TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2019-00028-01 (20-03-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: No. 73001-33-33-003-2019-00028-01

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: GONZALO ALBERTO GUZMÁN PEÑA

Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Asunto: Apelación de sentencia

I. OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo demanda nte, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circ uito de Ibagué el 15 de diciembre de 2022 que negó las pretensiones demandatorias.

II. ANTECEDENTES

El señor GONZALO ALBERTO GUZMÁN PEÑA, obrando por conducto de apoderado judicial, y en uso del medio de control de n ulidad y r establecimiento del derecho, interpuso demanda en contra del municipio de Ibagué, con el fin de que se hagan las siguientes:

II.1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

II.1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 1040-630 del 9 de junio de 2017 y 0083 del 29 de mayo de 2018 proferidos por el Municipio de Ibagué.

II.2. Que como consecuencia de lo anterior se condene al Municipio de Ibagué a pagar

y 0083 del 29 de mayo de 2018 proferidos por el Municipio de Ibagué.

II.2. Que como consecuencia de lo anterior se condene al Municipio de Ibagué a pagar a título de restablecimiento del derecho la nivelación salarial a favor del demandante, por lucro cesante consolidado así:

• El valor que corresponda desde la vinculación del demandante hasta la fecha en que se efectúe el reconocimiento, por concepto del 50% de la prima técnica a la que tuvo derecho y no le fue pagada.

• El valor que corresponda desde la vinculación hasta la fecha en que se efectúe el reconocimiento, por concepto del 10% de la bonificación mensual a la que tuvo derecho y no le fue pagada.

1 Ver archivo A1. 73001333300320190002800 expediente digital Juzgado.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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RAD.003-2019-00028-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 2 - El pago de la reliquidación de las prestaciones sociales causadas a la fecha de reconocimiento del derecho y desde su nombramiento. - El pago de los aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

II.3. Que las sumas de dinero adeudadas sean debidamente indexadas.

II.4. Que se condene en costas y agencias en derecho.

II.2. HECHOS

Como hechos relevantes se relacionaron los siguientes:

II.2.1. Que el señor Gonzalo Alberto Guzmán Peña fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Comisario de Familia Código 202 grado 05 adscrito a la Secretaría de

Como hechos relevantes se relacionaron los siguientes:

II.2.1. Que el señor Gonzalo Alberto Guzmán Peña fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Comisario de Familia Código 202 grado 05 adscrito a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Ibagué, mediante Decreto 0343 del 19 de junio de 2015. El 23 de junio de 2015 tomó posesión del cargo, de acuerdo con el acta No. 10823.

II.2.2. Que el demandante ha cumplido con todas las obligaciones encomendadas, cumpliendo el mismo horario y funciones de otros compañeros con la diferencia que devenga un salario inferior a algunos comisarios de familia que gozan de prima técnica correspondiente al 50% del salario devengado y además una bonificación por el 10%, como es el caso de Susana Murillo Gómez, Martín Alexander Rivera Gómez y Eddy Isabel García Rincón.

II.2.4. Que el 18 de mayo de 2017, el demandante solicitó ante el Municipio de Ibagué – Secretaría Administrativa, el reconocimiento y pago de la prima técnica del 50% y la bonificación mensual del 10% adicional al salario básico devengado, de conformidad con los Acuerdos No. 067 de 1990, 022 de 1999 y 117 de 2000.

II.2.5. Que la anterior petición fue contestada desfavorablemente por el Municipio de Ibagué mediante resolución No. 1040-630 del 9 de junio de 2017.

II.2.6. Que contra la anterior decisión se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación. El de reposición fue resuelto por la Secretaría Administrativa mediante resolución No. 1040 -913 del 14 de agosto de 2017, confirmando en su

subsidio de apelación. El de reposición fue resuelto por la Secretaría Administrativa mediante resolución No. 1040 -913 del 14 de agosto de 2017, confirmando en su integridad el acto acusado, y concediendo el de apelación ante el superior jerárquico, siendo resuelto por el alcalde de Ibagué con r esolución No. 0083 del 29 de mayo de 2018, confirmando en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

III. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION

El extremo demandante hizo referencia a diferentes sentencias de tutela en las que se ha tratado el tema del derecho al trabajo y la protección del mínimo vital, entre ellas la T-426 de 1992, T -011 de 1998, T -384 de 1998, T -100 de 1999, T -651 de 2008 de la Corte Constitucional.

Como concepto de violación indicó:

“Frente al mínimo vital, la jurisprudencia Constitucional ha sido reiterativa en considerar que está compuesta por “requerimientos básicos indispensables paraMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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RAD.003-2019-00028-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 3 asegurar la digna subsistencia de la persona y su familia ” especialmente en lo relacionado con su alimentación, vestido, educación, vivienda y seguridad social. (…)

Acorde con lo precedente, a todas luces puede concluirse que el incumplimiento es prolongado pues por más de tres años mi mandante no ha recibido un salario justo y equitativo. Por otra parte, como se ha reiterado mi cliente no cuenta con recursos

(…)

Acorde con lo precedente, a todas luces puede concluirse que el incumplimiento es prolongado pues por más de tres años mi mandante no ha recibido un salario justo y equitativo. Por otra parte, como se ha reiterado mi cliente no cuenta con recursos suficientes para su sustento, ya que ha tenido que acudir a prest amos personales, endeudamiento bancario con el fin de solventar sus gastos personales y de su familia.

En igual caso, mi prohijado no cuenta con otra fuente de ingresos pues de acuerdo a las funciones de su cargo, no puede ostentar otra fuente de ingresos y tiene por ley prohibido ejercer el litigio la asesoría en asuntos de derecho ya que su tiempo de dedicación al trabajo es del 100%, por tanto resulta plausible colegir que está siendo afectado el mínimo vital.

(…) Como se prueba en la presente solicitud de protección de derechos fundamentales, estamos frente a un trato discriminatorio que no se encuentra justificación alguna, esto entre mi mandante y los comisarios de familia SUSUNA MURILLO GOMEZ, MARTIN ALEXANDER RIVERA GÓMEZ y EDDY ISABEL GARCÍA RIINCÓN, los cuales como se prueba en el desprendible de pago, reciben una asignación salarial superior a la de mi prohijado, diferencia económica que no reside en un cambio de régimen normativo, ni tampoco en el desarrollo de funciones diferentes. Dicha d iscriminación reside en la voluntad negligente de la administración municipal, en reconocer el pago digno y justo por el trabajo desempeñado por mi cliente, el cual corresponde en idéntico sentido al desempeñado por sus colegas antes mencionados.

En tanto para garantizar la igualdad en el presente caso, se debe reconocerse el

cliente, el cual corresponde en idéntico sentido al desempeñado por sus colegas antes mencionados.

En tanto para garantizar la igualdad en el presente caso, se debe reconocerse el derecho a la igualdad y de paso ordenar el reconocimiento y pago de la prima técnica y de la bonificación respectiva junto con los conceptos salariales que afecten la misma, desde el mismo momento de su vinculación hasta la fecha, con el fin de que sus derechos puedan ser restaurados y protegidos a tiempo.”

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Dentro del término de traslado que trata el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011, el Municipio de Ibagué contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las súplicas, así:

“(…)MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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(…)MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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V. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el día 15 de diciembre de 2022, profirió sentencia dentro del asunto de la referencia, resolviendo:

“PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda promovida por el señor Gonzalo Alberto Guzmán Peña contra el Municipio de Ibagué, conforme

de 2022, profirió sentencia dentro del asunto de la referencia, resolviendo:

“PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda promovida por el señor Gonzalo Alberto Guzmán Peña contra el Municipio de Ibagué, conforme a las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante y a favor de la demandada. Liquídense, tomando en cuenta como agencias en derecho la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000).

TERCERO: Ejecutoriado el presente fallo y en firme la liquidación de costas, archívese el expediente, previa las anotaciones de rigor.”

Para llegar a la anterior decisión el a-quo consideró: “(…)

5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

(…)

Sea lo primero advertir que la Constitución Política en su artículo 313 otorga a los Concejos Municipales la competencia para establecer las escalas de remuneración de las distintas categorías de los empleos del municipio, sin embargo, ello no implica que estos tengan la facultad para fijar la asignación para cada cargo, pues tal como lo ha abordado en múltiples oportunidades la Corte Constitucional esto desbordaría los límites de su competencia, tal como sucedió en el presente caso.

Respecto al pago de la prima técnica del 50% y la bonificación mensual del 10% que se alega por el demandante, se le estaba o está haciendo a sus compañeros comisarios de familia, al revisar los expedientes administrativos de los señores Susana Murillo Gómez, Eddy Isabel García Rincón y Martin Alexander Rivera Gómez, se pudo constatar lo siguiente:MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

de familia, al revisar los expedientes administrativos de los señores Susana Murillo Gómez, Eddy Isabel García Rincón y Martin Alexander Rivera Gómez, se pudo constatar lo siguiente:MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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Comisaria de Familia Susana Murillo Gómez

• La señora Susana Murillo Gómez fue nombrada Comisaria Permanente de Familia Tercer Turno Nivel P. Escala Salarial 11 División de Justicia dependiente de la Secretaría de Gobierno, mediante el Decreto 000127 del 14 de febrero de 1991.

• A través de la Resolución No. 0689 de 1991, se efectuó el reconocimiento y pago de la prima técnica del 50% del salario básico, por cumplir con los requisitos exigidos en el Acuerdo 093 de 1985 y el Decreto 190 del 5 de febrero de 1990.

Tal como se observa la normatividad q ue dio origen al reconocimiento y pago de la prima técnica de la señora Susana Murillo Gómez obedecía a otros Acuerdos, que eran anteriores y diferentes al aquí cuestionado por el demandante, como es el Acuerdo 067 de 1990, por lo tanto, son aspectos totalmente distintos para determinar y pretender su reconocimiento en condiciones iguales.

❖ Comisaria de Familia Eddy Isabel García Rincón

• La señora Eddy Isabel García Rincón fue nombrada en provisionalidad como Comisaria de Familia mediante decreto 0341 del 3 de agosto de 2001.

❖ Comisaria de Familia Eddy Isabel García Rincón

• La señora Eddy Isabel García Rincón fue nombrada en provisionalidad como Comisaria de Familia mediante decreto 0341 del 3 de agosto de 2001.

• Mediante fallo de tutela del 25 de marzo de 2009, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, amparo el derecho fundamental a la igualdad de los accionantes, ordenando al Municipio de Ibagué que procediera con el trámite para el reconocimiento y pago de la prima técnica del 50% y la bonificación del 10% debidamente indexada. (A1.

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❖ Comisario de Familia Martín Alexander Rivera Gómez

• El señor Martin Alexander Rivera Gómez fue nombrado en provisionalidad como Comisario de Familia mediante decreto 256 del 18 de marzo de 2003.

• Mediante fallo de tutela del 25 de marzo de 2009, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, amparo el derecho fundamental a la igualdad de los accionantes, ordenando al Municipio de Ibagué que procediera con el trámite para el reconocimiento y pago de la prima técnic a del 50% y la bonificación del 10% debidamente indexada. (A1. 73001333300320190002800 Pag. 31-38)

Sobre este punto, este Despacho le indica al demandante que los reconocimientos que el Municipio de Ibagué efectuó a los otros Comisarios de Familia, es de cir, al señor Martín Alexander Rivera Gómez y a la señora Eddy Isabel García Rincón, por ejercer el cargo de comisarios de familia, obedecieron al cumplimiento de una orden judicial,

Martín Alexander Rivera Gómez y a la señora Eddy Isabel García Rincón, por ejercer el cargo de comisarios de familia, obedecieron al cumplimiento de una orden judicial, derivada de un fallo de tutela con efectos inter partes; por lo tanto, no pueden pretender el reconocimiento de estos factores como si esos fallos de tutela tuvieran efectos automáticos y erga omnes.

De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 117 de 2000, la prima técnica se regiría por la normatividad vigentes; sin embargo, l a prima técnica para los servidores del orden territorial no se encuentra reglamentada, pues como se vio, el Decreto 2164 de 1991, que inicialmente dio la posibilidad de reconocimiento y pago de la prima técnica a los servidores del orden territorial, fue declarado nulo mediante sentencia del 19 de marzoMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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RAD.003-2019-00028-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 7 de 1998, en la que el Consejo de Estado Sección Segunda, Radicado 11955. CP. Silvio Escudero Castro…

De ahí se concluye que la regulación establecida en el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 por el Gobierno Nacional excedió la facultad extraordinaria que le fue conferida por la Ley 60 de 1990, por cuanto este sólo se encontraba habilitado para “…modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de viáticos y gastos de representación relacionados con los empleos del sector público del orden nacional” , empero no podía hacer extensiva dicha facultad “a los empleados de los departamentos

la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de viáticos y gastos de representación relacionados con los empleos del sector público del orden nacional” , empero no podía hacer extensiva dicha facultad “a los empleados de los departamentos y municipios, por tal razón, la citada norma fue retirada del ordenamiento jurídico”, tal como lo ha recordado el mismo Consejo de Estado en múltiples providencias. (Énfasis fuera de texto).

De ahí se concluye que la regulación establecida en el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 por el Gobierno Nacional excedió la facultad extraordinaria que le fue conferida por la Ley 60 de 1990.

Así las cosas, para este Despacho está claro que la entidad territorial no tiene la facultad para expedir Acuerdos que creen emolumentos salariales, ello de acuerdo, se reitera, bajo los preceptos de la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que significa que, desde la ejecutoria de dicha sentencia, es decir desde el año 1998, la prima técnica allí contemplada no tiene fundamento jurídico alguno, al desaparecer su sustento de derecho, y por tanto no puede ser reconocida a favor de los servidores territoriales, y como se insiste, el Acuerdo 117 de 2000 señala que la prima técnica se regirá por la normatividad vigente , que no existe luego del año 1998, no hay fundamento alguno para el reconocimiento de esta prima para los servidores públicos territorialesAhora bien, respecto al Acuerdo 002 de 1997, mediante el cual se creó la bonificación mensual del 10%, vemos que corre la misma suerte de la prima técnica, como quiera que el Concejo Municipal de Ibagué no tenía la facultad legal para disponer sobre la

Ahora bien, respecto al Acuerdo 002 de 1997, mediante el cual se creó la bonificación mensual del 10%, vemos que corre la misma suerte de la prima técnica, como quiera que el Concejo Municipal de Ibagué no tenía la facultad legal para disponer sobre la creación de este emolumento, como quiera que dicha responsabilidad únicamente es atribuible al Presidente de la República, en virtud al artículo 150 de la Constitución Política, numeral 19, literal e.

(…)

6. CONCLUSIÓN JURIDICA

Así las cosas, el Despacho denegará la pretensión del reconocimiento y pago de la prima técnica del 50% y la bonificación del 10%, por encontrar que los actos administrativos acusados, a través de los cuales la entidad se abstuvo de ordenar estos, se encuentran ajustados a derecho, en la medida que para el primer emolumento, la norma que la creó para los empleados del orden territorial fue declarado nula y por ende no existe la facultad legal para el reconocimiento de tal prestación a los servidores del orden territorial por parte de los Alcaldes o los Concejos Municipales.

En igual sentido considera esta funcionaria que el actor tampoco tiene derecho al reconocimiento y pago de la bonificación mensual del 10%, como quiera la disposición contenida en el Acuerdo 002 de 1997 del Concejo Municipal, no tiene fuente en una facultad legalmente conferida para crear u otorgar dicho emolumento a los Comisarios de Familia, reiterando que la regulación del régimen salarial de los empleados públicosMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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RAD.003-2019-00028-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 8 solo es competencia del Gobierno Nacional, por lo tanto, este Despacho denegara dicha pretensión.

El que no se reconozca ni pague al actor la prima o la bonificación que sí están percibiendo sus pares comisarios de familia, no afecta el derecho a la igualdad, en la medida que algunos de ellos fueron beneficiados con fallos de tutela aislados y de efectos inter -partes, que de paso sea dicho, no consultaron las limitaciones que en materia de regulación salarial tienen los Concejos Municipales y las entidades territoriales. Mientras que el reconocimiento a otros comisarios, se encuentra fundamentado en otras normas que no están afectadas con la nulidad decretada por el Consejo de Estado y que tienen relación con la fecha de ingreso al servicio público de estos; por ende, se trata de situaciones fácticas y jurídicas disímiles.”

VI. LA APELACIÓN

Oportunamente, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 15 de diciembre de 2022, así:

“II.I La sentencia del A quo desconoce los derechos adquiridos por el empleado bajo el regazo de actos administrativos (acuerdos del Concejo Municipal de Ibagué) que no han perdido su ejecutoriedad.

El primer aspecto que debe ponerse en consideración se deriva de la siguiente cuestión, ¿Los acuerdos No 067 de 1990 que establecen la prima técnica del 50% y

no han perdido su ejecutoriedad.

El primer aspecto que debe ponerse en consideración se deriva de la siguiente cuestión, ¿Los acuerdos No 067 de 1990 que establecen la prima técnica del 50% y los acuerdos No 022 de 1997 y 117 de 2000 que establecen la bonificación mensual del 10% tienen vigencia y fuerza vinculante?

Para el A quo, debido a la sentencia del Consejo de Estado que declaro nulo el artículo 13 del decreto 2164 de 1991 y que por ello los acuerdos perdieron su ejecutoriedad, sin embargo, esta conclusión tiene una premisa implícita errónea y es tener como cierto que la vigencia del artículo 13 del decreto 2146 de 1991 es una condición necesaria para la legalidad de los acuerdos que reconocen estas prestaciones, partiendo de la base de que son su fundamento de derecho imperativo.

Corolario de lo anterior, es imperioso tener en cuenta que la prima técnica de l 50% fue creada por el acuerdo No 067 el cual tiene fecha de expedición el 03 de septiembre de 1990 fecha anterior a la expedición del decreto 2146 de 1991, esta razón temporal es evidencia que tal acto administrativo para su expedición no podría tener un fundamento de derecho que aún no existía el mundo jurídico y es que es en este acuerdo en el artículo 4, parágrafo 1 que se dispone lo siguiente:

No es ajustada la conclusión jurídica a la que se llega en la sentencia pues indica respecto a la prima técnica que “en la medida que, para el primer emolumento, la norma que la creo para los empleados del orden territorial fue declarada nula y por ende no existe la facultad legal…”. No es cierto porque la norma que creo dicha

respecto a la prima técnica que “en la medida que, para el primer emolumento, la norma que la creo para los empleados del orden territorial fue declarada nula y por ende no existe la facultad legal…”. No es cierto porque la norma que creo dicha prestación para los comisarios de familia del municipio de Ibagué no fue la norma declarada nula, fue el acuerdo No 067 de 1990 del Concejo Municipal que eraMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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RAD.003-2019-00028-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 9 preexistente a la norma declarada nula y por lo tanto no puede concebirse una pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo pues como se indica la norma extinta no actúa como fundamento de derecho del acuerdo, en este sentido no se configuran ninguna de las causales del artículo 91 del CPACA: (…) Lo anterior respecto a la prestación de la prima técnica; respecto a la bonificación mensual del 10% en el acuerdo 002 de 1997 el Concejo dispuso que los comisarios de familia tendrían una bonificación mensual del 10% de la asignación básica, si bien su expedición fue con posterioridad al decreto 2164 de 1991, de la revisión de los fundamentos de derecho bajo los cuales se expide no se encuentra una aparición o mención del artículo 13 del decreto 2164 de 1991 declarado nulo por el Consejo de Estado.

Ahora bien, para iluminar el presente debate debe proponerse el siguiente interrogante, ¿La sentencia del 19 de marzo de 1998 del Consejo de Estado, sección

Estado.

Ahora bien, para iluminar el presente debate debe proponerse el siguiente interrogante, ¿La sentencia del 19 de marzo de 1998 del Consejo de Estado, sección segunda radicado 1195, trae consigo en su ratio decidendi y decisum la nulidad de actos administrativos expedidos por los Concejos Municipales sobre primas técnicas y bonificaciones o invalida la competencia territorial de dicha corporación para crearlos?

(…)

El fallo del Consejo de Estado resuelve que el Presidente no tiene potestad para otorgar primas técnicas a funcionarios de entes territoriales, ello es claro, lo que no resuelve es que los Concejos Municipales o Asambleas departamentales no tengan la competencia para realizarlo mediante acto administrativo, ya que la nulidad del fallo tiene co mo punto de análisis que las potestades extraordinarias del Presidente únicamente comprenden a los empleos del sector público del orden nacional, sin realizar un análisis de fondo sobre dichos reconocimientos mediante acuerdos por Concejos municipales.

Desconoce la sentencia apelada que para la fijación del régimen salarial de los empleados públicos del orden territorial existe una competencia de carácter concurrente como fue preceptuado por la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 199 (sic), Magistrado Ponente D. ALFREDO BELTRAN SIERRA

(…)

En este mismo sentido en Sentencia del 25 de Marzo de 1992, el Consejo de Estado (Expediente No. 4351) expresó, que la facultad de establecer las escalas de remuneración propias de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, según el caso comprende no sólo la de fijar la asignación básica sino también la de

(Expediente No. 4351) expresó, que la facultad de establecer las escalas de remuneración propias de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, según el caso comprende no sólo la de fijar la asignación básica sino también la de otros elementos salariales, como lo es en este caso la prima técnica, así como las condiciones y requisitos para tener derecho a ella.

(…)

Es por ello que la ejecutoriedad de los acuerdos que fundamentan la prima técnica y la bonificación pretendida no depende de los preceptos del decreto 2164 de 1991, pues dichos acuerdos fueron expedidos en ejercicio de facultades constitucionalmente conferidas y los mismos no han sido declarado nulos por la jurisdicción contenciosaMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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RAD.003-2019-00028-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 10 administrativa ni se encuentran afectados por alguna causal de perdida de ejecutoriedad.

(…)

En el caso particular del demandante existían un conjunto de normas jurídicas que reconocían el derecho a la prima técnica y a la bonificación, los mismos se consolidaron y deben ser garantizados bajo la luz del artículo 58 constitucional, tal como ocurrió en los fallos de tutela en donde a trabajadores en las mismas condiciones fácticas a las de l demandante se le reconocieron tales garantías, sobre este punto trata el acápite posterior.

II.II Lesión del Principio de igualdad y no discriminación ante las diferencias salariales en empleados en las mismas condiciones laborales.

condiciones fácticas a las de l demandante se le reconocieron tales garantías, sobre este punto trata el acápite posterior.

II.II Lesión del Principio de igualdad y no discriminación ante las diferencias salariales en empleados en las mismas condiciones laborales.

En el decurso del proceso, pudo determinarse con claridad meridiana que GONZALO GUZMAN PEÑA cumplía las mismas funciones y horarios de sus compañeros comisarios de familia, esto es, las de SUSANA MURILLO GOMEZ, MARTIN ALEXANDER RIVERA GOMEZ y EDDY ISABEL GARCIA RINCON, quienes estando nombrados en al Alcaldía de Ibagué como COMISARIO DE FAMILIA percibían un valor superior de salario, con ocasión al reconocimiento de prima técnica y bonificación, que de contera, el mismo empleador le negó disfrutar a mi representado.

Los escasos antecedentes remitidos por la entidad territorial empleadora, permiten llegar a la afirmación anterior, en vista a que los desprendibles de pago evidencian sin lugar a dudas el desequilibrio económico existente en la relación laboral del señor GUZMAN PEÑA respecto de sus compañeros.

Es por ello que existe un factor discriminatorio tanto por el no reconocimiento de la prima técnica del 50% del salario y por el no reconocimiento del 10% del salario devengado, toda vez que ambos reconocimientos están basados en una norma vigente y aplicable, la cual, obliga al empleador a su reconocimiento, especialmente, cuando se ve quebrado el principio de trabajo igual salario igual.

Este razonamiento desconoce que es precisamente sobre el acuerdo 067 de 1990 el que se solicita su aplicación para el caso de mi representado, por ello no es correcto indicar que son aspectos totalmente distintos pues este acuerdo no fue declarado nulo,

Este razonamiento desconoce que es precisamente sobre el acuerdo 067 de 1990 el que se solicita su aplicación para el caso de mi representado, por ello no es correcto indicar que son aspectos totalmente distintos pues este acuerdo no fue declarado nulo, ni se encontraba fundamentado en el decreto 2164 de 1991 que fue estudiado en la sentencia del Consejo de Estado por lo tanto aplica a la situación fáctica del comisario demandante.

Ahora bien, en el curso del proceso se aportaron como pruebas sentencias de tutela en las cuales se reconocía el pago a Comisarios de Familia en las mismas condiciones que el demandante, en tales sentencias se reconocía el derecho a la igualdad. El A quo indica que no es posible pretender que estos reconocimientos tengan un efecto erga omnes y automáticos debido a la naturaleza inter partes de los fallos de t utela, razonamiento que es cierto y es que no se está pretendiendo que tales providencias obliguen automáticamente al reconocimiento del derecho, lo que se prueba es que existen un conjunto de decisiones judiciales que actúan como precedentes sobre los mismos puntos de hecho y de derecho, no se trata de que se apliquen automáticamente los efectos de dichas sentencias, se trata de tener en consideración las reglas jurídicasMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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RAD.003-2019-00028-01 Sentencia de Segunda Instancia Pág. 11 que fueron aplicadas en un caso igual so pena de lesionar la seguridad jurídica, y por supuesto el principio de igualdad y no discriminación.

En las pruebas se relaciona copia de las nóminas pagadas en donde se acredita que

Pág. 11 que fueron aplicadas en un caso igual so pena de lesionar la seguridad jurídica, y por supuesto el principio de igualdad y no discriminación.

En las pruebas se relaciona copia de las nóminas pagadas en donde se acredita que mi representado ha sido objeto de un trato discriminatorio, pues otros comisarios de la ciudad de Ibagué, cumplen las mismas funciones y aun así el demandante devenga un salario m