TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2017-00341-02 (02-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes: LUIS ALIRIO IBAÑEZ FLOREZ

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: BONIFICACIÓN JUDICIAL - DECRETO 383 DE 2013

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo señalado en Auto del 10 de abril de 2025, por medio del cual se declaró fundado el impedimento presentado por el Doctor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, se procede a integrar Sala con el Magistrado que sigue en turno, esto es, el Doctor José Andrés Rojas Villa.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por l a apoderada judicial de la entidad demandada, contra la sentencia proferida el día 07 de febrero de 2024, mediante la cual el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué – Sala de Conjuez accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor LUIS ALIRIO IBAÑEZ FLOREZ , actuando a través de apoderad a judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL –

El señor LUIS ALIRIO IBAÑEZ FLOREZ , actuando a través de apoderad a judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL , elevando las

siguientes:

“DECLARACIONES Y CONDENAS1

PRIMERA: La declaratoria a través de la jurisdicción Contencioso Administrativa de la Nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJIB017 - 2712 del 19 de julio de 2017 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Jud icial de esta capital, por ser contrario a la constitución a la ley, por medio del cual negó a mi mandante el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelación salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidad con el artículo 3º. de la Ley 4ª. de 1992 correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y siguientes tal como lo solicitó a través de la su scrita

1 Ver Fls. 121 a 149 del Documento 01 Cuaderno Principal del Archivo On Drive del Expediente Digital de Samai – Carpeta Juzgado.Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes: LUIS ALIRIO IBAÑEZ FLOREZ

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandantes: LUIS ALIRIO IBAÑEZ FLOREZ Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

2 abogada mediante escrito presentado el día 10 de julio de 2017 a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración a que se refiere el numeral precedente, se CONDENE a LA N ACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a ordenar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional a que tiene derecho mi mandante como servidor de la Rama Judicial, teniendo en cuenta para ello lo establecido por el artículo 3º. de la Ley 4ª. de 1992, y que consiste en la cancelación de las diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prestaciones económicas tales como Primas de Servicios, Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y los años futuros, con fundamento en lo establecido en el artículo 3º. de la Ley 4ª. de 1992, la cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO ACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que deberá hacerse efectiva a partir del 1º. de enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salari al y prestacional y hasta el día que se presenta esta demanda.

hacerse efectiva a partir del 1º. de enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salari al y prestacional y hasta el día que se presenta esta demanda.

TERCERA.-De igual modo, se ordenará la actualización de las condenas en los términos del artículo 195 del C. C. A. dando aplicación a la siguiente fórmula:

R= R. H. INDICE FINAL

INDICE INICIAL

En la que el valor presente se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto del no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoría d e esta sentencia por el guarismo que resulte de dividir el Índice Final de Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente en la fecha firmeza de esta providencia por el Índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso.”

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS

1. Mi mandante LUIS ALIRIO IBAÑEZ FLOREZ se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde hace (sic) el 1 de agosto de 1986 hasta la fecha, labor que ha desempeñado en forma continua e ininterrumpida, ocupando actualmente en el cargo de oficial mayor del juzgado tercero civil municipal de Ibagué Tolima.

2. Mi poderdante ha venido percibiendo su remuneración salarial y prestacional según lo establecido en los Decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la

municipal de Ibagué Tolima.

2. Mi poderdante ha venido percibiendo su remuneración salarial y prestacional según lo establecido en los Decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y con base en el preceptuado en la Ley 53 de 1997.

3. Con base en la Ley 4ª. de 1992, se establecieron los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º. de esa normativa, por medio del cual el Gobierno Nacional cada año modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º. literal a) b)Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

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3 y d) aumentando sus remun eraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.

4. Reglamentada la ley 4ª. de 1992, el Gobierno Nacional mediante decretos anuales ha fijado la remuneración básica mensual y en general el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público, cumpliendo con la parte específica de la distribución de atribuciones en esta materia prevista en el literal f) numeral 19 del artículo 150 de la Constitucional.

5. El artículo 14 de la citada Ley 4ª. de 1992 señala las normas, objetivos y

atribuciones en esta materia prevista en el literal f) numeral 19 del artículo 150 de la Constitucional.

5. El artículo 14 de la citada Ley 4ª. de 1992 señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Cong reso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Nacional.

6. En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional, mediante Decretos dictados anualmente, ha reglamentado la prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª. de 1992 la cual se fijó con un monto del 30% de la remuneración bá sica de los funcionarios judiciales en la norma relacionados, pero ello ocurrió únicamente para los Jueces, Magistrados y demás funcionarios, no sucediendo lo mismo hasta ahora para el grueso de los empleados de la Rama Judicial como en efecto lo prevé el parágrafo único del artículo 14 de la citada ley 4ª. de 1992.

7. Es por ello, que mi mandante en su condición de oficial mayor del juzgado tercero civil municipal de Ibagué, en acatamiento a lo normado, por el “Derecho a la Igualdad” con los sueldos de sus s uperiores tiene derecho también a que se le reconozca la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional.

8. Pues obsérvese, que la referida prima especial sin carácter de salario

también a que se le reconozca la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional.

8. Pues obsérvese, que la referida prima especial sin carácter de salario equivalente al 30% de la remuneración mensual para los jueces y Magistrados entre otras autoridades judiciales, ha venido siendo reglamentada por el Gobierno Nacional mediante las siguientes disposiciones: artículo. 9º. del Decreto 51 de 1993; art. 9º. del Decreto 104 de 1994; artículo 7º. del Decreto 43 de 1995; art. 9º. del Decreto 34 de 1996; art. 9º. del Decreto 47 de 1997; art. 6º. del Decreto 64 de 1998; art. 9º. del Decreto 43 de 1999; art. 9º. del Decreto 2739 de 2000; art. 9º. del Decreto 1474 de 2001; art. 6º. del Decreto 673 de 2002; art. 9º. del Decreto 3568 de 2003; art. 9º. del Decreto 4171 de 2004; art. 9º. del Decreto 935 de 2005; art. 6º. del Decreto 389 de 2006; art. 6º. del Decreto 618 de 2007; art. 6º. del Decreto 658 de 2008; art. 8º. del Decreto 723 de 2009; art. 4º. del Decreto 1405 de 2010 y art. 8º. del Decreto 1039 de 2011, y actualmente por jurisprudencia de los tribunales y el Consejo de estado esta prima especial es factor salarial.Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

actualmente por jurisprudencia de los tribunales y el Consejo de estado esta prima especial es factor salarial.Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

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4

9. La ley 4 de 1992 fue expedida para regular la remuneración de los empleados de la rama judicial en desarrollo de la misma se expido el decreto 383 de 2013 el cual estableció: Se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones, El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a, de 1992, DECRETA: ART ÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema Gener al de Seguridad Social en Salud, La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1 de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así: (…). PARAGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente

percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así: (…). PARAGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes. A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente art ículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

10. La norma en cita despoja a la bonificación de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todo s los derechos salariales y prestacionales de los empleados y funcionarios destinatarios de la misma. Se recorta así lo conquistado durante el cese de actividades y contenido en el Acta de Acuerdo en cuanto a la nivelación en la remuneración en los término s de la Ley 4ª de 1992 y se desnaturaliza este mandato en cuanto ordenó al Gobierno Nacional que nivelara la remuneración de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

11. La bonificación sin carácter salarial despoja a los servidores públicos destinatarios de la misma de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.

y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.

12. En efecto, el concepto de remuneración, en principio, es omnicomprensivo de todos los pagos que recibe el trabajador o empleado como consecuencia o contraprestación del trabajo. Con dicha expresión se designan, entonces, los pagos derivados de una relación laboral. Por ello, esta noción difiere sustancialmente de la de honorarios, en la que no existe vínculo laboral.

13. En conclusión, la noción de bonificación no es otra cosa, antes y después de la Carta Política de 1991, “y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor.” Las primas especiales y de igual forma las bonificaciones, pues,Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

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5 representan un incremento en la remuneración básica de los servid ores públicos, no pudiendo asignarse otro sentido “al concepto de prima usado por el Legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una consecuencia diferente a la de representar un incremento remuneratorio”.

14. Con este actuar la NACIÓNRAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

por el Legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una consecuencia diferente a la de representar un incremento remuneratorio”.

14. Con este actuar la NACIÓNRAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA desconoce la definición jurídica de salario que consiste en la remuneración que paga el patrono al empleado o servidor público como retribución al servicio prestado.

15. Mi mandante mediante derecho de petición de fecha 10 de julio de 2017 solicito el reconocimiento y pago de la bonificación salarial consagrada en decreto 383 de 2013 como factor salarial, petición que fue resuelta por la demandada mediante el acto administrativo número DESAJIBO17 – 2712 del 19 de julio de 2017 negando dicho reconocimiento y pago.

16. El requisito de procedibilidad quedo agotado conforme se demuestra con la certificación dada por la procuraduría 27 delegada para asuntos administrativos.

17. Ante esta realidad se desconoc ieron por parte de la demandada derechos laborales de mi representado, a los cuales tiene derecho.

(Archivo 01. Cuaderno principal.pdf. folio 121-149, expediente digital,

ONEDRIVE)

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (Documento 01Cuadernoprincipal, Folio 209215 cuaderno principal ONEDRIVE) Por medio de apoderada judicial, la entidad demandada dio contestación a la demanda dentro del término oportuno, oponiéndose a todas y cada un a de las pretensiones de la demanda arguyendo que, todo se faculta por la

Por medio de apoderada judicial, la entidad demandada dio contestación a la demanda dentro del término oportuno, oponiéndose a todas y cada un a de las pretensiones de la demanda arguyendo que, todo se faculta por la Constitución, con el objetivo de fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos, lo que conlleva que el legislador tiene libertad para disponer qué parte del salario no constituye factor para liquidar algunos conceptos salariales. Explicó que, desde el 1º de enero de 1993, y por mandato legal, coexisten en la Rama Judicial dos regímenes salariales y prestacionales, a saber: un régimen ordinario, o d e los NO ACOGIDOS, que se aplica a los servidores judiciales que venían vinculados a esa fecha y que optaron por continuar bajo el amparo de las disposiciones anteriores, y un régimen especial, o de los ACOGIDOS, cuyos destinatarios son los empleados y fun cionarios judiciales que prefirieron las nuevas disposiciones salariales, y los que se vincularon a la Rama Judicial a partir del 1º de enero de 1993. En tal sentido, resaltó que, la normatividad que se aplica en el asunto bajo estudio es la consagrada en el régimen especial, estipulada en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996 y los posteriores que los han subrogado.Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes: LUIS ALIRIO IBAÑEZ FLOREZ

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6 Posteriormente, hizo alusión sobre el carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación labo ral legal y reglamentaria de los servidores judiciales, anotando que, en diferentes sentencias los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo han plasmado su posición, que se circunscribe a ratificar la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes. Así, y más específicamente sobre la expresión "sin carácter salarial", se pronunció la H. Corte Constitucional en sentencia C-279 de 24 de junio de 1996, en el trámite de la Acción Pública de Inconstitucionalidad promovida contra algunos apartes de la Ley 4ª de 1992. De manera que, sobe la p retensión de los servidores judiciales que va dirigida a que se les reconozca como factor salarial para todos los efectos legales la Bonificación judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013, modificada por el 1269 de 2015, y por ende se realice la reliquidación desde el 01 de enero de 2014 hasta la fecha y en adelante todas las primas y prestaciones sociales como: “(…) a)Prima de Servicios, b)Prima de

modificada por el 1269 de 2015, y por ende se realice la reliquidación desde el 01 de enero de 2014 hasta la fecha y en adelante todas las primas y prestaciones sociales como: “(…) a)Prima de Servicios, b)Prima de Productividad, c)Prima de vacaciones, d)Vacaciones, b)Prima de productividad, e)Prima de navidad, f)Bonificación por servicios prestados, g)Cesantías e intereses a las cesantías, h) y demás emolumentos que por constitución, ley o reglamento le correspondan a funcionarios y empleados de la rama judicial…” , afirmó que, la Administ ración Judicial ha venido dando cumplimiento correctamente al contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en el artículo 3°, dando a conocer el motivo por el cual no accederá a lo que se solicitó, pue s si lo hiciera claramente se vería en la posición de desacato al ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias lo que trae consigo ese tipo de decisión. Finalmente, formuló como excepciones : Inexistencia De Perjuicios, aduciendo que se ha venido aplicando correctamente el contenido de las prescripciones legales teniendo en cuenta la normatividad. Además, presentó la excepción Innominada O Genérica, contemplada en el artículo 164 del C.C.A. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia proferida el día 7 de febrero de 2024 , el Juez Ad -Hoc del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito –accedió a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, expresó lo siguiente:

“(…)

Inexistencia de perjuicios:

Juzgado Quinto Administrativo del Circuito –accedió a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, expresó lo siguiente:

“(…)

Inexistencia de perjuicios:

Esta excepción no será estudiada por el despacho por cuanto no aparece en el la demanda pretensión alguna sobre perjuicios.

Pese a no proponer otro medio exceptivo de conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimien to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva el Juez decidirá sobre las propuestas y cualquiera que se encuentre probada.Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

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Observa el Despacho que es procedente en esta etapa, estudiar la prescripción como forma de exti nguir un derecho sustancial y según el criterio fijado por la Honorable Corte Constitucional, la misma cumple funciones sociales y jurídicas invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social, al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales.

A partir de lo anterior, es necesario precisar que la Constitución Política, en los artículos 25 y 53 establece la protección del derecho al trabajo y como tal la existencia de unas condiciones mínimas q ue garanticen la dignidad del trabajador. Es por ello que existe una gama de leyes sociales que son ampliamente favorables al trabajador, considerado la parte débil

como tal la existencia de unas condiciones mínimas q ue garanticen la dignidad del trabajador. Es por ello que existe una gama de leyes sociales que son ampliamente favorables al trabajador, considerado la parte débil dentro de la relación laboral, pero también dichas disposiciones buscan garantizar la seguridad jurídica.

En tal sentido, se concede el trabajador la oportunidad para reclamar todo derecho que le ha sido concedido, pero imponiendo un límite temporal, el cual una vez transcurrido hace presumir que no le asiste ningún interés en el reclamo, pues to que no ha hecho ninguna manifestación dentro de la oportunidad que razonablemente le fue otorgada. En consecuencia y una vez transcurrido el lapso otorgado por el legislador para efectuar el reclamo, bien puede el empleador proponer la excepción de pres cripción extinguiendo de esta forma el derecho del empleado.

Así las cosas, tenemos que el decreto 3135 de 1968, artículo 41 dispone:

“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”

A su vez, el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, señala:

“Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”

Como se puede notar, las normas que regulan lo atinente a la prescripción, señalan que la misma se empieza a contar en contra del trabajador únicamente a partir del momento en que el derecho se hace exigible y, por ende, proceder en sentido contrario sería cercenar los derechos laborales, ya que se le estaría castigando por no haber reclamado antes de que se le indicara la existencia de un beneficio.

En el caso que no ocupa, tenemos que el demandante, solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial, es por esto que, en aplicación del fenómeno prescriptivo, debe sólo tenerse en cuenta los derechos reclamados con tres años de anteriorida d a la radicación de la petición,Expediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

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8 esto es 10 de julio de 2017, razón por la cual los derechos del peticionario se reconocerán a partir del 10 de julio de 2014.

CUESTIÓN DE FONDO

(…)

8 esto es 10 de julio de 2017, razón por la cual los derechos del peticionario se reconocerán a partir del 10 de julio de 2014.

CUESTIÓN DE FONDO (…) En conclusión, el acto administrativo que creo la bonificación judicial para los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, esto es, el Decreto 383 de 2013 en su Artículo 1, es violatorio del principio de legalidad, si tenemos que el referido principio comprende el apego al ordenamiento jurídico de todas las actuaciones administrativas, y la referida disposición no se sometió al derecho vigente.

Por esa razón, se logra demostrar que la bonificación judicial allí prevista restringe el concepto de salario determinado por la ley, las normas internacionales ratificadas por Colombia y la jurisprudencia, pues el acto administrativo del Gobierno Nacional determinó que la bonificación judicial, para las cotizaciones que se hacen al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, si consti tuye salario, pero, para el pago y liquidación de las demás prestaciones no lo será.

Yendo al campo fáctico de la controversia sometida a consideración de este Despacho, de las certificaciones laborales obrantes al proceso, y de lo sostenido en el acto atacado, expedido por la rama judicial, deviene claro y nítido que, a partir del año 2013, la entidad demandada, no le ha tenido en cuenta la bonificación judicial como salario.

Con ese salario reducido, la administración le liquida todas las prestaciones sociales y laborales a el demandante, por no haber tomado de su salario básico legalmente previsto, la bonificación prevista en el decreto 383 de 2013.

Con ese salario reducido, la administración le liquida todas las prestaciones sociales y laborales a el demandante, por no haber tomado de su salario básico legalmente previsto, la bonificación prevista en el decreto 383 de 2013.

De lo analizado, se advierte diáfanamente, que la rama judicial no le ha cancelado a la accionante la totalidad de sus acreencias laborales, pues solo le liquida sus prestaciones con un porcentaje de su salario básico al no tenerle en cuenta la bonificación judicial como factor salarial, desde el año 2013, por lo que le adeuda durante todo este tiempo los efectos e incidencias en todas sus prestaciones que tenga el 100% de su salario básico que hasta ahora ha excluido de la base de liquidación.

Como se reitera, deviene lógico que la bonificación judicial signifique un incremento o plus salario, pues como s e expuso antes, su existencia solo se concibe como retribución o reconocimiento al trabajo ejecutado. El mismo sentido común indica para el más lego de los ciudadanos, que dicha bonificación se estableció como incentivo o incremento para estimular al trabajador.

La bonificación, por tanto, está legalmente creada luego entonces ella constituye un derecho adquirido que se ha radicado en cabeza de los servidores judiciales que son sus destinatarios y no podía ni puede ser desconocida por la administració n judicial, por mandato expreso del artículo 58 de la Constitución y porque su supresión implica regresar y desproteger el salario de los servidores beneficiarios, principios que no se pueden quebrantar, según los artículos 5, 25 y 53 de la Constitución Nacional.

Además de los grandes desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios, que

desproteger el salario de los servidores beneficiarios, principios que no se pueden quebrantar, según los artículos 5, 25 y 53 de la Constitución Nacional.

Además de los grandes desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios, que se han hecho sobre el principio de favorabilidad en materia laboral, para el presente caso es perfectamente aplicable, lo sostenido por el profesorExpediente: 73001-33-33-005-2017-00341-02 (2025-0079)

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandantes: LUIS ALIRIO IBAÑEZ FLOREZ Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

9 Uruguayo Américo Plá Rodríg uez, quien brillantemente sobre el tema diseñó una teoría que se convirtió en doctrina internacional del trabajo, estableciendo como el primero de los principios del derecho del trabajo, el principio protector, cuyo fundamento responde al propósito de nivelar desigualdades, plasmando este principio en tres reglas: la de in dubio pro operario, la de la norma más favorable, y la de la condición más beneficiosa; (…) (…) En atención a lo expuesto, aparece patente que la Rama Judicial, hasta ahora ha menoscabado las prestaciones sociales y laborales del demandante, excluyéndole de su base liquidatoria la bonificación judicial, como un valor adicional al salario legalme