se declaren administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales, morales y daño a la vida de relación – alteración a las condiciones normales de existen cia, por la muerte de Luis Carlos Fajardo Jiménez (q.e.p.d.) asesinado violentamente con arma de fuego, víctima del conflicto armado presuntamente por falsos positivos a manos de fuerzas del orden público y/o grupos armados al margen de la ley en hechos ocurridos el 22 de agosto de 2014.

Que se ordene a las demandadas reconocer los perjuicios materiales, morales y daño a la vida de relación – alteración a las condiciones normales de existencia a cada uno de los demandantes.

Que las sumas reconocidas deberán ser actualizados de acuerdo con el IPC desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta el momento en que se ha ga el reconocimiento de los perjuicios y los respectivos intereses moratorios.

Que la condena impuesta se imparta conforme a los parámetros de reparación integral y/o se atiendan las medidas de justicia restaurativa.

Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.Radicación: 73001-33-33-003-2016-00557-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Juan Carlos Fajardo García - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 2 de 25

Que se condene en costas y agencias en derecho.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 2 de 25

Que se condene en costas y agencias en derecho.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes: 2.1 Luis Carlos Fajardo Jiménez para el 22 de agosto de 2014, tenía 46 años de edad , se dedicada a trabajar en expendios de carne, o como pescador y eventualmente como conductor de vehículos de transporte haciendo trasteos y demás. 2.2 El 21 de agosto de 2014, en horas de la mañana, Luis Carlos Fajardo Jiménez, salió a trabajar, y e n horas de la tarde le informó a su familia que estaba con un amigo en el Barrio el Salado de Ibagué, sin embargo, no llegó a su casa ese día.

2.3 El 22 de agosto de 2014, sus familiares preocupados llamaron a su celular, pero nunca les contestó, iniciaron labores de búsqueda y de obtención de información que los condujera a su paradero en el sector donde se encontraba el día anterior, logrando obtener información en la que les indicaron que Luis Carlos Fajardo había esta ba departiendo con otra persona en el Barrio El Salado y que a dicho lugar había llegado una camioneta blanca y se lo había llevado.

2.4 El 23 de agosto de 2014, Luis Carlos Fajardo Figueroa, padre del desaparecido, viajó por el norte del Tolima buscando a su hijo, poniendo en conocimiento de la Sijín de Lérida el caso; sin embargo, allí le contestaron que no se metiera en problemas, por lo que la familia se abstuvo de presentar la respectiva denuncia.

2.5 Que pese a lo anterior, la familia continuo la búsqueda en varios municipios y cuadno

el caso; sin embargo, allí le contestaron que no se metiera en problemas, por lo que la familia se abstuvo de presentar la respectiva denuncia.

2.5 Que pese a lo anterior, la familia continuo la búsqueda en varios municipios y cuadno se encontraban en el Municipio de La Dorada Caldas, contrataron un transporte motorizado que lo s llevó por trochas y caminos aledaños al rio Magdalena, cuando le dijeron que había un cuerpo sin vida en Guarinocito y entonces u n pescador que estaba ahí lo vio y lo amarró para que no siguiera y aviso que el cuerpo estaba desde el sábado 23 de agosto de 2014 en la zona.

2.6 El 26 de agosto de 2014 , se puso en conocimiento de la autoridad competente, la aparición de su hijo muerto y fueron a recogerlo con la Sijin -CTI – Fiscalía de Guaduas Cundinamarca, realizando la diligencia de inspección técnica al cadáver – acta de levantamiento No. 016/14 ; además del informe pericial de necropsia No. 2014010125320000016, se concluyó que la muerte se produjo de manera violenta – homicidio con proyectil de arma de fuego, entre otros hallazgos se dice que tenía destrucción de la cara y el cráneo, amputaciones irregulares y ausencia de falanges de ambas manos y el cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

2.7 El 28 de agosto de 2014, se procedió a la entrega del cuerpo, luego de su cotejo de ADN y reconocimiento físico del cadáver, siendo trasladado a la ciudad de Ibagué donde fue sepultado.

2.8 Que por el fallecimiento de Luis Carlos Fajardo Jiménez, se adelantó proceso penal

ADN y reconocimiento físico del cadáver, siendo trasladado a la ciudad de Ibagué donde fue sepultado.

2.8 Que por el fallecimiento de Luis Carlos Fajardo Jiménez, se adelantó proceso penal en la Fiscalía de Guaduas Cundinamarca bajo el radicado 253206101364201480197, por el presunto tipo penal de homicidio.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMASUARIVRadicación: 73001-33-33-003-2016-00557-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Juan Carlos Fajardo García - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 3 de 25

Sostuvo que se opone a todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamento jurídico.

Que la Unidad no fue la causante del hecho generador del daño, sin que se pueda inferir su responsabilidad por omisión, ya que dentro de sus funciones no se encuentra la de prestar protección en materia de atentados contra la vida, estabilidad e integridad personal, dentro del marco del conflicto armado interno.

Que revisado el Registro Naci onal de Víctimas, ninguno de los demandantes se encuentra incluido por el hecho victimizante de desaparición forzada u homicidio, y que el señor Luis Carlos Fajardo Figueroa padre de la víctima, se encontraba incluido por el hecho de desplazamiento forzado recibiendo ayudas humanitarias desde el año 2009 hasta 2014

Propuso las excepciones de: F alta de legitimación en la causa por pasiva; falta de

hecho de desplazamiento forzado recibiendo ayudas humanitarias desde el año 2009 hasta 2014

Propuso las excepciones de: F alta de legitimación en la causa por pasiva; falta de legitimación en la causa por activa; ausencia de responsabilidad de la Unidad para las Víctimas; Indemnización administrativa vs indemnización judicial; los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como responsabilidad del Estado; eximente de responsabilidad por el hecho de un terce ro y desconocimiento de los perpetradores del homicidio; inexistencia probatoria de los perjuicios invocados y existencia de precedentes.

3.2 NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que esta entidad no tiene dentro de sus funciones la protección ciudadana, el control del orden público o tareas semejantes, de competencia de otras autoridades, pues , esta es una entidad de carácter técnico para el cumplimiento de las funciones del Presidente de la República y en modo alguno ha tenido participación institucional, directa o indirecta en los actos y hechos de los que pretender derivarse ahora su responsabilidad.

Propuso la excepción de falta de legitimidad material en la causa por pasiva y el hecho de un tercero.

3.3 NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que no se le puede imputar a una autoridad el daño alegado, porque las obligaciones del Estado están limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan,

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que no se le puede imputar a una autoridad el daño alegado, porque las obligaciones del Estado están limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible ” y que, en este caso, existe ausencia de pruebas que permitan vislumbrar indicio de responsabilidad en cabeza de la entidadRadicación: 73001-33-33-003-2016-00557-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Juan Carlos Fajardo García - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 4 de 25

policial, lo que sin duda constituye una falta al deber de la carga de la prueba, presupuesto para este tipo de acciones.

Que la entidad no es responsable por acción, ni omisión, ni negligencia, ni por falla del servicio alegada en la demanda y por tanto, no está obligada a responder por los daños y perjuicios que se hayan podido causar a los demandantes.

Propuso las excepciones de: Inexistencia de las obligaciones a indemnizar, hecho de un tercero ajeno a la administración y falta de legitimación en la causa por activa.

3.4 NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Indicó que se opone a las pretensiones , porque existe falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, la parte actora no demuestra las acciones u omisiones en que incurrió la entidad, más aún, cuando el homicidio de Juan Carlos Fajardo Jiménez fue ocasionado por grupos al margen de la ley, sin que exista fallo de un operador judicial que

por pasiva, pues, la parte actora no demuestra las acciones u omisiones en que incurrió la entidad, más aún, cuando el homicidio de Juan Carlos Fajardo Jiménez fue ocasionado por grupos al margen de la ley, sin que exista fallo de un operador judicial que individualice o atribuya tal conducta a un ente del estado, por tanto , es difícil endilgar responsabilidad alguna.

Que no existe prueba de que la víctima haya solicitado algún tipo de protección especial, así como tampoco se advierte denuncia por la desaparición de Luis Carlos Fajardo Jiménez (q.e.d.p) razón por la cual no se encuentra probado el nexo causal entre el daño sufrido por la parte demandante con relación a la labor constitucional que brindan las Fuerzas Militares de Colombia.

Propuso las excepciones de: Inexistencia de responsabilidad por parte del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional – Fuerza Aérea y Armada Nacional, Inexistencia de imputabilidad de la entidad demandada, y hecho de un tercero.

4. SENTENCIA APELADA El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, el día 6 de agosto de 2021, negó las pretensiones, tras considerar que aunque se acreditó la existencia de un daño antijurídico, consistente en el homicidio de Luis Carlos Fajardo Jiménez ocurrido 22 de agosto de 2014, no están demostrados los hechos en que se soporta la imputación de responsabilidad estatal, tales como el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales a cargo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional que hubieran podido evitar el resultado lesivo, ya que nunca fueron enterados de alguna circunstancia que implicara la

responsabilidad estatal, tales como el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales a cargo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional que hubieran podido evitar el resultado lesivo, ya que nunca fueron enterados de alguna circunstancia que implicara la necesidad de brindarle un esquema de protección especial; mucho menos que hubieran sido agentes del Estado quienes ocasionaron la muerte de la víctima directa en un a ejecución extrajudicial, es decir, no se probó ni la falla en el servicio, ni el nexo de causalidad. Por último, concluyó que con respecto a la UARIV y al DAPR, quedó incluso determinado que no tienen legitimación en la causa por pasiva, pues , dentro de sus funciones no están las de proteger la vida e integridad física de las personas.

5. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante en su escrito de apelación, indicó que su inconformidad radica en el hecho de negar las pretensiones frente a la demandada Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, pues, le resulta acertada la declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la NaciónDepartamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas.Radicación: 73001-33-33-003-2016-00557-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Juan Carlos Fajardo García - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 5 de 25

Que los hechos y pretensiones relevantes de la demanda son precisos en cuanto a tiempo, modo y lugar; y para ello se aportó solo la prueba documental que medianamente

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Que los hechos y pretensiones relevantes de la demanda son precisos en cuanto a tiempo, modo y lugar; y para ello se aportó solo la prueba documental que medianamente y con todas las dificultades del caso se pudo conseguir, razón por la cual se solicitó oficiar a las entidades y/o instituciones en que no fue posible en su momento obtener otras pruebas documentales; por lo que la carga de la prueba se invierte a las demandadas quienes debían demostrar que no tuvieron responsabilidad por el daño.

Que los demandantes no pusieron en conocimiento de las autoridades (policía -ejército nacional) posibles amenazas contra Luis Carlos Fajardo Jiménez, porque no las tenía para la época de l os hechos en que fue desaparecido forzosamente, torturado y asesinado violentamente, y no hubo denuncia de su homicidio por miedo.

Que la realidad fáctica y jurídica es que Luis Carlos Fajardo Jiménez (q.e.p.d) fue desaparecido, torturado y asesinado viol entamente con arma de fuego presuntamente por falso positivo a manos de fuerzas del orden público y/o grupos armados al margen de la ley, en hechos ocurridos al Norte del Departamento del Tolima el 22 de agosto de 2014, en todo caso hechos atribuibles a la acción u omisión del estado a quien se le atribuye responsabilidad objetiva en los términos del Art. 90 de la Constitución Política , pues, la fuerza pública debe garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Que existe nexo de causalidad entr e la responsabilidad y la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados a los demandantes.

Que aunque los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, son causas

Que existe nexo de causalidad entr e la responsabilidad y la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados a los demandantes.

Que aunque los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, son causas extrañas que impiden endilgarlo a este, no ocurre lo mismo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por haber omitido su deber de protección a los asociados; para nadie es un secreto que en Colombia hubo y siguen ocurriendo casos de falsos positivos a manos de la fuerza pública (policía y ejército ) orquestados por terceros denominados grupos subversivos armados al margen de la ley, y que hasta ahora están siendo condenados penal y administrativamente, incluso por el Derecho Internacional Humanitario, entre otras Cortes Internacionales.

Solicitó dar aplicación al principio pro homine, y se tengan en cuenta los aspectos fácticos – jurídicos y jurisprudenciales.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia apelada y se acceda a las pretensiones.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 2 de noviembre de 2021. Mediante auto del día 24 de febrero de 2022, se admitió el recurso de apelación.

El trámite del recurso de apelación se surtió, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Sin embargo, la parte demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivos escritos.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

embargo, la parte demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivos escritos.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.Radicación: 73001-33-33-003-2016-00557-02

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7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante. ii) En caso de que exista daño antijurídico, este se puede atribuir a la s demandadas, o por el contrario, no es posible endilgar responsabilidad alguna. iii) Se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que ocurrieron los hechos y estás se ajustan a una posible ejecución extrajudicial, en caso afirmativo, se debe declarar la responsabilidad del Estado; o por el contrario, ello no fue demostrado. iv) La parte actora logró acreditar la falla en el servicio de las demandadas.

7.3 TESIS SALA

La sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. Lo anterior, porque está probado que la demandada, no tuvo conocimiento de posibles

7.3 TESIS SALA

La sala confirmará la sentencia apelada, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. Lo anterior, porque está probado que la demandada, no tuvo conocimiento de posibles amenazas o riesgo que pudo sufrir Luis Carlos Fajardo , quien fue hallado muerto el 22 de agosto de 2014 por lesión causada por arma de fuego, o que requería de una mayor protección, pues, dentro del proceso la parte demandante solo se limitó a probar el daño alegado, esto es, el fallecimiento de Luis Carlos Fajardo, sin que haya acreditado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, o que este puso en conocimiento su situación de riesgo ante las autoridades pero estas omitieron garantizar su seguridad, por el contrario, se demostró que no tenían conocimiento previo de la situación particular de la víctima directa, sin que se haya acreditado entonces, conductas omisivas por parte de la demandada. Igualmente, las pruebas practicadas en este proceso no acreditaron que la muerte de Luis Carlos Fajardo Suárez ocurrió por fuera de un enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley, o que se trató de un homicidio en estado de indefensión, o que hubiera sido planeado y ejecutado por la fuerza pública con la intención de presentarlos como resultados en combate, ni que la escena de los hechos o los cadáveres fueran manipulados.

Conforme a lo acreditado, se puede concluir que la demandante no logró demostrar que el daño alegado, esto es, la muerte de Luis Carlos Fajardo Suarez, ocurrió a manos o por actos propios de miembros de la Fuerza Pública, sin que se logre

que el daño alegado, esto es, la muerte de Luis Carlos Fajardo Suarez, ocurrió a manos o por actos propios de miembros de la Fuerza Pública, sin que se logre establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se dio el daño, para establecerlo como una ejecución extrajudicial y así endilgar responsabilidad de las demandadas. En este orden de ideas, se logra concluir que en este asunto no se configuró una falla del servicio, razón por la cual el daño antijurídico NO le resulta imputable a la parte demandada, puesto que no se demostró que los elementos que estructuran la responsabilidad estatal en casos.

7.4. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempreRadicación: 73001-33-33-003-2016-00557-02

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que les sean imputables 1, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre2 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación d el Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime

fundamentales de la conformación d el Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determin ar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no

Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

1 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resu ltado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el

constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mélida Valle De La Hoz, en sentencia del 30 de enero de 2013, radicación No.: 25000-23-26-000-2001-01156-01(25573).Radicación: 73001-33-33-003-2016-00557-02

Acción: Reparación Directa

Demandante: Juan Carlos Fajardo García - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 8 de 25

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia

imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no.”

En consecuencia, se hace necesario dilucidar en el caso concreto si se configuran los elementos legales para que surja el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico, la imputabilidad del mismo al demandado y el nexo causal entre uno y otro.

7.4.1 El daño ha sido tradicionalmente entendido como aquel menoscabo o detrimento que sufre una persona y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; sin embargo, para que genere responsabilidad debe ser: cierto, personal y antijurídico. Es cierto cuando efectivamente ocurre de tal suerte que el hipotético no puede ser indemnizado . Así mismo, cuando se menciona que sea personal, se refiere que sólo su víctima está legitimada para la reclamación. El Consejo de Estado3 ha señalado: “El concepto del daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 4 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un

perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.”

En otro fallo 4 indicó: “ En cuanto al daño antijurídico, debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho”, y que la “Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armon iza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”.

El precedente jurisprudencial constitu cional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución ”5. En efecto, el daño antijurídico se concibe como aquel que la víctima no está obligada a soportar y por tanto, resulta jurídico si se constituye en una carga pública, o, antijurídico si es consecuencia del desconocimiento por part e del mismo Estado del derecho legalmente protegido, dando como resultado el no tener el deber legal de soportarlo.

7.4.2. De la imputación. Al respecto se ha distinguido entre la imputación fáctica (imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto

(imputatio facti) y la imputación jurídica (imputatio iure) con el objeto de determinar quién debe entrar a resarcir el daño causado. Así, Enrique Gil Botero, en el salvamento de voto que hace a la sentencia del 26 de mayo de 20106 expresó:

“Ahora bien, en materia del llamado nexo causal, debe precisars