TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2020-00084-02 (27-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: ADRIANA LUCIA CERON QUINTERO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: BONIFICACIÓN JUDICIAL - DECRETO 383 DE 2013

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo señalado en Auto del 24 de febrero de 2025 , por medio del cual se declaró fundado el impedimento presentado por el Doctor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, se procede a integrar Sala con el Magistrado que sigue en turno, esto es, el Doctor José Andrés Rojas Villa

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la entidad demandada, contra la sentencia proferida el día 28 de junio de 2024, mediante la cual el Juzgado 404 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE NEIVA accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora ADRIANA LUC IA CER ON QUINTERO , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA

JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL ,

elevando las siguientes:

apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA

JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL ,

elevando las siguientes:

PRETENSIONES

“PRIMERA: Que se declare la NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio N°DESAJIB019-1211 del 10 de mayo del año 2019, expedido por el Director Ejecutivo de la rama judicial, por el cual se resuelve unaExpediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: ADRIANA LUCIA CERON QUINTERO

Demandado: LA NACIÓN -RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL

2 petición de reconocimiento y cancelación de inclusión de la bonificación judicial como factor salarial dentro de la liquidación de las prestaciones sociales de la señora ADRIANA LUCIA CERON QUINTERO.

SEGUNDA: Se declare la EXISTENCIA del acto ficto o presunto producto de la no respuesta al recurso de apelación interpuesto el día 14 de MAYO del año 2019, contra el acto administrativo N°DESAJI80191211 del 10 de MAYO del año 2019.

TERCERA: Se declare la NULIDAD del acto ficto o presunto producto de la no respuesta al recurso de apelación interpuesto el día 14 de MAYO del año 2019, contra el acto administrativo N' DESAJI8019-1211 del 10 de MAYO del año 2019.

de la no respuesta al recurso de apelación interpuesto el día 14 de MAYO del año 2019, contra el acto administrativo N' DESAJI8019-1211 del 10 de MAYO del año 2019.

CUARTA: De igual forma se proceda a INAPLICAR el artículo 1' del Decreto 0383 del 2013 , párrafos finales que establecen "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", por ser visiblemente ILEGAL e INCONSTITUCIONAL.

QUINTA: Solicito se EXTIENDA el valor de la Bonificación judicial establecida en el Decreto N° 0383 de 2013, para que sea incluida como factor prestacional para la liquidación de la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios prestados. Y derechos laborales que por disposición legal o Constitucional, tiene derecho e l convocante, teniendo en cuenta que es pagada de manera periódica y se recibe de forma habitual.

SEXTA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y en restablecimiento del derecho solicito se proceda A RELIQUIDAR las prestaciones sociales, tales como primas de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, prima de productividad, bonificación por servicios, y demás derechos laborales o Constitucionales, desde el 01 de enero del año 2013 , hasta cuando se haga Efectivo el pago, con la inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL, de forma indexada.

SEPTIMA: Que las sumas reconocidas sean debidamente AJUSTADAS,

haga Efectivo el pago, con la inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL, de forma indexada.

SEPTIMA: Que las sumas reconocidas sean debidamente AJUSTADAS, según lo dispone el inciso del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011C.P.A.C.A. (…)”

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOSExpediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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Demandante: ADRIANA LUCIA CERON QUINTERO

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JUDICIAL

3 “PRIMERO: Mi poderdante la señora ADRIANA LUCIA CERON QUINTERO, se encuentra vinculado a la Rama judicial, desde el 30 de Enero de 2013, en el Cargo de secretario circuito, ejerciendo sus funciones en el juzgado 002 penal del circuito, con funciones de conocimiento de lbagué.

SEGUNDO: En la actualidad mi poderdante ocupa el Cargo de secretario circuito, en el juzgado 002 penal de l circuito, con funciones de conocimiento de lbagué.

TERCERO: En la actualidad el señor ADRIANA LUCIA CERON QUINTERO„ devenga una asignación básica de tres millones doscientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos mcte ($3.204.447.00), y la sum a de dos millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos m.c.t ($2.538.847.00).

cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos mcte ($3.204.447.00), y la sum a de dos millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos m.c.t ($2.538.847.00).

CUARTO: Mi poderdante ha permanecido vinculado a la Rama judicial de manera continua y permanente durante todo este lapso de tiempo (6 años 11 meses), desempeñando las labores con los más altos estándares de calidad, mostrando un desempeño ejemplar y eficiente.

QUINTO: Mí poderdante fue favorecido por el Decreto 0383 de 2013 , por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama judicial y de la justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones y desde el 01 de enero del año 2013 , se inició el pago de las bonificaciones establecido en el mencionado Decreto, sin embargo esta bonificación no ha sido tenida en cuenta como factor prestacional salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión.

SEXTO: La bonificación judicial es recibida de forma mensual por parte de mi poderdante, por lo que se considera de que es habitual, y de acuerdo a los últimos pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado y de la Honorable Corte ROFESIONALES ce justicia - Sala Laboral, han indicado que todo lo que reciba el trabajador de forma permanente o habitual constituye salario y hace parte integral del mismo, por lo que dicha bonificación debe ser incluida en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

SEPTIMO: Mi poderdante radic ó el día 25 de ABRIL del año 2019 , reclamación administrativa ante el Director de la Rama Ejecutiva con

bonificación debe ser incluida en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

SEPTIMO: Mi poderdante radic ó el día 25 de ABRIL del año 2019 , reclamación administrativa ante el Director de la Rama Ejecutiva con código EXTDESAJIB192360, con el fin de que se le reconociera y pagara la reliquidación de las prestaciones sociales por la no inclusión en su liquidación de la BONIFICACION JUDICIAL.Expediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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JUDICIAL

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OCTAVO: Posteriormente la rama judicial procede a dar respuesta mediante el oficio N' DESAJIB019-1211 del 10 de MAYO del año 2019 y, en donde se procede a NEGAR lo pretendido.

NOVENO: Contra dicho acto administrativo se interpuso recurso de apelación, el día 14 de MAYO del año 2019 con código EXTDESAJIB192776.

DECIMO: mediante resolución N DESAJIB019-1737 del 27 de JUNIO del 2019, se procede a conceder el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo ya mencionado

DECIMO PRIMERO: A la fecha de radicación de esta demandada no ha resuelto el recurso de apelación, configuránd ose con ello el silencio administrativo negativo.

DECIMO SEGUNDO: Solicito se tenga en cuenta el fallo proferido por el

DECIMO PRIMERO: A la fecha de radicación de esta demandada no ha resuelto el recurso de apelación, configuránd ose con ello el silencio administrativo negativo.

DECIMO SEGUNDO: Solicito se tenga en cuenta el fallo proferido por el juzgado 19 Administrativo del Circuito judicial de Bogotá de fecha 21 de junio de 20171en el cual procede a incluir dentro de la liquidación de las prestaciones sociales la bonificación judicial, como factor salarial.

DECIMO TERCERO: Téngase en cuenta de igual forma el fallo de fecha 17 de julio de 2017, proferido por el juzgado Noveno Administrativo del Circuito de lbagué, en el cual procedió a incluir la BONIFICACION JUDICIAL, dentro de la liquidación de las prestaciones sociales del señor

AUDIEL OSPINA DEVIA.

DECIMO CUARTO: Solicito se tenga en cuenta el fallo proferido por el juzgado AD HOC Administrativo del Circuito judicial de Bucaramanga de fecha 18 de septiembre de 2017, siendo demandante la señora

JOVANNA PATRICIA GARZON, contra LA NACION, FISCALIA GENERAL DE LA NACI ON, radicado 680013333001 -2015-00090-01, en el cual procede a incluir dentro de la liquidación de las prestaciones sociales la bonificación judicial, como factor salarial. (…)”

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante apoderado judicial el 5 de septiembre de 2022, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL presentó contestación a la demanda extemporáneamente según la constancia secretarial1, por lo que no se tuvo en cuenta para la decisión.

JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL presentó contestación a la demanda extemporáneamente según la constancia secretarial1, por lo que no se tuvo en cuenta para la decisión.

1 Índice 00022 del Expediente del Juzgado.Expediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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Demandante: ADRIANA LUCIA CERON QUINTERO

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JUDICIAL

5 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia proferida el día 28 de junio de 2024 , el Juzgado 404 Administrativo Transitorio De Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta el marco normativo, dando aplicación al precedente vertical, y en una interpretación amplia de los derechos de los trabajadores; el despacho considera que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salaria l para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013.

De esta manera, se colige que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria2 , pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la

a partir del año 2013.

De esta manera, se colige que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria2 , pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestac iones sociales de sus beneficiarios. Porque como se señaló, desconoció que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad, y no, desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

Vale resaltar que la bonificación ju dicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de

1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del sistema de seguridad social en pensiones y salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales de las rel aciones laborales.

Por ese motivo, dicha norma se torna inconstitucional e ilegal; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la constitución política, se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo 1° del decreto 383 de 2013, porque contrario a lo que afirma la

constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo 1° del decreto 383 de 2013, porque contrario a lo que afirma la

2 7 Corte Constitucional, sentencia C-1005 de 2008.Expediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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JUDICIAL

6 demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Merced a lo anterior, se impone declarar la existencia del acto ficto que se generó al omitir responder el recurso de apelación que formuló la actora el 14 de mayo de 2019, y su nulidad junto al oficio DESAJIBO 19 -1211 del 10 de mayo de 2019; al haberse desvirtuado la presunción de legalidad.

En consecuencia, se accederá a las pretensiones, en el sentido de incluir en la liquidación de las prestaciones sociales, la bonificación judicial como factor salaria (…)”

RESUELVE:

“PRIMERO. -DECLARAR  probada de oficio parcialmente la excepción de cobro de lo no debido, con relación a la reliquidación de las prestaciones reclamadas entre el 1° y el 29 de enero de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

cobro de lo no debido, con relación a la reliquidación de las prestaciones reclamadas entre el 1° y el 29 de enero de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. -DECLARAR probada de oficio parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 25 de abril de 2016, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO.- INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del decreto 383 de 201 3, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. - DECLARAR la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante el 14 de mayo de 2019 contra el oficio DESAJIBO 19-1211 del 10 de mayo de 2019.

QUINTO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESAJIBO 19 -1211 del 10 de mayo de 2019 y en el acto ficto negativo que se generó al no resolver el recurso de apelación interpuesto

QUINTO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESAJIBO 19 -1211 del 10 de mayo de 2019 y en el acto ficto negativo que se generó al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 14 de mayo de 2019, como se esboz ó en la parte motiva de esta providencia.Expediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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JUDICIAL

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SEXTO.-Como consecuencia de lo anterior y a t ítulo de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN-RAMA JUDICIALDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de la se ñora ADRIANA LUCIA CER ÓN QUINTERO identificada con c édula de ciudadan ía N ° 65.743.241, desde el 30 de enero de 2013, en los periodos que efectivamente haya estado vinculada a la Rama Judicial; todas las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial com o factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 25 de abril de 2016 (por prescripción trienal), y mientras perdure su vinculación laboral con la entidad. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

generado como consecuencia de la reliquidación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 30 de enero de 2013, deberán ser canceladas por la Rama Judicial al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de la demandante, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

SÉPTIMO. -Negar las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO. - NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia. (…)”

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada judicial de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque dicha decisión, manifestando que la decisión carece de fundamentos jurídicos y fácticos suficientes, y se aparta de las disposiciones normativas aplicables

Señala, que el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dispuesto en la sentencia de primera instancia, resulta contrario a lo establecido en el Decreto 383 de 2013 y 1269 de 2015, los cuales limitan expresamente su carácter salarial para efectos específicos de cotización al sistema de seguridad social, razón por la que dicha bonificación no puede

establecido en el Decreto 383 de 2013 y 1269 de 2015, los cuales limitan expresamente su carácter salarial para efectos específicos de cotización al sistema de seguridad social, razón por la que dicha bonificación no puede incluirse en las reliquidaciones ordenadas, ya que esto implicaría una interpretación extensiva y errada de la normativa vigente.Expediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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JUDICIAL

8 Afirma, que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º, razón por la que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramente estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Asimismo, alegó que las decisiones tomadas en el fallo desconocen principios básicos del derecho administrativo, tales como la congruencia de la sentencia y el respeto al marco presupuestal establecido, puesto que cualquier reconocimiento que implique afectaciones económicas no previstas presupuestalmente vulnera lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y otras normas de orden público que exigen disponibilidad presupuestal previa para la asunción de compromisos financieros por parte de las entidades públicas.

previstas presupuestalmente vulnera lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y otras normas de orden público que exigen disponibilidad presupuestal previa para la asunción de compromisos financieros por parte de las entidades públicas.

Finalmente, planteó que la decisión del juez de primera instancia incurrió en un posible fallo ultra o extra petita, al otorgar derechos no solicitados explícitamente en la demanda. Por esta razón, solicitó al tribunal revocar las órdenes contenidas en los numerales de la sentencia que exceden las pretensiones iniciales, por cuanto estas decisiones vulneran el principio de congruencia procesal, por lo que solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante Auto del 07 de noviembre de 2024 , se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandada, contra la sentencia proferida el día 28 de ju nio de 2024 3, del Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

3 Índice 00039 del Expediente Digital del JuzgadoExpediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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3 Índice 00039 del Expediente Digital del JuzgadoExpediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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Corresponde a esta Corporación determinar si a la parte demandante le asiste derecho al reconocimiento, pago y reliquidación de sus prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, creada mediante el Decreto 383 de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, o si, por el contrario, no le asiste derecho alguno, por haber sido reconocidas y liquidadas conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

MARCO NORMATIVO

La Constitución política de 1991, en su artículo 150 numeral 19 literal e, le atribuyó al Congreso de la República, la facultad para “ fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la fuerza pública”. En tal sentido, fue expedida la Ley 4 de 1992, “ Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Cong reso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en ’el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la

Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en ’el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”; la cual dispuso en el título I, artículo 1° literal b), lo siguiente:

“LEY 4 DE 1992

TÍTULO I.

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS

PÚBLICOS, DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL Y

DE LA FUERZA PUBLICA

ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organiza ción Electoral y la Contraloría General de la República; (...)”. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

En razón a la atribución conferida al Gobierno Nacional por mandato legal en materia salarial y prestacional, expidió el Decreto 57 del 07 de enero de 1993, por medio del cual, se estableció el Régimen Prestacional y Salarial deExpediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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10 los Servidores Públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar,

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10 los Servidores Públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, haciendo especial precisión frente al sistema de remuneración aplicable a los empleados públicos, determinando la existencia de dos sistemas a saber:

• El Régimen Salarial De Los Empleados Públicos Acogidos al Decreto 57 de 1993, aplicable a (i) quienes se vincularán al servicio con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente normatividad (07 de enero de 1993) y (ii) aquellos que, con antelación al 28 de febrero de 1993, optarán por una sola vez por el Régimen Salarial y Prestacional establecido en el Decreto en Cita.

• El Régimen Salarial De Los Empleados Públicos No Acogidos, aplicable a los Servidores Públicos que no optaran por el Régimen establecido en el Decreto 57 de 1993, los cuales continuarían rigiéndose por las normas legales existentes con antelación a la promulgación del Decreto expedido por el Gobierno Nacional.

De otra parte, en el Parágrafo del Artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el legislador le otorgó la potestad al Gobierno Nacional para que revisara el sistema de remuneración de los servidores públicos de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasif icación, atendiendo criterios de Equidad, con el propósito que se iniciara la fase de nivelación salarial para dichos funcionarios. Sobre el particular, establece la disposición normativa referenciada lo siguiente:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior

propósito que se iniciara la fase de nivelación salarial para dichos funcionarios. Sobre el particular, establece la disposición normativa referenciada lo siguiente:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados an te la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de le nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.Expediente: 73001-33-33-005-2020-00084-02

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En desarrollo de tal disposición legal, el Presidente de la República expidió

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11

En desarrollo de tal disposición legal, el Presidente de la República expidió el Decreto 383 del 06 de marzo 2013, “por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”, disponiendo en el Artículo Primero lo siguiente:

“DECRETO 383 DE 2013”

(Marzo 06) Por el cual se crea una bonificación judicial pare los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señalados en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1: Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y' prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto ni mero 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones v al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Parágrafo. La bon ificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2044 de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento

Social en Salud.

Parágrafo. La bon ificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2044 de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básic as en el año 201 3 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2021, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del índice de Precios al Consumidor UPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la boni