TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2020-00119-02 (20-02-2025)

Ibagué, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación No.

Interno No: 73001-33-33-004-2020-00119-02

2020-00438

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Carlos Rodolfo Mariño Cubides

Demandado: Tema: NaciónFiscalía General de la Nación Bonificación judicial

I. ASUNTO A DECIDIR De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A y de lo C.A. procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero de la parte demandada en contra de la sentencia del 31 de mayo de 2024, proferida por el Juzgado 404

Administrativo Transitorio de Nei va, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda, el demandante formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERA. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativo, previamente a declarar que el artículo 1° del Decreto 0382 del 6 de marzo de 2013 y el artículo 1° del Decreto 022 del 9 de enero de 2014, es inaplicable en lo que respecta a la frase “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de la cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud..” para este caso concreto por ser contrario a la constitución, a la ley en forma manifiesta, lesionando los derechos laborales de la parte demandante.

1. El Acto Administrativo contenido en el Oficio No.31500-01763 del 24 de octubre

concreto por ser contrario a la constitución, a la ley en forma manifiesta, lesionando los derechos laborales de la parte demandante.

1. El Acto Administrativo contenido en el Oficio No.31500-01763 del 24 de octubre de 2017, proferido por la Fiscalía General de la Nación, con el cual se le negó a mi prohijado, el reconocimiento, reliquidación y pago de todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, teniendo como base de liquidación el 100% del sueldo básico mensual legal, más la bonificación judicial con carácter y efectos salariales (factor salarial), y el pago de las diferencias

1 Índice de descarga 3 cuaderno principal, expediente juzgado.Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

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existentes entre lo liquidado y lo que se le debe l iquidar, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 23525 del 7 de diciembre de 2017, proferido por la Fiscalía General de la Nación, con la cual se confirmó el acto administrativo y se negó consecu encialmente a mi asistido, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales que resulten de la reliquidación de sus prestaciones sociales, prestacionales y laborales incluyendo la bonificación judicial como factor salarial.

SEGUNDA: Que, a título de restablecimiento del derecho, se condenen a LA NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer y pagar a mi procurado, desde el

incluyendo la bonificación judicial como factor salarial.

SEGUNDA: Que, a título de restablecimiento del derecho, se condenen a LA NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer y pagar a mi procurado, desde el 1 de enero de 2013 y hasta la fecha en que se dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso y en adelante mientras permanezca vinculado, y que por razón del cargo tenga derecho, a la bonificación judicial, como agregado, adición o incremento a la remuneración básica mensual que hasta ahora no se le ha reconocido ni pagado, con carácter y efecto de fac tor salarial, para reconocer, reliquidar y pagar todas sus prestaciones sociales y salariales, entre ellas: la prima de servicios prestados, la primas de productividad, la bonificación por servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y sueldo de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, y demás emolumentos, prestaciones sociales y laborales, sobre los cuales tenga injerencia la bonificación judicial con carácter salarial, y que en el futuro establezcan o causen, durante la relación labora l que existe entre el demandante y la demandada, teniendo, eso sí, como base para la liquidación el cien por ciento (100% ) de su asignación salarial mensual, incluyendo en esta base de liquidación el monto de la “bonificación judicial”, por cuanto, la Fisc alía General de la Nación, no la ha tenido en cuenta para liquidar las prestaciones de los servidores de la entidad.

TERCERA: Que igualmente y a título de restablecimiento del derecho, se condene a La NaciónFiscalía General de la Nación, a reliquidar, reconocer y pagar a mi prohijado dese cuando adquirió el derecho, hasta la fecha en que dé cumplimiento a la sentencia,

La NaciónFiscalía General de la Nación, a reliquidar, reconocer y pagar a mi prohijado dese cuando adquirió el derecho, hasta la fecha en que dé cumplimiento a la sentencia, y en adelante mientras permanezca vinculado y que por razón del cargo tenga derecho, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su salario básico mensual legal, incluyendo en la base de liquidación lo correspondiente a la bonificación judicial, con carácter y efecto salarial.

CUARTA: Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NaciónFiscalía General de la Nación, reliquidar, reconocer y pagar a mi prohijado desde cuando adquirió el derecho , hasta la fecha en que dé cumplimiento a la sentencia, y en adelante mientras permanezca vinculado y que por razón del cargo tenga derecho, el valor de las diferenc ias, salariales, laborales y prestaciones existente, entre la liquidación que hasta ahora ha hecho la Administración y el valor que resulte de reliquidar todas sus prestaciones incluyendo con carácter y efecto salarial, la bonificación judicial prevista en el Decreto 0382 de 2013, y los que modificado este.Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

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QUINTA: Que, como consecuencia de lo anteriormente demandado, se ajusten y actualicen los valores reclamados de acuerdo al índica de preciso al consumidor, se

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QUINTA: Que, como consecuencia de lo anteriormente demandado, se ajusten y actualicen los valores reclamados de acuerdo al índica de preciso al consumidor, se reconozcan los intereses, de conformidad co n los arts. 187,189, y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTA: Hacer la declaraciones ultra y extra petita de los derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados.

SEPTIMA: Que se condene a la Fisc alía General de la Nación al pago de las costas procesales”.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada del demandante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así: ‐ El señor Carlos Rodolfo Mariño Cubides, se encuentra vinculado a la Fiscalía General de la Nación , desempeñando el cargo de Técnico Investigador II, en la Dirección Seccional Especializada contra las Violaciones a los Derechos HumanosTolima.

‐ Con ocasión a su vinculación con la entidad demandad a, fue favorecido por el Decreto 0382 del 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones y, desde el 01 de enero del año 2013, se inició con el pago de la mencionada bonificación.

‐ A partir de lo anterior, el señor Carlos Rodolfo Mariño Cubides ha percibido una remuneración mensual p or concepto de la denominada “bonificación judicial”, y un salario mensual como contra prestación por los servicios prestados, sin

‐ A partir de lo anterior, el señor Carlos Rodolfo Mariño Cubides ha percibido una remuneración mensual p or concepto de la denominada “bonificación judicial”, y un salario mensual como contra prestación por los servicios prestados, sin tenerse en cuenta la bonificación judicial como factor salarial, para efectos legales en lo correspondiente a la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales.

‐ En consecuencia, mediante petición solicitó a la Fiscalía General de la Nación la reliquidación de sus prestaciones con la inclusión de la referida bonificación judicial como factor salarial , petición esta que fue despachada desfavorablemente por la entidad.

3. Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido la apoderada de la Fiscalía General de la Nación descorrió traslado de la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento d e un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 del 2013.

2 Índice de descarga 3 cuaderno principal expediente juzgado. 3 Índice de descarga 21 cuaderno principal expediente juzgado.Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

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Señaló que la nivelación salarial ordenada en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estaba sujeta a ningún referente porcentual para la nivelación y ajuste de las asignaciones

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Señaló que la nivelación salarial ordenada en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no estaba sujeta a ningún referente porcentual para la nivelación y ajuste de las asignaciones salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Resaltó que, el Decreto 382 de 2013 no tuvo origen en una iniciativa gubernamental sino en un acuerdo de voluntades, que responde a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las agremiaciones sindicales quienes estuvieron de acuerdo en que la naturaleza de factor salarial era únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Después de realizar un análisis a los apartes de las actas que se elevaron con ocasión de la negociación colectiva, concluye que es incontrovertible el hecho de que la bonificación judicial del artículo 1 del Decreto 282 de 2013 no constituye factor salari al; únicamente lo será como base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y Salud, por lo que no puede ser considerado ilegal, ni tampoco un indebido ejercicio de las competencias del ejecutivo. En ese sentido, indicó que si se consideraba que esas negociaciones no cumplieron a cabalidad con los compromisos de nivelación debía haber demandado la constitucionalidad del Decreto mediante una acción de inconstitucionalidad. Adicionalmente, señala que se estaría afectando directamente el mandat o de sostenibilidad fiscal en razón a que se deberá disponer de recursos públicos no previstos para solventar unos gastos que el Gobierno Nacional, como emisor de la normatividad en ningún momento

Adicionalmente, señala que se estaría afectando directamente el mandat o de sostenibilidad fiscal en razón a que se deberá disponer de recursos públicos no previstos para solventar unos gastos que el Gobierno Nacional, como emisor de la normatividad en ningún momento concibió, puesto que precisamente se limitó el carácter sal arial de la bonificación judicial conforme los recursos disponibles en dicho momento, por lo que la ampliación demandada rompería el equilibrio entre disponibilidad de recursos y gastos de la Nación, produciendo una crisis fiscal. Lo anterior de conformida d con los literales h, e, i del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

4. La sentencia apelada4.

Lo es la proferida el pasado 31 de mayo de 2024, por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, condenando a la Fiscalía General de la Nación en virtud de la Ley 4 de 1992 a reliquidar y pagar a favor del señor Carlos Rodolfo Mariño Cubides todas las prestaciones sociales desde el 1 de enero de 2013, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial mientras perdure su vinculación laboral con la entidad demandada. Analizada la situación fáctica encontró probado que el señor Carlos Rodolfo Mariño Cubides ha estado vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde el 18 de noviembre de 1996 y, a la fecha de la certificación, desempeñaba el cargo de técnico investigador II en la dir ección seccional especializada contra violaciones a los derechos humanosTolima. A partir de lo anterior y a la luz de la normatividad aplicable, señaló el a-quo que el ejecutivo

seccional especializada contra violaciones a los derechos humanosTolima. A partir de lo anterior y a la luz de la normatividad aplicable, señaló el a-quo que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria, pues el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación y por el cual se profirió el Decreto 382 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional

4 Índice de descarga 5 expediente SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

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de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, a partir del año 2013, desbordando sus límites competenciales al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales y desconociendo que la nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad e igualdad, es decir, sin importar el régimen al cual pertenezcan la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 debe ser reconocida a los empleados y funcionarios de la FGN. Resaltó que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de 1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de c otización del Sistema de Seguridad Social en Pensión y Salud, es evidente la

misma Ley 4 de 1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de c otización del Sistema de Seguridad Social en Pensión y Salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales, por lo que encontró que la norma aplicada es inconstitucional e ilegal; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores esta blecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “ y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema Ge neral de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo 1° del decreto 382 de 2013 , porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales. Merced de lo anterior, consideró fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y en consecuencia accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial en la liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a favor del actor. Por otro lado, en el estudio de prescripción respecto de la mentada bonificación, determinó que, la obligación de reconocer y pagar la bonificación judicial al demandante, se hizo exigible a partir del 1 de enero de 2013 y, que al haber solicitado la reliquidación el 2 de octubre de

que, la obligación de reconocer y pagar la bonificación judicial al demandante, se hizo exigible a partir del 1 de enero de 2013 y, que al haber solicitado la reliquidación el 2 de octubre de 2017, había operado la prescripción trienal, razón por la cual, ordenó a la entidad demandada a reliquidar las prestaciones sociales de l actor, desde el 1 de enero de 2013, en los periodos que haya estado efectivamente vinculado, incluyendo a la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 2 de octubre de 2014 y mientras perdure su vinculación laboral con la Fiscalía General de la Nación.

5. Recurso de apelación5.

Inconforme con la decisión precedente, la Fiscalía General de la Nación, mediante vocero judicial, solicitó fuera revocada la sentencia de primera instancia al considerar que, el Decreto 382 de 2013 es producto de la facultad otorgada por la Constitución (Art. 150) y la Ley (4ª de 1992) por lo que, bajo el principio de legalidad, dicha disposición goza de plena validez . Partiendo de lo anterior, indicó que, si bien la nivelación salarial fue ordenada por medio del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la misma no fue sujeta a ningún re ferente

5 Índice de descarga 18 expediente SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

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porcentual para la nivelación y ajust e de las asignaciones salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

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porcentual para la nivelación y ajust e de las asignaciones salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Aunado a ello, citando jurisprudencia del Consejo de Estado precisó que el Decreto 382 del 2013 lejos de vulnerar los preceptos indicados por el accionante se ajusta con rigor a los bloques de constitucionalidad y legalidad, así como al Acuerdo realizado con los representantes de las organizaciones de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, enfatizando que en ninguna de las nomas que fundamentan y desarrollan el mentado Decreto se indica que todo lo que devenga un trabajador deba ser considerado para liquidar los factores salariales y prestacionales. Estableció que, en el presente asunto se demuestra la ineptitud sustantiva de la demanda al no integrarse una proposición jurídica completa en tanto los Acuerdos que dieron lugar a la expedición del Decreto 382 de 2013 (Acuerdo del 6 de Noviembre de 2012 y Acta No. 25 del 8 de ener o de 2013) no fueron demandados en la presente causa, ni han sido declarados nulos, y se encuentran vigentes, impidiendo que sean desconocidos por las Autoridades de la República, máxime cuando estos gozan de protección especial al tenor de los distintos Convenios de la OIT ratificados por la República de Colombia. Por otro lado, precisó que la configuración de la Bonificación como factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud s e encuadra dentro de la libertad de configuración de que gozan las autoridades legislativas y excepcionalmente las autoridades administrativas, cuando están revestidas de

de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud s e encuadra dentro de la libertad de configuración de que gozan las autoridades legislativas y excepcionalmente las autoridades administrativas, cuando están revestidas de facultades especiales, por lo que, es válido que su calificación como factor salarial esté dirigida únicamente para el sistema de pensión y salud, más no a otras áreas. Finalmente, concluyó que la entidad ha cumplido con lo señalado por el Decreto 382 de 2013, en tanto, le ha venido cancelando el salario y las prestaciones que se desprenden de la relación legal y reglamentaria sostenida entre señor Carlos Rodolfo Mariño Cubides y la Entidad, por lo que, el acto administrativo goza de plena presunción de legalidad pues, no le corresponde a la entidad cuestionar los Decretos expedido s por el Gobierno Nacional en uso de sus facultades constitucionales y legales, menos aun cuando los mismos son fruto de negociaciones con los trabajadores.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 9 de octubre de 2024 6 se admitió el recurso interpuesto por el apoderado de la entidad accionada, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 d el C. de P.A. y de lo C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES

6 Índice de descarga 27 expediente SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES

6 Índice de descarga 27 expediente SAMAI.Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

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1. Competencia.

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si los actos administrativos demandados, por medio de los cuale s se negó la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial creada por el Decreto 382 de 2013 para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación como factor salarial, se encuentran ajustados a derecho como lo con sidera el recurrente o si, por el contrario, los mismos se encuentran viciados de nulidad como lo sostiene el apelante y debe accederse a la pretensión tal como lo decidió el a-quo.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

‐ Del salario. En atención a los artícu los 257 y 53 8 de la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 en su

a-quo.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

‐ Del salario. En atención a los artícu los 257 y 53 8 de la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 en su artículo 152.7 señaló como derecho de todo empleado “Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna” . Aunado a ello y, de conformidad con el derecho internacional aplicable al caso en concreto, fueron ingresados a nuestro ordenamiento jurídico el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Colombia mediante Ley 74 de 1968 9, el cual en su artículo 7º estableció que, el derecho al trabajo es la garantía de un salario equitativo e igual por trabajo igual y la convención de Ginebra ratificada por Colombia a través de la Ley 54 de 1962 10 en la que señaló en su estatuto 95 en lo relativo a l a protección del salario, lo siguiente: “(…) el término "salario" significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar 11”.

7 “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en cond iciones dignas y justas”. 8 “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

tiene derecho a un trabajo en cond iciones dignas y justas”. 8 “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo ; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales ; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favor able al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 9 https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1622486 10 https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1607580 11 https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312240Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

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Postulado que fue acogido por nuestro ordenamiento jur ídico en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990 12. Posteriormente, el artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1978, dispuso que, “(…) Además de la asignación básica

Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990 12. Posteriormente, el artículo 42 del Decreto Ley 1042 de 1978, dispuso que, “(…) Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferent es cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios (…)”. Por su parte la Corte Constitucional, en sentencia del C-521 de 1995, señaló: “El salario en la Constitución. En la Constitución el trabajo representa un valor esencial que se erige en pilar fundamental del Estado Social de Derecho, como se deduce del conjunto normativo integrado por el preámbulo y los Arts. 1o, 2o, 25, 39, 48, 53, 34, 55, 56 y 64, en cuanto lo reconoce como un derecho en cabeza de toda persona a pretender y a obtener un trabajo en condiciones dignas y justas, e igualmente como una obligación social, fundada en la solidaridad social. La Constitución no ha señalado reglas expresas y precisas que pe rmitan definir el concepto de salario, los elementos que lo integran ni sus efectos en la liquidación de prestaciones sociales. Por consiguiente, dichos aspectos corresponden a una materia que debe ser regulada por el legislador dentro de los criterios de justicia, equidad, racionalidad y razonabilidad, como se expresó en la sentencia C -470/9513, que necesariamente deben consultar los principios básicos que aquélla contiene, como son, entre otros, la igualdad, la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil

racionalidad y razonabilidad, como se expresó en la sentencia C -470/9513, que necesariamente deben consultar los principios básicos que aquélla contiene, como son, entre otros, la igualdad, la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, y la primacía de la realidad sobre la formalidad. La noción de salario, y particularmente su valor como retribución al servicio que se presta a un emple ador, representado en el principio: “A trabajo igual salario igual”, lo ha deducido la Corte de distintas normas de la Constitución, en diferentes oportunidades. (…). Teniendo en cuenta las reformas hechas por la Ley 50 de 1990 a los arts. 127, 128, 129, 130 y 132 del C.S.T., la regla general es que constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no a título gratuito o por mera liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, ni la s prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en especie, conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que según su naturaleza y por disposición legal no tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos

12 “ARTÍCULO 14. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

disposición legal no tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos

12 “ARTÍCULO 14. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: ARTÍCULO 127. Elementos integrantes. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servic io, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabaj o en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones” .Expediente No. 73001-33-33-004-2020-00119-01

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efectos, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente u oto