TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2016-00238-02 (06-03-2025)

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Ibagué, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Ref. Expediente: Interno:

73001-33-33-005-2016-00238-02 0103-2024

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Justino Jiménez Roa

Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

I - ASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en contra de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2023 por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II - ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda, el demandante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA.- La declaratoria a través de la jurisdicción Contencioso Administrativa de la Nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el Oficio No. 000335 del 19 de abril de 2016 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital, por medio del cual se negó a mi mandante JUSTINO JIMEEZ [SIC] ROA el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación j udicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la Ley 4 de 1992 nivelación salarial a la

pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación j udicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la Ley 4 de 1992 nivelación salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidad con el artículo 3°, de la Ley 4 a de 1992 correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016 tal como lo solicitó a través de la suscrita abogada mediante escrito presentado el día 14 de abril de 2016 a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital. SEGUNDA.- Que como consecuencia de la declaración a que se refiere el numeral precedente, se CONDENE a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a ordenar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional a que tiene derecho mi mandante JUSTINO JIMÉNEZ ROA

1Índice de descarga 5 SAMAI. Fls. 23 y 25.73001-33-33-005-2016-00238-02 0103-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho Justino Jiménez Roa Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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como servidor de la Rama Judicial, teniendo en cuenta para ello lo establecido por el artículo 3°, de la Ley 4 a de 1992, y que consiste en la cancelación de las diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prestaciones económicas tales como Primas de Servicios, Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por los años 2013, 2014, 2015, 2016 y los años futuros, con fundamento

Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por los años 2013, 2014, 2015, 2016 y los años futuros, con fundamento en lo establecido en el artículo 3°, de la Ley 4a de 1992, la cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADOACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que deberá hacerse efectiva a partir del 1°. De enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presente esta demanda. TERCERA.- De igual modo, se ordenará la actualización de las condenad en los términos del artículo 195 del C.C.A dando aplicación a la siguiente formula:

En la que el valor presente ® se determina multiplicando el valor histórico (R.H), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia por el guarismo que resulte de dividir el índice Final del Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente en la fecha de firmeza de esta providencia por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso”.

2. Fundamentos fácticos.2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así:

1. Que el señor Justino Jiménez Roa se encuentra vinculado a la Rama Judicial

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así:

1. Que el señor Justino Jiménez Roa se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1985 hasta la fecha, labor que ha desempeñado de forma continua e ininterrumpida, ocupando actualmente el cargo de secretario del Juzgado Segundo de Familia de Ibagué.

2. Que en la Ley 4 de 1992, se establecieron los criterios y objetivos mediante los cuales cada año el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de Decretos.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en artículo 14 de la Ley 4° de 1992, el Gobierno Nacional reglamentó y fijó un monto del 30% salarial de la remuneración básica de los funcionarios judiciales, únicamente para los jueces y magistrados; excluyendo a los demás empleados de la rama judicial.

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4. Considera que, por derecho a la igualdad, dada su condición de secretario del juzgado Segundo de Familia, tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como parte para obtener la nivelación salarial y prestacional.

4. Considera que, por derecho a la igualdad, dada su condición de secretario del juzgado Segundo de Familia, tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como parte para obtener la nivelación salarial y prestacional.

5. En desarrollo de la Ley 4 de 1992 fue expedido el Decreto 383 de 2013 el cual creó la Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, sin embargo, se le despoja de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales.

6. Con su actuar la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, desconoce la definición jurídica de salario que c onsiste en la remuneración que paga el patrono al empleado o servidor público como retribución al servicio prestado.

7. El requisito de procedibilidad quedó agotado conforme se demuestra con la certificación dada por la Procuraduría 216 delegada para asuntos administrativos.

3.- Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la parte accionada descorrió traslado de la demandada, oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones.

No obstante que se opuso a la prosperidad de las pretensiones , los argumentos de defensa están relacionados con la prima especial establecida en el artículo 14° de la Ley 4° de 1992, y no frente al reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

Con fundamento en lo anterior, propuso como ex cepciones las denominadas: i) prescripción, y la ii) innominada.

Ley 4° de 1992, y no frente al reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

Con fundamento en lo anterior, propuso como ex cepciones las denominadas: i) prescripción, y la ii) innominada.

4.- La sentencia apelada4

Lo es la providencia proferida el 31 de octubre de 2023, mediante la cual el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda.

Analizada la normatividad aplicable al caso en concreto, el Juzgado de Instancia encontró acreditado que el señor Justino Jiménez Roa se encuentra vinculado laboralmente a la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1985, que a partir del año 2013 ha devengado la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013. Así como también, se encontró probado que el 14 de abril de 2016, solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial, como factor salarial, y que, a través del acto acusado, la demandada resolvió denegar su reconocimiento;

3 Índice de descarga 05 SAMAI. Fls. 79 a 83. 4 Índice de descarga 4 SAMAI. Fls 1 a 17.73001-33-33-005-2016-00238-02 0103-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho Justino Jiménez Roa Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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amparándose, en esencia, en el ejercicio de la facultad reglamentaria de la cual se encuentra investido el Gobierno Nacional.

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amparándose, en esencia, en el ejercicio de la facultad reglamentaria de la cual se encuentra investido el Gobierno Nacional.

Señaló el a-quo que, dando aplicación al precedente vertical, y en una interpretación amplia de los derechos de los trabajadores; el despacho considera que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profi rió el decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013. Por tanto, se colige que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria, pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios porque como se señaló, desconoció que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad, y no desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

Refirió que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de 1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del sistema de seguridad social en pensiones y salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas se desconocen los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales.

salarial para la base de cotización del sistema de seguridad social en pensiones y salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas se desconocen los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales.

En virtud de esto, dicha norma se torna inconstitucional; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad e irrenunciabilidad a derechos laborales, indicó que se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la palabra “únicamente” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y subsiguientes, que establece: “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud”, porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial sí constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

En consecuencia , declaró la nulidad del acto administrativo demandado y por ende, accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

5. Recurso de apelación5.

Inconforme con la decisión adoptada por el Juzgado de primera instancia, el apoderado judicial de Nación – Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia fechada el 31 de octubre de 2023, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, pues considera que los argumentos y consideraciones esbozadas por el Juez, no se adecuan a lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

pues considera que los argumentos y consideraciones esbozadas por el Juez, no se adecuan a lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

5 Índice de descarga 29 SAMAI. Fls. 1 a 7.73001-33-33-005-2016-00238-02 0103-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho Justino Jiménez Roa Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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El recurrente indica como fundamentos de su disenso, los siguientes:

“En cuanto al numeral TERCERO de la parte resolutiva, la Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, se opone, puesto, que el Oficio No. DSAJ 000335 del 19 de abril de 2016, emanado por el Director Seccional, corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están sometidas al imperio de la ley y obligadas a aplicar el derecho vigente al tenor lit eral de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

En cuanto al numeral CUARTO, no es posible extender la bonificación, puesto que esta NO constituye factor salarial, tal como lo exponen los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015, por lo que gozan de legalidad y a la fecha están vigentes. Por lo tanto, la Di rección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, se encuentra impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, con

la Di rección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, se encuentra impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, con base a las disposiciones y lineamientos otorgado por el Gobierno Nacional.

Es preciso afirmar con total seguridad, que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artícul o 3º, razón por la que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramente estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Al Honorable Tribunal, solicitamos se revoque o modifiquen los numerales como el CUARTO, en los que se están concediendo derechos y fallos ultra y extra petita, se está solicitando la nulidad de un oficio que tiene como génesis una reclamación administrativa sobre derechos laborales del trabajador en un tiempo determinado, no puede el fallo reconocer o decretar el pago sobre emolumentos que de suyo no se tratan, ni se causaron en el oficio de la nulidad, incurriendo en un IMPOSIBLE JURÍDICO, desconociendo principios de la admini stración de justicia como la congruencia del fallo, siendo que este debe ser consecuente con la normatividad, lo solicitado y el oficio del cual se predica la nulidad, le está vedado al juez administrativo conceder dichos efectos, mismos que solo se han ot orgado al juez constitucional.”.

En suma, señala que de conformidad a los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, la

administrativo conceder dichos efectos, mismos que solo se han ot orgado al juez constitucional.”.

En suma, señala que de conformidad a los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así como también, que tanto sentencias de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han plasmado su posición, la cual se circunscribe a ratificar la potestad que tiene el legislador, por mandato c onstitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes.

Finalmente concluye que, sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales. Si así lo hiciera estaría desacatando el ordenamiento legal73001-33-33-005-2016-00238-02 0103-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho Justino Jiménez Roa Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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vigente, con las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales de una decisión en ese sentido.

Por todo lo expuesto, solicita sea el revoc ado el fallo objeto de impugna por cuanto la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas

sentido.

Por todo lo expuesto, solicita sea el revoc ado el fallo objeto de impugna por cuanto la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º ley 4 de 1992, razón por la que no accede a lo solicitado .

III. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Por auto del 25 de noviembre de 20246 se admitió el recurso impetrado por el apoderado judicial de la parte demandada, con pronunciamiento de la parte actora 7, no obstante, como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A ., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

• Pronunciamiento sobre la admisión del recurso8.

La apoderada de la parte demandante mediante memorial solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia, al considerar que, dentro del proceso se encuentra acreditado que el señor Justino Jiménez Roa ha percibido la discutida bonificación de manera ininterrumpida, bajo un carácter ordinario, fijo y retributivo, constituyéndose así, como factor salarial por lo que no hay lugar a siquiera indicar que este pago sea un reconocimiento discrecional y ocasional por parte del empleador. En ese ord en de ideas y citando jurisprudencia del Consejo de Estado advirtió que la definición de salario corresponde al desarrollo real del vínculo laboral y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya, por lo tanto, al configurarse los requisitos de la naturaleza salarial de un pago no puede ser

definición de salario corresponde al desarrollo real del vínculo laboral y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya, por lo tanto, al configurarse los requisitos de la naturaleza salarial de un pago no puede ser desconocido por la expedición de un Decreto marco, máxime si se tiene en cuenta que los derechos laborales deben prevalecer. Así las cosas, desconoció la demandada que cuando aplica el artículo 1º del Decreto 0383 de 2013 al demandante, viola también los artículos 1º al 6º, 9º, 13º, 25º 53º, 55º, 83º, 93º, 209º y 228º de la Constitución Política; anula el criterio auxiliar de la equidad que profesa el parágrafo del artículo 14º de la Ley 4 de 1992, y el Acuerdo de fecha 06 de noviembre de 2012, al no aplicar de una forma justa el derecho , olvidando que la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. Debido a lo expuesto, solicita se confirme el fallo de primera instancia.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Sobre la competencia

6 Índice de descarga 40 SAMAI. Fls. 1 a 3. 7 Índice de descarga 47 SAMAI. Fl. 1. 8 Índice de descarga 47 SAMAI. Fl. 1.73001-33-33-005-2016-00238-02 0103-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho Justino Jiménez Roa Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las se ntencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Cuestión previa – aplicación del artículo 207 del C. de P.A y de lo C.A.

Previo a dar resolución al problema jurídico, considera de suma importancia esta Sala de decisión advertir que, en el Oficio No. DSAJ 000335 9 del 19 de abril de 2016, que negó la solicitud de reajuste, reliquidación y pago de la bonificación judicial como factor salarial para efectos del pago de prestaciones sociales se indicó que “(…) Contra este acto administrativo proceden los recursos en vía gubernativa estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , sin embargo, de una breve revisión al plenario, se logra evidenciar que no reposa ningún documento que certifique la interposición de recurso alguno en contra del mencionado Oficio, por ende y en principio , no se dio cumplimiento al requisito previo de obligatorio cumplimiento señalado en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, que establece:

certifique la interposición de recurso alguno en contra del mencionado Oficio, por ende y en principio , no se dio cumplimiento al requisito previo de obligatorio cumplimiento señalado en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, que establece:

ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, repar ación directa y controversias contractuales.

El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales, pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.

permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.

3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la demandada en los términos del artículo 8o de la Ley 393 de 1997.

4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.

5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, se requiere que previamente haya realizado dicho pago”. (Resaltado fuera de texto).

Ahora bien, para efectos de saneamiento del proceso, es preciso señalar que, pese a ser cierto que cuando se busca demandar la nulidad de un acto administrativo, es deber de la parte demandante ejercer o interponer en sede administrativa los recursos que conforme a la normatividad vigente fueren obligatorios para impugnar la decisión

9 Índice de descarga 05 SAMAI. Fls 13 a 1673001-33-33-005-2016-00238-02 0103-2024 Nulidad y restablecimiento del derecho Justino Jiménez Roa Vs. Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué – DEAJ.

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adoptada por la entidad Estatal, no lo es menos que, la administración está supeditada a informar de manera clara, inequívoca y expresa, los recursos que son procedentes

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adoptada por la entidad Estatal, no lo es menos que, la administración está supeditada a informar de manera clara, inequívoca y expresa, los recursos que son procedentes frente a dicha decisión, así como también, la autoridad ante la cual debe ser presentado, y el término oportuno para la interposición del mismo.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en reciente Jurisprudencia sobre el agotamiento de la actuación administrativa, antes vía gubernativa, con la finalidad de demandar la nulidad de un acto administrativo manifestó, lo siguiente:

“En ese orden, la Sala no puede perder de vista que a pesar que la accionada manifestó que con la Resolución N° RDP 045495 del 2 de diciembre de 2016 se le dio la oportunidad a la parte demandante de presentar los recursos de reposición y/o apelación, informándosele la autoridad administrativa ante la cual debía de interponerlos, así como el término para hacerlo y que, a pesar de ello, la actora no los presentó, la Sala observa que la manera como la autoridad administrativa indicó la procedencia de los aludidos medios de impugnación no es la establecida en la norma procesal pues, al haber indicado que contra el acto administrativo ahora demandado se podían «interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación», se halla que no fue precisa la manera en la cual se le informó a la demandante sobre la procedencia de los medios de impugnación, especialmente la apelación como recurso de obligatoria interposición a fin de cumplir el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual, y ante la confusión que este hecho pudo generar en Ana Vergara de Buitrago, no es

apelación como recurso de obligatoria interposición a fin de cumplir el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual, y ante la confusión que este hecho pudo generar en Ana Vergara de Buitrago, no es posible exigirle a ella como parte interesada que hubiera interpuesto el mencionado recurso en debida forma 10, criterio que ha sido prohijado por esta subsección 11”. (Resaltado fuera de texto).

Conforme a lo expuesto, en aras de evitar el desgaste de la administración judicial, garantizando el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y considerando que el Oficio No. DSAJ 00033512 del 19 de abril de 2016 pudo generar confusión en el interesado para la debida interposición de los medios de impugnación, no será exigible en el caso bajo estudio el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 161 del C. de P.A. y de lo C.A 13, máxime cuando se está en presencia de derechos labor ales. En consecuencia, se pasará al estudio sustancial del caso concreto.

3. Problema jurídico.

Se debe establecer si el acto administrativo enjuiciado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 1 de enero de 2013, o si, por el contrario, las mismas fueron reconocidas y canceladas conforme a derecho.

10 V er auto de fecha auto proferido por esta subsección en fecha 15 de octubre de 2019 dentro del proceso con radicado interno No 38022019.

conforme a derecho.

10 V er auto de fecha auto proferido por esta subsección en fecha 15 de octubre de 2019 dentro del proceso con radicado interno No 38022019. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, 23 de marzo de 2023. Rad. No. 17001 -23-33-000-2019-00456-01 (5351-2022). 12 Índice de descarga 05 SAMAI. Fls 13 a 16 13 Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: (…)

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de ac uerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto. (…)”73001-33-33-005-2016-00238-02

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Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera pe rtinente este Colectivo, traer a colación las disposiciones legales que regulan el reconocimiento de la bonificación judicial objeto de debate,

4. Marco legal y jurisprudencial.

4.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia en su a