TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2019-00183-01 (24-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación Nº.: 73001-33-33-005-2019-00183-01 (0926/2020) Medio de

Control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MORENO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Tema: Reliquidación de salarios – Subsidio familiar

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MORENO contra la sentencia del 12 de agosto de 202 0, proferida por el Juzgado Quinto Administrativ0 Oral del Circuito de Ibagué, por medio del cual se negaron las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL.

II. ANTECEDENTES

El señor WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MORENO, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener, a través de sentencia judicial , un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

1. Declaraciones y Condenas1

lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener, a través de sentencia judicial , un pronunciamiento favorable respecto de las siguientes:

1. Declaraciones y Condenas1

Que se inapliquen por inconstituc ionales e inconvencionales las siguientes normas: artículo 30 del Decreto 062 de 1999 , artículo 30 del Decreto 2724 del año 2000, artículo 29 del Decreto 2737 del año 2001, artículo 29 del Decreto 745 del año 2002, artículo 29 del Decreto 3552 del año 2003, artículo 29 del Decreto

1 Fls. 7-8 – EXPEDIENTE UNIFICADO – EXPEDIENTE DIGITAL 73001333300520190018301.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MORENO Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIÍA NACIONAL Radicación: 73001-33-33-005-2019-00183-01

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4158 del año 2004 , a rtículo 29 del Decreto 923 del año 2005 , a rtículo 29 del Decreto 407 del año 2006, artículo 29 del Decreto 1515 del año 2007, artículo 28 del Decreto 673 del año 2008, artículo 27 del Decreto 737 del año 2009, artículo 27 del Decreto 1530 del año 2010 , artículo 27 del Decreto 1050 del año 2011 , artículo 27 del Decreto 842 del año 2012 , artículo 27 del Decreto 1017 del año 2013, artículo 27 del Decreto 187 del año 2014 , artículo 27 del Decreto 1028 del

artículo 27 del Decreto 842 del año 2012 , artículo 27 del Decreto 1017 del año 2013, artículo 27 del Decreto 187 del año 2014 , artículo 27 del Decreto 1028 del año 2015, artículo 27 del Decreto 214 del año 2016 , artículo 27 del Decreto 984 del año 2017 y el artículo 28 del Decreto 324 del año 2018.

Que se declare la nulidad de la Resoluci ón u Oficio No. S -2017043774/ANOPA–GRUNO 1.10 del 23 de octubre del año 2017 , mediante el cual la entidad demandada negó la reliquidación del salario del demandante , incluyendo el subsidio familiar en un 30% del salario básico por concepto de su esposa, un 5% del salario básico por concepto de su primer hijo, un 4% de su salario básico por concepto de su segundo hijo, y un 4% de su salario básico por concepto de su tercer hijo.

Que, como consecuencia de lo anterior , y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar al demandante la reliquidación del salario que devenga por parte de la Policía Nacional, donde se incluya la partida del subsidio familiar , bajo los siguientes parámetros:

A) En un 30% del salario básico, porcentaje que corresponde a su esposa, MARICELA CAMACHO LEÓN, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 26 de marzo del año 2001, fecha de matrimonio.

B) En un 5% del salario básico, porcentaje que corresponde por su primer hijo, SEBASTIÁN JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 28 de agosto del año

B) En un 5% del salario básico, porcentaje que corresponde por su primer hijo, SEBASTIÁN JAVIER SÁNCHEZ CAMACHO, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 28 de agosto del año 2001, fecha de nacimiento.

C) En un 4% del salario básico, porcentaje que corresponde por su segunda hija, EMILY DAYANA SÁNCHEZ CAMACHO, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 1 de mayo del año 2009, fecha de nacimiento.

D) En un 4% del salario básico, porcentaje que corresponde a su tercer hijo, CRISTIAN DAVID SÁNCHEZ CAMACHO, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda desde el 10 de junio del año 2010, fecha de nacimiento.

Que se ordene a la entidad demandada a pagar al demandante el retroactivo correspondiente a prestaciones, subsidios, aumentos anuales o cualquier otro derecho causado, más la indexación que en derecho corresponda, incluyendo el subsidio familiar como factor salarial. Que en caso de retirarse del servicio el demandante, se incluya como factorMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

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prestacional el subsidio familiar en un 43% de su salario básico mensual, lo cual deberá constar en su hoja de servicios. Que se dé cumplimiento a la sentencia, de conformidad con los artículos 192 y

prestacional el subsidio familiar en un 43% de su salario básico mensual, lo cual deberá constar en su hoja de servicios. Que se dé cumplimiento a la sentencia, de conformidad con los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A..

2. Hechos2

Que el señor William Javier Sánchez Moreno se vinculó a la Policía Nacional en el año 1999, ostentando la categoría de alumno y, posteriormente, ascendió al grado de patrullero, iniciando su vida laboral bajo el régimen denominado “nivel ejecutivo”.

Que el demandante en su recorrido laboral y bajo su esfera personal, contrajo nupcias con la señora Maricela Camacho León, v ínculo en el cual fueron procreados los menores Sebastián Javier, Emily Dayana y Cristian David.

Que el demandante solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional la reliquidación de su salario mensual, con inclusión de la partida de subsidio familiar en los mismos porcentajes que, a su juicio, se le reconoce al restante de uniformados en la institución.

Que la anterior petición fue despachada desfavorablemente por la entidad demandada mediante Oficio No. S-2017-043774/ANOPA-GRUNO-1.10 del 23 de octubre de 2017, sustentando su posición en las normas que actualmente gobiernan el régimen salarial y prestacio nal de los miembros del nivel ejecutivo.

3. Normas violadas y Concepto de Violación3

La parte demandante consideró que, con la expedición del acto administrativo demandado, se transgredió el derecho a la igualdad, el derecho nacional e internacional a la protección y no discriminación del menor colombiano, al

La parte demandante consideró que, con la expedición del acto administrativo demandado, se transgredió el derecho a la igualdad, el derecho nacional e internacional a la protección y no discriminación del menor colombiano, al principio de progresividad y prohibición del retroceso.

Vislumbró en primera medida lo relacionado a la finalidad y aplicación del subsidio familiar, destacando el reconocimiento de su relevancia constitucional y jurisprudencial, al ser consagrado como una herramienta implementada por el Congreso de la Repúblic a y el Gobierno Nacional para la protección del núcleo familiar del trabajador, es decir, en apoyo a la familia y como motor económico para que los menores y adolescentes que la integren puedan solventar inconvenientes dinerarios. Seguidamente, indicó que el reconocimiento del mencionado beneficio se encontraba de igual manera regulado para los miembros de la Policía Nacional, situación que ilustró a través de un recuento normativo junto con los porcentajes determinados en

2 Fl. 9 – EXPEDIENTE UNIFICADO – EXPEDIENTE DIGITAL 73001333300520190018301.pdf. 3 Fls. 9-34 – EXPEDIENTE UNIFICADO – EXPEDIENTE DIGITAL 73001333300520190018301.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

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cada uno de ellos para esposa e hijos. Así mismo, puso de presente que años más tarde se otorgó el reconocimiento del subsidio familiar para los miembros

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cada uno de ellos para esposa e hijos. Así mismo, puso de presente que años más tarde se otorgó el reconocimiento del subsidio familiar para los miembros del Nivel Ejecutivo de la Institución castrense, por medio de una serie de Decretos expedidos por el Gobierno Nacional.

Afirmó que, observando la aplicación que se le da al reconocimiento de la prima de subsidio familiar en los miembros de la Policía Nacional bajo una división categórica, existe una flagrante discriminación para los miembros de nivel ejecutivo, lo cual se puede vislumbrar de la siguiente manera:

CATEGORÍA NORMA ACTUAL PORCENTAJE

POR ESPOS@ o

COMPAÑER@

PERMANENTE

PORCENTAJE POR HIJOS Oficial Decreto 1212 del 8 de junio del año 1990, artículo 82 30% 17% Suboficial Decreto 1212 del 8 de junio del año 1990, artículo 82 30% 17% Agente Decreto 1213 del 8 de junio del año 1990, artículo 46 30% 17% Nivel Ejecutivo Decreto 324 del 19 de febrero del año 2018, artículo 28 0% $31.319 por cada hijo

Respecto a lo anterior, remarcó que a su poderdante se le transgredió el Derecho a la igualdad, toda vez que el reconocimiento del subsidio familiar se aplica de forma diferente entre los miembros de las categorías de Oficial, Suboficial, Agente, Nivel Ejecutivo de la Institución Policial; y manifestó que dicha diferencia porcentual refleja una flagrante desigualdad en la Policía

aplica de forma diferente entre los miembros de las categorías de Oficial, Suboficial, Agente, Nivel Ejecutivo de la Institución Policial; y manifestó que dicha diferencia porcentual refleja una flagrante desigualdad en la Policía Nacional, con respecto al otorgamiento de beneficios económicos para los menores hijos de los uniformados que no se encuentra jus tificada y por lo tanto, resulta incongruente a la luz de la normatividad nacional e internacional que se atacara de forma directa a las familias de todos los miembros del Nivel Ejecutivo.

Por último, manifestó que la Entidad demandada transgredió el principio de progresividad y prohibición de retroceso en materia salarial y prestacional, conllevando por lo tanto una flagrante desmejora en materia de seguridad social y viola los derechos fundamentales de quienes deben sufrir dicho retroceso.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional4

La apoderada judicial de la entidad accionada indicó que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, como quiera que, desde la fecha de alta como patrullero de la institución, el demandante ha estado regido por

4 Fls. 164-171 – EXPEDIENTE UNIFICADO – EXPEDIENTE DIGITAL 73001333300520190018301.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

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el Decreto Ley 1091 de 1995 que en sus artículos 17 y 17 al regular la partida de subsidio familiar, no incluye al cónyuge o compañero permanente y señaló que el Gobierno Nacional determina la cuantía del subsidio por persona a cargo, por lo cual dicho beneficio no se paga en porcent aje a los miembros del nivel ejecutivo.

Señaló que el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, artículo 23, estableció las partidas computables para efectos de la liquidación del personal de nivel ejecutivo con derecho a asignación de retiro, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes, si n que hubiere sido incluido el subsidio familiar como un factor salariar, motivo por el cual estimó que no existen razones para acceder a las pretensiones del demandante.

Así mismo, aseveró que, en virtud del principio de inescindibilidad normativa, no es procedente dar aplicación a fragmentos de normas que se excluyen entre sí, entendiendo que los Decretos 1213 de 1990, 1212 de 1990 y 1091 de 1995 son normas de carácter especial, los mismos son r egímenes de prestación diferentes que se excluyen uno del otro en razón a la escala jerárquica y al escalafón que se pertenezca, argumentando que resultaría ilegal aplicar normas establecidas y dirigidas al personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes a los miembros de nivel ejecutivo, al cual pertenece el actor y que se rigen por el

escalafón que se pertenezca, argumentando que resultaría ilegal aplicar normas establecidas y dirigidas al personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes a los miembros de nivel ejecutivo, al cual pertenece el actor y que se rigen por el Decreto 1091 de 1995.

Finalmente, indicó que el accionante decidió , de manera libre y voluntaria, hacer parte de la institución bajo la modalidad de incorporación directa en el escalafón de la carrera del nivel ejecutivo, conociendo las normas que lo iban a cobijar y regir, teniendo un régimen de carrera reglado por la Ley, sus salarios y prestaciones se rigen por las normas correspondientes a la especialidad policial, es decir: en materia salarial y prestacional por los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, sin embargo, señaló que el accionante lleva más de 20 años perteneciendo a dicho escalafón sin que haya manifestado inconformidad alguna.

5. Sentencia recurrida5

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 12 de agosto de 2020, resolvió:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho prom ovidas por WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MORENO contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Fíjense como agencias en derecho a favor de la parte demandada, y a cargo de la parte demandante la suma de $125.000 pesos. Por secretaría liquídese.

providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Fíjense como agencias en derecho a favor de la parte demandada, y a cargo de la parte demandante la suma de $125.000 pesos. Por secretaría liquídese.

5 Fls. 174-191 – EXPEDIENTE UNIFICADO – EXPEDIENTE DIGITAL 73001333300520190018301.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

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TERCERO: En los términos del memorial de sustitución obrante a folio 75 frente del expediente, se reconoce personería adjetiva a la Doctora Erika Yined Suarez Briñez identificada con cédula de ciudadanía No. 65.782.340 de Ibagué -Tolima y T.P. No. 155.883 del C.S. de la J. para actuar como apoderada de la parte demandante.

CUARTO: Ordenar la devolución de los remanentes que por gastos procesales consignó la parte demandante, si los hubiere.

QUINTO: En firme esta sentencia, archívese el expediente.”

Para llegar a estas decisiones, el Juez A-quo estableció que el problema jurídico consistió en determinar si el acto administrativ o demandado, Oficio No. S2017-043774/ANOPA–GRUNO 1.10 del 23 de octubre del año 2017, estaba ajustado o no a derecho , para lo cual deb ió examinarse el régimen jurídico

2017-043774/ANOPA–GRUNO 1.10 del 23 de octubre del año 2017, estaba ajustado o no a derecho , para lo cual deb ió examinarse el régimen jurídico aplicable al demandante y si este tiene derecho a que le sea reajustado el salario que percibe, con la inclusión de la prima de subsidio familiar.

Al realizar un comparativo del subsidio familiar que se percibe como Agente, Suboficial y Oficial de la Policía Nacional frente al que se recibe como personal del Nivel Ejecutivo, el A Quo determinó que si bien el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional recibe un monto menor por concepto del subsidio familiar; ello, per se, no implica que el régimen del nivel ejecutivo sea desfavorable, dado que la comparación entre ambos no debe hacerse de manera aislada ni fraccionada respecto de cada uno de los factores prestacionales, sino que es necesario verificar la existencia de una desmejora en la generalidad de los comp onentes que integran su remuneración, dentro de la cual se incluye la asignación básica mensual que fue el principal elemento diferencial entre uno y otro régimen, y el motivo por el cual los agentes y suboficiales de la Institución se acogieron a la homol ogación y pasaron a pertenecer al nivel ejecutivo de la institución policial.

Con respecto a la vulneración del derecho a la igualdad en materia salarial alegada por el demandante, sustentó que, con base en el Convenio de la OIT 111 de 1958 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación con lo contemplado en el Decreto 1792 de 2016 observó que entre los diferentes cargos de Oficiales, Suboficiales, Agentes de la Policía Nacional y el personal del Nivel

111 de 1958 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación con lo contemplado en el Decreto 1792 de 2016 observó que entre los diferentes cargos de Oficiales, Suboficiales, Agentes de la Policía Nacional y el personal del Nivel Ejecutivo de la misma Institución, se tiene una escala jerárquica de índole académico, profesional y experiencia que jus tifican las diferencias salariales y de regímenes que no pueden ser equiparados.

A su vez, sobre la transgresión del principio de progresividad y prohibición de retroceso el Juez de primera instancia determinó que desde su ingreso a la Policía Nacional del señor William Javier Sánchez Moreno como alumno del nivel ejecutivo, del 18 de enero de 1999 al 13 de febrero de 2000, lo hizo bajo el régimen salarial y prestacional contemplado en el Decreto Reglamentario 1091 de 1995, que expidió el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutiva de la Institución castrense, en donde la regulaciónMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

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del subsidio familiar siempre ha estado contenida en los artículos del 15 al 19 del mismo.

Finalmente, el A Quo se pronunció al respecto de la vulneración de l derecho internacional, y señal ó que mencionada causal de anulación partía del supuesto de que los cargos anteriores tuvieran vocación de prosperidad,

del mismo.

Finalmente, el A Quo se pronunció al respecto de la vulneración de l derecho internacional, y señal ó que mencionada causal de anulación partía del supuesto de que los cargos anteriores tuvieran vocación de prosperidad, situación no acontecida, por lo tanto, adujo que no se evidenció vulneración al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debido a que las normas que contemplan el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional se encuentran ajustadas a la n ormatividad internacional, expresamente acorde con el tratado de la OIT 111 de 1958, convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación).

Con todo lo anterior, el A quo concluyó que lo pretendido por el accionante encaminado a favorecerse de las ventajas de uno y otro régimen implicaría vulnerar el principio de inescidibilidad de la norma; máxime cuando el ingreso a la Institución policial en el nivel ejecutivo fue de fo rma libre y espontánea, y ello conllevaba la aceptación y sometimiento a las normas que fijaban los salarios y prestaciones sociales para el mismo. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

6. IMPUGNACIÓN6

La apoderada del señor WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MORENO interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, solicitando la revocación de la sentencia proferida el 12 de agosto de 2020 y la concesión íntegra de las pretensiones de la demanda.

Reiteró que a su poderdante se le vulneró el derecho a la igualdad de la familia,

revocación de la sentencia proferida el 12 de agosto de 2020 y la concesión íntegra de las pretensiones de la demanda.

Reiteró que a su poderdante se le vulneró el derecho a la igualdad de la familia, y que el A quo no consideró dicho aspecto al momento de emitir la cuestionada decisión, especialmente al omitir la aplicación del juicio integrado de igualdad bajo los parámetros y lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en las Sentencias C -015 de 2018 y C -053 de 2018. Arguyó de igual manera, que el fallador de primera instancia no observó los elementos que componen el subsidio familiar en Colombia, en especial p or su finalidad y ámbito de aplicación, siendo que su reconocimiento funge exclusivamente en aras de proteger a la familia, más no está relacionado con la categoría, funciones, ingreso, jerarquía o elementos de los uniformados.

A su vez, respecto al principio de inescindibilidad arguyó que el articulado constitucional no contempla dicho axioma como principio, valor, derecho o eje orientador de la Carta Magna, por lo que su rango es eminentemente legal y, a su criterio, debe darse prevalencia a los principios y derechos fundamenta les a la igualdad, familia e interés del menor, preceptos que cuentan con rango constitucional.

6 Fls. 194-217 – EXPEDIENTE UNIFICADO – EXPEDIENTE DIGITAL 73001333300520190018301.pdf.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MORENO

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIÍA NACIONAL

Demandante: WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MORENO Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIÍA NACIONAL Radicación: 73001-33-33-005-2019-00183-01

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Expresó que la aseveración del Juez de Primera Instancia respecto al ingreso libre y voluntario del accionante al nivel ejecutivo significa su sometimiento al régimen salarial y prestacional que rige dicha categoría policial y por tanto no puede reclamar aquellos derechos que conocía desde su inicio laboral resulta constitucionalmente reprochable, pues afirmó que los derechos fundamentales son irrenunciables, inherentes al ser humano e intransferibles . Así pues, destacó que, incluso si el accionante conocie ra el sistema laboral que lo gobierna, no es admisible afirmar que él debía renunciar a sus derechos fundamentales para pertenecer a la categoría de nivel ejecutivo.

Respecto al argumento considerado por la primera instancia sobre la protección del principio de sostenibilidad fiscal contemplado en la Sentencia de Unificación del 29 de abril de 2019, reiteró que los derechos fundamentales priman y prevalecen sobre el eje orientador constitucional de sostenibilidad fiscal, toda vez que como lo ha referido la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos, ninguna autoridad administrativa podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar o transgredir los derechos fundamentales o restringir su alcance.

Destacó que la aseveración realizada por el A quo al considerar que el señor Sánchez Moreno es una persona de ingresos altos constituye un defecto sustantivo directo, toda vez que las Sentencias C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001

Destacó que la aseveración realizada por el A quo al considerar que el señor Sánchez Moreno es una persona de ingresos altos constituye un defecto sustantivo directo, toda vez que las Sentencias C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001 fijan como regla jurisprudencial que los empleados públicos de ingresos altos son los que superan el promedio ponderado de los salarios de los empleados públicos del sector central, siendo considerados quienes se encuentran por debajo de dicha medida de ingresos bajos, como lo es el caso del actor.

Adicionalmente, de acuerdo con un exhaustivo recuento jurisprudencial de las Altas Cortes para determinar cuáles limitantes se han impuesto y el margen de protección constitucional del subsidio familiar del nivel ejecutivo, arguyó que no hay lugar a que se declare la excepción de inexistencia del derecho cuando los pronunciamientos evidencian la desigualdad injustificada que se presenta en el reconocimiento del subsidio familiar en el sistema laboral de la fuerza público.

Por último, respecto a la condena en costas, refirió que su causación no está acreditada por parte de la entidad demandada, por cuanto no se anexó prueba siquiera sumaria sobre el acarreo de estas, acorde al criterio jurisprudencial asumido por el Consejo de Estado, el cual predica la imposibilidad de condenar en costas a las partes del litigio cuando no aparezca prueba que convalide que estas se causaron.

7. PRONUNCIAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

7.1. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Guardó silencio.

estas se causaron.

7. PRONUNCIAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

7.1. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Guardó silencio.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓNMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

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Mediante a uto del 26 de abril de 202 1, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Ibagué, el 12 de agosto de 2020.

De igual manera, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso para decisión de fondo de fecha 20 de mayo de 2021, la providencia de 26 de abril de 2021 que admitió el recurso de apelación interpuesto, fue notificada al agente del Ministerio Público, quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de l demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 12 de agosto de 20 20, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 12 de agosto de 20 20, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

2. Problema jurídico

El problema jurídico en el presente asunto consiste en establecer si la decisión que negó las pretensiones de la demanda se encuentra ajustada a derecho y por consiguiente, se debe confirmar la decisión ; o si por el contrario, tal como lo aduce la parte recurrente, deben inaplicarse por inconstitucionales e inconvencionales los Decretos enlistados en la primera pretensión del líbelo introductorio por transgredir el derecho a la igualdad tanto del accionant e como de su núcleo familiar, y, en consecuencia, declararse la nulidad del Oficio No. S-2017-043774/ANOPA–GRUNO 1.10 del 23 de octubre del año 2017 , que negó el reajuste del salario del demandante, incluyendo el subsidio familiar junto con la indexación e intereses moratorios a que hubiere lugar.

3. Tesis de la Sala

En el sub-lite, se advierte que el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional se rige por un régimen salarial y prestacional singular, diferenciado del aplicable a los Oficiales y Suboficiales. En consecuencia, resulta inadmisible la pretensión de fragmentar dichos regímene s con el objeto de seleccionar las disposiciones más favorables de cada uno, toda vez que ello contravendría el principio de inescindibilidad de la norma. En este orden de ideas, la normativa que rige integralmente al personal del Nivel Ejecutivo de la institución castrense es la que debe ser aplicada en su totalidad , destacando que el ingreso a la Policía

inescindibilidad de la norma. En este orden de ideas, la normativa que rige integralmente al personal del Nivel Ejecutivo de la institución castrense es la que debe ser aplicada en su totalidad , destacando que el ingreso a la Policía Nacional en dicho nivel se produjo de manera libre y voluntaria por el accionante, lo que implica la aquiescencia y el sometimiento a las regulaciones que establecen las condiciones salariales y prestacionales específicas.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 10

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Por lo expuesto, se confirmará la providencia emitida por el juzgado de primera instancia.

4. Fundamentos de la tesis de la Sala

4.1. Del Régimen salarial y prestacional del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional

La Ley 4 de 1992, en su artículo 1º, fijó el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos, el de los miembros de la fuerza pública.

La Ley 180 de 1995 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada “ Nivel Ejecutivo” , que dispone lo siguiente:

“Artículo 1º. El artículo 6º de la Ley 62 de 1993, quedará así: La Policía Nacional está integrada por Oficiales, personal del Nivel Ejecutivo Suboficiales, Agentes, Alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por

integrada por Oficiales, personal del Nivel Ejecutivo Suboficiales, Agentes, Alumnos y por quienes presten el ser