TA TOL - Sentencia 73001-33-33-003-2022-00251-01 (22-05-2025)

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2.025).

Radicación Nº: Interno: 73001-33-33-003-2022-00251-01 0895-2024

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: MARIBEL GONZALEZ DE SALOMON

Demandado: NACION – MINISTERIO DE EDUCACIÒN NACIONAL –

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO – FOMAG-.

I. ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en contra la sentencia del 07 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1

“1. Que se declare la nulidad del Oficio No. TOL. 2021ER019392 de 09 de julio de 2021 proferido por la NACION -MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, mediante el cual se niega el reconocimiento de una pensión de jubilación a mi poderdante.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho:

1. Se ordene a las demandadas NACION -MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

a mi poderdante.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho:

1. Se ordene a las demandadas NACION -MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, a reconocer, liquidar y pagar a mi mandante la pensión de jubilación a que tiene derecho, de acuerdo c on lo establecido en la Ley 91 de 1989 y leyes 33 y 62 de 1985.

1. Que se condene a las demandadas a reconocer y pagar a mi mandante, debidamente indexadas en su valor, las sumas que dejó de percibir por concepto de pensión de jubilación, desde el momento en que adquirió su status pensional (55 años y 20 de servicio), tomando como base de liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición de su status pensional, incluyendo la totalidad de los respectivos factores salariales devengados.

1. Reconocer la compatibilidad entre pensión y sueldo que cobija los docentes con vinculación antes de la expedición de la Ley 812 de 2003.

1 Ver Expete Juzgado -C: Ppal - Archivo 9– fls 5-6Rad. No. 73001-33-33-003-2022-00251-01

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4) Condenar a NACION -MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – a que dé estricto

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1. Condenar a NACION -MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – a que dé estricto cumplimiento a la sentencia conforme lo disponen los artículos 189 y 192 del CPACA.

1. Condenar a las entidades demandadas a reconocer, liquidar y pagar los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, conforme a lo establecido en el artículo 192 del

CPACA.

1. Condenar a las entidades demandadas a reconocer sobre las mesadas adeudadas a mi mandante, los ajustes de valor sobre dichas sumas, conforme el IPC.

1. Condenar en costas a la demandada tal y como lo dispone el artículo 188 del CPACA”. 2.- Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así:

a) La señora Maribel González de Salomón, ha prestado sus servicios como docent e en la Secretaría de Educación del Tolima, durante los periodos y entidades que a continuación se relacionan:

En el Municipio de Rovira:

• Del 14 de febrero al 06 de diciembre de 1994. - Del 27 de febrero al 27 de junio de 1995 - Del12 01 de julio al 30 de noviembre de 1995 - Del 01 de febrero al 30 de noviembre de 1996 - Del 01 de febrero al 15 de junio de 1997 - Del 15 de julio al 30 de noviembre de 1997 - Del 15 de febrero al 12 de junio de 1999

• Del 01 de febrero al 15 de junio de 1997 - Del 15 de julio al 30 de noviembre de 1997 - Del 15 de febrero al 12 de junio de 1999 - Del 14 de febrero al 12 de junio de 2000 - Del 12 de julio al 11 de noviembre de 2000 - Del 16 de marzo al 16 de junio de 2001 - Del 06 de noviembre al 30 de noviembre de 2001 - Del 01 de febrero al 01 de abril de 2002 - Del 01 de abril al 01 de junio de 2002. - Del 05 de septiembre al 05 de diciembre de 2002 - Del 21 de abril al 21 de octubre de 2003 - Del 21 de octubre al 15 de diciembre de 2003

En el Departamento del Tolima:

• Del 19 de febrero de 2004 al 21 de junio de 2006 - Del 05 de julio de 2011 a la fecha.

b) La señora Maribel González de Salomón, ingresó al servicio público de educación el 14 de febrero de 1994, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la cual incorporó a los docentes a la Ley 100 de 1993.

c) Indicó el vocero judicial de la accionante que su representad o adquirió su status pensional el 10 de abril de 2020 , razón por la cual la pensión de jubilación de su prohijado debe ser reconocida conforme a lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, es decir, con 55 años de edad y 20 años de servicio.

3.- Contestación de la demanda.

prohijado debe ser reconocida conforme a lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, es decir, con 55 años de edad y 20 años de servicio.

3.- Contestación de la demanda.

2 Ver Expte Juzgado -C.Ppal - archivo 9 – fls 6-7Rad. No. 73001-33-33-003-2022-00251-01

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3.1. FOMAG.

Guardó silencio3.

4. La sentencia apelada4.

Lo es la proferida el 07 de junio de 2024, por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

Dijo que los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, no contaban en materia pensional con un régimen legal especial y que por remisión de la leyes 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y 812 de 2003, les resultaba aplicables las disposiciones del régimen legal general contenido en las leyes 33 y 62 de 1985, salvo para aquellos servidores que fueran beneficiarios de la transición de esta última norma, quienes continuarían rigiéndose por el régimen anterior, esto es, el señalado en el Decreto Ley 3135 de 1968 para los nacionales o la Ley 6ª de 1945 para los territoriales, y a los docentes vinculados con posterioridad al 27 de junio de 2003 le son aplicables,

Decreto Ley 3135 de 1968 para los nacionales o la Ley 6ª de 1945 para los territoriales, y a los docentes vinculados con posterioridad al 27 de junio de 2003 le son aplicables, en lo atinente al régimen pensional, las disposiciones contenidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Manifestó que la base de liquidación pensional de los docentes vinculados con la Ley 91 de 1989, corresponde únicamente a los factores salariales respecto de los cuales se efectuaron aportes de conformidad con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 durante el último año de servicios.

Expresó que conforme al criterio jurisprudencial vigente los tiempos de servicios laborados a través de contratos u órdenes de prestación de servicio, deben ser tenidos en cuenta como tiempo de vinculación, sin necesidad de entrar a declarar de forma primigenia la existencia de un contrato realidad.

Adujo que la señora Maribel González de Salomón había prestado sus servicios en instituciones oficiales del Municipio de Rovira a través de diferentes contratos y ordenes de prestación de servicios de manera interrumpida desde el 14 de febrero de 1994 hasta el 13 de diciembre de 2003, por lo que era claro que la vinculación al servicio docente se había producido desde antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, siendo por ende beneficiaria del régimen pensional establecido en la ley 33 de 1985.

Refirió que estaba probado en el plenario que la docente había prestado sus servicios para el Departamento del Tolima, a través de una relación legal y reglamentaria desde el 19 de febrero de 2004 al, 21 de junio de 2006, del 13 de junio de 2009 al 04 de julio

para el Departamento del Tolima, a través de una relación legal y reglamentaria desde el 19 de febrero de 2004 al, 21 de junio de 2006, del 13 de junio de 2009 al 04 de julio de 2001 y desde el 05 de julio de 2011 en adelante.

Dijo que la demandante había acreditado un tiempo total de servicios de 23 años 1 mes y 19 días, que había cumplido los 55 años de edad el 30 de abril de 2018, y había adquirido su status pensional en esta última fecha, por lo que la misma tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985 la cual debía liquidarse sobre el 75% de los factores salariales establecidos en la ley 62 de 1985 y sobre los cuales hubiese realizado aportes durante el último año anterior a la adquisición del status pensional.

Sostuvo que no estaba demostrado en el proceso que durante los periodos de vinculación con el Municipio de Rovira a través de contratos de prestación de servicios (1994-1997, 2001 -2003) y a través de la s Cooperativas de Trabajo Asociado

3 Ver Expte Juzgado – C.Ppal - Archivo 17 4 Ver Expte Juzgado – C.PPal – Archivo 50Rad. No. 73001-33-33-003-2022-00251-01

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Coontratemos y Coasintol (1997-1999) se hubiesen realizado aportes a pensión, por lo que ordenó a la entidad accionada realizar las actuaciones pertinentes para

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Coontratemos y Coasintol (1997-1999) se hubiesen realizado aportes a pensión, por lo que ordenó a la entidad accionada realizar las actuaciones pertinentes para adelantar el proceso de cobro coactivo ante el Municipio de Rovira respecto de los aportes pensionales dejados de efectuar en beneficio de la accionante, y en el porcentaje que le habría correspondido a la referida autoridad, durante los siguientes periodos: Del 14 de febrero al 6 de diciembre de 1994, del 27 de febrero al 27 de junio de 1995, d el 1° de julio al 30 de noviembre de 1995, del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1996, del 1° de febrero al 15 de junio de 1997, del 15 de julio al 30 de noviembre de 1997, del 15 de febrero al 12 de junio de 1999, del 12 de julio al 11 de noviembre de 1999, del 14 de febrero al 12 de junio de 2000, del 12 de julio al 11 de noviembre de 2000, del 16 de marzo al 15 de junio de 2001, del 6 de agosto al 5 de noviembre de 2001, del 6 de noviembre al 30 de noviembre de 2001, del 1° de febrero al 31 de marzo de 2002, del 1° de abril al 31 de mayo de 2002, del 5 de septiembre al 4 de diciembre de 2002, del 21 de octubre al 13 de diciembre de 2003.

Adujo que era compatible la pensión de jubilación de la demandante con el salario, siempre y cuando la mismas no hubiese cumplido la edad de retiro forzoso y

Adujo que era compatible la pensión de jubilación de la demandante con el salario, siempre y cuando la mismas no hubiese cumplido la edad de retiro forzoso y mantuviera aptitud física y mental.

Manifestó que como quiera que la reclamación administrativa se había hecho con posterioridad a los 3 años de la consolidación del derecho, había operado el fenómeno jurídico de la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 09 de julio de 2018.

Finalmente condenó en costas al FOMAG por la suma de $2.300.000

6.- El recurso de apelación5

Oportunamente el apoderado judicial de accionada interpuso recurso de apelación contra la providencia de primer grado, solicitando que la misma sea revocada, para que en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda.

Manifestó que de la lectura del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 se advertía que ante el traslado de un régimen pensional por otro, en un eventual regreso se debían aplicar las normas vigentes al momento del reintegro, es decir que si el docente se había retirado del FOMAG, ante su eventual regreso co n posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se le debían aplicar las normas vigentes a la fecha de su ingreso, y no las normas que le eran aplicables cuando realizó las primeras cotizaciones.

Dijo que la demandante había sido nombrada en propiedad con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y en tal sentido el régimen pensional aplicable era el establecido en la Ley 100 de1993; a su vez señaló que los tiempos

Dijo que la demandante había sido nombrada en propiedad con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y en tal sentido el régimen pensional aplicable era el establecido en la Ley 100 de1993; a su vez señaló que los tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios no podían computarse para efectos pensionales.

Sostuvo que, conforme al criterio jurisprudencial expuesto por el Consejo de Estado , para la liquidación de las pensiones solo podrán tenerse en cuenta los factores salariales sobre los cuales se hubiesen realizados las respectivas cotizaciones al sistema pensional, y que para el caso de los docentes eran los enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

Aseveró que la condena en costas solo procedían cuando estuviesen probadas dentro del proceso, por lo que ante la ausencia de ello no era procedente la imposición de las

5 Ver Expte Juzgado – C.PPal -Archivo 59Rad. No. 73001-33-33-003-2022-00251-01

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mismas, toda vez que los argumentos expuestos por la demandante fueron eminentemente jurídicos; igualmente señaló que contrario a lo manifestado por el a quo, la condena en costas no era objetiva, sino que debía tenerse en cuenta aspectos como la buena f e, calidad esta con la que había actuado el FOMAG, por lo que no había lugar a la imposición de las mismas.

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

como la buena f e, calidad esta con la que había actuado el FOMAG, por lo que no había lugar a la imposición de las mismas.

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 15 de octubre de 2024 se admitió el recurso interpuesto por el apoderado judicial de la accionada, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 76 de la Ley 2080 de 2.021.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2.- Problema jurídico.

Se deberá determinar si el demandante, la señora MARIBEL GONZALEZ DE SALOMON, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión jubilación, conforme lo preceptuado en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989 por reunir los requisitos

SALOMON, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión jubilación, conforme lo preceptuado en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989 por reunir los requisitos exigidos en esta, tal como lo consideró el Juez de instancia , o si, por el contrario, y como lo sostiene el apelante, los actos administrativos acusados y que negaron dicho reconocimiento pensional, se encuentran plenamente ajustados al ordenamiento jurídico.

Para efectos de resolver el anterior problema jurídico, deberá establecer este Tribunal, si el periodo durante el cual la demandante se desempeñó como docente a través de contratos u ordenes de prestación de servicios pueden considerarse desarrollados en virtud de una relación laboral, al punto de poder computarlos para efectos del reconocimiento pensional.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala seguirá el siguiente derrotero: i) Marco jurídico de la pensión de jubilación; ii) Docentes vinculados a través de contratos de prestación de servicios; (iii) Hechos probados; y iv) Caso concreto.

3. Marco jurídico de la pensión de jubilación de los docentes oficiales.

3.1 Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento de su pensión de jubilaciónRad. No. 73001-33-33-003-2022-00251-01

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Bajo el marco de la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, promovida a través de la Ley 100 de 1993, no se alteraron aquellas situaciones

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Bajo el marco de la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, promovida a través de la Ley 100 de 1993, no se alteraron aquellas situaciones pensionales que bajo el imperio de normas anteriores fueron adquiridas y que, en consecuencia, ingresaron al patrimonio de sus beneficiarios.

Con esta norma, el legislador pretende la estandarización de los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban difusos en el ordenamiento jurídico, estableciendo reglas comunes aplicables a todos los trabajadores del país, sin considerar la naturaleza de su relación laboral.

Sin embargo, de manera expresa en su artículo 279 ibidem, excluyó puntualmente algunos servidores públicos y trabajadores, cuyas situaciones pensionales no son reguladas por ella, entre otros, a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de l a expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

De esta manera, se exceptúan de la aplicación de la Ley 100 de 1993, algunos sectores

pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

De esta manera, se exceptúan de la aplicación de la Ley 100 de 1993, algunos sectores que tienen normas especiales, entre los cuales se encuentra el Magisterio cuyas prestaciones se gobiernan por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

Así pues, la Ley 91 de 1989, «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», establece:

«Artículo 1o.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional . Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

Parágrafo - Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad. (...)

Artículo 15.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de

nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848Rad. No. 73001-33-33-003-2022-00251-01

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de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. (...)».

De acuerdo con lo anterior, a los docentes nacionales vinculados a partir del 1o de enero de 1990, se les reconoce una pensión de jubilación bajo el régimen general pensional del sector público, que estuvo regulado por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el reconocimiento se efectúa de conformidad con el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

diciembre de 1989, el reconocimiento se efectúa de conformidad con el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

Por su parte, la Ley 60 de 1993, en cuanto al régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados, dispone:

«Artículo 6o. (...)

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

(...)»

De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho previsto en la Ley 91 de 1989, la cual es de origen “ordinario”, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional “ordinaria” pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias a l régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y

constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias a l régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100 de 1993.

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1o del artículo 115 claramente dispone: “El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley”.

Como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o de derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen “especial”; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que intitula “Régimen Especial de los Educadores Estatales”, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de las docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6a de 1945 o el D.L. 3135 de 1968 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron carácter de especiales».

de 1968 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron carácter de especiales».

Ahora bien, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, hacia un Estado comunitario”, establece:Rad. No. 73001-33-33-003-2022-00251-01

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«Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales . El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, (...)».

La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del anterior artículo, mediante la sentencia C –369 del 27 de abril de 2004, con ponencia del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, expresó:

“Ahora bien, un régimen especial se rige por normas propias, que son diversas de las reglas del régimen general, puesto que en eso consiste su especialidad. Igualmente, esta Corporación ha señalado que un régimen de seguridad social es un sistema

“Ahora bien, un régimen especial se rige por normas propias, que son diversas de las reglas del régimen general, puesto que en eso consiste su especialidad. Igualmente, esta Corporación ha señalado que un régimen de seguridad social es un sistema normativo complejo, en el que las diversas normas parciales adquieren sentido por su relación con el conjunto normativo global. Cada régimen especial es entonces un universo propio.

Por ello, esta Corte ha concluido que, en principio, no es viable comparar aisladamente aspectos puntuales de un régimen especial de pensiones o de salud y el sistema general de seguridad social, por cuanto cada aspecto puede tener en cada régimen un significado parcialmente distinto. Así, una aparente desventaja en un punto específico del régimen especial frente al sistema general de seguridad social puede estar ampliamente compensada por unos beneficios superiores previstos por ese régimen especial en otros aspectos.

Y por ello esta Corporación ha señalado con claridad que quienes se encuentren adscritos a un régimen especial de seguridad social, están obligados a someterse plenamente a su normatividad, sin que resulte válido reclamar la aplicación de los derechos y g arantías reconocidas para el régimen común, pues no es equitativo que una persona se beneficie de un régimen especial, por ser éste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que al mismo tiempo pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que la regulación general sea más benéfica. Y es que admitir que una persona afiliada a un régimen especial pueda reclamar ciertos aspectos puntuales del régimen general de seguridad social implicaría la creación de una lex tertia, que sería un verdadero tercer régimen, compuesto por algunos aspectos del sistema general de seguridad social y otros del régimen especial, lo cual

aspectos puntuales del régimen general de seguridad social implicaría la creación de una lex tertia, que sería un verdadero tercer régimen, compuesto por algunos aspectos del sistema general de seguridad social y otros del régimen especial, lo cual desfiguraría totalmente la regulación establecida por la Constitución y la ley en materia de seguridad social”.

De la misma manera el parágrafo transitorio 1o del artículo 1o del Acto Legislativo 01 de 2005, consagra:

«Artículo 1o. (...)

Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta.

(...)».

Las disposiciones anteriores, prevén que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio en las normas vigentes con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, que no esRad. No. 73001-33-33-003-2022-00251-01

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

MARIBEL GONZALEZ DE SALOMON – MEN –FOMAG Página 9 de 22

otro que el dispuesto en la Ley 33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público», que en su artículo 1o señala:

otro que el dispuesto en la Ley 33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público», que en su artículo 1o señala:

ARTICULO 1. El empleado oficial