TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2017-00355-01 (02-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº.:

73001-33-33-005-2017-00355-01

No. Interno: 508/2021

Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: DANNY ESTEFFANY VILLAMIZAR

GOMEZ

Demandado: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE

PRADO

Tema: Contrato Realidad – Odontóloga

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte dema ndante contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué el 24 de marzo de 2021 , qu e negó las pretensiones de la demanda, no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO , formulado por DANNY ESTEFFANY VILLAMIZAR GOMEZ en contra del HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PRADO.

II. ANTECEDENTES

La señora DANNY ESTEFFANY VILLAMIZAR GOMEZ , por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda, con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial , un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda, con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial , un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

“Que se declare que entre el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado y la señora Danny Steffany Villamizar Gómez existió realmente una relación de carácter laboral, originada en los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados durante el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2015, tiempo durante el cual se desempeñó como Odontóloga General.

Que se declare la existencia del acto ficto o presunto, producto de la no contestación de la petición de fecha 24 de mayo de 2016.

Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto, producto del silencio administrativo relacionado con la reclamación para el reconocimiento del vínculo de carácter laboral, y el pago de salarios y prestaciones sociales adeudadas a la terminación de dic ho vínculo, tales como: salario, dotaciones de calzado y vestido de labor, vacaciones, prima de vacaciones,

1 De conformidad con lo relatado en la demanda Fl. 12 del expediente primera instancia, SAMAI índice 00002Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: DANNY STEFANNY VILLAMIZAR GOMEZ Demandado: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE Radicación: 73001-33-33-005-2017-00355-01

Interno: 508 /2021

prima de navidad, prima de servicios semestrales y anual, bonificación de servicios prestados,

Radicación: 73001-33-33-005-2017-00355-01

Interno: 508 /2021

prima de navidad, prima de servicios semestrales y anual, bonificación de servicios prestados, cesantías, intereses sobre la cesantías, junto con la indexación de dichos valores; de igual manera, la indemnización por despido injusto, la sanción moratoria, por el no pago de salarios y prestaciones sociales adeudados a la terminación del vínculo laboral, y el pago de los aportes de Seguridad Social para pensión.

Se declare que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado debe reconocer y pagar las acreencias de carácter laboral adeudadas a Danny Steffany Villamizar Gómez como odontóloga general, que se encuentran pendientes a la terminación del vínculo laboral por el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2015.

Condenar al Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado a título de reparación integral del daño, el reconocimiento y pago de i.) Cinco dotaciones de vestido y calzado de labor, correspondientes a los años 2014 y 2015, a razón de $200.000 cada una; ii.) Vacaciones por el año 2014 y proporcional por el año 2015, que asciende a $1.572.569; iii.) prima de servicios por el 14 de enero de 2014 a 31 de octubre de 2015, por valor de $3.145.139; iv.) Prima de vacaciones por el 2014 y 2015, por valor de $1.572.569; v.) Bonificación por servicios prestados, años 2014

el 14 de enero de 2014 a 31 de octubre de 2015, por valor de $3.145.139; iv.) Prima de vacaciones por el 2014 y 2015, por valor de $1.572.569; v.) Bonificación por servicios prestados, años 2014 y 2015 por valor de $3.062.500; vi.) Salario (saldo agosto, septiembre y octubre de 2015) y vii.) Cesantías del 14 de enero de 2014 a 31 de octubre de 2015 por valor de $3.538.281; intereses sobre cesantías por valor de $3.538.281 X 24% para un total de $849.187, sobre las anteriores sumas deberá incorporarse los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor.

Condenar al Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado a realizar los aportes a la Seguridad Social en pensiones en el fondo de pensiones que administra Porvenir S.A., de los valores que le sea reconocido a la demandante a título de salario.

Condenar a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto.

Condenar a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas conforme lo preceptuado en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, así como el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

Ordenar a la entidad demandada que dé cumplimiento a lo dispuesto en el fallo dentro del término perentorio previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011”.

2. HECHOS2

la señora Danny Steffany Villamizar Gómez prestó sus servicios al Hospital San

término perentorio previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011”.

2. HECHOS2

la señora Danny Steffany Villamizar Gómez prestó sus servicios al Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado de manera personal e ininterrumpida, en las instalaciones del Hospital con los equipos e instrumental de la entidad bajo supervisión directa de la gerencia de la entidad, durante el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2015 como odontóloga general.

Que el horario establecido por la entidad para la prestación de los servicios era de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y el viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., horario de obligatorio cumplimiento hubiese o no pacientes.

La retribución por los servicios como odontóloga general en el año 2015 fue de $1.750.000 mensuales.

2 De conformidad con lo relatado en la demanda Fl. 2 – 4 del expediente primera instancia, SAMAI índice 00002Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: DANNY STEFANNY VILLAMIZAR GOMEZ Demandado: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE Radicación: 73001-33-33-005-2017-00355-01

Interno: 508 /2021

Adicionalmente se manifestó que l a demandante estaba subordinada, no disponía libremente de su tiempo en la actividad contractual u otra alterna, la cual era

Interno: 508 /2021

Adicionalmente se manifestó que l a demandante estaba subordinada, no disponía libremente de su tiempo en la actividad contractual u otra alterna, la cual era vigilada y supeditada a las exigencias reiterativas del Hospital; igualmente señaló que las labores desempeñadas por el actor se ejecutaron en las instalaciones de la entidad Hospitalaria.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3.

Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

• Constitución política 1, 2, 4, 6, 13, 46, 48, 49, 53, 90, 91 y 209.

Ley 1437 de 2011, artículos 159 y sgts; Decretos 1042 y 1045 de 1978; Ley 100 de 1993; Ley 3135 de 1968, modificado por el Decreto 3148 de 1968; Decreto Reglamentario 1848 de 1969, artículos 43 a 49 y 51; Ley 21 de 1982; Ley 65 de 1946; Decreto 1160 de 1947; Ley 6 de 1945; Decreto 3118 de 1968; Ley 244 de 1995; Ley 334 de 1996; Ley 70 de 1988;

El apoderado de la parte demandante indicó que la entidad demandada le exigió a la demandante, la ejecución de la labor encomendada de manera permanente, el cumplimiento de un horario de trabajo, y rendir informes continuos de las actividades realizadas y se le entregaba una remuneración, sin tener en cuenta que la forma de vinculación de la demandante era un contrato de prestación de servicios.

cumplimiento de un horario de trabajo, y rendir informes continuos de las actividades realizadas y se le entregaba una remuneración, sin tener en cuenta que la forma de vinculación de la demandante era un contrato de prestación de servicios.

Razón por la cual consideró que se demostraba la relación laboral, y en consecuencia la demandante se encontraba en una situación desfavorable debido a que no se le reconocieron los salarios y prestaciones sociales a los cuales tenía derecho, de conformidad con la actividad laboral que estaba ejerciendo, pues la misma cumplió con todos los requisitos legales y reglamentarios para constituir una relación laboral, propiciada por la entidad Hospitalaria.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E.4

La entidad Hospitalaria contestó la demanda, se opuso a las pretensiones de la misma por considerar que en el caso concreto no se configuraron los elementos que la ley y la jurisprudencia señalan para que pueda reconocerse la existencia de una verdadera relación laboral.

Argumentó que entre la demandante Gutiérrez y la entidad demandada existió una relación contractual y no una relación laboral; en consecuencia, expresó que en los seis contratos de prestación de servicios celebrados con la demandante se pactaron unas obligaciones contractuales de tipo profesional , y por ello, tenían una duración

3 Folios 4 a 9 del Doc. 03 del expediente primera instancia, SAMAI índice 00002 4 Tal como obra en constancia secretaria del expediente primera instancia, Doc. 07, SAMAI índice 00002Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: DANNY STEFANNY VILLAMIZAR GOMEZ

4 Tal como obra en constancia secretaria del expediente primera instancia, Doc. 07, SAMAI índice 00002Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

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específica, se fijaron honorarios y a través de un supervisor se le exigía el cumplimiento del objeto contractual.

Argumentó que no existió el elemento subordinación, por cuanto, la actividad personal, el cumplimiento de órdenes, el acatamiento de ciertos horarios y la utilización de instalaciones y recursos de la entidad contratante, son el resultado de actividades coordinadas que corresponden al objeto del contrato y se encuadran en los deberes del contratista según lo dispuesto en el numeral 2º, del artículo 5 de la Ley 80 de 1993; motivo por el cual recibió unos honorarios.

Además, agregó que en el año 2016 la Gerente del Hospital que fungía para la fecha, descubrió, al realizar el empalme varias anomalías, entre ellas, la desorganización del área contable (en pasivos y activos), la omisión en la entrega de los informes finales, encontrando una situación presupuestal y financiera “paupérrima”, por lo que se habían desplegado las gestiones necesarias a fin de cubrir el pago de acreencias laborales a la planta y contratistas.

Por último, consideró que en el presente caso no se acreditó que a la demandante se le impartieran órdenes o que ejecutara las mismas funciones de otros empleados de planta y menos que hubiera demostrado todos y cada uno de los elementos

Por último, consideró que en el presente caso no se acreditó que a la demandante se le impartieran órdenes o que ejecutara las mismas funciones de otros empleados de planta y menos que hubiera demostrado todos y cada uno de los elementos requeridos para la existencia de una relación laboral; por el contrario, existe certeza de la existencia de los contratos de prestación de servicios suscritos bajo la égida de la Ley 80 de 1993, los cuales por su naturaleza no da derecho al reconocimiento de salarios o prestaciones sociales. Por lo que solicitó denegar las pretensiones de la demanda y absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Así, propuso excepciones de fondo: “Buena fe; Inexistencia de la relación laboral dependiente, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación

5. SENTENCIA RECURRIDA5

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 24 de marzo de 2021, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de mérito propuesta por la Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado que denominó inexistencia de la relación laboral dependiente e inexistencia de la obligación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho promovido por Danny Steffany Villamizar Gómez contra el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Fíjense como agencias

Villamizar Gómez contra el Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Fíjense como agencias en derecho a favor de la parte demandada, y a cargo de la parte demandante la suma de $400.000 pesos. Por secretaría liquídese.

CUARTO: ORDENAR la devolución de los remanentes que por gastos ordinarios del proceso consignó la parte demandante, si los hubiere.

QUINTO: En firme la presente decisión, archívese el expediente.

5 Expediente primera instancia, SAMAI índice 00025Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

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SEXTO: Visto el poder especial allegado al expediente (fls. 117 a 127), se reconoce personería adjetiva al Doctor Jeisson Ariel Sánchez Pava, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nro. 1.110.548.092 de Ibagué y T.P. Nro. 314.167 del C.S. de la J., para actuar como apoderado judicial de la parte demandada Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Prado. De acuerdo con lo anterior, y según lo establecido en el artículo 76 del C.G. del P., se tienen por revocados todos los demás poderes que con ocasión de la defensa jurídica fueron conferidos por la entidad accionada”

en el artículo 76 del C.G. del P., se tienen por revocados todos los demás poderes que con ocasión de la defensa jurídica fueron conferidos por la entidad accionada”

Luego de determinadas las pretensiones, los hechos y analizados el marco normativo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , los elementos constitutivos de la relación laboral y el material probatorio allegado, concluyó el AQuo que de acuerdo a las reglas de apreciación de las pruebas, las circunstancias expuestas acreditaron que no existió el elemento de subordinación, tanto por el horario fijado, como por la naturaleza de las labores pactadas y ejercidas por al

señora DANNI ESTEFFANY VILLAMIZAR.

Concluyendo entonces que, no se encontraba desvirtuada la presunción de legalidad que revestía la situación contractual bajo la que prestaba sus servicios l a demandante (principio de primacía de la realidad sobre las formas), por lo tanto, no era procedente el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, además de las cesantías y los intereses a las cesantías causadas, y los aportes a seguridad social reclamados

En consecuencia, advirtió el despacho de primera instancia que en razón a que no se logró acreditar que entre la señora Danny Stefanny Villamizar Gómez y el Hospital San Vicente de Paul existió una verdadera relación laboral pues consideró no se encontraba probado el elemento de subordinación. Por lo tanto, dio lugar a negar las pretensiones de la demanda.

6. IMPUGNACIÓN6

La parte demandante a través de apoderado judicial interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del

negar las pretensiones de la demanda.

6. IMPUGNACIÓN6

La parte demandante a través de apoderado judicial interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué el 24 de marzo de 2021 , solicitando su revocatoria , y que en consecuencia se se emita un fallo a su favor.

Sustentó que se acreditaron los elementos de una relación laboral por parte de la demandante de conformidad con los pronunciamientos del Consejo de Estado que establecen lineamientos para demostrar la configuración de un contrato realidad. De manera que, según el apelante, el cumplimiento de horarios y órdenes, así como el uso de instalaciones y recursos de la entidad por parte del contratista y la subordinación demuestran la relación contractual en laboral.

Así mismo, destacó que sobre lo expuesto por la Primera Instancia acerca del elemento de la subordinación, que, si se encontraba demostrado en el caudal probatorio elementos que demostraban flagrantemente que en ejercicio de su labor se presentaba la imposición de reglamentos, el cumplimiento de órdenes en todo modo o tiempo y la permanencia inherente a la entidad.

Bajo este entendido, argumentó que, tanto el acervo probatorio del proceso como la jurisprudencia del Alto Tribunal contribuyen a señalar de manera amplia y concisa que e l cumplimiento de las obligaciones contractuales tal como una empleada

6 Expediente primera instancia, SAMAI índice 00029Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

Demandante: DANNY STEFANNY VILLAMIZAR GOMEZ

Demandado: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE

Demandante: DANNY STEFANNY VILLAMIZAR GOMEZ Demandado: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE Radicación: 73001-33-33-005-2017-00355-01

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agregó que lo mismo se demuestra con la declaración de la testigo allegada a instancia de la parte actora, médico María Mónica Olarte Quiñónez, quien fue compañera de trabajo, es clara en precisar la forma como la doctora Danny Stefanny Villamizar Gómez prestaba sus servicios en el Hospital, especialmente el horario que debía cumplir y las órdenes que le eran impartidas por la coordinación médica y la gerencia, que para nada tenían que ver con una función de coordinación como lo plantea el juzgador de instancia .

Por lo anterior sostiene que es claro que el Hospital, al realizar este contrato solamente buscaba evadir el reconocimiento de las prestaciones sociales de la relación laboral que realmente se cumplió, como quiera que en todo momento estuvieron presentes los elementos esenciales de una relación laboral: 1) Actividad Personal; 2) Subordinación o dependencia al exigirse el cumplimiento de horario y cumplimiento de órdenes impartidas por un superior; y, 3) Remuneración del Servicio.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 02 de agosto de 2021 por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, el 24 de marzo de 2021.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el

contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, el 24 de marzo de 2021.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

Así mismo, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso al Despacho para decisión de fondo de fecha 23de agosto de 2021 , la providencia de l 02 de agosto de 2021, que admitió el recurso de apelación interpuesto fue notificada al agente del Ministerio Público el 10 de agosto de 2021, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

IV. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, el 24 de marzo de 2021 , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. PROBLEMA JURÍDICO

En el presente asunto, consiste en establecer si la valoración probatoria realizada por el Juez de Primer Instancia se encuentra ajustada a derecho y en el sub judice NO se encuentra debidamente acreditado el elemento de la subordinación en la relación laboral, tal como lo plantea la parte recurrente caso en el cual procede

por el Juez de Primer Instancia se encuentra ajustada a derecho y en el sub judice NO se encuentra debidamente acreditado el elemento de la subordinación en la relación laboral, tal como lo plantea la parte recurrente caso en el cual procede revocar la sentencia del 2 4 de marzo de 2021 , proferida por el Juzgado QuintoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: DANNY STEFANNY VILLAMIZAR GOMEZ Demandado: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE Radicación: 73001-33-33-005-2017-00355-01

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Administrativo del Circuito de Ibagué ; o si por el contrario, las actividades desarrolladas por la señora DANNY STEFANNY VILLAMIZAR GÓMEZ se dieron en el marco de un contrato estatal de prestación de servicios frente al Hospital San Vicente de Paul ESE, como lo sostuvo el Juez de primera Instancia.

3. TESIS DE LA SALA

Consiste en afirmar que, en el sub lite, existen elementos de juicio suficientes para considerar que se desnaturalizó la relación contractual entre la demandante y el Hospital san Vicente de Paul E.S.E. , pues el material probatorio obrante en el expediente acredita la configuración de todos los elementos típicos de la relación laboral, por tanto es posible adecuar el presente asunto al reconocimiento de los derechos reconocidos en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, SUJ-025-CE-S2-2021 proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Por tanto, se Revocara la sentencia proferida el 24 de marzo de 2021 por

SUJ-025-CE-S2-2021 proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Por tanto, se Revocara la sentencia proferida el 24 de marzo de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué.

4. FUNDAMENTO DE LA TESIS DE LA SALA

4.1.1. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La Ley 80 de 1993 en su artículo 32 numeral 3 establece que “los contratos de prestación de servicios son los que celebran las entidades estatales para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Únicamente se podrá celebrar con personas naturales cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta o que requieran conocimientos especializados. En ningún caso generan relación laboral y se celebrarán por el termino estrictamente indispensable”

Según lo plasmado por la Corte Constitucional, el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestran los tres elementos que caracterizan una relación laboral, resaltándose como fundamental la comprobación de la subordinación o dependencia de la entidad contratante para la prestación personal del servicio contratado, evento en el cual surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales consagrado en el artículo 53 de nuestra Carta Magna, independientemente de la denominación que se le haya dado a dicha relación.

Este criterio jurisprudencial no fue compartido inicialmente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; no obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha replanteado su postura, y en aplicación del Principio Constitucional de la

Este criterio jurisprudencial no fue compartido inicialmente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; no obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha replanteado su postura, y en aplicación del Principio Constitucional de la Primacía de la realidad sobre las formas ha establecido que, cuando en una relación de carácter contractual materializado a t ravés de un contrato de prestación de servicios o una orden de la misma índole, se demuestran los elementos de una relación laboral, se deben reconocer las prestaciones sociales que generaría la misma.

Sobre este aspecto, el Consejo de Estado en providencia de fecha 8 de agosto de 2011, Consejero Ponente Alfonso Vargas Rincón estableció:

“El contrato de prestación de servicios, no genera retribución distinta que los honorarios en él pactados, la entidad estatal lo celebra en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser desarrollada por personas vinculadasMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

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a la entidad o cuando requiere de conocimientos especializados para lo cual se han establecido las siguientes características:

• El contrato versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores, en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia.

• El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad.

• La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico o

determinada materia.

• El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad.

• La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico o científico, constituye el elemento esencial del contrato.

• El contratista dispone de amplio margen de discrecionalidad para la ejecución del objeto contractual, delimitada por el plazo y la realización de la labor.

• La vigencia del contrato es temporal. Su duración debe ser delimitada por el tiempo indispensable para realizar el objeto contractual.

• La actividad puede ser desarrollada por una persona natural o jurídica.”

En virtud de las anteriores precisiones, reiteradas en recientes pronunciamientos del Consejo de Estado, se puede afirmar que la posición actual de la jurisprudencia establece que se tiene derecho al reconocimiento del “Contrato Realidad” por los períodos laborados bajo la modalidad de contratos u órdenes de prestación de servicios, cuando así lo acreditan, la actividad personal, el horario de trabajo y la subordinación permanente del mismo a la administración.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, SUJ-025-CE-S2-20217, realizó un análisis detallado del contrato de prestación de servicios y sostuvo que las características de esta figura son las siguientes:

(i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

(ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en

funcionamiento de la entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

(ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».

(iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En ning ún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».

De acuerdo con el apartado sustraído, es importante ahondar en el sentido y alcance de la expresión “ término estrictamente indispensable” entendido de manera consonante con lo estipulado en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Señala la providencia que, la temporalidad y excepcionalidad de la contratación son la esencia de este tipo de contratos, dado que la vinculación se

7 Sentencia de Unificación proferida el 9 de septiembre de 2021, por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad. SUJ-025CE-S2-2021 (2013-01143-01).Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

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pacta en aras de satisfacer una necesidad temporal, por lo que la problemática se centra en que las entidades hacen uso de la misma para cubrir funciones que claramente no son transitorias o eventuales, sino que, por el contrario, forman parte de su giro ordinario y requieren ser fungidas por personal de planta.

La anotada providencia aclara que lo que debe existir entre la entidad contratante y el contratista es una relación de coordinación de actividades, que conlleva a que el contratista se someta a ciertas condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener