TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2018-00265-02 (03-04-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicación: 73001-33-33-005-2018-00265-02

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Aliados Energéticos de Colombia S.A.S.

Apoderado: Gina Lizzethe García Rivera

Demandado: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Apoderado: Juan Carlos Ángel Lozano

Tema: Cobro coactivo

ASUNTO

Decidir el recurso de apela ción interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La empresa Aliados Energéticos de Colombia S.A.S. 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el Ministerio del Trabajo, solicitando que se acojan las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad de la Resolución 286 del 8 de septiembre de 2016, mediante la cual la Dirección Territorial de Trabajo del Tolima impuso a la empresa una multa de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por incumplimiento de sus obligaciones como empleador.

la cual la Dirección Territorial de Trabajo del Tolima impuso a la empresa una multa de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por incumplimiento de sus obligaciones como empleador.

Se declare la nulidad de la Resolución 439 del 26 de diciembre de 2016, mediante la cual, en sede de reposición, se modificó la sanción anterior, aumentando el monto de la multa a $205.936.500.

Se declare la nulidad de la Resolución 373 3 del 26 de septiembre de 2017, por medio de la cual, en sede de apelación, se confirmó la sanción impuesta en la Resolución 286 de 2016 y se revocó la Resolución 439 de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, s e ordene al Ministerio del Trabajo liquidar en ceros la deuda derivada de la sanción impuesta mediante la Resolución 3733 del 26 de septiembre de 2017 y archivar el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra.

1 A través de apoderado judicial.2

Se condene en costas a la autoridad demandada.

1.1.2. Hechos

La parte actora indicó que el 10 de septiembre de 2013, el señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) asistió a un examen ocupacional para determinar su aptitud para trabajos en alturas, el cual evidenció una patología que no limitaba el desarrollo de la labor.

Señaló que el 13 de septiembre de 2013, el señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) inició su relación laboral con la empresa AENCO S.A.S.

la labor.

Señaló que el 13 de septiembre de 2013, el señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) inició su relación laboral con la empresa AENCO S.A.S.

Indicó que el 16 de septiembre de 2013, al señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) se le impartió inducción sobre riesgo eléctrico, biológico, ergonómico, mecánico y físico, así como sobre el uso y manejo de elementos de protección personal, principios de acceso a árboles, conocimientos básicos de trepa y el uso y manejo de manila y nudos.

Especificó que el 12 de octubre de 2013, el señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) cursó y aprobó la acción de formación en el seminario-taller sobre gestión de arbolado y técnica de trepa.

Contó que mediante la Resolución 2929 del 25 de octubre de 2013, el Departamento del Tolima concedió licencia para la prestación de servicios en salud ocupacional al señor Luis Fernando Patiño Mejía, quien se desempeñaba como SISO y era el encargado de capacitar en seguridad y salud en el trabajo.

Relató que entre enero y abril de 2014, AENCO S.A.S. impartió inducciones y capacitaciones a sus trabajadores, incluido el señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.), sobre políticas de la empresa y Enertolima, trabajo en alturas y riesgos asociados, caídas, t rabajo en campo, impactos ambientales, divulgación del programa de gestión RESPEL, seguridad vial y conducción defensiva, riesgo

(Q.E.P.D.), sobre políticas de la empresa y Enertolima, trabajo en alturas y riesgos asociados, caídas, t rabajo en campo, impactos ambientales, divulgación del programa de gestión RESPEL, seguridad vial y conducción defensiva, riesgo público, socialización de accidentes, pausas activas, señalización vial, prevención de caídas y cuidado de manos, rescate en al turas, identificación y evaluación del riesgo eléctrico, normatividad RETIE, las cinco reglas de oro del trabajo forestal y manual de procedimientos de 2014.

Manifestó que el 2 de marzo de 2014, el señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) cursó y aprobó la capacitación en nivel avanzado de trabajo seguro en alturas, y que previamente también había recibido formación en identificación y control de riesgos.

Sostuvo que el 4 de abril de 2014, el señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) falleció en un accidente laboral mientras prestaba servicios para la Sociedad Aliados Energéticos de Colombia S.A.S.

Refirió que el 13 de julio de 2014, el Ministerio del Trabajo recibió el informe de la ARL Liberty sobre el accidente de trabajo sufrido por el señor Óscar Iv án Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.).

Dijo que mediante Auto 000301 del 18 de junio de 2014, el Ministerio del Trabajo inició una averiguación preliminar contra la Sociedad Aliados Energéticos de Colombia S.A.S., estableciendo que el accidente de trabajo obedeció a un factor personal.3

Señaló que el 26 de junio de 2014, el Ministerio del Trabajo solicitó a la Sociedad

Colombia S.A.S., estableciendo que el accidente de trabajo obedeció a un factor personal.3

Señaló que el 26 de junio de 2014, el Ministerio del Trabajo solicitó a la Sociedad Aliados Energéticos de Colombia S.A.S. determinada información, la cual fue entregada por esta.

Informó que el 4 de mayo de 2016, el Ministerio del Trabajo formuló cargos contra la Sociedad Aliados Energéticos de Colombia S.A.S., y que esta presentó sus descargos el 3 de junio del mismo año.

Expreso que, como resultado del proceso administrativo, mediante la Resolución 286 del 8 de septiembre de 2016 , se sancionó a la sociedad con una multa equivalente a 70 SMLMV por incumplimiento de sus obligaciones como empleador.

Advirtió que a través de la Resolución 439 del 26 de diciembre de 2016, se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 286 de 2016, modificando la sanción en cuanto al monto de la multa.

Anotó que posteriormente, mediante la Resolución 3733 del 26 de septiembre de 2017, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 286 de 2016, confirmando la sanción y revocando la Resolución 439 de 2016.

1.2. Contestación de la demanda

El Ministerio del Trabajo manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda, argumentando la falta de fundamento normativo, dado que se realizó una valoración suficiente de las pruebas aportadas por el demandante y la ARL Liberty. Señaló que la ausencia de ciertos elementos probatorios responde a la falta de diligencia del demandante en su carga probatoria y que este no logró desvirtuar el único cargo

suficiente de las pruebas aportadas por el demandante y la ARL Liberty. Señaló que la ausencia de ciertos elementos probatorios responde a la falta de diligencia del demandante en su carga probatoria y que este no logró desvirtuar el único cargo imputado, sino que, por el contrario, se estableció su incumplimiento de las normas en materia de riesgos laborales.

Explicó que, mediante el Auto Comisorio 000301 del 18 de junio de 2014, la Directora Territorial del Ministerio de Trabajo designó a la Inspectora Quinta de Trabajo y Seguridad Social para adelantar una indagación preliminar sobre el accidente laboral que ocasionó la muerte del señor Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.), ocurrido el 4 de abril del mismo año, en contra del empleador AENCO S.A.S. Indicó que la invest igación tenía como propósito verificar el incumplimiento de la normativa de seguridad social en riesgos laborales, con base en la información reportada por la ARL Liberty, radicada bajo el N.º 01883 del 13 de junio de 2014.

Aclaró que la investigación se inició a partir del reporte de la ARL Liberty sobre el accidente, en el que se anexó copia de la investigación interna de la empresa y el concepto de la administradora de riesgos laborales.

Señaló que, mediante Auto de Avocamiento del 26 de junio de 2014, la funcionaria designada asumió el conocimiento del caso y ordenó la práctica de pruebas, requiriendo a AENCO S.A.S. la entrega de documentación en un plazo de diez (10) días. Este requerimiento fue atendido mediante Oficio 001767 de la misma fecha, con radicado 002197.

requiriendo a AENCO S.A.S. la entrega de documentación en un plazo de diez (10) días. Este requerimiento fue atendido mediante Oficio 001767 de la misma fecha, con radicado 002197.

Indicó que, a través del Oficio 3014 del 9 de octubre de 2014, se informó a la Dirección Nacional de Prevención y a la Dirección Nacional de Indemnizaciones de la ARL Liberty sobre la apertura formal de la investigación contra AENCO S.A.S., a raíz del accidente laboral que causó la muerte del trabajador. Agregó que ese mismo día se citó al representante legal de la empresa para rendir declaración, diligencia que se llevó a cabo.4

Manifestó que el 25 de marzo de 2015, la empresa investigada remitió documentación en respuesta a un requerimiento emitido el 13 del mismo mes. Posteriormente, el 7 de mayo de 2015, mediante Oficio 02242, se solicitó con carácter urgente el informe de la autoridad judicial sobre el levantamiento del cadáver o, en su defecto, copia de la necropsia realizada por Medicina Legal, la cual fue allegada.

Explicó que, mediante el Auto 000410 del 4 de mayo de 2016, se formularon cargos contra AENCO S.A.S. Esta decisión, notificada por aviso conforme a los requisitos legales, fue comunicada a la ARL Liberty mediante Oficio N.º 002180 del 6 de mayo de 2016.

Indicó que el 3 de junio de 2016, el representante legal de AENCO S.A.S., presentó descargos y aportó pruebas en su defensa, no obstante, con base en el material

de 2016.

Indicó que el 3 de junio de 2016, el representante legal de AENCO S.A.S., presentó descargos y aportó pruebas en su defensa, no obstante, con base en el material probatorio recaudado, se profirió el Auto de Pliego de Cargos N.º 000410 del 4 de mayo de 2016, en el que se imputaron las siguientes infracciones:

• Incumplimiento del literal c) del artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, que impone al empleador la obligación de “procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo”.

• Incumplimiento del artículo 26 de la Ley 1562 de 2012, que modificó el literal g) del artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, estableciendo la obligación del empleador de “facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores en salud ocupacional y para adelantar los programas de promoción y prevención a cargo de las Administradoras de Riesgos

Laborales”.

Señaló que estas infracciones pueden dar lugar a sanciones consistentes en multas de uno (1) a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 485 del Código Sustantivo del Trabajo, el Sistema de Seguridad Social Integral y el art ículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo 7.º de la Ley 1610 de 2013.

Explicó que la conducta de AENCO S.A.S. se evaluó con base en los siguientes criterios para la imposición de la sanción:

• La gravedad del daño, dado que la infracció n ocasionó la muerte de un

Explicó que la conducta de AENCO S.A.S. se evaluó con base en los siguientes criterios para la imposición de la sanción:

• La gravedad del daño, dado que la infracció n ocasionó la muerte de un trabajador. • La falta de aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. • Como atenuante, el hecho de que la empresa mostró cierto grado de prudencia y diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones en seguridad laboral. • El número de trabajadores y los activos de la empresa.

Afirmó que, en ejercicio de sus facultades legales conforme a la Constitución, los Convenios 81 y 129 de la OIT, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, adelantó la investigación administrativa sancionatoria contra

AENCO S.A.S.

Indicó que el demandante alegó una indebida valoración de las pruebas, argumentando que no se les otorgó el juicio de valor correspondiente, pero que, no obstante, sostuvo que los actos administrativos de primera y segunda instancia analizaron las pruebas documentales aportadas. Precisó que el cargo relacionado con la obligación de “facilitar la capacitación de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo” fue revocado mediante la Resolución 286 del 8 de septiembre de 2016, decisión confirmada por la Resolución 3733 del 26 de septiembre de 2016.5

Expuso que, respecto a la supuesta falta de motivación del acto administrativo en la imposición de la sanción por el segundo cargo, se invocó como precedente la

Expuso que, respecto a la supuesta falta de motivación del acto administrativo en la imposición de la sanción por el segundo cargo, se invocó como precedente la sentencia SL6497-2015 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual establece el deber del empleador de garantizar la provisión de instrumen tos, instalaciones y elementos de protección adecuados para la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

Manifestó que el acto administrativo analizó detalladamente el acervo probatorio, indicando que, en primer lugar, examinó el infor me de la ARL Liberty, el cual determinó que: (i) las partes del cuerpo afectadas fueron la mano derecha, el corazón y el pie izquierdo, y (ii) existía una alta probabilidad de que ocurriera un evento similar en el futuro.

Añadió que también se valoraron las declaraciones de los testigos, quienes relataron que, al momento del accidente, el operario descendía de un árbol tras realizar labores de poda cuando entró en contacto con una rama inclinada, lo que provocó que tocara las cuerdas de alta tensión y suf riera una descarga eléctrica. Explicó que, tras el incidente, se comunicaron con el centro de control para gestionar la apertura de los circuitos y facilitar las labores de rescate.

Señaló que el comité paritario analizó la situación y, en acta del 5 de mayo de 2014, determinó reducir la meta de podas y establecer que el personal administrativo realizara visitas periódicas al campo, además de acompañar a otros proveedores en actividades de supervisión.

Aseguró que la necropsia evidenció que el punto de entrada de la descarga eléctrica

realizara visitas periódicas al campo, además de acompañar a otros proveedores en actividades de supervisión.

Aseguró que la necropsia evidenció que el punto de entrada de la descarga eléctrica fue la mano derecha y el de salida, el pie izquierdo, de lo que se desprende que existió un análisis adecuado del material probatorio, lo que permite concluir que el empleador incumplió su deber de garantizar la seguridad y s alud en el trabajo, con la consecuente ocurrencia del accidente mortal del trabajador.

Sostuvo que el primer cargo que sustentó la imposición de la multa se encuentra previsto en el literal c) del artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, el cual establece la obligación del empleador de "procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo".

Precisó que el acto administrativo de primera instancia, confirmado en segunda instancia, fundamentó la sanción pecuniaria impue sta al demandante con base en un único cargo, cuya graduación se realizó mediante el análisis de la conducta del empleador conforme a cuatro causales previstas en los literales d), f), i) y k) del artículo 13 de la Ley 1562 de 2012:

“d) El grado de pruden cia y diligencia en el cumplimiento de los deberes y la aplicación de las normas legales pertinentes. f) El daño o peligro generado en relación con los intereses jurídicos tutelados. i) La proporcionalidad y razonabilidad de la sanción en función del númer o de trabajadores y el valor de los activos de la empresa. k) La muerte del trabajador.”

Indicó que, adicionalmente, para la graduación de la sanción se aplicaron los

trabajadores y el valor de los activos de la empresa. k) La muerte del trabajador.”

Indicó que, adicionalmente, para la graduación de la sanción se aplicaron los criterios previstos en el artículo 5 del Decreto 472 de 2015, considerando que la empresa sancionada es una mediana empresa, conforme a la valoración de los documentos incorporados en el expediente.

En relación con el argumento de la parte demandante sobre la supuesta falta de especificación de la norma violada, afirmó que dicha alegación re sulta infundada,6

en razón a que las resoluciones expedidas en el proceso administrativo -Resolución 000286 del 8 de septiembre de 2016, proferida por la Dirección Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo; Resolución 000439 del 26 de diciembre de 2016, que repuso parcialmente la anterior; y Resolución 3733 del 26 de septiembre de 2017, proferida por la Subdirección de Riesgos Laborales, que resolvió el recurso de apelación y fijó la sanción en 70 salarios mínimos legales vigentes, revocando parcialmente la Resolución 000439 - consignan expresamente la infracción del empleador al literal c) del artículo 21 del Decreto 1295 de 1994.

Respecto a la alegada falta de valoración probatoria y ausencia de motivación del acto administrativo, reiteró que este argu mento carecía de fundamento, pues la sanción se sustentó en las pruebas recaudadas en el expediente. Indicó que la carga de la prueba correspondía al empleador, quien no aportó el programa de gestión, el cronograma de actividades ni evidencia de la realiza ción de exámenes

sanción se sustentó en las pruebas recaudadas en el expediente. Indicó que la carga de la prueba correspondía al empleador, quien no aportó el programa de gestión, el cronograma de actividades ni evidencia de la realiza ción de exámenes médicos periódicos, y que únicamente presentó el examen de ingreso y un certificado médico para trabajo en alturas, lo que evidencia el incumplimiento de sus obligaciones, especialmente en lo relativo a la práctica de exámenes periódicos, los cuales forman parte del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Explicó que estos exámenes resultan fundamentales para elaborar el diagnóstico de las condiciones de salud del trabajador, máxime cuando se trata de una actividad de alto riesgo que exige condiciones óptimas de salud.

Determinó que el empleador no ejecutó actividades de supervisión en campo para evaluar el grado de riesgo al que estaba expuesto el trabajador durante las labores de poda, y que esta deficiencia ya había sido advertida en el acta del COPASST del 5 de mayo de 2014, en la que se recomendó reducir la meta de podas y reforzar la supervisión con visitas periódicas del personal administrativo en compañía de otros proveedores, pero que dicha medida no se implementó, lo que derivó en el accidente mortal del trabajador, evidenciando la falta de supervisión y control en campo.

Finalmente, sostuvo que el informe de accidente emitido por la ARL Liberty concluyó que las partes del cuerpo del trabajador afectadas fueron la mano de recha, el corazón y el pie izquierdo, y que también se estableció que existía una alta probabilidad de repetición del accidente, lo que reafirma que las condiciones de la actividad representaban un riesgo constante sin que el empleador adoptara las

corazón y el pie izquierdo, y que también se estableció que existía una alta probabilidad de repetición del accidente, lo que reafirma que las condiciones de la actividad representaban un riesgo constante sin que el empleador adoptara las medidas necesarias para prevenirlo.

Según lo manifestado por la entidad, el primer cargo que fundamentó la imposición de la multa se enmarca en el literal c) del artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, el cual establece la obligación del empleador de "procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo".

Asimismo, la entidad señala que el acto administrativo de primera instancia, confirmado en segunda instancia, impuso una sanción pecuniaria con base en un único cargo, graduando la sanción tras analizar la conducta del empleador, la cual, según la autoridad administrativa, se enmarcó en cuatro causales previstas en los literales d), f), i) y k) del artículo 13 de la Ley 1562 de 2012.

En relación con el argumento de la parte demandante sobre la supuesta omisión en la indicación de la norma violada, la entidad sostiene que tal afirmación no se ajusta a la realidad, pues las resoluciones que fundamentaron la sanción señalaron expresamente la infracción del literal c) del artículo 21 del Decreto 1295 de 1994. En particular, refiere las resoluciones 000286 del 8 de septiembre de 2016 y 000439 del 26 de diciembre de 2016, ambas proferidas por la Dirección Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo, así como la Resolución 3733 del 26 de septiembre de7

2017, expedida por la Subdirección de Riesgos Laborales, que resolvió el recurso

del Ministerio del Trabajo, así como la Resolución 3733 del 26 de septiembre de7

2017, expedida por la Subdirección de Riesgos Laborales, que resolvió el recurso de apelación y fijó la sanción en 70 salarios mínimos legales vigentes.

De igual forma, la entidad descarta la a firmación del demandante sobre una supuesta falta de valoración probatoria y ausencia de motivación en el acto administrativo, indicando que la sanción impuesta estuvo debidamente sustentada en las pruebas obrantes en el expediente. En este sentido, destac a que el empleador, sobre quien recaía la carga probatoria, no presentó evidencia del programa de gestión ni aportó el cronograma de actividades o los exámenes médicos periódicos, limitándose a entregar únicamente el examen de ingreso y un certificado médico para trabajo en alturas.

Según la entidad, lo anterior evidencia el incumplimiento de las obligaciones del empleador, en particular, la realización de exámenes médicos periódicos, los cuales constituyen un elemento esencial del subprograma de medicina preventiva y del trabajo, necesario para diagnosticar las condiciones de salud del trabajador. Esto resulta aún más relevante en el caso de actividades de alto riesgo, donde las condiciones de salud deben ser óptimas.

Asimismo, la entidad sostiene que el empleador no implementó supervisión de campo para evaluar los riesgos a los que estaba expuesto el trabajador en labores de poda. Indica que en el acta del COPASST del 5 de mayo de 2014 se estableció la necesidad de reducir la meta de podas y garantizar la supervisión de campo por parte del personal administrativo, con visitas reiteradas y acompañamiento a los

de poda. Indica que en el acta del COPASST del 5 de mayo de 2014 se estableció la necesidad de reducir la meta de podas y garantizar la supervisión de campo por parte del personal administrativo, con visitas reiteradas y acompañamiento a los móviles de trabajo. No obstante, enfatiza que dicha supervisión no se llevó a cabo, lo que evidencia una falta de control y coordinación en la actividad desarrollada, con consecuencias fatales.

La investigación adelantada por la ARL Liberty, según la entidad, confirmó que las lesiones sufridas por el trabajador se concentraron en la mano derecha, el corazón y el pie izquierdo, además de señalar que ex istía una alta probabilidad de que el accidente pudiera repetirse en las mismas condiciones.

También se constató, según lo manifestado por la entidad, que hubo una demora en la coordinación con otro grupo de control para abrir los circuitos y permitir el rescate del trabajador tras recibir la descarga eléctrica, lo que revela, en su criterio, una deficiente planificación y ejecución de la actividad laboral. Los testimonios recabados en el informe de accidente corroboran estos hechos, y la necropsia confirmó que la causa del fallecimiento fue una descarga eléctrica con entrada por la mano derecha y salida por el pie izquierdo, todo ello en un contexto de falta de supervisión, coordinación y cuidado en la ejecución de una actividad de alto riesgo.

En consecuencia, la entidad concluye que el empleador incumplió las normas de riesgos laborales, lo que derivó en el accidente mortal del trabajador.

Por lo anterior, la entidad sostiene que los procedimientos administrativos adelantados por el Ministerio del Traba jo se ajustaron a la normatividad vigente,

riesgos laborales, lo que derivó en el accidente mortal del trabajador.

Por lo anterior, la entidad sostiene que los procedimientos administrativos adelantados por el Ministerio del Traba jo se ajustaron a la normatividad vigente, respetando los principios constitucionales y legales aplicables en la materia. En particular, enfatiza que la actuación administrativa se llevó a cabo conforme al procedimiento previsto en el Código de Procedimien to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), garantizando los derechos de las partes y observando los principios de transparencia, legalidad y seguridad jurídica.

Finalmente, la entidad reitera que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el debido proceso como garantía en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Este principio exige que las autoridades se ciñan a las formas procesales establec idas en la ley, garantizando el derecho de defensa y la8

posibilidad de controvertir las pruebas, lo cual —según la entidad— se respetó en el proceso administrativo adelantado contra la sociedad demandante.

1.3. Sentencia de primera instancia

Mediante decisión del 24 de marzo de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda e impuso condena en costas a la parte actora. Como concepto de agencias en derecho, fijó a su cargo la suma de $1.930.474 a favor de la entidad demandada.

El juez determinó que, al analizar el contexto general del accidente laboral fatal, el cuestionamiento del Ministerio del Trabajo a la parte demandante no radicó en fallas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, p ues estos aspectos fueron descartados, en cambio, la sanción se fundamentó en la falta de vigilancia y

cuestionamiento del Ministerio del Trabajo a la parte demandante no radicó en fallas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, p ues estos aspectos fueron descartados, en cambio, la sanción se fundamentó en la falta de vigilancia y supervisión del empleador para la adopción de medidas que redujeran o eliminaran el peligro, así como en su deber de exigir el cumplimiento de las normas de seguridad o, en su defecto, prohibir o suspender la ejecución de la actividad.

Precisó que en este proceso no se enjuiciaba la responsabilidad patrimonial del empleador, sino el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro del desarrollo de sus actividades. En este sentido, consideró que el Ministerio del Trabajo ejerció su competencia administrativa al verificar si el empleador había cumplido con dichas obligaciones, en un marco de control sobre medidas administrativas y cumplimiento normativo para garantizar la salud e integridad de los trabajadores. Por ello, desestimó el cargo de falta de competencia alegado por la parte demandante.

Asimismo, concluyó que no se acreditó que, en el momento en que el señor Ó scar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) realizaba la poda, el empleador hubiese ejercido supervisión y control efectivos, pues no se evidenciaron requerimientos, llamados de alerta, prevenciones, análisis ni evaluaciones continuas de los riesgos en la ejecución de la labor, además de que tampoco se probó que se le hubiese ordenado al trabajador suspender la actividad hasta adoptar medidas correctivas.

Destacó que, según la declaración de Natalia Vásquez Rojas, la poda en alturas y cerca de redes eléctricas es u na actividad de alto riesgo, influenciada por factores

al trabajador suspender la actividad hasta adoptar medidas correctivas.

Destacó que, según la declaración de Natalia Vásquez Rojas, la poda en alturas y cerca de redes eléctricas es u na actividad de alto riesgo, influenciada por factores como las condiciones atmosféricas y el estado de los árboles (podridos, inestables, rígidos, etc.), y agregó que, no obstante, no se demostró que, al momento del accidente, se hubiesen realizado activi dades de control, evaluación y análisis del riesgo.

Afirmó que el Ministerio del Trabajo sí tuvo en cuenta los medios de prueba aportados por la parte demandante durante el proceso administrativo, razón por la cual descartó uno de los cargos de nulidad de l acto demandado, y además, consideró que los elementos probatorios disponibles eran suficientes para adoptar una decisión de fondo, rechazando otros por inconducentes e impertinentes, en consecuencia, concluyó que los actos administrativos demandados no v ulneraron el derecho al debido proceso ni carecieron de motivación, pues contaban con fundamentos fácticos y jurídicos ajustados a la realidad de los hechos investigados.

Señaló que en el proceso no se alegó específicamente el cumplimiento de normas sobre trabajo en alturas o poda, ni este aspecto fue determinado en los actos administrativos demandados.

Finalmente, concluyó que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.9

1.4. Recurso de apelación

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora sostiene que Óscar Iván Muñoz Beltrán (Q.E.P.D.) recibió capacitación desde el inicio del contrato y que la

1.4. Recurso de apelació