TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2019-00116-01 (03-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº.: 73001-33-33-005-2019-00116-01 (0803/2020) Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Tema: Subsidio familiar – Patrullero de la Policía

Nacional

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Juan Pablo Salazar Escobar contra la sentencia del 17 de septiembre de 2020, proferida por el Juzgado Quinto Administrativ0 Oral del Circuito de Ibagué, que negó las pretensiones de la demanda; además no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho , promovida por el señor JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL.

II. ANTECEDENTES

El señor JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR , mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener, a través de sentencia judicial, un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener, a través de sentencia judicial, un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

Que se inapliquen por inconstitucionales e inconvencionales las siguientes disposiciones: artículo 29 del Decreto 4158 de 2004, artículo 29 del Decreto 923 de 2005, artículo 29 del Decreto 407 de 2006 , artículo 29 del Decreto 923 de 2005, artículo 29 del Decreto 407 de 2006, artículo 29 del Decreto 1515 de 2007, artículo del Decreto 673 de 2008, artículo 27 del Decreto 737 de 2009, artículo 27 de Decreto 1530 de 2010, artículo 27 del Decreto 1050 de 2011, artículo del Decreto 842 de 2012, artículo 27 del Decreto 1017 de 2013, artículo 27 del Decreto 187 de 2014, artículo 27 del Decreto 1028 de 2015, artículo 27 del Decreto 214 de

1 Folios 6-7 Cuaderno Principal Primera Instancia, expediente digital SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

Interno: 0803/20

2016, artículo 27 del Decreto 984 de 2017, y el artículo 28 del Decreto 324 de 2018.

Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

Interno: 0803/20

2016, artículo 27 del Decreto 984 de 2017, y el artículo 28 del Decreto 324 de 2018.

Que se declare la nulidad del Oficio No. S -2017-054619/ANOPA-GRUNO 1.10 del 18 de diciembre de 2017, por medio del cual la Entidad demandada negó la reliquidación del salario del demandante, incluyendo el subsidio familiar en un 30% del salario básico por concepto de su esposa y un 5% del salario básico por concepto de su primer hijo.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a reconocer y pagar al demandante la reliquidación del salario que devenga por parte de la Institución castrense, incluyéndose la partida del “subsidio familiar”, de acuerdo con los siguientes parámetros:

• En un 30% del salario básico, porcentaje que corresponde por su esposa, Nydia Yamile Marín Agudelo, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponde desde el 24 de diciembre de 2009, fecha del matrimonio.

• En un 5% del salario básico, porcentaje que corresponde por su primera hija Isabela Salazar Marín junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 15 de marzo de 2012, fecha de nacimiento de la menor.

Que se ordene a la Entidad demandada a pagar al demandante , el retroactivo correspondiente a prestaciones, subsidios, aumentos anuales o cualquier otro derecho causado, más la indexación que en derecho corresponda, incluyendo

de la menor.

Que se ordene a la Entidad demandada a pagar al demandante , el retroactivo correspondiente a prestaciones, subsidios, aumentos anuales o cualquier otro derecho causado, más la indexación que en derecho corresponda, incluyendo el subsidio familiar como factor salarial. Que en caso de retirarse del servicio el señor Salazar Escobar, se incluya como factor prestacional del subsidio familiar en un 35% de su salario básico mensual, lo cual deberá constar en su hoja de servicios. Que se condene en costas a la Entidad demandada y se le ordene dar cumplimiento a la sentencia en los térmi nos de los artículos 192 y 195 del

C.P.A.C.A.

2. HECHOS2

Que el señor Juan Pablo Salazar Escobar se vinculó a la Policía Nacional en el año 2004 ostentando el grado de alumno y posteriormente, ascendió al grado de patrullero, iniciando su vida laboral bajo el régimen denominado “nivel ejecutivo”.

Que el demandante contrajo nupcias con la señora Nydia Yamile Marín Agudelo, vínculo en el cual se procreó a la menor Isabela Salazar Marín.

Que la parte actora solicitó a la Dirección General de la Policía Naci onal, la reliquidación de su salario mensual con inclusión de la partida de subsidio

2 Folio 7 Cuaderno Principal Primera Instancia, expediente digital SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

Interno: 0803/20

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

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familiar en los mismos porcentajes que a su juicio, se le reconoce al restante de uniformados de la institución.

Que la mencionada petición fue despachada desfavorablemente por la Entidad demandada mediante Oficio No. S-2017-054619/ANOPA-GRUNO 1.10 del 18 de diciembre de 2017, mediante el cual decidió negar las pretensiones del petitorio extendido, sustentando su posición en las normas que actualmente gobiernan el régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

El apoderado de la demandada indicó como normas violadas:

• Artículos 13, 44, 45 y 48 de la Constitución Política. - Ley 21 de 1982. - Artículo 82 del Decreto 1212 de 1990. - Artículo 15 y ss, del Decreto 1091 de 1995.

Vislumbró en primera medida lo relacionado a la finalidad y aplicación del subsidio familiar , destacando el reconocimiento de su relevancia constitucional y jurispruden cial, al ser consagrado como una herramienta implementada por el Congreso de la Repúb lica y el Gobierno Nacional para la protección del núcleo familiar del trabajador , es decir, en apoyo a la familia y como motor económico para que los menores y adolescentes q ue la integren puedan solventar inconvenientes dinerarios. Y seguidamente, indicó que el

protección del núcleo familiar del trabajador , es decir, en apoyo a la familia y como motor económico para que los menores y adolescentes q ue la integren puedan solventar inconvenientes dinerarios. Y seguidamente, indicó que el reconocimiento del mencionado beneficio se encontraba de igual manera regulado para los miembros de la Policía Nacional , situación que ilustró a través de un recuento normativo junto con los porcentajes determinados en cada uno de ellos para esposa e hijos. Así mismo, puso de presente que años más tarde se otorgó el reconocimiento del subsidio familiar para los miembros del Nivel Ejecutivo de la Institución castrens e, p or medio de una serie de Decretos expedidos por el Gobierno Nacional.

Remarcó que a su poderdante se le transgredió el Derecho a la igualda d, toda vez que el reconocimiento del subsidio familiar se aplica de forma diferente entre los miembros de las categorías de Oficial, Suboficial, Agente, Nivel Ejecutivo de la Institución Policial; y manifestó que dicha diferencia porcentual refleja una flagrante desigualdad en la Policía Nacional , con respecto al otorgamiento de beneficios económicos para los meno res hijos de los uniformados que no se encuentra justificada y por lo tanto, resulta incongruente a la luz de la normatividad nacional e internacional que se atacara de forma directa a las familias de todos los miembros del Nivel Ejecutivo.

Por último, manifestó que las Entidades demandadas transgredieron el principio de progresividad y prohibición de retroceso en materia salarial y prestacional, conllevando por lo tanto una flagrante desmejora en materia de seguridad social y viola los derechos fundamen tales de quienes deben sufrir dicho retroceso.

principio de progresividad y prohibición de retroceso en materia salarial y prestacional, conllevando por lo tanto una flagrante desmejora en materia de seguridad social y viola los derechos fundamen tales de quienes deben sufrir dicho retroceso.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3 Folios 8 -32 Cuaderno Principal Primera Instancia, expediente digital SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

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4.1 NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA

NACIONAL.4

Mediante su apoderado judicial, la Entidad demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones, arguyendo que desde la fecha de alta como patrullero de la institución el actor ha estado regido por el Decreto Ley 1091 de 1995 , que en sus artículos 16 y 17 dispone acerca del reconocimiento y pago del subsidio familiar de los miembros del Nivel Ejecutivo , pero no incluye al cónyuge o compañera permanente e indicó , que el Gobierno Nacional determina la cuantía del subsidio por persona a cargo, por lo que este no se paga en porcentaje a los miembros del nivel ejecutivo.

Así mismo, señaló que de acuerdo con el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 las partidas que se deben tener en cuenta para efectos de liquidación de quienes pertenecen al nivel ejecutivo en aspectos pensionales y de asignación de retiro,

Así mismo, señaló que de acuerdo con el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 las partidas que se deben tener en cuenta para efectos de liquidación de quienes pertenecen al nivel ejecutivo en aspectos pensionales y de asignación de retiro, sin que en estas hubiese sido incluido el subsidio famil iar como un factor salarial, motivo por el cual no consideró razonable acceder a las pretensiones del demandante.

Adicionalmente, propugnó en virtud del p rincipio de inescindibilidad no resulta procedente aplicar fragmentos de normas que se excluyen entre sí, en razón a si bien los Decretos 1213 de 1990, 1212 de 1990 y 1091 de 1995 son normas de carácter especial, corresponden a regímenes de prestación diferentes según la escala jerárquica y al escalafón al que se pertenezca . Por lo cual, resultaría ilegal que se apliquen normas establecidas y dirigidas al personal de Oficiales, Suboficiales y Agente, a los miembros del Nivel Ejecutivo, que se rigen por el Decreto 1091 de 1995, siendo este último al cual pertenece el actor.

Indicó que el actor decidió de manera libre y voluntaria hacer parte de la institución bajo la modalidad de incorporación directa en el escalafón de la carrera del nivel ejecutivo, conociendo las normas que lo iban a cobijar y regir, el cual tiene un régimen de carrera reglado por la ley, por lo que sus salarios y prestaciones atienden a las normas correspondientes a la especialidad policial, es decir, en materia salarial y prestacional se determinan por los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004; y pese a ello lleva más de 20 años perteneciendo a dicho

es decir, en materia salarial y prestacional se determinan por los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004; y pese a ello lleva más de 20 años perteneciendo a dicho escalafón.

Por último, propuso las excepciones que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva , oposición al decreto de la prueba por informe, acto administrativo ajustado a la Constitución y a la Ley, inexistencia del derecho y la obligación reclamada, principio de seguridad jurídica, cobro de lo no debido”.

5. SENTENCIA RECURRIDA5

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020, resolvió:

“PRIMERO: Declarar probadas las excepciones propuestas por el apoderado judicial de la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional denominadas : “acto administrativo ajustado a la Constitución y a la Ley e inexistencia del derecho y

4 Folios 142 - 180 del Cuaderno Principal Primera Instancia, expediente digital SAMAI 5 Expediente digital SAMAI, índice 00027Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

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la obligación reclamada ”, adicional a ello, no se entrarán a estudiar las demás excepciones propuestas, de conformidad con el inciso 3 del artículo 282 del C.G.P conforme se expuso en la parte considerativa de esta decisión

la obligación reclamada ”, adicional a ello, no se entrarán a estudiar las demás excepciones propuestas, de conformidad con el inciso 3 del artículo 282 del C.G.P conforme se expuso en la parte considerativa de esta decisión

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por Juan Pablo Salazar Escobar contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Condenar en costas a la parte demandante. Fíjense como agencias en derecho a favor de la parte demandada, y a cargo de la parte demandante la suma de $125.000 pesos. Por secretaría liquídese

CUARTO: En los términos del memorial de sustituci ón obrante a folio 76 frente del expediente, se reconoce personería adjetiva a la Doctora Erika Yined Suarez Briñez identificada con cedula de ciudadanía Nro. 65'782.340 de Ibagué – Tolima y T.P. Nro 155.883 del C.S de la J. como apoderada de la parte demandante.

QUINTO: Ordenar la devolución de los remanentes que por gastos procesales consignó la parte demandante, si los hubiere.

SEXTO En firme esta sentencia, archívese el expediente.”

Para llegar a estas decisiones, el Juez A-quo estableció que el problema jurídico consistía en determinar si el Acto Administrativo contenido en el Oficio N° S2017-054619/ANOPA-GRUNO 1.10 del 18 de diciembre de 2017, está ajustado a derecho, y como consecuencia de ello establecer, si el demandante tiene

consistía en determinar si el Acto Administrativo contenido en el Oficio N° S2017-054619/ANOPA-GRUNO 1.10 del 18 de diciembre de 2017, está ajustado a derecho, y como consecuencia de ello establecer, si el demandante tiene derecho a que su salario básico sea reajustado computando en un 35% la partida de subsidio familiar, porcentaje que incide en la asignación de retiro respectiva, junto con la indexación e interés moratorios.

Para ello , el A quo analizó detenidamente los enunciados fácticos en concordancia con el material probatorio aportado , con respecto al marco normativo y jurisprudencial del subsidio familiar en el régimen de carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, haciendo el comparativo de lo percibido como Agente, Suboficial y Oficial de la Institución demandada frente al que se recibe como personal del Nivel Ejecutivo.

De ese modo, determinó que si bien el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional recibe un monto menor por concepto del subsidio familiar ; ello, per se, no implica que el régimen del nivel ejecutivo sea desfavorable, dado que la comparación entre ambos no debe hacerse de manera aislada ni fraccionada respecto de cada uno de los factores prestacionales, sino que es necesario verificar la existencia de una desmejora en la generalidad de los componentes que integran su remuneración, dentro de la cual se incluye la asignación básica mensual que fue el principal elemento diferencial entre uno y otro régimen, y el motivo por el cual los agentes y suboficiales de la Institución se acogieron a la homologación y pasaron a pertenecer al nivel ejecutivo de la institución policial.

Respecto a la vulneración del derecho a la igualdad en materia salarial alegada

el motivo por el cual los agentes y suboficiales de la Institución se acogieron a la homologación y pasaron a pertenecer al nivel ejecutivo de la institución policial.

Respecto a la vulneración del derecho a la igualdad en materia salarial alegada por el demandante, sustentó que, con base en el Convenio de la OIT 111 de 1958 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación con lo contemplado en el Decreto 1792 de 2016 observó que entre los diferentes cargos de Oficiales, Suboficiales, Agentes de la Policía Nacional y el personal del Nivel Ejecutivo deMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

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la misma Institución, hay una escala jerárquica de índole académico, profesional y experiencia que justifican las diferencias salariales y de regímenes que no pueden ser equiparados.

A su vez, sobre la transgresión del principio de progresividad y prohibición de retroceso el Juez de primera instancia determinó q ue desde su ingreso a la Policía Nacional del señor Juan Pablo Salazar Escobar como alumno del nivel ejecutivo, del 06 de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2005, lo hizo bajo el régimen salarial y prestacional contemplado en el Decreto Reglamentario 1091 de 1995 , que expidió el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el

régimen salarial y prestacional contemplado en el Decreto Reglamentario 1091 de 1995 , que expidió el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutiva de la Institución castrense, en donde la regulación del subsidio familiar siempre ha estado contenida en los artículos del 15 al 19 del mismo.

Con todo lo anterior, el A quo concluyó que lo pretendido por el accionante encaminado a favorecerse de las ventajas de uno y otro régimen implicaría vulnerar el principio de inesci ndibilidad de la norma ; máxime cuando el ingreso a la Institución policial en el nivel ejecutivo fue de forma libre y espontánea, y ello conllevaba la aceptación y sometimiento a las normas que fijaban los salarios y prestaciones sociales para el mismo. En consecuencia, declaró probada la excepción propuesta por el apoderado judicial de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional denominadas: "acto administrativo ajustado a la Constitución y a la Ley-inexistencia del derecho y la obligación reclamada”, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

6. IMPUGNACIÓN6

La apoderada del señor Juan Pablo Salazar Rivera interpuso recurso de apelación contra la decisión proferida en primera instancia, solicitando que se revoque la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 . Alegó que difiere de las consideraciones establecidas por el A quo, máxime por no haber tenido como eje de la decisión a la familia como titular de la prebenda.

Reiteró que a su poderdante se le vulneró el derecho a la igualdad de la familia,

de las consideraciones establecidas por el A quo, máxime por no haber tenido como eje de la decisión a la familia como titular de la prebenda.

Reiteró que a su poderdante se le vulneró el derecho a la igualdad de la familia, y que el A quo no consideró dicho aspecto al momento de emitir la cuestionada decisión, especialmente al omitir la aplicación del juicio integrado de igualdad bajo los parámetros y lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en las Sentencias C -015 de 2018 y C -053 de 2018. Arguyó de igual manera , que el fallador de primera instancia no observó los elementos que componen el subsidio familiar en Colombia, en especial por su finalidad y ámbito de aplicación, siendo que su reconocimiento funge exclusivamente en aras de proteger a la familia, más no está relacionado con la categoría, funciones, ingreso, jerarquía o elementos de los uniformados.

A su vez, respecto al principio de ine scindibilidad arguyó que el articulado constitucional no contempla dicho axioma como principio, valor, derecho o eje orientador de la Carta Magna, por lo que su rango es eminentemente legal y, a su criterio, debe darse prevalencia a los principios y derechos fundamentales a la igualdad , familia e interés del menor , preceptos que cuentan con ra ngo constitucional.

6 Expediente digital SAMAI, índice 00028Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

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Respecto al argumento considerado por la primera instancia sobre la protección del principio de sostenibilidad fiscal contemplado en la Sentencia de Unificación del 29 de abril de 2019, reiteró que los derechos fundamentales priman y prevalecen sobre el eje orientador constitucional de sostenibilidad fiscal, toda vez que como lo ha referido la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos, ninguna autoridad administrativa podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar o tr ansgredir los derechos fundamentales o restringir su alcance.

Destacó que la aseveración realizada por el A quo al considerar que el señor Salazar Rivera es una persona de ingresos altos constituye un defecto sustantivo directo, toda vez que las Sentencias C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001 fijan como regla jurisprudencial que los empleados públicos de ingresos altos son los que superan el promedio ponderado de los salarios de los empleados públicos del sector central, siendo considerados quienes se encuentran por debajo de dicha medida de ingresos bajos, como lo es el caso del actor.

Adicionalmente, de acuerdo con un exhaustivo recuento jurisprudencial de las Altas Cortes para determinar cuáles limitantes se han impuesto y el margen de protección constitucional del subsidio familiar del nivel ejecutivo, arguyó que no hay lugar a que se declare la excepción de inexistencia del derecho cuando los pronunciamientos evidencian la desigualdad injustificada que se presenta

protección constitucional del subsidio familiar del nivel ejecutivo, arguyó que no hay lugar a que se declare la excepción de inexistencia del derecho cuando los pronunciamientos evidencian la desigualdad injustificada que se presenta en el reconocimiento del subsidio familiar en el sistema laboral de la fuerza público.

Por último, sobre la condena en costas, refirió que su causación no se encuentra acreditada por parte de la Entidad demandada , acorde a l criterio jurisprudencial asumido por el Consejo de Estado , el cual predica la imposibilidad de condenar en costas a las partes del litigio cuando no aparezca prueba que convalide que estas se causaron.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 19 de abril de 202 1, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Juan Pablo Salazar Escobar contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, el 17 de septiembre de 2020.

De igual manera, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso para decisión de fondo de fecha 6 de mayo de 2021, la providencia de 19 de abril de 2021 que admitió el recurso de apelación interpuesto, fue notificada al agente del Ministerio Público, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

IV. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado del señor HugoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

1. COMPETENCIA

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado del señor HugoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

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Alexander López Uribe contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué el 17 de septiembre de 2020, en la que se declararon probadas las excepciones propuestas por la Nación – Ministerio de Defens a – Ejército Nacional, y en consecuencia se negaron las pretensiones de la demanda.

2. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en el presente asunto consiste en establecer, si la decisión que declaró probadas las excepciones propuestas por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y negó las pretensiones de la demanda se encuentra ajustada a derecho; o si por el contrario, tal como lo aduce la parte recurrente, deben inaplicarse por inconstitucional es e inconvencionales los Decretos enlistados en la primera pretensión del líbelo introductorio por transgredir el derecho a la igualdad tanto del accionante como de su núcleo familiar , y, en

consecuencia, declararse la nulidad del Oficio No. S -2017-054619/ANOPAGRUNO 1.10 del 18 de diciembre de 2017, que negó el reajuste del salario del demandante, incluyendo el subsidio familiar en un 3 5%, junto con la indexación e intereses moratorios a que hubiere lugar.

3. TESIS DE LA SALA

En el sub lite, el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional cuenta con un Régimen salarial y prestacional diferente al de los Oficiales y Suboficiales, por lo cual no es admisible fraccionar ambos regímenes en aras de pretender la aplicación de las disposiciones más favorables de cada uno, lo que conllevaría a la vulneración del Principio de inescindibilidad de la norma. Toda vez que, existe claridad frente a la normatividad que rige el Nivel Ejecutivo de la Institución castrense, siendo esta la cual debe aplicarse íntegra y completa a su personal, máxime cuando el ingreso a la Policía Nacional en el Nivel Ejecutivo fue de forme libre y espontánea, y ello implica la aceptación y consecuente sometimiento a las normas que fijaban los salarios y prestaciones sociales para el mismo , motivo por el cual, s e confirmará la sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia.

4. FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA SALA

4.1.1. Del Régimen salarial y prestacional del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional

En principio, l a Ley 4 de 1992, en su artículo 1 º, fijó el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos, el de los miembros de la fuerza pública.

En principio, l a Ley 4 de 1992, en su artículo 1 º, fijó el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos, el de los miembros de la fuerza pública.

La Ley 180 de 1995 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la C arrera Policial denominada “ Nivel Ejecutivo” , que dispone lo siguiente:

“Artículo 1º. El artículo 6º de la Ley 62 de 1993, quedará así: La Policía Nacional está integrada por Oficiales , personal del Nivel Ejecutivo Suboficiales, Agentes, Alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los servidores públicos noMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: JUAN PABLO SALAZAR ESCOBAR Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Radicación: 73001 -33-33-005-2019-00116-01

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uniformados, pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley.”

Seguidamente, el artículo 7º de la norma en comento revistió de facultades al Presidente de la Repúblic a, con el propósito de regular aspectos como la asignación salarial, primas y prestaciones sociales del Nivel Ejecutivo, sobre lo cual manifestó en su parágrafo que “ La creación d el Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes

asignación salarial, primas y prestaciones sociales del Nivel Ejecutivo, sobre lo cual manifestó en su parágrafo que “ La creación d el Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo.”

Fundado en ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1091 de 1995 , por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante el Decreto 132 de 1995; entre las cuales estableció las remuneraciones especiales, remuneración mensual por fuera del país, las primas de servicio, de navidad, de carabinero, de nivel ejecutivo, de retorno a la experiencia, de alojamiento en el exterior, de instalación, de vacaciones, de alimentación, el subsidio de alimentación y el subsidio familiar.

4.1.2. El m arco normativo del subsidio familiar en el régimen de carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Sobre la materia, el Decreto 1091 de 1995 contempla en el Capítulo II la prebenda del subsidio familiar, de la cual determina que:

“Artículo 15. Definición. El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, en proporción al número de personas a cargo y de acuerdo a su remuneración mensual, con el fin de d