TA TOL - Sentencia 73001-33-33-004-2023-00235-01 (13-02-2025)

Ibagué, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

RADICADO Nº: 73001-33-33-004-2023-00235-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: ELSY ESPERANZA CASTRO DE SUÁREZ

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL - FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

y DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Tema: SANCION MORA DOCENTE

I. ASUNTO A DECDIDIR

Procede la Sala Oral de decisión del Tribunal Administrativo del Tolima a desatar el recurso de alzada dentro del presente medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por ELSY ESPERANZA CASTRO DE SUÁREZ en contra de la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓNFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, previo agotamiento de las etapas descritas en la misma.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones.

1. Declarar l a nulidad de l acto administrativo contenidos en el oficio No.

TOL2022EE037225 del 20 de diciembre de 2022 , aclarado por el oficio TOL2023EE007985 del 22 de marzo de 2023, por medio de los cuales la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le negó al demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006.

Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le negó al demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006.

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No.

TOL2022EE037226 del 20 de diciembre de 2022, por m edio del cual el Departamento del Tolima le negó al demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006.

3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, condenar a las entidades demandadas a: i) reconocer y pagar a la demandante la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y en el parágrafo 57 de la ley 1955 de 2019, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo contados a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles desde la fecha de radicación de la solicitud de cesantías, o a partir del día siguiente a la ejecutoria por renuncia a términos de notificación del acto administrativoRADICADO Nº: 73001-33-33-004-2023-00235-01

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de reconocimiento, siempre y cuando ocurra antes del día hábil 70 y hasta

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de reconocimiento, siempre y cuando ocurra antes del día hábil 70 y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la prestación; ii) pagar a la accionante los ajustes de valor a que haya lugar sobre el valor resultante de la anterior condena, de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., aplicando la fórmula aceptada por el Consejo de Estado. Dicho reajuste deberá efectuarse desde la fecha en la que cesa la mora, que para el caso es 15 de julio de 2022 y hasta la ejecutoria de la sen tencia; iii) dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.; iv) pagar a la demandante los intereses moratorios desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de la sanc ión moratoria; y, v) pagar las costas procesales en los términos del artículo 188 del C.P.A.C.A.

2.- Fundamentos Fácticos.

1. Por laborar como docente al servicio del Departamento del Tolima, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías el 06 de septiembre de 2021 y a partir de ese momento, la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima contaba con el término de 15 días para expedir el acto administrativo de reconocimiento de la prestación y el FOMAG contaba con el término de 45 días hábiles siguientes a la expedición y notificación de dicho acto para pagar las cesantías, sin que dicho trámite pudiera exceder el término de 70 días.

contaba con el término de 45 días hábiles siguientes a la expedición y notificación de dicho acto para pagar las cesantías, sin que dicho trámite pudiera exceder el término de 70 días.

2. Señaló que lo anteriores términos vencieron el día 17 de diciembre de 2021; y, sin embargo , las cesantías le fueron reconocidas a la demandante mediante las Resoluciones Nos. TOLIMV2021000114 y TOLIMV2022000025, esta última por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición y fueron pagadas el 15 de julio de 2022, por medio de entidad bancaria.

3. Manifestó q ue la demandante radicó peticiones ante las Entidades demandadas solicitando el reconocimiento y pago de la san ción moratoria por el pago tardío de sus cesantías, conforme lo establece la Ley 1071 de 2006; sin embargo, sus peticiones fueron negadas a través de los actos administrativos que se demandan.

4. Reiteró que la demandante solicitó la liquidación y pago de sus cesantías el 06 de septiembre de 2021 , y sin embargo , la Secretaría de Educación Departamental adujo en su sistema una fecha diferente que no es correcta para generar confusión y dilatar los términos con el fin de evitar que se cause la sanción moratoria.

3. Contestación de la Demanda.

3.1. Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFiduprevisora S.A.

No contestó la demanda.

3.2. Departamento del Tolima : El apoderado de la Entidad demandad a sostuvo que el Departamento del Tolima no es el responsable del pago de las cesantías

No contestó la demanda.

3.2. Departamento del Tolima : El apoderado de la Entidad demandad a sostuvo que el Departamento del Tolima no es el responsable del pago de las cesantías definitivas o parciales de los docentes nacionales o nacionalizados, toda vez queRADICADO Nº: 73001-33-33-004-2023-00235-01

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ese deber recae en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Advirtió que, de acuerdo con la legislación que regula el reconocimiento de las cesantías del personal docente oficial, la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima actúa en representación del aludido Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magister io para efectos del reconocimiento de las cesantías, lo que quiere decir que no lo hace como una función propia sino en ejercicio de una delegación y el pago corre por cuenta de la Fiduprevisora S.A., que es la que administra los recursos de dicho Fondo.

III. TRAMITE PROCESAL

Presentado el proceso ante la Oficina Judicial el día seis (06) de junio de 2023, correspondió por reparto a l Juzgado Cuarto Administrat ivo de Oralidad , quien mediante auto de fecha 16 de junio del mismo año admitió la demanda, disponiendo la notificación a las entidades demandadas ; sin embargo , el Departamento del Tolima fue la única entidad demandada que procedió a dar contestación a la

mediante auto de fecha 16 de junio del mismo año admitió la demanda, disponiendo la notificación a las entidades demandadas ; sin embargo , el Departamento del Tolima fue la única entidad demandada que procedió a dar contestación a la demanda. Luego, mediante auto regulado en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 adicionad o por el artículo 41 de la Ley 2080 de 2021, el Juzgado de conocimiento fijó el litigio, saneó el proceso y decretó las pruebas solicitadas dentro del proceso, de manera anticipada. Posteriormente, mediante auto del 30 de enero de 2024 corrió traslado para alegar.

3.1 Alegatos de conclusión

3.1.1. Departamento del Departamento del Tolima : los presentó de manera extemporánea

3.1.2 Nación – Ministerio de Educación – FOMAG: No presentó alegaciones de cierre.

3.1.3. Parte Demandante:

Mediante apoderado judicial, la parte demandante señal ó que es evidente que la normatividad expuesta viene siendo burlada por parte de las entidades demandadas como quiera que la docente ELSY ESPERANZA CASTRO DE SUAREZ elevó solicitud de pago de cesantías el día 06 de septiembre de 2021, fecha a partir de la cual la entidad contaba con 70 días hábiles para efectuar el pago, venciendo dicho término el 17 de diciembre de 2022; sin embargo, la cancelación de la cesantía peticionada se llevó a cabo el 15 de julio de 2.022.

Con base en l o anterior solicitó se tenga como fecha de solicitud de cesantías parciales el día 06 de septiembre de 2021, señalando que la fecha que la Secretaría

peticionada se llevó a cabo el 15 de julio de 2.022.

Con base en l o anterior solicitó se tenga como fecha de solicitud de cesantías parciales el día 06 de septiembre de 2021, señalando que la fecha que la Secretaría aduce como tal, en el sistema de humano en línea, esto es 11 de octubre de 2021, dista de la realidad, teniendo en cuenta que la fecha que señala como prestación en estudio, es tan solo para generar confusión y dilatar los términos para evitar la causación de la mora y que quede registro en su sistema de la trazabilidad de la prestación, pero todo en beneficio de la entidad, pues es ésta, quien maneja todo el trámite, en detrimento de los intereses del accionante y en contravía de los términos regulados por ley para resolver sobre el reconocimiento y pago de la prestación.

5. La sentencia impugnada

Lo es la proferida el 26 de junio de 2021 por el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito de esta ciudad en la que accedió a las pretensiones de la demandante ,RADICADO Nº: 73001-33-33-004-2023-00235-01

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declarando la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio TOL2022EE037225 del 20 de diciembre de 2022 aclarado por medio del Oficio

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declarando la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio TOL2022EE037225 del 20 de diciembre de 2022 aclarado por medio del Oficio TOL2023EE007985 del 22 de marzo de 2023, expedidos por la NACIONMINISTERIO DE EDUCACION NACIONALFONDO NACIONAL D E PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO así como del acto administrativo contenido en el oficio TOL2022EE037226 del 20 de diciembre de 2022, expedido por el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, por medio de los cuales se negó el reconocimiento de la reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de la docente Elsy Esperanza Castro de Suárez, y se condenó al Departamento del Tolima al reconocimiento y pago de un (1) día de salario por cada día de retardo, a título de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, a razón de 120 días de mora, a favor de la docente demandante; y a la NACIÓN - MINEDUCACIÓN – FOMAG, al reconocimiento y pago de un (1) día de salario por cada día de retardo, a título de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, a razón de 89 días de mora, a favor de la misma docente, liquidados teniendo en cuenta la asignación básica devengada por la docente para la anualidad de 2021, sumas que se ordenaron indexar sobre la suma total causada por sanción moratoria, la cual se ordenó ajustar desde el día siguiente al que esta cesó y hasta

teniendo en cuenta la asignación básica devengada por la docente para la anualidad de 2021, sumas que se ordenaron indexar sobre la suma total causada por sanción moratoria, la cual se ordenó ajustar desde el día siguiente al que esta cesó y hasta la ejecutoria de la sentencia de primera instancia.

Indicó que para el despacho de primera instancia queda claro que la mora surgida dentro del trámite de solicitud de cesantías de los demandantes, lo fue con ocasión de la tardanza por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA en expedir el acto administrativo correspondiente y también de la Nación - Mineducación – FOMAG, por haber excedido el término contemplado en la Ley para realizar el pago, por lo que manifestó que sin mayor esfuerzo se debía condenar a esas entidades al pago de la sanción solicitada.

Expresó que atendiendo a los términos indicados se encuentra que el Departamento del Tolima deberá responder por el pago de un total de 120 días de mora y la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag por un total de 89 días de mora. La mora reconocida en la presente decisión corresponde al periodo comprendido entre el día siguiente a la fecha en que se debió pagar el dinero correspondiente al reconocimiento de las cesantías solicitadas y la fecha en que la entidad pagadora – FIDUPREVISORA S.A., realizó el pago de los dineros reconocidos, sin ser viable la posibilidad de alegar otro día más de sanción, teniendo en cuenta que se desconocen las circunstancias del cobro, que es el que prueba el extremo accionante a través del comprobante otorgado por el banco y que se realiza a través de un tercero beneficiario.

desconocen las circunstancias del cobro, que es el que prueba el extremo accionante a través del comprobante otorgado por el banco y que se realiza a través de un tercero beneficiario.

Exaltó en este aspecto que el efecto liberador del pago se produce, no con la notificación al accionante del pago, sino con la consignación a órdenes del acreedor de los dineros correspondientes, en la entidad bancaria designada por el docente, por lo que, para el Despacho a quo , la fecha de consignación corresponde inexorable y concluyentemente a la fecha de pago y a la de finalización del cómputo de la sanción que nos ocupa (artículos 1628 y s.s. del Código Civil).

Señaló que, por tratarse de cesantías parciales, se deberá tener en cuenta, para efectos de calcular la sanción moratoria, la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo, esto es, la asignación correspondiente al año 2021 para el caso del docente demandante.RADICADO Nº: 73001-33-33-004-2023-00235-01

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5. Fundamentos de la impugnación.1

5.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG

Indicó que las sentencias de unificación SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional

5. Fundamentos de la impugnación.1

5.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG

Indicó que las sentencias de unificación SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional y SUJ-012-S2 del Consejo de Estado, de los años 2017 y 2018, respectivamente, han sido adversa s a la posición inicialmente sostenida por la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en los casos relacionados con la sanción moratoria en el pago de las cesantías que imponen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Aseveró al respecto que las Altas Cortes determinaron que la sanción por mora s í es aplicable al pago de las cesantías del FOMAG, a pesar que no esté provisto en la Ley 91 de 1989 ni en la Ley 962 de 2005.

No obstante lo anterior, refirió que la presencia de pr oblemas operativos en las Entidades Territoriales impide el cumplimiento de los términos para proyectar las respectivas Resoluciones que reconocen las prestaciones sociales de los educadores nacionales afiliados al FOMAG; y que si bien es cierto, el Decreto 1272 de 2018, modific ó entre otras cosas el procedimiento para el reconocimiento de cesantías por parte de las entidades territoriales certificadas, ajustando los términos para resolver las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales del magisterio, la atención a las mismas está sujeta al turno de radicación, así como a la disponibilidad presupuestal para realizar el pago.

Agregó que teniendo en cuenta lo anterior, el Decreto 1272 de 2018 ajustó los términos del trámite de reconocimiento de l as cesantías a los quince (15) días

la disponibilidad presupuestal para realizar el pago.

Agregó que teniendo en cuenta lo anterior, el Decreto 1272 de 2018 ajustó los términos del trámite de reconocimiento de l as cesantías a los quince (15) días previstos en la ley 1071 de 2006, sin embargo, el trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, sigue igual, pero acortado en los términos para que la entidad territorial envíe a la sociedad Fiduciaria el proyecto de reso lución y para que esta apruebe o no, agregando que en la actualidad, el procedimiento para reconocer una prestación, incluyendo el pago de cesantías, es un procedimiento complejo que involucra a la Entidad Territorial y a la Fiduprevisora S.A., de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 962 de 2005.

Señaló que el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el Decreto 336 de 2019, y esta última en su artículo 57 reguló lo relacionado con la administración de los recursos del FOMAG, prohibiendo que con cargo a los recursos de dicho Fondo se paguen las sanciones mora en el pago de las prestaciones, e imponiendo responsabilidad directa a las secretarías de educación del ente territorial por la mora en el pago de las cesantías, concluyendo así que la solicitud de conocimiento de prestaciones debe presentarse ante la última entidad territorial en educación que haya ejercicio la facultad nominadora del afiliado.

Expresó que en el caso sub judice, nos hallamos frente a una sanción moratoria causada exclusivamente en el año 2020, y que en caso de existir sanción por mora, el responsable del pago sería el ente Territorial, SEC RETARÍA EDUCACIÓN por

Expresó que en el caso sub judice, nos hallamos frente a una sanción moratoria causada exclusivamente en el año 2020, y que en caso de existir sanción por mora, el responsable del pago sería el ente Territorial, SEC RETARÍA EDUCACIÓN por expreso mandato del canon 57 de la Ley 1955 de 2019.

Finalmente mostró su inconformidad respecto de la condena en costas, advirtiendo que solo resultan procedente su condena cuando en el expediente se pruebe de manera objetiva su cau sación, ya que en su ausencia no procede la misma, por cuando los argumentos de la defensa de la parte demandante fueron

1 DOC-No. 42 -Expte. Electrónico. Archivo 043ED_039_ME…MORIALWEB-RECURADICADO Nº: 73001-33-33-004-2023-00235-01

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eminentemente jurídicos, y según jurisprudencia del Consejo de Estado la condena en costas no es objetiva, razón por la cual el juez debe tener en cuenta la buena fe de la entidad respecto a sus actuaciones procesales.

IV CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia.

Esta Sala de decisión es competente para conocer y decidir la controversia propuesta a través del presente medio de control, por su naturaleza, por tratarse de una controversia laboral de un empleado público, y por los órganos que omitieron

1. Competencia.

Esta Sala de decisión es competente para conocer y decidir la controversia propuesta a través del presente medio de control, por su naturaleza, por tratarse de una controversia laboral de un empleado público, y por los órganos que omitieron proferir oportunamente los actos administrativos que se demandan, de conformidad con lo previsto en la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., así como lo dispuesto en los artículos 155 numeral 2º y 156 numeral 3º ibidem.

2. Problema Jurídico.

De conformidad con la fijación del litigio realizada en diligencia de audiencia inicial, el despacho deberá establecer sí, la docente Elsy Esperanza Castro de Suárez, tiene derecho a que las entidades demandadas según sus competencias le reconozcan y pague n la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, o sí, por el contrario, los actos administrativos acusados que negaron esta pretensión se encuentran ajustados a derecho.

3. Marco legal y Jurisprudencial:

La Ley 91 de 1989, "Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio", reguló lo concerniente a las prestaciones sociales tanto de los docentes nacionalizados como de los docentes nacionales. En tal sentido en su artículo 1°, distingue a los doce ntes nacionales de los nacionalizados, señalando que los primeros son los que se vinculan por nombramiento del Gobierno Nacional, y los segundos, son los que se vinculan por nombramiento de la entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 43 de 19757.

y los segundos, son los que se vinculan por nombramiento de la entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 43 de 19757.

Por su parte, el numeral 1° del artículo 15 establece que , a partir de su vigencia, el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule co n posterioridad al 1° de enero de 1990, se regirá de la siguiente manera:

• Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990, para los mismos efectos, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos de l orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley.

Puntualmente, frente a lo relacionado con las cesantías de los docentes de carácter nacional y vinculado a partir del 1 de enero de 1990, el numeral 3° ibídem, dispuso:

“3.- Cesantías:

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo conRADICADO Nº: 73001-33-33-004-2023-00235-01

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respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional."

Sobre el particular el Consejo de Estado, en sentencia del 25 de marzo de 2010, dictada dentro del proceso con radicación No. 63001 -23-31-000-2003-0112501(0620-09), Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, señaló:

"De manera particular, en lo que a las cesantías hace referencia, el numeral 3° de este mismo artículo señala que, a partir de su vigencia, para docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, dicho Fondo pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso

pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario promedio del último año. Y para los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1° de enero de 1990, el Fondo reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad , equ ivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Las cesantías del personal nacional docen te, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Se deduce entonces, que la Ley 91 de 1989 estableció un régimen que reguló la situación de los docentes, en atención al proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975 y que implicaba la existencia tanto de docentes vinculados por la Nación como de docentes que habiendo sido vinculados por una entidad territorial, serían nacionalizados.

Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de l a entidad territorial y los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1° de

Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de l a entidad territorial y los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

En lo que atañe a las cesantías de los docentes nacionalizados , se conservó el sistema de retroactividad para los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, de conformidad con la normativa vigente en la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se les apli caría un sistema anualizado de cesantías sinRADICADO Nº: 73001-33-33-004-2023-00235-01

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retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses". (Negrilla y Subrayado de la Sala).

No obstante lo anterior, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Ley 91 de 1989 no reguló el derecho de los docentes al reconocimiento y pago de esta prestación, y en esa perspectiva la sanción por mora en el pago de las cesantías es una figura creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportuno de las cesantías, pues a través del

en el pago de las cesantías es una figura creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportuno de las cesantías, pues a través del establecimiento de una sanción pecuniaria para las entidades públicas por la demora en el pago de esta prestación, se buscaba que estas expidieran la resolución de reconocimiento y pago en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.8

En este sentido, la Ley 244 de 1995 se ocupó de determinar los destinatarios de la sanción, fijar los términos para la liquidación; reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidor es públicos de los órganos y entidades del Estado; y establecer el término para que opere la respectiva sanción y su valor.9

Así, respecto al procedimiento y los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías, la norma indica que la administrac ión tiene 45 días para pagar la prestación solicitada. El término comienza a correr una vez han transcurrido 15 días desde la radicación de la petición, periodo en el que la administración debe emitir un pronunciamiento de fondo en el que reconozca o nieg ue el pago del auxilio de cesantía. A esos 60 días se suman 5 días más correspondientes al término de ejecutoria del acto de reconocimiento y liquidación, cuyo trámite debe agotarse en 65 días hábiles, y a partir del día 66, se reconocerá y pagará al bene ficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.

De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito

de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.

De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito de aplicación, pues mientras en la Ley 244 de 1995 establecía que los destinatarios de la norma eran los servidores públicos de todos los órdenes, en la nueva disposición se dijo que lo eran los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y agregó que para los mismos efectos, se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma transitoria o permanente, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

Igualmente, extendió los efectos de la sanción a la demora en el trámite del retiro parcial de las cesantías, pues la Ley 244 de 1995 solo se refería a las cesantías definitivas, y mantuvo los mismos términos para el trámite de reconocimiento y pago del auxilio de cesantía, así como el valor de la sanción moratoria por retardo en su pago.

Debe advertirse igualmen