TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2019-00319-01 (13-03-2025)

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Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación Nº: Nº Interno: 73001-33-33-005-2019-00319-01 2024-0662

Medio de Control: Ejecutivo

Ejecutante: María Esperanza del Socorro Peña Lozano

Ejecutado:

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP

I. ASUNTO A DECIDIR

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto oportunamente por el apoderado de la parte ejecutada en contra de la sentencia calendada el 8 de marzo de 2024, dictada por el Juzgado Quinto (5) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del presente medio de control.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda1.

La señora María Esperanza del Socorro Peña, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción ejecutiva, solicitó que se libre mandamiento de pago a su favor y en contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, de conformidad con las siguientes pretensiones: 1) “Por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIE NTO VEINTIUN PESOS MLC ($1.728.121), por concepto de intereses moratorios derivados de la Sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué de fecha 2 de junio de 2016, confirmada por la Sentencia proferida por el Tribunal Adm inistrativo

Sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué de fecha 2 de junio de 2016, confirmada por la Sentencia proferida por el Tribunal Adm inistrativo del Tolima de fecha 4 de noviembre de 2016, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia (15 de noviembre de 2016) hasta los diez (10) primeros meses (15 de septiembre de 2017), liquidados a la tasa del DTF certificados por el Banco de la Repú blica, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 195 del C.P.A.C.A. 2) Por la suma de UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MLC ($1.039.293), por concepto de intereses moratorios derivados de la Sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué de fecha 2 de junio de 2016, confirmada por la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima de fecha 4 de noviembre de 2016, desde el día siguiente a los diez (10) primeros meses (16 de septiembre de 2017) hasta la fecha en que la Entidad demandada

1 Expediente digital juzgado, índice 66.Radicado: 73001-33-33-005-2019-00319-01

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realizó el pago del crédito judicial (25 de octubre de 2017), liquidados a la tasa comercial certificada por la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 195 del C.P.A.C.A.

realizó el pago del crédito judicial (25 de octubre de 2017), liquidados a la tasa comercial certificada por la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 195 del C.P.A.C.A. 3) Se ordene la indexación de las anteriores sumas desde el día siguiente en que se canceló el crédito judicial (26 de octubre de 2017) hasta cuando quede en firme la liquidación del crédito dentro del presente proceso. 4) Se condene en costas a la demandada”. El apoderado de la parte ejecutante expuso como fundamentos fácticos, los siguientes: 1. “Mi poderdante laboró a servicio del Estado acreditando los requisitos para pensión, la cual fue reconocida por la CAJA NACION AL DE PREVISIÓN SOCIAL, sin que le fueran incluidos la totalidad de los factores salariales devengados durante en el último año de servicio, razón por la cual a través del suscrito previo agotamiento de la vía gubernativa, se instauró acción de nulidad y r establecimiento del derecho, que por reparto le correspondió a su Despacho, tal y como consta en el proceso enunciado en la referencia.

2. Mediante Sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué de fecha 2 de junio de 2016, se condenó a la ya liquidada Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E., a reliquidar y pagar la pensión de jubilación de (SIC), incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

3. La anterior decisión judicia l fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante Sentencia de fecha 4 de noviembre de 2016, la cual quedó debidamente

la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

3. La anterior decisión judicia l fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante Sentencia de fecha 4 de noviembre de 2016, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 15 de noviembre de 2016.

4. Dentro de la sentencia judicial se le ordenó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, dar cumplimiento a la misma en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

5. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, mediante Resolución No. RDP 035088 del 11 de septiembre de 2017, ordenó dar cumplimiento al fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el sentido de reliquidar la pensión de ju bilación de mi poderdante, liquidar las diferencias que resulten de las mesadas atrasadas y efectuar las operaciones aritméticas a que haya lugar, en cuanto al cumplimiento a lo ordenado en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

6. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, reportó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – Consorcio FOPEP, en el mes de octubre de 2017 la novedad de inclusión en nómina de la anterior resolución, cancelando a favor de mi poderdante la suma de $32.133.147, por concepto de pago de diferencia de mesadas atrasadas e indexación.

octubre de 2017 la novedad de inclusión en nómina de la anterior resolución, cancelando a favor de mi poderdante la suma de $32.133.147, por concepto de pago de diferencia de mesadas atrasadas e indexación.

7. Dentro del anterior pago no se incluyó lo correspondiente a intereses moratorios de conformidad con el numeral 4° del artíc ulo 195 del C.P.A.C.A. , los cuales fueron ordenados en la sentencia judicial y reconocidos en el acto administrativo de cumplimiento.

8. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las competencias en materia pensional asignadas a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación fueron

trasladadas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, de conformidad con lo establecido en los Decretos No. 4107 y 4269 de Noviembre de 2011 y demás normas concordantes, es ésta última la entidad obligada a responder por el pago de los intereses moratorios ordenados mediante la sentencia judicial mencionada y queRadicado: 73001-33-33-005-2019-00319-01

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fueron igualmente reconocidos en el acto administrativo de cumplimiento de fallo, pero que hasta la fecha no han sido cancelados.

9. Además, téngase en cuenta que lo que se pretende con la presente acción es el pago de unas acreencias ordenadas mediante Sentencia judicial proferida por el Juzgado Quinto

que hasta la fecha no han sido cancelados.

9. Además, téngase en cuenta que lo que se pretende con la presente acción es el pago de unas acreencias ordenadas mediante Sentencia judicial proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué de fecha 2 de junio de 2016, confirmada mediante Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima de fecha 4 de noviembre de 2016, como lo son los intereses moratorios de que trata el numeral 4° del artículo 195 del C.P.A.C.A., de un proceso contencioso laboral, los cuales se encuentran debidamente reconocidos tanto en dicha sentencia, como en el acto administrativo por medio del cual CAJANAL ya liquidada dio cumplimiento a la orden judicial.

10. La obligación en referencia procede del de udor UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, ente encargado del reconocimiento de las pensiones y prestaciones económicas de la ya liquidada Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E., igualmente es clara, expresa y actualmente exigible, al tenor de lo dispuesto en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, en concordancia con el numeral 1° del artículo 297 y ss del C.P.A.C.A.”.

2. Mandamiento de pago2.

Mediante providencia fechada el 8 de noviembre de 2019, el Juzgado Quinto (5) Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, teniendo en cuenta que “la sentencia base de ejecución quedó ejecutoriada el 15 de noviembre de 2016, la solicitud de cumplimiento de fallo se presentó el 10 de mayo del 2017, y el pago por parte de la entidad condenada se realizó el 25 de octubre

ejecutoriada el 15 de noviembre de 2016, la solicitud de cumplimiento de fallo se presentó el 10 de mayo del 2017, y el pago por parte de la entidad condenada se realizó el 25 de octubre conforme lo señala la parte ejecutante” calculó la obligación insoluta, así: “(…) (i) Intereses al DFT En el presente asunto, al sentencia quedó en firme el 15 de noviembre de 2016, según constancia secretarial, y la solicitud de pago fue radicada por el accionante el 10 de mayo de 2017, por ende la causación de intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF se genera a partir de la fecha en que la ejecutante peticionó a la demandada el cumplimiento del fallo y hasta el vencimiento de los 10 meses, por ende el periodo durante el cual deberán reconocerse tales intereses en favor se encuentra comprendido entre el 10 de mayo del 2017 al 15 de septiembre del 2017, así:

2 Expediente digital juzgado, índice 00 folio 120 a 123.Radicado: 73001-33-33-005-2019-00319-01

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(ii) Intereses moratoriaTasa interés comercial. Teniendo en cuenta que vencidos los diez meses que señala el artículo 192 del CPACA contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, empiezan a partir del 16 de septiembre y van hasta el día 25 de octubre del 2017 fecha en la que se realizó el pago por parte de

contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, empiezan a partir del 16 de septiembre y van hasta el día 25 de octubre del 2017 fecha en la que se realizó el pago por parte de la entidad demandada según lo afirmo la propia ejecutada, por tanto, se hará el cálculo por tal concepto así:

(…)”. Libró mandamiento de pago a favor de la señora María Esperanza del Socorro Peña y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP, así: a. “Por la suma (642.466,24) por concepto de intereses moratorios al DFT causados a partir del 10 de mayo de 2017 al 15 de septiembre de 2017.

b. Por la suma ($975. 642,91) por concepto de intereses moratorios a la tasa comercial causados a partir del 16 de septiembre de 2017 al 25 de octubre de 2017 , de conformidad con el numeral 4 del artículo 195 del C.P.A.C.A.

c. Sobre costas se resolverá oportunamente” (negrilla por fuera de texto).

Dicha orden de pago fue objeto del recurso de reposición oportunidad en la cual, el a-quo, repuso su decisión en los siguientes términos3:

“(…) en lo que tiene que ver con la prueba allegada con el recurso, esto es la Resolución No. SFO 001 323 del 22 de mayo del 2019, por medio de la cual se dispuso en favor de la demandante el pago de intereses moratorios por la suma de $525.115.55, se tiene que aunque mediante proveído del 9 de octubre del 2020 se requirió a la ejecutante con el fin de que

demandante el pago de intereses moratorios por la suma de $525.115.55, se tiene que aunque mediante proveído del 9 de octubre del 2020 se requirió a la ejecutante con el fin de que señalara si se ha hecho efectivo el pago de intereses, el valor y fecha de pago, esta guardó silencio, por lo que se tendrá como cierto el pago efectuado por la parte demandante al no existir prueba en contrario.

Visto lo anterior, atendiendo a los argumentos expuestos por la parte ejecutante, advierte este juzgador que se hace imperioso verificar la liquidación del crédito a la fecha imputando el pago de intereses efectuados, por lo que el total adeudado a la parte ejecutante, así:

3 Expediente digital juzgado, índice 00 folio 156 a 161.Radicado: 73001-33-33-005-2019-00319-01

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Intereses moratorios a la tasa DTF $ 642.466,24 Intereses moratorios legales $ 975. 642,91 Total adeudado $1.618.109,15

Sobre ese valor se resta la suma de $525.115,55 que la entidad ha acreditado canceló a la actora por concepto de intereses mediante la Resolución Nro. SFO 001323 del 22 de mayo de 2019, por lo que el total adeudado y sobre el cual debe expedirse el mandamiento de pago asciende a las siguientes sumas de dinero:

Intereses moratorios a la tasa DTF $117.350,69 Intereses moratorios legales $975.642,91

pago asciende a las siguientes sumas de dinero:

Intereses moratorios a la tasa DTF $117.350,69 Intereses moratorios legales $975.642,91 Total adeudado $1.092.993,6

En este orden de ideas se repondrá la decisión recurrida en el sentido de modificar la suma total adeudada por concepto de intereses mora a la parte actora que asciende a $1.092.993,6”.

3. Excepciones del ejecutado4.

Dentro del término establecido en el art ículo 442 del C.G. del P., la entidad ejecutada por conducto de su apoderado judicial propuso como excepciones la buena fe y la de: (i) Pago. Indicó que por medio de la Resolución N° RDP 035088 del 11 de septiembre de 2017, dio cumplimiento de la sentencia objeto de ejecución reliquidando la pensión de vejez de la señora María Esperanza del Socorro Peña y, que a través de la Resolución N°SFO 001323 del 22 de mayo de 2019 ordenó el gasto y el pago de la suma de $525.115.55 por concepto de intereses a favor de la ejecutante. Aunado a ello señaló que, la base de liquidación de los intereses moratorios que se reclaman no puede ser otra que la suma d e $31.129.474,47, valor reconocido por concepto de las mesadas pensionales indexadas y causadas desde que se hicieron exigibles, es decir, desde el 24 de octubre de 2010 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, agregó que, cuando se canceló el mencion ado valor, se consignaron otros emolumentos como las diferencias causadas a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de inclusión

canceló el mencion ado valor, se consignaron otros emolumentos como las diferencias causadas a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de inclusión en nómina, así como la mesada pensional correspondiente al mes en el que se ejecutó el pago razón por la que la demandante recibió un mayor valor, que no hay lugar a tener en cuenta para la liquidación de los intereses. Advirtió que de conformidad con el artículo 192 del C. de P.A. y de lo C.A. desde el 15 de febrero de 2017 los intereses reclamado s en el presente proceso se suspendieron toda vez que, la parte demandante no allegó la totalidad de los documentos requeridos para el cumplimiento. Con base en lo anterior, concluyó que no está obligada a reconocer intereses moratorios liquidados sobre la suma de 32.133.147.7, ni por periodos posteriores a los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

4. Sentencia apelada5.

4 Expediente digital juzgado, índice de descarga 8. 5 Expediente digital juzgado, índice de descarga 37.Radicado: 73001-33-33-005-2019-00319-01

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Inicialmente indicó que el título ejecutivo base de recaudo está constituido por una sentencia en la cual se condenó a la entidad hoy ejecutada a reliquidar y pagar la pensión de jubilación de la señora María Esperanza del Socorro Peña, tomando como base el 75% del pro medio salarial devengado en el último año de servicios , teniendo en cuenta la afectación de la

de la señora María Esperanza del Socorro Peña, tomando como base el 75% del pro medio salarial devengado en el último año de servicios , teniendo en cuenta la afectación de la prescripción trienal con la inclusión de los factores devengados en el último año de servicios y, que al no haberse efectuado el pago dentro del término legal, s e generaron intereses de mora en los términos señalados en el artículo 192 del C. de P.A y de lo C.A. De conformidad con lo anterior, manifestó que, con el recurso de reposición interpuesto en contra del mandamiento de pago, el Juzgado tomó en consideración la Resolución No. SFO01323 del 22 de mayo de 2019 a través de la cual se ordenó el pago de la suma de $525.115,55, descontando dicho valor del liquidado en el mandamiento de pago, motivo por el cual traer nuevamente dicho argumento c omo medio exceptivo no resulta de recibo, determinando que al no existir otra prueba de pago era procedente denegar la excepción de pago total de la obligación propuesta por la U.G.P.P. Por otro lado, rechazó la excepción de buena fe por improcedente en tanto al ser el título base de recaudo una sentencia debidamente ejecutoriada de conformidad con el artículo 442 del C.G del P., frente a este solo proceden las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción. Finalmente, resolvió que al no haberse solventado la totalidad de la obligación no era procedente acceder a la solicitud de terminación del proceso por pago total, ordenando seguir adelante con la ejecución del crédito por valor de $1.092.993,6 como nuevo saldo insoluto.

5. Fundamentos de la impugnación6.

procedente acceder a la solicitud de terminación del proceso por pago total, ordenando seguir adelante con la ejecución del crédito por valor de $1.092.993,6 como nuevo saldo insoluto.

5. Fundamentos de la impugnación6.

Replicando los mismos argumentos expuestos en la proposición de las excepciones y en el recurso de reposición, i ndicó que por medio de la Resolución N° RDP 035088 del 11 de septiembre de 2017, dio cumplimiento de la sentencia objeto de ejecución reliquidando la pensión de vejez de la señora María Esperanza del Socorro Peña y, que a través de la Resolución N°SFO 0013 23 del 22 de mayo de 2019 ordenó el ga sto y pago de la suma de $525.115.55 por concepto de intereses a favor de la ejecutante. Aunado a ello señaló que, la base de liquidación de los intereses moratorios que se reclaman no puede ser otra que la suma de $3 1.129.474,47, valor reconocido por concepto de las mesadas pensionales indexadas y causadas desde que se hicieron exigibles, es decir, desde el 24 de octubre de 2010 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. Agregó que, cuando se canceló el mencionado valor, se consignaron otros emolumentos como las diferencias causadas a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de inclusión en nómina, así como la mesada pensional correspondiente al mes en el que se ejecutó el pago razón por la que la demandante recibió un mayor valor, que no hay lugar a tener en cuenta para la liquidación de los intereses. Advirtió que de conformidad con el artículo 192 del C. de P.A. y de lo C.A. desde el 15 de

razón por la que la demandante recibió un mayor valor, que no hay lugar a tener en cuenta para la liquidación de los intereses. Advirtió que de conformidad con el artículo 192 del C. de P.A. y de lo C.A. desde el 15 de febrero de 2017 los intereses reclamados en el presente proceso se suspendieron toda vez que, la parte demandante no allegó la totalidad de los documentos requeridos para el cumplimiento, precisando que, con base en el mencionado artículo los intereses moratorios se pagarán los primeros tres meses, pero para continuar generando los mismos el peticionario o su apoderado además de la solicitud de cumplimiento debió haber allegado la totalidad de

6 Expediente digital juzgado, índice de descarga 40.Radicado: 73001-33-33-005-2019-00319-01

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documentos requeridos para la liquidación del fallo, de lo contrario, no se procederá a reanudar el pago. En hilo con lo expuesto, precisó que la UGPP no está obligada a reconocer intereses moratorios liquidados sobre la suma de $32.133.147,79, ni por periodos posteriores a los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, por lo que, los intereses moratorios causados por el pago tardío de la sentencia objeto de ejecución corresponde a la suma de $525.115,55 y no a la liquidada por el juzgado. No obstante, de considerarse si hay lugar a reconocer los intereses moratorios por periodos posteriores a los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, solicitó tener en cuenta

y no a la liquidada por el juzgado. No obstante, de considerarse si hay lugar a reconocer los intereses moratorios por periodos posteriores a los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, solicitó tener en cuenta que, durante el mes en el que se ejecutó el pago del capital, retroactivo pensional o de la inclusión en nómina, no hay lugar al cobro de intereses debido a los tiempos establecidos para el reporte y pago de la nómina que debe acoger la Unidad. Lo anterior, dado que por su condición de entidad pública para el cumplimiento de una sentencia debe atender trámites y procedimientos internos para efectuar el pago. Finalmente, reiteró que con la inclusión de la reliquidación de la pensión del ejecutante en la nómina de pensionados y con las sumas de dinero canceladas al ejecutante, la UGPP cubrió el total de la obligación impuesta en los fallos, y a partir de dicha fecha ya no se genera ningún concepto pendiente de pago a cargo de la entidad.

III. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del 9 de septiembre de 2024 7 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad ejecutada, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 del

C. G. del P. y 247 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de

2021.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia.

Es competente esta colegiatura para desatar el recurso de alzada, pues según voces del artículo 153 del C. de P.A. y de lo C.A “Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces

Es competente esta colegiatura para desatar el recurso de alzada, pues según voces del artículo 153 del C. de P.A. y de lo C.A “Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)” (Resalta la Sala).

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces (…)”.

Es viable concluir entonces que, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante es procedente, en tanto la decisión objeto de censura no es otra, que la sentencia de primera instancia.

2. Problema jurídico.

7Índice de descarga 8 expediente SAMAI.Radicado: 73001-33-33-005-2019-00319-01

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De conformidad con lo señalado en el recurso de apelación, procede este Tribunal a determinar si la decisión adoptada por el a-quo resultó acertada, o si, por el contrario, debe ordenarse la terminación del proceso al declararse probada la excepción de pago propuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -U.G.P.P.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1. De la naturaleza del título ejecutivo.

por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -U.G.P.P.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1. De la naturaleza del título ejecutivo.

De conformidad con el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), constituye título ejecutivo en materia contencioso-administrativa: “Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (…)” Ahora bien, el proceso ejecutivo busca el cumplimiento de u na obligación que debe estar plasmada en un documento y debe ser clara, expresa y exigible. El proceso ejecutivo tiene entre otras las siguientes características: (i) se requiere siempre de la existencia de un título ejecutivo (documento); (ii) su finalidad no es la declaración o reconocimiento de un derecho sustancial, sino la efectividad del mismo mediante una orden judicial; y (iii) se inicia con la providencia mediante la cual el juez librar mandamiento de pago cuándo considera que el título ejecutivo reúne los requisitos legales, así mismo da una orden al demandado para que cumpla dentro de un término perentorio, so pena de cumplir el juez por el demandado o de hacer cumplir por otros medios.

Es decir, el proceso ejecutivo busca por medios coercitivos, lograr el cumplimiento de una obligación insatisfecha que está contenida en un título, por eso es indispensable que ese título contenga una obligación clara, expresa y exigible, para hacerla efectiva y así obtener del

Es decir, el proceso ejecutivo busca por medios coercitivos, lograr el cumplimiento de una obligación insatisfecha que está contenida en un título, por eso es indispensable que ese título contenga una obligación clara, expresa y exigible, para hacerla efectiva y así obtener del deudor el cumplimiento de esta. Dentro de los aspectos formales, debe incluirse el documento auténtico, expreso o presunto, en el que conste la obligación, y dentro de l os requisitos de fondo, que la obligación en él contenida sea clara, expresa y exigible. De conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, el título ejecutivo es aquel que colige una obligación clara, expresa y exigible, derivada del deudor o de su causante o de una providencia judicial, que constituya plena prueba en contra del obligado, así: “Artículo 422. Título Ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que proveng an del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía apr ueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”Radicado: 73001-33-33-005-2019-00319-01

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En la normatividad mencionada, se indican los elementos que ejemplifican un título ejecutivo. Se trata, en consecuencia, de un documento que constituye prueba contra el deudor y del cual se desprenden obligaciones claras, expresas y exigibles, es decir, no contiene interpretaciones confusas o dudas (claras), el documento comprende una total mención de la obligación (expresa), la (obligación) o el (documento) cual debe provenir del deudor o de su causante y no estar sujeta la obligación a condición alguna (exigible). De conformidad con lo anterior, para librar el mandamiento de pago, el Juez deberá efectuar un análisis de los elementos formales, y de fondo, que son, tal como quedó referido, los del artículo 422 del C.G. del P. En otras palabras, las condiciones formales buscan que los documentos que integran el título conformen una unidad jurídica, que sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que e n procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme. Adicionalmente, las condiciones de fondo, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución, aparezcan consignadas tales obligaciones a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, que sean líquidas o liquidables por simple

administrativo en firme. Adicionalmente, las condiciones de fondo, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución, aparezcan consignadas tales obligaciones a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero. Todos los docume