TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2013-00938-01 (10-04-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-004-2013-00938-01

Demandante: Ligia Cecilia Salinas y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,

Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Municipio de

Murillo Llamado en garantía: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Tema: Responsabilidad del Estado por omisión en el deber de seguridad y protección. Falla del servicio. Omisión en el deber de debida diligencia en la protección de la violencia de género frente a riesgos previsibles y cognoscibles.

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2020 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda Ligia Cecilia Salinas, Silverio Salinas Salinas; Carlos Mauricio Bustamante Salinas, Yuri Tatiana Bustamante Salinas; Lucena Patricia Salinas Salinas, Gladys Cecilia Salinas Salinas, Jorge Eutimio Salinas Salinas, William Arbey Salinas Salinas, Luis Gonzaga Salinas Salinas , Bertha Liliana Salinas Salinas, Rosalba Salinas Salinas, Javier Edward Salinas Reyes y Michael David Lamprea Salinas , por conducto de apoderado judicial y

Salinas Salinas , Bertha Liliana Salinas Salinas, Rosalba Salinas Salinas, Javier Edward Salinas Reyes y Michael David Lamprea Salinas , por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa previsto en el artículo 140 del C. de P.A. y de lo C.A., promovieron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación, y el Municipio de Murillo, con el fin de obtener las siguientes:

Pretensiones:

1. Declarar a la parte demandada administrativamente responsable de l daño y los perjuicios morales, materiales, daño a la vida de relación, causados a los demandantes con ocasión de la muerte de Luz Yaneth Salinas Salinas (q.e.p.d.), por la omisión de las autoridades públicas en el deber de seguridad y protección.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la parte demandada al

pago de los siguientes conceptos y montos: a. Perjuicios morales:

Nombre Parentesco Monto Carlos Mauricio Bustamante Salinas Hijo 100 s.m.l.m.v.Yury Tatiana Bustamante Salinas Hija 100 s.m.l.m.v. Silverio Salinas Sánchez Padre 100 s.m.l.m.v. Ligia Cecilia Salinas de Salinas Madre 100 s.m.l.m.v. Lucena Patricia Salinas Salinas Hermana 50 s.m.l.m.v. Gladys Cecilia Salinas Salinas Hermana 50 s.m.l.m.v. Jorge Eutimio Salinas Salinas Hermano 50 s.m.l.m.v. William Arbey Salinas Salinas Hermano 50 s.m.l.m.v. Bertha Liliana Salinas Salinas Hermana 50 s.m.l.m.v.

Jorge Eutimio Salinas Salinas Hermano 50 s.m.l.m.v. William Arbey Salinas Salinas Hermano 50 s.m.l.m.v. Bertha Liliana Salinas Salinas Hermana 50 s.m.l.m.v. Rosalba Salinas Salinas Hermana 50 s.m.l.m.v. Javier Edward Salinas Reyes Hermano 50 s.m.l.m.v. Luis Gonzaga Salinas Hermano 50 s.m.l.m.v. Michaell David Lamprea Salinas Sobrino 50 s.m.l.m.v.

b. Perjuicios materiales: - Lucro cesante consolidado y futuro Para Carlos Mauricio Bustamante Salinas (hijo) la suma de $867017.154 pesos Para Yury Tatiana Bustamante Salinas (hija) la suma de $897154.413 pesos

c. Daño a la vida en relación:

Nombre Parentesco Monto Carlos Mauricio Bustamante Salinas Hijo 100 s.m.l.m.v. Yury Tatiana Bustamante Salinas Hija 100 s.m.l.m.v. Silverio Salinas Sánchez Padre 100 s.m.l.m.v. Ligia Cecilia Salinas de Salinas Madre 100 s.m.l.m.v. Michaell David Lamprea Salinas Sobrino 50 s.m.l.m.v.

3. Condenar a la parte demandada al pago de las demás sumas dinerarias que resulten probadas en el proceso, al margen de la denominación jurídica que se les diere, en virtud al principio de congruencia; cumplirse la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del C. de P.A. y de lo C.A. y condenar en costas a la parte demandada.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes

Hechos relevantes:

195 del C. de P.A. y de lo C.A. y condenar en costas a la parte demandada.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes

Hechos relevantes:

1. La señora Luz Yaneth Salinas Salinas se desempeñó como Concejal en el Municipio de Murillo desde el 7 de agosto de 2010 y hasta el 19 de julio de 2011, fecha de su muerte.

2. En el año 2009 inició una relación sentimental con el señor José Tirzo Torres Rincón, y en el mes de diciembre de ese año empezaron a convivir bajo el mismo techo en la casa paterna de la familia Salinas. En el año 2010 Luz Yaneth Salinas Salinas decidió terminar la relación, y en consecuencia obligó a José Tirzo Torres Rincón a abandonar la casa que compartían.

3. Terminada la relación, José Tirzo Torres Rincón inició una serie de amenazas y ataques, verbales y físicos , contra Luz Yaneth Salinas Salinas, incluso manifestando que la asesinaría. De esas circunstancias conoció la Policía Nacional (Murillo) y la Fiscalía General de la nación (Líbano).

4. El 5 de junio de 2010, según oficio emitido por el médico rural de Murillo a la SIJIN, Luz Yaneth Salinas Salinas y su hija menor Yury Tatiana Bustamante Salinas de 13 años, fueron atendidas en el Hospital “Ramón María Arana E .S.E.” del Municipio de Murillo, luego de haber sido agredidas con un machete por señor José Tirzo Torres Rincón, lo que les generó ocho días de incapacidad definitiva sin secuelas. Con ocasión a este hecho, se

luego de haber sido agredidas con un machete por señor José Tirzo Torres Rincón, lo que les generó ocho días de incapacidad definitiva sin secuelas. Con ocasión a este hecho, se inició un proceso penal contra José Tirzo Torres Rincón bajo radicado número 20110000700 que cursó en el Juzgado Promiscuo Municipal de Murillo.

5. El 29 de junio de 2010, en el oficio N° INSPOL-50 expedido por la Inspectora de Policía de Murillo, se presentó queja interpuesta por la señora Luz Yaneth Salinas Salinas contrael señor José Tirzo Torres Rincón, por ultrajes, ataques y amenazas físicos y psicológicos, que venían desde el 21 de marzo de 2010.

6. Como las amenazas de muerte por parte del señor José Tirzo Torres no cesaban, acudió al Comando de Policía de Murillo y puso en conocimiento la situación ; por ello le fue asignado un policía para su vigilancia, y se le ilustró sobre autoprotección; pese a ello el agresor continu ó con amenazas y agresiones contra Luz Yaneth Salinas Salinas, situaciones que quedaron registradas en el libro de población de la institución. Con todo, el agresor no fue retenido preventivamente, ni requerido con ocasión de las amenazas.

7. El 9 de agosto de 2010, la Inspectora de Policía de Murillo mediante resolución sanciona al señor José Tirzo Torres Rincón por infringir el artículo 151 del Código Nacional de Policía. La sanción se debió a agresiones contra la señora Luz Yanteh Salinas, tras ser sorprendido en flagrancia insultándola y portando un cuchillo ; en dicha resolución, se

Policía. La sanción se debió a agresiones contra la señora Luz Yanteh Salinas, tras ser sorprendido en flagrancia insultándola y portando un cuchillo ; en dicha resolución, se instó al infractor a cesar sus agresiones, advirtiéndole que , en caso de reincidencia, la multa sería el doble.

8. Mediante oficio N o. 040DPM-MT de 14 de abril de 2011 , la Personera de Murillo consultó al Fiscal 31 Seccional del Líbano , el cursa de investigaciones por el delito de amenazas contra el señor José Tirzo Torres Rincón; el fiscal respondió el 4 de mayo de 2011 con oficio No. 0815 informando que no se adelantaba investigación por el delito de amenazas contra el señor José Tirzo Torres Rincón, sino uno por lesiones personales en donde son víctimas Luz Yaneth Salinas Salinas y Yury Tatiana Bustamante Salinas.

Precisó, además, que f rente a la primera el ofensor aceptó los cargos que le formuló la fiscalía, y frente a la segunda, había acusación.

9. El 20 de marzo de 2011, cerca de las instalaciones del Concejo Municipal de Murillo, José Tirzo Torres Rincón salió de manera intempestiva de una cantina armado con un machete, e intentó agredir a Luz Yaneth Salinas Salinas quien estaba en compañía de su hija y de Exequiel Moreno, quien impidió que fueran agredidas . No obstante, Exequiel Moreno quedó herido gravemente porque José Tirzo Torres Rincón le propi nó varios machetazos en uno de sus brazos . Respecto a estas agresiones la Policía de Murillo no adelantó procedimiento alguno.

Moreno quedó herido gravemente porque José Tirzo Torres Rincón le propi nó varios machetazos en uno de sus brazos . Respecto a estas agresiones la Policía de Murillo no adelantó procedimiento alguno.

10. El 24 de mayo de 2011, José Tirzo Torres Rincón fue condenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Murillo a 12 meses de prisión por el delito de lesiones personales, por los hechos acontecidos el 6 de junio de 2010 cuando violentó la integridad de Luz Yaneth Salinas Salinas, y se le concedió el subrogado de ejecución condicional de la pena ; posteriormente, él firmó un acta de compromiso ante el juzgado y prometió mantener una buena conducta.

11. José Tirzo Torres Rincón de forma reiterada asediaba a Luz Yaneth Salinas Salinas en diferentes zonas (hogar, trabajo) del Municipio de Murillo . El 19 de julio de 2011 en el lugar denominado Alto de las Alegrías , zona rural de Murillo, José Tirzo Torres Rincón con un arma de fuego , le ocasion ó la muerte a la señora Luz Yaneth Salinas Salinas

(Archivo pdf 01.004-2013-00938 (…), páginas 143 a 263, del expediente digital).

Trámite procesal La demanda se presentó el 15 de octubre de 2013 y por reparto su conocimiento le correspondió a este tribunal el cual por auto de 17 de octubre de 2013 declaró su falta de competencia por razón de la cuantía, y ordenó su remisión a los Juzgados Administrativos del Circuito de Ibagué. En consecuencia, el conocimiento de la demanda le correspondió, por reparto, al Juzga do Cuarto Administrativo Oral del Circuito de

competencia por razón de la cuantía, y ordenó su remisión a los Juzgados Administrativos del Circuito de Ibagué. En consecuencia, el conocimiento de la demanda le correspondió, por reparto, al Juzga do Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el que por auto de 24 de enero de 2014 la admitió, y ordenó su notificación a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público (Archivo pdf 01.004-2013-00938 (…), páginas 265 a 266; 275 a 289, del expediente digital).Por auto de 11 de febrero de 2014 el expediente se remitió al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Ibagué con ocasión del acuerdo PSAA13-10072 del 27 de diciembre de 2013. Luego, se creó el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué mediante acuerdo No. PSAA -15-10402 de 29 de octubre de 2015 de la Sala Administrativa del C.S. de la J., el cual continuó conociendo de los procesos asignados al juzgado segundo según el Acuerdo PSATA 15-097 de 11 de noviembre de 2015 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima (Archivo pdf 01.0042013-00938 (…), página 294, del expediente digital).

Estando notificadas en debida forma, en oportunidad, las autoridades públicas demandadas contestaron la demanda.

Contestación de la demanda Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional La entidad por conducto de apoderado judicial, indicó que los hechos deberán demostrarse, además de oponerse a la prosperidad de las pretensiones de la demanda .

Contestación de la demanda Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional La entidad por conducto de apoderado judicial, indicó que los hechos deberán demostrarse, además de oponerse a la prosperidad de las pretensiones de la demanda . Expuso que la Policía Nacional no es responsable del daño alegado en la demanda, porque no está demostrado que el asesinato de la señora Luz Yaneth Salinas Salinas haya sido cometido con la intervención o participación de agentes del Estado; además, la víctima no solicitó medidas de protección a la Estación de Policía de Murillo o ante los mandos su periores, ni a título personal, ni como funcionaria perteneciente a la Administración Municipal de Murillo.

Explicó que la entidad brindó apoyo oportuno a la señora Luz Yaneth Salinas Salinas y a las autoridades locales cuando así lo requirieron en relación con el presente asunto. Indicó que en ningún momento la víctima denunció el caso ante las autoridades, ni solicitó la prestación del servicio de seguridad , para que la responsabilidad le fuera atribuible por omisión si no lo hubiere hecho, o haciéndolo hubiere sido inoportuna o ineficaz; de manera que el hecho sucedido es atribuible al hecho determinante y exclusivo de un tercero como lo es José Tirzo Torres Rincón.

Por otra parte, solicito vincular al proceso al municipio de Murillo , Tolima, porque las inspecciones de Policía Local dependen directamente de la entidad territorial. En consecuencia, propuso las excepciones que denominó i. Culpa exclusiva de un tercero ajeno a la administración; y ii. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio al Municipio de Murillo (Archivo pdf 01.004-2013-00938 (…), páginas 327 a 341, del

ajeno a la administración; y ii. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio al Municipio de Murillo (Archivo pdf 01.004-2013-00938 (…), páginas 327 a 341, del expediente digital).

Municipio de Murillo Mediante apoderado judicial contestó la dema nda señalando que algunos hechos le constan, otros no, y oponiéndose a cada una de las pretensiones de la demanda. Propuso la excepción que denominó i. Falta de legitimación en la causa por parte del sujeto pasivo de la litis.

Refirió que conforme al artículo 151 del Código de Policía del Tolima la Inspectora de Policía de Murillo recepcionó la queja formulada por la señora Luz Yaneth Salinas Salinas, surtiendo en debida forma el procedimiento, lo que dio como resultado la imposición de multa a José Tirzo Torres Rincón mediante Resolución No. 001 de 9 de agosto de 2010.

Explicó que las inspecciones de Policía Municipal carecen de poder de Policía, y que las atribuciones legales a hechos que revisten la característica de un delito son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación conforme al articulo 3.7 del decreto 2699 de 1991 que indica que la entidad tiene como función “velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso ”, la cual no es extensiva al alcalde municipal, ni al Inspector Municipal de Policía . Tampoco está acreditado que so bre el particular sehubiere presentado denuncia ante la autoridad competente (Archivo pdf 02.004-201300938 CUADERNO PRINCIPAL TOMO II, páginas 73 a 80, del expediente digital).

Nación – Rama Judicial (Fls. 484 a 486 del cuaderno ppal No. 2) La entidad contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, sin pronunciarse respecto de los hechos. Propuso las excepciones que denominó i. Inexistencia de perjuicios, y ii. Innominada o genérica.

Refirió que la actuación de la entidad no ocasionó el posible daño que la parte demandante alega; sus actuaciones no se apartaron del ordenamiento jurídico penal vigente, ni se dejaron de aplicar las normas procedimentales pertinentes, además las actuaciones se surtieron con celeridad y se garantizó el debido proceso (Archivo pdf 02.004-2013-00938 CUADERNO PRINCIPAL TOMO II, páginas 183 a 187, del expediente digital).

La Previsora S.A Compañía de Seguros - Llamada en garantía Contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. En relación con los hechos indicó que algunos no le constan, y otros deberán demostrarse.

Adujo que la Policía Nacional y el Municipio de Murillo no son responsables del daño alegado por la parte demandante por cuanto no se demostró que hubieren obrado con impericia, imprudencia, negligencia u omisión. Propuso las excepciones que denominó

1. Ausencia de responsabilidad del Municipio de Murillo en los hechos demandados , la cual hizo consistir en que el Decreto 1740 de 2010 establecía los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentre n en riesgo extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o

cual hizo consistir en que el Decreto 1740 de 2010 establecía los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentre n en riesgo extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. De acuerdo con ello, la víctima de las amenazas , debió poner las en conocimiento de la autoridad competente , así como el riesgo frente al cual estaba sometida; ii. Indebida valoración de los daños y perjuicios . Daños materiales y/o económicos, afirmó que la parte demandante no realiz ó una cuantificación razonada de los daños y perjuicios, además que no aportó las pruebas que los sustenten ; iii. Daños morales, solicitando que se tenga en cuenta la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre el reconocimiento del perjuicio moral en l a materia. Agregó que la póliza mediante la cual se hace el llamamiento en garantía, no cubre los riesgos materia de la demanda, dado que tiene unos amparos definidos y que solo pueden ser reclamados por los beneficiarios de la persona asegurada (Archivo pdf 02.004-2013-00938 CUADERNO PRINCIPAL TOMO II, páginas 109 a 116, del expediente digital).

Nación – Fiscalía General de la Nación No contestó la demanda.

Providencia apelada Es la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2020 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Luego de hacer un análisis profuso sobre el feminicidio, la discriminación contra la mujer y una visión garantista a partir de los instrumentos internacionales, desarrolló el estudio

demanda.

Luego de hacer un análisis profuso sobre el feminicidio, la discriminación contra la mujer y una visión garantista a partir de los instrumentos internacionales, desarrolló el estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado en el presente asunto.

Así, señaló que el daño antijurídico se concretó con la muerte violenta de Luz Yaneth Salinas Salinas por impactos de proyectil de arma de fuego tipo escopeta. A continuación, indicó que la víctima venía siendo objeto de amenazas, maltratos y agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de José Tirzo Torres Rincón (expareja) quien la asediaba constantemente, y por lo menos desde hace un año anterior a la muerte; y que pese a quela víctima denunció esos hechos ante las autoridades públicas (Policía Nacional, Inspector de Policía, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial), estas no le brindaron ni le garantizaron protección a su integridad y vida.

En ese sentido, expuso que la víctima para el momento de la muerte tenía la calidad de Concejal del Municipio de Murillo , por lo que existe un deber especial de protección a cargo del Estado en relación con personas que por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan lo requieren (como la calidad anunciada), aún si no han solicitado formalmente protección a las autoridades . Además, fue víctima por razón del género, estaba en indefensión frente a la violencia que sobre ella ejercía su expareja.

Agregó, que la actividad de las autoridades públicas involucradas que tuvieron conocimiento de los hechos denunciados por la víctima fue insuficiente (inacción), tanto

sobre ella ejercía su expareja.

Agregó, que la actividad de las autoridades públicas involucradas que tuvieron conocimiento de los hechos denunciados por la víctima fue insuficiente (inacción), tanto que, pese a que los hechos del agresor iban más allá de unas lesiones personales, no se indagaron, y por el contrario, el agresor no tuvo ninguna restricción o limitación a su libertad continuando con la afectación a la integridad de la víctima ; tanto, que el victimario materializó sus intenciones (feminicidio) que de forma pública y ante las autoridades públicas reveló. Las autoridades públicas demandadas no adoptaron medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos, ni para investigar y castigar todos los actos de violencia cometidos contra la víctima. En consecuencia, halló demostrado que las autoridades demandadas incurrieron en graves omisiones (falla del servicio por omisión del deber de protección) que permitieron el feminicidio, lo que dio lugar a la condena solidaria de los perjuicios ocasionados.

De este modo reconoció en favor de todos los demandantes perjuicios morales , y perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante (futuro y consolidado) para los hijos de la víctima; denegó el reconocimiento del daño a la vida de relación, no obstante, en su lugar adoptó medidas de reparación integral no pecuniarias de tipo restitutivo por afectaciones a los Derechos Humanos, consistentes en i. reconocimiento de la falla del servicio y disculpas públicas por parte de las autoridades públicas; ii. exhortar a las autoridades para el inicio de investigaciones disciplinarias contra los agentes del Estado;

afectaciones a los Derechos Humanos, consistentes en i. reconocimiento de la falla del servicio y disculpas públicas por parte de las autoridades públicas; ii. exhortar a las autoridades para el inicio de investigaciones disciplinarias contra los agentes del Estado; iii. adopción de medidas de capacitación, corrección, en orden al respeto de la vida y no discriminación de la mujer, con ocasión de los hechos ocurridos.

A su turno, denegó las pretensiones contra la entidad llamada en garantía, por cuanto la muerte de la víctima se produjo por motivos diferentes al desempeño de sus funciones propias como Concejal del Municipio de Murillo, por lo que la póliza por seguro de muerte según el amparo contratado no se puede hacer efectiva. Declaró no probadas las excepciones hecho de un tercero propuesta por la Policía Nacional; falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio de Murillo ; y culpa exclusiva de la víctima propuesta por la llamada en garantía. Por último, condenó en costas de forma solidaria a la parte demanda (Archivo pdf 02.SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(…), del expediente digital).

Recurso de apelación - parte demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía NacionalIndicó que desde el 21 de marzo de 2010, la víctima venía siendo objeto de amenazas y agresiones de forma continua por parte de José Tirzo Torres Rincón, lo que dio lugar a algunas actuaciones judiciales y administrativas en su contra.

Expuso que de acuerdo con los medios de prueba obrantes en el expediente, a la víctima se le instruyó sobre las medidas de seguridad personal y que le informara a la policía

algunas actuaciones judiciales y administrativas en su contra.

Expuso que de acuerdo con los medios de prueba obrantes en el expediente, a la víctima se le instruyó sobre las medidas de seguridad personal y que le informara a la policía sobre cualquier desplazamiento que realizara ; no obstante, no dio aviso acerca de su desplazamiento hacia el Alto de las Alegrías del Municipio de Murillo. Los testimonios de Ezequiel Moreno Sánchez, Esneider Castellanos Delgado, Marleny Ceballos Parra, Julián Hernández Ramírez dan cuenta de la relación y convivencia de la víctima con su agresor, y de los ataques y amenazas que este le generaba incluso de manera pública, y que la Policía de Murillo y la Fiscalía del Líbano n o prestaron la atención, ni protección requeridas. Los libros de minuta y de población de la Policía Nacional, dan cuenta de las agresiones y las amenazas en varias oportunidades hacia la víctima.

Pese a ello, no se configura la responsabilidad de la Policía Nacional porque dentro de sus competencias y de acuerdo con los medios que contaba desplegó la actuación que le era exigible como brindar medidas preventivas y de protección , agregando que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición que determine la presencia permanente, efectiva y real de la fuerza pública en todo el territorio nacional y para cada persona, de modo que el deber de protección y seguridad a cargo del estado no es absoluto.

Expuso que para que se configure la responsabilidad del Estado en asuntos como el presente la autoridad pública encargada debió omitir evaluar las situaciones de riesgo o de peligro exigibles. En este caso, la Inspectora de Policía de Murillo y la Fiscalía Local

Expuso que para que se configure la responsabilidad del Estado en asuntos como el presente la autoridad pública encargada debió omitir evaluar las situaciones de riesgo o de peligro exigibles. En este caso, la Inspectora de Policía de Murillo y la Fiscalía Local de Murillo tenían conocimiento de los hechos irregulares desde el año 2010 por lo que iniciaron las actuaciones administrativas y penales correspondientes, sin tomar medidas de fondo para brindarle protección a la víctima. En ese orden, y de conform idad con la Ley 575 de 2000, artículo 1, la víctima debió solicitar a la Comisaría de Familia o al Juez Civil o Promiscuo Municipal medida de protección inmediata respecto de la violencia intrafamiliar, lo que no ocurrió en este asunto; además, la Inspectora de Policía de Murillo debió haber remitido las diligencias a la Comisaría de Familia, fiscalía o juez promiscuo municipal para que estas autoridades solicitaran la medida de protección a la autoridad pertinente, lo cual no le corresponde a la Policía Nacional.

En esa línea, la medida de protección debe ser ordenada mediante providencia motivada por un juez de la república o comisario de familia. La Comisaría de Murillo y la Fiscalía, así no lo tramitaron, debiéndolo hacer. Tales entidades no pueden desligarse de su responsabilidad, con base en que la víctima solicitó directamente a la Policía Nacional la protección, porque a esas entidades también lo solicitó; los funcionarios de la Policía Nacional no son autoridades de policía, y solo estas últimas tienen la facultad de expedir normas de policía. Al respecto, la inspección de policía, la comisaría de familia o la fiscalía, no pueden pretender que la Policía Nacional encuadra en la definición de

Nacional no son autoridades de policía, y solo estas últimas tienen la facultad de expedir normas de policía. Al respecto, la inspección de policía, la comisaría de familia o la fiscalía, no pueden pretender que la Policía Nacional encuadra en la definición de autoridad de policía

Las autoridades (inspección de policía, fiscalía) omitieron dar el trámite correspondiente respecto de las medidas de protección, como por ejemplo un esquema de seguridad con escolta, y agotar de forma previa una valoración de los niveles de riesgo desde el mismo momento del conocimiento de los hechos. La Policía Nacional obró dentro de lo que estaba a su alcance orientando a la víctima con medidas de seguridad, autoprotección, y facilitando los medios para una comunicación efectiva. La Fiscalía debió actuar conforme al artículo 23 del Decreto 261 de 2000; no obstante, no hay evidencia de que hubiere realizado alguna evaluación del nivel de riesgo para poder tomar alguna medida de protección.

Por último, s eñaló que no debía ser condena en costas por cuanto la actuación de la entidad en el proceso no fue temeraria, abusiva, ni de mala fe; y reiteró que la muerte de la víctima fue consecuencia del actuar exclusivo y determinante de un tercero, y no de laPolicía Nacional la que en todo momento fue diligente , por lo cual solicita revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda (Archivo pdf 06. SUT. REC. APELACION P. 0938.13 LUIS GONZAGA , del expediente digital).

Nación - Fiscalía General de la Nación: Indicó que en la actualidad existe una dependencia de la Fiscalía General de la Nación

digital).

Nación - Fiscalía General de la Nación: Indicó que en la actualidad existe una dependencia de la Fiscalía General de la Nación encargada de brindar protección y asistencia integral a los testigos y v íctimas que intervienen en el proceso penal que aporten información que lleve a una investigación penal exitosa y que con ocasión a esa colaboración que prestaron sean amenazados o sufran un riesgo alto, por lo que la adopción de medidas de protección buscan garantizar la vida e integridad de las personas vinculadas al programa de protección.

A los beneficios del programa se puede acceder por solicitud del testigo, víctima o interviniente procesal , autoridad judicial, policía judicial, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, y no se incluye a quienes ya estén protegidos por otro organismo estatal, ni a quienes no expresen su consentimiento para su inclusión. En el presente asunto, no obra prueba que acredite que la víctima estuviera inscrita en el programa descrito, para ser beneficiaria.

No hay nexo de causalidad entre la actuación de la Fiscalía General de la Nación y la muerte de la víctima, porque no se probó que su muerte tuviera relación con la información que ella le suministró a la entidad; además, la ocurrencia del hecho no se presentó por falta de atención de los agentes de la Fiscalía. Así pues, no hay lugar a solicitar ni a reconocer ningún tipo de indemnización. Manifestó que la Fiscalía General de la Nación no tiene entre sus funciones la guarda y seguridad de los ciudadanos, porque dichas actividades corresponden a otras entidades; además la entidad solo otorga protección a las víctimas, testigos o intervinientes en el proceso penal, siempre que sus actuaciones sean eficaces.

seguridad de los ciudadanos