TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2017-00389-01 (29-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-005-2017-00389-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: GILMA TORRES VARÓN - OTROS

APODERADO: JONY FRANCISCO PABON FIGUEROA

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

EJÉRCITO NACIONAL

APODERADA: JENNY CAROLINA MORENO DURAN

TEMA: DAÑO POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL – CADUCIDAD

CUESTIÓN PREVIA

Emite la Sala decisión acatando lo ordenado en la sentencia del 20 de febrero de 20241, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, M.P Luis Alberto Álvarez Parra, que expresó:

“(…) PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó la Nación – Ministerio de Defensa Nacional.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos constitucionales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de las señoras Gilma Torres Varón y

Mildred Yahaira Ángel Torres.

TERCERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia de 21 de noviembre de 2024 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el radicado 73001 -33-33-005-2017-00389-00/01, y ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que dicte una providencia de reemplazo, teniendo en

de 2024 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el radicado 73001 -33-33-005-2017-00389-00/01, y ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que dicte una providencia de reemplazo, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo cual se le concederá el término de treinta [30] días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia. (…)”

Lo anterior, luego de concluir que , en la sentencia emitida por esta Corpora ción entre otras cosas, se consignó lo siguiente:

“(…) desconoció el criterio jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional referente a la forma de determinar la fecha para cuando las accionantes tuvieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, en primera medida al usar una declaración que ni siquiera proviene de las demandantes, y por el hecho de no ponderar las circunstancias particulares de la señora Gilma Torres Varón, quien no estuvo presente al inicio del trámite penal en la misma oportunidad de los demás familiares de la víctima directa, los cuales adelantaron procesos contenciosos independientes.

1 Ver Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Quinta; Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra, Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2024, acción de tutela, Radicado: 11001-03-15-000-2025-00435-00.Radicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gilma Torres Varón - otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gilma Torres Varón - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 2 de 19

Al respecto resulta relevante resaltar que no es razonable, desde una perspectiva constit ucional, que el tribunal accionado usara como punto de partida una declaración que nada tiene que ver con las demandantes, donde cabe destacar que aún si ese testimonio hubiera provenido de las tutelantes, éste no hubiese incidido en la contabilización del término perentorio en el caso concreto, ya que, como ampliamente se explicó, para activar el aparato judicial es necesario tener elementos de juicio suficientes que le permitan acreditar lo dicho en un proceso. (…)

En este orden de ideas, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de las señoras Gilma Torres Varón y Mildred Yahaira Ángel Torres, dejará sin efectos la sentencia de 21 de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Tolima, y ordenará proferir una decisión de reemplazo, en la que se debe tener en cuenta las reglas jurisprudenciales señaladas en la parte motiva de esta providencia, en particular el criterio de flexibilidad probatoria que reviste estos asuntos, sobre todo en lo que tiene que ver con la fecha para cuando las demandantes pudieron advertir la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, como por ejemplo, la fecha de acceso al expediente penal por parte de las accionantes.”.

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, en contra de la sentencia del 30 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Quinto

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, en contra de la sentencia del 30 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mediante el cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales, morales, alteración grave a las condiciones de existencia, perjuicios a bienes constitucionalmente protegidos o convencionales por la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez por acción de miembros del pelotón “Depredador”, adscrito al Batallón de Infantería No. 18 “Jaime Rooke”, en actos irregulares que no forman parte del servicio.

Que se condene a la demandada al pago de los perjuicios morales, alteración grave a las condiciones de existencia, perjuicios a bienes constitucionalmente protegidos o convencionales de la demandante por la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez.

Que la condena por perjuicios materiales, sea liquidada ajustando los dineros resultantes al valor de la fecha de la sentencia, de conformidad con el IPC.

Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 El 22 de diciembre de 2007, en la vía que conduce de Ibagué al municipio de Rovira2. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

2.1 El 22 de diciembre de 2007, en la vía que conduce de Ibagué al municipio de RoviraTolima, en el sitio conocido como la "Y" de la vía alterna que va a la Recebera, con razónRadicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gilma Torres Varón - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 3 de 19

social Martínez, se emitió la orden de operaciones fragmentaria No. 352 domin ó No. 4701/BRG-BIROK-S3-375 con el fin de lograr el desplazamiento de un grupo especial denominado “Depredador”.

2.2 Que para el día antes mencionado, un informante del Ejército en compañía de dos militares adscritos al RIME, acordaron viajar hacia el municipio de Rovira Tolima, saliendo de Ibagué, y siendo aproximadamente las 7:30 p.m se encontraron con Marco Fidel Ángel Sánchez conocido como "el gato", pero luego de departir abordan un vehículo blanco con el pretexto de seguir consumiendo tragos pero en la ciudad de Ibagué.

2.3 Que durante el recorrido de Rovira a Ibagué, asesinan a Marco Fidel Ángel Sánchez.

2.4 Que el Batallón de Infantería Nro. 18 "Coronel Jaime Rooke" del Ejército Nacional, mediante informe de patrullaje del 23 de diciembre del 2007, ase gura que siendo las 22:20 horas del 22 de diciembre de 2007, en desarrollo de la misión táctica con el grupo

mediante informe de patrullaje del 23 de diciembre del 2007, ase gura que siendo las 22:20 horas del 22 de diciembre de 2007, en desarrollo de la misión táctica con el grupo depredador, se dio un combate con terroristas donde resultó abatido uno de ellos, el cual portaba un revolver calibre 38 y elementos del grupo subversivo.

2.5 El 24 de diciembre de 2007 , Reinaldo Ángel se comunicó telefónicamente con su sobrina Yuli Milena Borja Ángel, a quien le informó que Marco Fidel Ángel, se encontraba desaparecido desde el día 22 en la noche y que no sabían de su paradero.

2.5 El 27 de diciembre del 2007, la demandante y sus familiares, se enteraron que Marco Fidel Ángel Sánchez había muerto a manos del Ejército Nacional, y que había sido sepultado como NN en el cementerio San Bonifacio de lbagué.

2.6 Que Gilma Torres, desc onsolada sin entender lo sucedido, de inmediato decidió apoyar a los familiares de su esposo Marco Fidel ángel, en las averiguaciones que se encontraban adelantando, con el fin de saber que había pasado y porque el Ejército Nacional se atribuía el homicidi o de Marco Fidel, y más en situación de combate, pues, la víctima trabajaba en actividades agrícolas.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Sostuvo que se opone a todas y cada una de las pretensiones por carecer de fundamento jurídico.

Sostuvo que el actuar de Marco Fidel Ángel Sánchez fue el directo generador de su deceso configurándose la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la

jurídico.

Sostuvo que el actuar de Marco Fidel Ángel Sánchez fue el directo generador de su deceso configurándose la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, ya que este incidió material y directamente en la ocurrencia del supuesto daño, al desplegar un comporta miento típico y antijurídico, desarrollando actividades ilícitas como lo es la extorsión en contra de la población civil y portando armas de fuego de carácter ilegal, y para el día de los hechos al observar la presencia del personal militar respondió con disparos de arma de fuego, observando a simple vista su actuar ilegitimo.

Que en este caso se puede concluir que en efecto existió un daño, el cual se concretó en la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez el 24 de diciembre de 2007; sin embargo, no es posible atribuirle a ese daño la característica de antijuridicidad, ya que las actuaciones de los militares fueron legítimamente precedidas por el mandato constitucional y legal de preservar el orden público y la soberanía, motivo por el cual se desarrolló una operación militar.

Propuso como excepciones: Falta de legitimación en la causa por activa respecto de Gilma Torres Varón; Culpa exclusiva y determinante de la víctima, concausa, legítima defensa, y la genérica.Radicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gilma Torres Varón - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 4 de 19

Por lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 4 de 19

Por lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, el día 30 de noviembre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones, tras considerar que se configuran todos los presupuestos para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues con las pruebas allegadas se acreditó el actuar irregular de los miembros del Ejército Nacional, que presuntamente participaron en el homicidio del señor Marco Fidel Ángel Sánchez, bajo el régimen de responsabilidad de falla del servicio, pues con la declaración del señor Edwar Lain Bermúdez Cardona, testigo presencial de los hechos, se tiene que lo acontecido la noche del 22 de diciembre del 2007 en la vereda Martínez del Municipio de Rovira más es pecíficamente cerca al lugar conocido como la Recebera, no fue el resultado de un combate del Ejército Nacional con miembros de grupos al margen de la ley, sino una puesta en escena para mostrar resultados positivos con la ejecución extrajudicial del señor Marco Fidel Ángel Sánchez (q.e.p.d) que se constituye en una grave violación a los derechos humanos y que por ende debe ser indemnizada.

El a quo, resolvió:

“(…) PRIMERO. - DECLARAR no probadas las excepciones de fondo que propuso la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que denominó: i. culpa exclusiva de la víctima, ji. concausa y iii. la legitima defensa de conformidad con lo expuesto.

propuso la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que denominó: i. culpa exclusiva de la víctima, ji. concausa y iii. la legitima defensa de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los perjuicios causados a las demandantes, como consecuencia de la muerte del señor Marco Fidel Ángel Sánchez (q.e.p.d.), de conformidad con lo expuesto.

TERCERO: Consecuencia de la anterior declaración condenar a la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar a las demandantes los siguientes perjuicios por concepto de daños morales:

Nivel/Grado Demandante Calidad Indemnización Sent. Unificación 1 Gilma Torres Varón Compañera permanente

200 SMLMV

1 Mildred Yahaira Ángel Torres Hija 200 SMLMV

CUARTO: Como medidas de reparación integral se ordena a la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional, a adoptar las siguientes medidas de

naturaleza no pecuniaria:

Conceder tratamiento médico y psicológico integral a las víctimasdemandantes Gilma Torres Varón y Mildred Yahaira Ángel Torres, en calidad de compañera permanente e hija del señor Marco Fidel Ángel Sánchez (q.e.p.d), que deberá ser sufragado por la entidad demandada Nación - Ministerio de Defens aEjército Nacional, hasta su recuperación.

Se ordena realizar un acto de reconocimiento público, por parte de los señores

ser sufragado por la entidad demandada Nación - Ministerio de Defens aEjército Nacional, hasta su recuperación.

Se ordena realizar un acto de reconocimiento público, por parte de los señores Ministerio de Defensa y los Comandantes de las Fuerzas Militares y del EjércitoRadicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gilma Torres Varón - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 5 de 19

Nacional en las instalaciones del Concejo Municipal de Rovira, donde se acepte la responsabilidad por la ejecución extrajudicial del señor Marco Fidel Ángel Sánchez (q.e.p.d.), en donde se ofrecerán excusas publicas donde a las víctimas, el acto se realizará únicamente si los demandantes aceptan; y con la observación celosa de los protocolos de bioseguridad pertinentes.

El señor Ministerio de Defensa y los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional establecerán un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido m agnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de dichas instituciones.

El señor Ministerio de Defensa y los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional rea lizaran de manera conjunta una declaración en un medio

carga de la información en la página web de dichas instituciones.

El señor Ministerio de Defensa y los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional rea lizaran de manera conjunta una declaración en un medio de circulación nacional en el que reconozcan su responsabilidad por la ejecución extrajudicial del señor Marco Fidel Ángel Sánchez (q.e.p.d.).

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Fíjense como agencias en derecho a favor de la parte demandante, y a cargo de la parte demandada la suma de $3.000.000.

Por secretaría liquídese.

SEPTIMO: ORDEN AR que la entidad demandada de cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del C. de P.A. y de lo C.A.

OCTAVO: ORDENAR la devolución de los remanentes que por gastos ordinarios del proceso consignó la parte demandante, si los hubiere. (…)”

5. RECURSO DE APELACIÓN

5.1 PARTE DEMANDANTE

La parte demandante, indicó en su escrito de apelación que teniendo en cuenta las condiciones en que fue asesinada la víctima directa Marco Fidel Ángel Sánchez, quien fue ultimado por miembros del Ejército Nacional, con varios disparos realizados a corta distancia y, el móvil del crimen, el cual tuvo como propósito producir ganar condecoraciones entre otros privilegios propios de esta institución militar, hechos que constituyen sin duda una grave violación a los derechos humanos, lo cual permite inferir

distancia y, el móvil del crimen, el cual tuvo como propósito producir ganar condecoraciones entre otros privilegios propios de esta institución militar, hechos que constituyen sin duda una grave violación a los derechos humanos, lo cual permite inferir que la congoja y aflicción de sus familiares cobró en este caso particular la mayor intensidad, máxime cuando se declara como en este caso, la responsabilidad del Estado, derivada de la violación grave a derechos humanos.

Que este caso debe analizar el Juzgado de forma analítica y apegado a las reglas del derecho constitucional, el resarcimiento del daño cuando estamos ante graves violaciones al D.I.H., y ordenar una reparación moral superior a la establecida en la sentencia unificación.

Por lo anterior, solicitó:Radicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gilma Torres Varón - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 6 de 19

• REVOCAR Y/O ADICIONAR, la decisión de no acceder al reconocimiento de una indemnización conforme a lo que ordena la sentencia de unificación del Honorable Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2014, triplicando los valores ordenados, para cada uno de los demandantes, acorde con la parte motiva del

presente RECURSO DE APELACIÓN.

• REVOCAR, la decisión mediante el cual no se otorgó una reparación DE LOS PERJUICIOS INMATERIALES — ALTERACIONES GRAVES A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA — DAÑO A LA VIDA RELACIÓN, y en consecuencia se ordene reparar a cada uno de los demandantes, acorde con la

PERJUICIOS INMATERIALES — ALTERACIONES GRAVES A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA — DAÑO A LA VIDA RELACIÓN, y en consecuencia se ordene reparar a cada uno de los demandantes, acorde con la parte motiva del presente RECURSO DE APELACIÓN.

• REVOCAR y ORDENAR por parte del Honorable Tribunal, condenar a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO NACIONAL, por conceptos de

PERJUICIOS IN MATERIALES EN LA MODALIDAD DE AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES Y DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS, a favor de los demandantes, tal como lo ordenan los parámetros de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto d e 2014, acorde con la parte motiva del presente

RECURSO DE APELACIÓN.

• REVOCAR y ORDENAR por parte del Honorable Tribunal, condenar a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA — EJÉRCITO NACIONAL, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES, acorde con las reglas establecidas por el Honorable Consejo de Estado y según los parámetros explicados en parte motiva del

presente RECURSO DE APELACIÓN.

Y expresó que frente a los múltiples pronunciamientos actuales sobre el fenómeno jurídico de la caducidad cuando se trata de demandas de responsabilidad por presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Ejército Nacional por conductas constitutivas de vulneraciones graves a derechos humanos o al derecho, internacional humanitario, no está llamada a prosperar.

5.2 PARTE DEMANDADA

Sostuvo que la demanda fue contestada dentro de termino y fue propuesta la excepción

de vulneraciones graves a derechos humanos o al derecho, internacional humanitario, no está llamada a prosperar.

5.2 PARTE DEMANDADA

Sostuvo que la demanda fue contestada dentro de termino y fue propuesta la excepción de caducidad, la cual fue despachada desfavorablemente en la audiencia inicial celebrada el 15 de julio de 2019, no obstante como quiera que el 29 de enero de 2020 el honorable consejo de estado unificó su jurisprudencia sobre la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de informe de la necropsia que le fue practicada que formal parte de las pruebas dentro del presente expediente.

Que en la demanda se sostuvo que los demandantes conocieron desde el 27 de diciembre de 2007 tanto la muerte del señor Ángel Sánchez como la participación de agentes del estado en tales hechos, noticia que como lo indica el apoderado judicial de los demandantes fue rechazada por la familia, al punto de que el día 01 de diciembre de 2008 elevaron denuncia escrita ante la fiscalía general de la nación.

Que la versión según la cual la causa de la muerte del señor Marco fidel Ángel fue en desarrollo de un combate sostenido con el ejército nacional fue susceptible de ser cuestionada y rechazada desde el momento en que su familia se entera de la fatídica noticia, tal y como se sostiene en el escrito de demanda, razón por la cual, no se vislumbra circunstancias que pudieran impedir que los demandantes presentaran la demanda conRadicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

noticia, tal y como se sostiene en el escrito de demanda, razón por la cual, no se vislumbra circunstancias que pudieran impedir que los demandantes presentaran la demanda conRadicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

Acción: Reparación Directa

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pretensión de reparación directa dentro del término establecido por la ley para hacerlo, máxime si se tiene en cuenta que dentro del caso de marras existen dos eventos a saber; el primer evento ocurre si se toma como fecha de inicio para el conteo de la caducidad el día en que la sobrina del occiso se enteró de la muerte de su ser querido y las circunstancias que rodearon la misma, esto sería el día 27 de diciembre de 2007 en ese orden de ideas los demandantes tenían hasta el día 28 de diciembre de 2009 para ejercer la acción en termino; el segundo evento sucede si se toma como fecha de inicio el día en que los demandantes elevaron la denuncia ante la fiscalía general de la nación, es decir el día 01 de diciembre de 2008 el termino fenecería el día 02 de diciembre de 2010, presentándose la solicitud de conciliación extrajudicial hasta el día 10 de agosto de 2017, emitiéndose la correspondiente acta por la procuradu ría de conocimiento el día 12 de octubre de 2017, para finalmente presentar la demanda el día 17 de noviembre de 2017, es clara la extemporaneidad con que los actores a través de su apoderado judicial ejercieron la presente acción, razón por la cual que una vez más me ratifico en lo antes

es clara la extemporaneidad con que los actores a través de su apoderado judicial ejercieron la presente acción, razón por la cual que una vez más me ratifico en lo antes manifestado de que no es procedente prolongar el termino de caducidad al arbitrio de los demandantes o de su apoderado judicial.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia emitida y declarar la caducidad.

6. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 24 junio de 2021. Mediante auto del día 25 de noviembre de 2021, se admitió el recurso de apelación.

El 8 de abril de 2022 , se corrió traslado a las partes, por término de 10 días, para que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público, por un término igual, para que rindiera su concepto; oportunidad en la que la s partes reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivos escritos.

Igualmente, mediante auto del 13 de marzo de 2025, acatando lo ordenado en la sentencia del 20 de febrero de 2024 2, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, M.P Luis Alberto Álvarez Parra, se decretó prueba de oficio, con el fin de establecer la fecha exacta en que las demandantes tuvieron conocimiento de la posible participación del Estado por acción u omisión en la conducta irregular, para efectos de definir el término de caducidad.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto,

irregular, para efectos de definir el término de caducidad.

7. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

7.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

7.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si

• En este caso, se debe aplicar el término de caducidad establecido para el medio de control de reparación directa, aun cuando se trata de un daño originado presuntamente por una ejecución extrajudicial, en caso

2 Ver Consejo De Estado Sala De Lo C ontencioso Administrativo Sección Quinta; Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra, Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2024, acción de tutela, Radicado: 11001-03-15-000-2025-00435-00.Radicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

Acción: Reparación Directa

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afirmativo, si se encuentra configurada la men cionada excepción, o por el contrario, la demanda, se presentó dentro del término legal.

7.3 TESIS SALA

La sala revocará la sentencia apelada, y en su lugar declarará probada la excepción de caducidad. Lo anterior, porque una cosa es el término de caducidad para ejercer la acción, que en

7.3 TESIS SALA

La sala revocará la sentencia apelada, y en su lugar declarará probada la excepción de caducidad. Lo anterior, porque una cosa es el término de caducidad para ejercer la acción, que en este caso sería desde el momento en que tuvieron conocimiento de la posible participación de miembros del Estado en el hecho que originó el daño, y otra es que los afectados consideren que el resultado del proceso p enal adelantado por el homicidio en el que resultan involucrados miembros de las fuerzas militares, es trascendental para definir el sentido del fallo que se llegue a proferir dentro del medio de control de reparación directa; pues, como lo indicó el Conse jo de Estado, lo que deben hacer es presentar la demandan en tiempo y cuando el proceso esté para proferir sentencia solicitar suspensión por prejudicialidad.3 En este asunto, se considera que desde enero de 2013, los demandantes tenían conocimiento del daño y de su imputabilidad a la entidad demandada, pues, fue la fecha en la que la Fiscalía General de la Nación a través de Policía Judicial, les dio a conocer los derechos que tenían como víctimas dentro de la investigación penal adelantada por el homicidi o de Marco Fidel Ángel, entendiéndose que desde ese momento tenían la posibilidad de recibir y acceder a la información de esa investigación y de los hechos por los que se consideraban víctimas, es decir, que el término de caducidad vencía en enero de 2015, sin que para ese momento se haya elevado ni la solicitud de conciliación prejudicial4 ni mucho menos la demanda.5

7.4. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS

DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

prejudicial4 ni mucho menos la demanda.5

7.4. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS

DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

El fenómeno de la caducidad esta instituido con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinados medios de control judicial no se ejercen dentro de un término específico; entonces, a los interesados les corresponde asu mir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si esto no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

En otros términos, la caducidad limita el tiempo durante el que las personas pueden acudir a la jurisdicción para la definición judicial de las controversias con el propósito de resguardar el interés general y la seguridad jurídica. En atención a esas finalidades se ha destacado la obligatoriedad de los términos de caducidad, y por ende:6

“(…) la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades proces ales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado (…)”

3 Consejo De Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta; Magistrado Ponente: Luis Alberto

Álvarez Parra, Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), Radicado No. 11001 -03-15-0002025-00435-00

4 La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 10 de agosto de 2017. 5 La demanda se presentó el 17 de noviembre de 2017.

6 Sentencia SU-447 de 2011. M.P. Mauricio González CuervoRadicación: 73001-33-33-005-2017-00389-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Gilma Torres Varón - otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Página 9 de 19

Es de precisar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, normas vigentes para el momento de los hechos; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, con relación a la caducidad de las demandas en las que se plantean pretensiones de reparación directa el numeral 2 ° del literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.P.A.C.A.-, dispone de dos formas para contabilizar dicho término, a saber: i) dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o ii) de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño, s