TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2017-00109-01 (02-05-2025)

Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

Nro. Interno: 0895/20

Demandante: Carlos Alberto Preciado Perdomo y otros

Demandado: Municipio de Rovira

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de Control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

No. Interno: 0895/20

Demandante: Carlos Alberto Preciado Perdomo y otros Demandado: Municipio de Rovira Llamada en garantía: Seguros del Estado Tema: Responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito – Colisión de dos actividades peligrosas – conducción de vehículos.

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda Los señores Carlos Alberto Preciado Perdomo como víctima directa, en su propio nombre y en representación de su hijo Carlos Andrés Preciado Rodríguez; Sthefanny Vélez Rodríguez como compañera permanente ; Luis Alberto Preciado Ariza y María Evelia Perdomo de Preciado como padres de la víctima directa, por conducto

nombre y en representación de su hijo Carlos Andrés Preciado Rodríguez; Sthefanny Vélez Rodríguez como compañera permanente ; Luis Alberto Preciado Ariza y María Evelia Perdomo de Preciado como padres de la víctima directa, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa previsto en el artículo 140 del C. de P.A. y de lo C.A. promovieron demanda contra el Municipio de Rovira , con el fin de o btener una decisión favorable sobre las siguientes,

Pretensiones:

1. Declarar administrativamente responsable al Municipio de Rovira del daño causado a los demandantes , como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la carretera qu e de Rovira conduce a Playa Rica, el 2 de marzo de 2015 entre la motoniveladora marca Galión 830 de propiedad del municipio y la motocicleta de placas PQR60D, que en el momento del accidente conducía Carlos Alberto Preciado

Perdomo.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la parte demandadaSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

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al pago de los siguientes conceptos y montos:

• Perjuicios materiales:

a. Daño emergente (actualizable): - Transporte a terapias: $960.000 pesos - Reparación de la moto: $165.513 pesos - Transporte de la moto hasta la ciudad de Ibagué: $450.000 pesos

• Perjuicios materiales:

a. Daño emergente (actualizable): - Transporte a terapias: $960.000 pesos - Reparación de la moto: $165.513 pesos - Transporte de la moto hasta la ciudad de Ibagué: $450.000 pesos - Fisioterapias: $330.000 pesos

b. Daño emergente (no actualizable): - Cláusula penal contrato de aparcería: $2000.000 de pesos - Perjuicios contrato de aparcería: $17000.000 de pesos - Incapacidad: $2772.074 pesos

c. Lucro cesante: - Anticipado o consolidado: $10401.610 pesos - Futuro: $76353.327 pesos

• Perjuicios inmateriales:

a. Perjuicios morales:

Demandante Parentesco Monto Carlos Alberto Preciado Perdomo Víctima Directa 40 s.m.l.m.v. María Evelia Perdomo Preciado Madre 40 s.m.l.m.v. Luis Alberto Preciado Ariza Padre 40 s.m.l.m.v. Carlos Andrés Preciado Rodríguez Hijo 40 s.m.l.m.v. Sthefanny Vélez Rodríguez Compañera permanente 40 s.m.l.m.v.

b. Daño a la salud: la suma de $73771.700 pesos, en favor de la víctima directa.

3. Condenar en costas a la parte demanda (Archivo pdf 003_ 730013333003201700101900 CUADERNO PRINCIPAL, páginas 73 a 91 , del expediente digital).

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes

Hechos relevantes:

1. El 2 de marzo de 2015, Carlos Alberto Preciado Perdomo se desplazaba en la

expediente digital).

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes

Hechos relevantes:

1. El 2 de marzo de 2015, Carlos Alberto Preciado Perdomo se desplazaba en la motocicleta marca Honda de placas PQR60D, entre la vía Rovira y Playarrica; siendo las 3:30 p.m., a la altura del kilómetro 25 luego de tomar una curva, observó que en sentido contrario transitaba una motoniveladora marca Galión 830, a una distancia de entre 10 y 15 metros a la suya.

2. Carlos Alberto Preciado Perdomo pitó para llamar la atención del conductor de la máquina y que tomara las previsiones necesarias al momento de cruzarse los dos vehículos: sin embargo, no escuchó el llamado. Al advertir que el conductor de la máquina no reaccionó, y considerando lo angosto de la vía , el demandante intentó retornar sobre el carril porque no había más espacio; el conductor de la máquina, al parecer, tenía poca visibilidad debido a la ubicación de las dos pipetas del hidráulico, y por usar gafas oscuras.

3. El demandante, en medio de su maniobra para intentar devolverse, fue atropellado por la motoniveladora que le aprisionó el pie derecho, quedando atrapado entre el calapié de su motocicleta y la llanta de la máquina. La máquina se detuvo al momento de golpear contra la moto ; a l percatarse de lo ocurrido, elSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

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conductor de la maquinaría dio reversa.

4. Como consecuencia del accidente e l Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó al demandante una incapacidad médico legal definitiva de 35 días, con perturbación funcional de miembro inferior derecho de carácter permanente como secuela; la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima le determinó una pérdida de la capacidad laboral y ocupacional del 17.24% ; a la fecha el dolor intenso a la palpación persevera, con imposibilidad de marcha en puntas, dificultad para caminar y alteración del ritmo que le impide andar con normalidad.

5. Para la fecha de ocurrencia del accidente, el demandante estaba ejecutando un contrato de aparcería , con un plazo de 2 años, que debía producir una utilidad en ese periodo de $105520.000, y que no fue posible ejecutar en su totalidad debido al incidente.

6. La motoniveladora involucrada en el accidente , no está autorizada legalmente para auto desplazarse por fuera de la obra pública que ejecuta, por lo que debe ser transportada en vehículos apropiados para ello como una cama-baja. Tampoco portaba la guía del RUNT, ni los documentos exigidos para su movilización ; no ejecutaba ninguna obra, sino que circulaba de manera autónoma y sin la respectiva señalización. Además, no contaba con GPS, ni con SOAT.

portaba la guía del RUNT, ni los documentos exigidos para su movilización ; no ejecutaba ninguna obra, sino que circulaba de manera autónoma y sin la respectiva señalización. Además, no contaba con GPS, ni con SOAT.

7. Para la fecha de ocurrencia de los hechos el conductor de la máquina se desempeñaba como contratista del municipio de Rovira, y no tenía licencia de conducción vigente (Archivo pdf 003_ 730013333003201700101900 CUADERNO PRINCIPAL, páginas 73 a 91, del expediente digital).

Trámite procesal La demanda se presentó el 5 de abril de 2017 y por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , que por auto de 4 de mayo de 2017 la admitió, ordenó la notificación a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público (Archivo pdf 003_ 730013333003201700101900 CUADERNO PRINCIPAL, páginas 94 a 95, del expediente digital).

Contestación de la demanda Municipio de Rovira La entidad territorial por conducto de apoderada judicial contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones e indicando que sus hechos no le constan y deberán probarse.

A continuación, manifestó que no existe plena prueba de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos . No se configura un nexo causal entre la conducta generadora del daño y el daño, porque la víctima maniobraba una motocicleta, que también es una actividad peligrosa por lo que en su ejercicio debe

tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos . No se configura un nexo causal entre la conducta generadora del daño y el daño, porque la víctima maniobraba una motocicleta, que también es una actividad peligrosa por lo que en su ejercicio debe obrarse con diligencia y cuidado, sobre todo cuando la vía era estrecha, y el impacto se dio en la parte lateral de la máquina, lo que revela una culpa de la víctima.

Expuso que se configura el hecho exclusivo de la víctima como causal que exonera al Municipio de Rovira de responsabilidad , porque aquella iba manejando unaSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

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motocicleta, sin existir plena prueba que determine que el culpable del accidente fue el conductor de la motoniveladora de propiedad del Municipio de Rovira, lo cual debe ser ampliamente probado por la parte demandante.

Propuso como excepciones de fondo las que denominó: i. Culpa exclusiva de un tercero, el mal estado de la vía generó el peligro, su estrechez y poca visibilidad, sumado a que los dos conductores desarrollaban una actividad peligrosa; ii. Culpa exclusiva de la víctima , por cuanto el demandante ejercía una actividad peligrosa , el choque se genera en una curva, en la cual el motociclista choca con la parte lateral de la maquinaria, lo que evidencia que la máquina transitaba de manera correcta y

exclusiva de la víctima , por cuanto el demandante ejercía una actividad peligrosa , el choque se genera en una curva, en la cual el motociclista choca con la parte lateral de la maquinaria, lo que evidencia que la máquina transitaba de manera correcta y la falta de diligencia del conductor de la motocicleta generó el choque, además que no existe documento expedido por autoridad competente como croquis del accidente o informe policial; iii. Inexistencia de daño causado y falta de acreditación de los perjuicios que se pretende n, señalando que los demandantes no probaron el daño, sumado a que se advirtió la culpabilidad del demandante porque iba conduciendo motocicleta que es una actividad de alto riesgo y peligrosa (Archivo pdf 003_ 730013333003201700101900 CUADERNO PRINCIPAL, páginas 108 a 117, del expediente digital).

Providencia apelada Es la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por e l Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

Indicó que el daño se acreditó y consiste en las lesiones sufridas por Carlos Alberto Preciado Perdomo, que le produjeron una pérdida de la capacidad laboral y ocupacional total del 17,24% ; y a continuación explicó que el régimen de responsabilidad aplicable al asunto es el subjetivo, teniendo en cuenta que el daño fue consecuencia de la concurrencia del ejercicio simultáneo de una actividad peligrosa como lo es la conducción de automotores , quedando a cargo de la parte demandante acreditar todos los elemen tos que constituyen la responsabilidad en dicho régimen.

fue consecuencia de la concurrencia del ejercicio simultáneo de una actividad peligrosa como lo es la conducción de automotores , quedando a cargo de la parte demandante acreditar todos los elemen tos que constituyen la responsabilidad en dicho régimen.

Luego de analizar las disposiciones que regulan el traslado y movilización de vehículos, como una motoniveladora, indicó que para la movilización de ese tipo de maquinaria no se exige que deba ser transportada en una cama-baja, ni que deba ser escoltada por vehículos guías. Además, la parte demandante no probó cuáles era n las dimensiones y peso de la motoniveladora; de manera que no acreditó que los límites previstos en la norma se hubieren superado, y, por lo tanto, que su desplazamiento fuera obligatorio como carga y/o con vehículo guía. Agregó que las disposiciones vigentes para la época de los hechos no imponían restricción en el horario en el que la maquinaria se pudiera movilizar, siempre que contara con el sistema de iluminación y señalización exigido para ese propósito.

Expuso que la vía por la cual transitaron los automotores era angosta y correspondía a una vía terciaria; tales condiciones no hacían exigible que la máquina se desplazara por la berma de la vía, que no existía, debiendo en consecuencia transitar por el centro de aquella ; sumado a que el desplazamiento por la vía de esa manera era necesario, t eniendo en cuenta que por sus condiciones no se le podía exigir al conductor de la motoniveladora, que mantuviera una velocidad de mínimo 20 km/h, máximo 50 km/h exigible en vías pavimentadas. Refirió que la parte

necesario, t eniendo en cuenta que por sus condiciones no se le podía exigir al conductor de la motoniveladora, que mantuviera una velocidad de mínimo 20 km/h, máximo 50 km/h exigible en vías pavimentadas. Refirió que la parte demandante no acreditó cuál era el límite de velocidad es tablecido para una víaSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

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terciaria y determinar si existía o no infracción ; tampoco acreditó la velocidad a la que la motoniveladora se desplazaba.

En suma, señaló que la parte demandante no logró acreditar una falla del servicio porque no se determinó el incumplimiento del Municipio de Rovira de la Resolución 12335 de 2012 para la circulación de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada que por su configuración de fábrica cuente con neumáticos para su movilización , como es el caso de la maquinaria de propiedad del Municipio de Rovira, para circular por las vías públicas o privadas abiertas al público.

Indicó que el hecho que al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito el conductor de la motoniveladora no contara con los documentos para transitar, como la licencia de conducción y el SOAT, no quiere indicar que no existieran, pues como se acreditó en el proceso, sí había tales documentos y estaban vigentes; el hecho que el conductor no los portara , podría conllevar una contravención de las normas de

la licencia de conducción y el SOAT, no quiere indicar que no existieran, pues como se acreditó en el proceso, sí había tales documentos y estaban vigentes; el hecho que el conductor no los portara , podría conllevar una contravención de las normas de tránsito, no así la responsabilidad de la administración por falla del servicio.

Adujo que existen dos versiones encontradas del demandante y del demandado frente al modo como ocurrió el accidente, quienes además las rindieron como prueba en el proceso. Con todo, la declaración del jefe de maquinaria del Municipio de Rovira indicó que la visibilidad desde la cabina de la maquinaria era adecuada y los tanques hacen parte de su sistema hidráulico, los cuales no interfieren con la visibilidad del operario , cuya afirmación también se acredita con el material fotográfico aportado al proceso.

Así las cosas, con base en las versiones del demandante y del demandado, y las fotografías aportadas al proceso, determinó que el demandante sí utilizó el pito que escuchó el conductor de la motoniveladora, no porque ya la hubiera visto, sino como una forma de aviso antes de dar la curva para anunciar su presencia a quien viene en sentido contrario, sin esperarse que se trataba de un vehículo pesado y ancho que se retarda en frenar completamente, con el cual se encontró en medio de la vía de un solo carril , por la que también transitaba por la mitad y en maniobra de evasión terminó colisionando con este automotor.

En consecuencia, como no se acreditó la falla del servicio por el modo en que se dispuso la movilización de la maquinaria, ni por la ejecución de la conducción por su operario, denegó las pretensiones de la demanda (Archivo pdf 003_

En consecuencia, como no se acreditó la falla del servicio por el modo en que se dispuso la movilización de la maquinaria, ni por la ejecución de la conducción por su operario, denegó las pretensiones de la demanda (Archivo pdf 003_ 730013333003201700101900 CUADERNO PRINCIPAL, páginas 18 6 a 208, del expediente digital).

Recurso de apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué para que se revoque , y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

Indicó que contrario a lo considerado en la sentencia de primera instancia, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo por riesgo excepcional, y no el subjetivo por falla en el servicio , teniendo en cuenta que en la causación del daño concurrieron dos actividades peligrosas, como lo es la conducción de vehículos. En ese sentido, consideró que debe evaluarse cuál de las actividades peligrosas concretóSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

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el riesgo y desencadenó el daño, y que para este caso debe apreciarse el gran tamaño de la motoniveladora en relación con la motocicleta. Agregó que no hubo levantamiento de croquis, debido a la situación de orden público que se presentó en la zona.

de la motoniveladora en relación con la motocicleta. Agregó que no hubo levantamiento de croquis, debido a la situación de orden público que se presentó en la zona.

Adujo que corresponde confrontar las normas y su cumplimiento en relación con los vehículos involucrados en el incidente, indicando que la motocicleta se desplazab a atendiendo la normatividad; y a continuación señaló que el vehículo de propiedad del municipio no cumplía con las obligaciones impuestas en la Resolución 12335 de 2012.

En ese sentido, no cumplió con el artículo 14, literal e) que exigía para el desplazamiento, la adhesión al vehículo de una cinta de color amarillo limón fluorescente en papel retroreflectivo de alta intensidad perimetralmente en la parte superior e inferior del equipo, lo que no se cumplió como lo demuestran las fotografías aportadas al proceso.

De igual forma, señaló que para la fecha de ocurrencia de los hechos , el conductor de la máquina no contaba con licencia de conducción vigente , ni con certificación que lo habilitara para la conducción de ese tipo de máquinas, por lo que no tenía la idoneidad para ejecutar esa actividad. La juez de primera instancia no valoró en debida forma el medio de prueba documental relacionado con la vigencia de la licencia de conducción, particularmente la información contenida en el RUNT, que estableció como última vigencia de la licencia el 15 de noviembre de 1999. Además, cuando la investigación penal señaló que si poseía licencia, no lo hizo afirmando, sino condicionando su existencia , con lo cual la sentencia de primera instancia incurrió en un yerro.

Así, consideró que la inexistencia de la licencia de conducción para la fecha de

sino condicionando su existencia , con lo cual la sentencia de primera instancia incurrió en un yerro.

Así, consideró que la inexistencia de la licencia de conducción para la fecha de ocurrencia de los hechos constituye un hecho determinante para establecer la responsabilidad del Municipio de Rovira, incluso si se acogiera el régimen subjetivo de falla del servicio (Archivo pdf 003_ 730013333003201700101900 CUADERNO PRINCIPAL, páginas 217 a 220, del expediente digital).

Trámite de segunda instancia Mediante auto del 3 de junio de 2021, se admitió el recurso interpuesto por la parte demandante, en los términos del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011. Por providencia del 28 de junio de 2021 se corrió traslado común a las partes para alegar de conclusión (Archivos pdf 005_AUTO ADMITE APELACIÓN; 011_(…) Corre traslado alegar, del expediente digital).

Alegatos de conclusión a. Municipio de Rovira Solicitó confirmar la sentencia apelada, porque no se probó en el proceso la responsabilidad del operador de la motoniveladora del Municipio de Rovira (Archivo pdf 014_MUNICIPIO DE ROVIA ALEGA DE CONCLUSIÓN-fusionado, del expediente digital). b. Seguros del Estado S.A. Indicó que no se probó que la administración incurriera en falla del servicio; además, la parte demandante incumplió con la carga probatoria de su incumbencia.Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

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Respecto del llamamiento en garantía, expuso que en el evento de considerarse responsable a la entidad llamada, deberá tenerse en cuenta la obligación máxima a la que se comprometió la entidad cuyo límite fue de $200 000.000 de pesos con un deducible que debe asumir el asegurado del 10% MIN. $3.000.000 del valor que se deba asumir, aclarando que ese valor asegurado no es una suma que deba pagarse en su totalidad, sino un límite máximo. Finalmente, solicitó que se confirme la sentencia apelada (Archivo pdf 015_SEGUROS DEL ESTADO S.A. ALEGA DE CONCLUSIÓN-fusionado, del expediente digital).

c. Parte demandante Indicó que en este asunto, el régimen de responsabilidad aplicable es el objetivo por riesgo excepcional. Reiteró que al momento del incidente, el vehículo de propiedad del Municipio de Rovira no contaba con la señalización correspondiente; el operario de dicho vehículo no tenía certificación que lo habilitara para la conducción de dicho vehículo, y además, no era una persona idónea para manejar ese tipo de vehículo, pues su última licencia de conducción venció el 15 de noviembre de 1999 (Archivo pdf 016_DEMANDANTE PRESENTA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN-fusionado, del expediente digital).

d. Ministerio público No presentó concepto

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

pdf 016_DEMANDANTE PRESENTA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN-fusionado, del expediente digital).

d. Ministerio público No presentó concepto

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia El artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 establece que los tribunales administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos; según el artículo 125 Ib., en concordancia con el artículo 243 Ib., la decisión que resuelva el recurso de apelación respecto de la sentencia de primera instancia debe ser adoptada por la Sala de

Decisión.

El medio de control de Reparación Directa instaurado (artículo 140 del C. de P.A. y de lo C.A. ) es el procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad del Municipio de Rovira por el daño causado a los demandantes como consecuencia de la o currencia de un accidente de tránsito.

En consecuencia, la Sala de Decisión profiere sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta,

Problema jurídico Corresponde a la Sala de Decisión determinar si , las lesiones sufridas por Carlos Alberto Preciado Perdomo en un accidente de tránsito con una motoniveladora oficial mientras se transportaba en una motocicleta, son imputables al Municipio de Rovira. Hechos probados - Estipulaciones probatorias1

1 Las estipulaciones o postulaciones probatorias se identifican con la conducta que los abogados litigantes asumen, expresa o tácitamente ante el juez que preside el juicio, con el propósito de que este funcionario estime

1 Las estipulaciones o postulaciones probatorias se identifican con la conducta que los abogados litigantes asumen, expresa o tácitamente ante el juez que preside el juicio, con el propósito de que este funcionario estime acreditados ciertos hechos y sus ci rcunstancias; son instituciones inherentes al moderno modelo procesal,Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-003-2017-00109-01

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Como circunstancias fácticas, esta Sala se atendrá a la información contenida documentalmente en el expediente, la cual no fue tachada de falsa por las partes contra las que se adujo y porque, precisa y excluyentemente, a. nada se contraprobó en la oportunidad para cuestionar los hechos y fundamentos de la contestación de la demanda y la proposición de sus excepciones 2 “…una de las oportunidades probatorias en primera instancia se presenta cuando se descorre el traslado de las excepciones propuestas, lo cual tiene su razón de ser en el derecho de defensa y debido proceso. No obstante, tal y como lo ha sostenido esta Corporación 3, esa solicitud de pruebas debe aludir, restrictivamente, a la demostración de los hechos relacionados con las excepciones; por tanto, el solicitante no puede pretender acreditar hechos que no se relacionen con ellas, para enervarlos total o parcialmente. En consecuencia, no puede pretender mejorar la prueba de otros hechos relacionados con su actividad procesal. (…). Conviene precisar que el hecho de

el solicitante no puede pretender acreditar hechos que no se relacionen con ellas, para enervarlos total o parcialmente. En consecuencia, no puede pretender mejorar la prueba de otros hechos relacionados con su actividad procesal. (…). Conviene precisar que el hecho de que la entidad demandada no haya aceptado varios hechos de la demanda o aduzca que no hay prueba sobre ellos, no habilita a la parte interesada a aportar las pruebas que sustentan la causa de sus pretensiones en una oportunidad distinta a la de la demanda, en tanto tal negación no supone una oportunidad adicional para pedir o aportar los medios demostrativos que debieron ser acompañados con el libelo introductorio de cara a los medios de defensa que formula su contraparte.4-, y b. porque nada se criticó el análisis probatorio en el escrito

desprovistas de aspiraciones retribucionistas y que no hacen parte del régimen premial; su finalidad es dinamizar el proceso. Se materializan con la anuencia del representado. Su denominación deriva del verbo latino stipulari, que traduce pactar o concertar, no obedece a la casualidad, sino a la estrategia escogida por el abogado, en consonancia con su respectiva teoría, producto de la autonomía y voluntad de las partes, por lo que el juez no debe presionar para que se estipule, ni injerir en su elaboración.

Una vez admitidas -se itera, expresa o tácitamente - son unilateralmente irretractables y vinculantes, guardan relación directa con el descubrimiento probatorio, ya que solo cuando los antagonistas descubren, enuncian, solicitan y el juez decreta, afloran l as posiciones de disenso o de consenso en relación con hechos y circunstancias de innecesario debate sustantivo al interior del juicio por venir, precisamente como fundamento

solicitan y el juez decreta, afloran l as posiciones de disenso o de consenso en relación con hechos y circunstancias de innecesario debate sustantivo al interior del juicio por venir, precisamente como fundamento de la pretensión o de la excepción.

Si la estipulación no es aceptada, a las partes incumbe probar y discutir sobre lo que pretendieron acordar y no fue aceptado por los contendientes; así las cosas, el decreto de pruebas no es, ni por lejos, un vacuo rito del trámite sino la decisión trasce ndente que "aterriza" el debate en concreto y que saca, despavorido, el recurso retórico de demandar y contestar la demanda.

Por lo tanto, estas estipulaciones deben ser controladas e incorporadas al juicio por cualquiera de los litigantes; pero, necesariamente admitidas como prueba por parte del juez que preside la causa, a través del correspondiente decreto de pruebas; por tan potísimas razones, i. han de utilizarse como tales en el debate, ii. dado que son sistemáticamente articuladas con el restante material probatorio, y por ello mismo, iii. constituyen el fundamento del fallo en los antecedentes fácticos que describen la consecuencia jurídica que el Juez proclama en su sentencia.

En íntima conexión argumentativa, i. las partes han de observar una conducta proactiva a lo largo del proceso para a. pedir pruebas, b. controvertir las impetradas en la contienda, c. colaborar en la práctica de las decretadas, y finalmente d. para proponer con arreglo único a lo incorporado, ii. las consecuencias jurídicas de su existencia en el alegato de conclusión y por último, iii. para criticar las inferencias que el Juez imprime en su fallo, que

y finalmente d. para proponer con arreglo único a lo incorporado, ii. las consecuencias jurídicas de su existencia en el alegato de conclusión y por último, iii. para criticar las inferencias que el Juez imprime en su fallo, que es, precisamente, iv. el objeto y el método de la apelación.

2 El artículo 212 del C. de P.A. y de lo C.A. prevé: “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su re