TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2019-00419-01 (29-05-2025)

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Ibagué, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2.025).

Radicación Nº.: 73001-33-33-005-2019-00419-01

Número Interno: 0947-2024

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: CAROL ANDREA PARAMO GARCIA

Demandado:

Tema:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL

TOLIMA Responsabilidad fiscal.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 53 y 243 del C.P.A.C.A., procede la Sala Oral de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el pasado 26 de junio de 2024 mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones1

“Solicito que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.- El auto No 004 del 21 de junio de 2019 “Por medio del cual se decide un recurso de reposición contra el auto por medio del cual se falla con responsabilidad fiscal y otras disposiciones”, dictado dentro del proceso de responsabilidad fiscal DRF -002 del 05 de febrero de 2015, el cual fue notificado por estado No 44 del 25 de junio de 2019.

2.- El auto No 004 del 22 de marzo de 2019 “Por medio del cual falla un proceso de responsabilidad fiscal”

2015, el cual fue notificado por estado No 44 del 25 de junio de 2019.

2.- El auto No 004 del 22 de marzo de 2019 “Por medio del cual falla un proceso de responsabilidad fiscal”

A título de r establecimiento del derecho solicito que se ordene a la entidad accionada, Contraloría Municipal de Ibagué, proceda a:

1Se ordene a la entidad convocada, abstenerse de la ejecución de la sanción impuesta en los actos administrativos acusados.

2Ordenar la devolución de los dineros que se llegaren a pagar, de manera indexada, si a ello hubiere lugar, producto de la ejecución de la sanción fiscal impuesta.

3Se ordene el pago de la suma de CIEN (100 SMMLV) por perjuicios morales causados con ocasión de la sanción impuesta a través de los actos administrativos referidos.

1 Ver expte JuzgadoC:PpalArchivo 1Fls 157-158Página 2 de 15

4Se condene a las entidades demandadas a que, sobre las sumas adeudadas a mi poderdante, se paguen las necesarias para ver los ajustes de valor de dichas sumas, conforme al IPC, tal como lo autoriza el párrafo final art 187 ley 1491/11.

5Se ordene a las entidades demandadas a que den cumplimiento a lo impuesto en el fallo dentro del término perentorio consagrado en el art. 192 de la Ley 1437 de 2011.

6Se condene al pago de costas y agencias en derecho a las entidades demandadas, de conformidad a lo previsto en el art. 188 Ley 1437 de 2011C.P.A.C.A.

6Se condene al pago de costas y agencias en derecho a las entidades demandadas, de conformidad a lo previsto en el art. 188 Ley 1437 de 2011C.P.A.C.A.

2. Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los siguientes hechos relevantes:

1. La Contraloría Municipal de Ibagué con fundamento en el hallazgo fiscal No 005 de 2014, inició proceso fiscal vinculando a la señora Carol Andrea Paramo García, teniendo como soporte que “Sirvió como sustento factico que se evidencia que a los ingresos por canje de cesiones por dinero se les descontó IVA del 10% que tomaron como asumido, como cualquier otro en las declaraciones de los periodos 2012 y 2013, porque estos recursos estaban clasificados como otro ingresos no tributarios, siendo considerados co mo ingresos para la gestora, desconociéndose el contenido del Decreto de creación 017 de 2002, numeral 4 -3 literal c, el cual contempla que estos recursos fueron entregados al banco inmobiliario por el Municipio para su administración, puesto que esta acti vidad de administración de los recursos obtenidos por canje de cesiones no está gravada por el Estatuto Tributario, generándose un presunto detrimento fiscal para la Gestora Urbana, por la suma de $41.176.963”.

2Manifestó que tras haberse surtido todos los tramites del proceso de responsabilidad fiscal se profirió el Auto No 004 de 22 de marzo de 2019, en donde se declaró la responsabilidad fiscal de la señora Carol Andrea Paramo García, por la suma de $49.002.863, y a su vez se ordenó la inclusión en el

responsabilidad fiscal se profirió el Auto No 004 de 22 de marzo de 2019, en donde se declaró la responsabilidad fiscal de la señora Carol Andrea Paramo García, por la suma de $49.002.863, y a su vez se ordenó la inclusión en el boletín de responsables fiscales de la Procuraduría General de la Nación para el registro de inhabilidades derivadas de juicios de responsabilidad fiscal.

3Mediante Auto No 004 de 21 de junio de 2019, la accionada repuso, corrigió y confirmó apartes del anterior Auto, empero confirmó la responsable fiscal de la aquí demandante.

4Señaló que dentro del proceso de responsabilidad fiscal no se hizo una debida valoración probatoria, no se integraron a personas con presunta responsabilidad y no se afectaron en su monto y proporción las pólizas de garantía,

5Manifestó que la demandante sin la posibilidad de ejercer más recursos en sede administrativa ha sufrido junto con su madre perjuicios de orden moral, familiar, privado y público.

3.- Contestación de la demanda3

Mediante apoderado judicial, la entidad accionada contestó el libelo introductorio oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al señalar que todos los actos emitidos en el proceso de responsabilidad se encontraban ajustados a derecho.

2 Ver Expte JuzgadoC.Ppal -Archivo 1Fls 15-161 3 Ver expte JuzgadoC.Ppal -Carpeta 2Página 3 de 15

Señaló que en el escrito de demanda no se identificaba el concepto de violación, a efectos de explicar de manera clara las razones por las cuales se

3 Ver expte JuzgadoC.Ppal -Carpeta 2Página 3 de 15

Señaló que en el escrito de demanda no se identificaba el concepto de violación, a efectos de explicar de manera clara las razones por las cuales se estimaba que la decisión incurría en el cargo señalado, requisito este establecido en el numeral 4 del artículo 162 de C.P.A.C.A.

Respecto de la supuesta omisión de la valoración probatoria dentro del proceso de responsabilidad fiscal que aquí se cuestiona, indicó que se podía constatar claramente que el mismo se surtió bajo los parámetros de imparcialidad, equidad, legalidad y debid o proceso, teniendo en cuenta que todas las pruebas solicitadas dentro del mismo fueron debidamente decretadas, incorporadas, valoradas y controvertidas.

Dijo que el apoderado de la parte actora desconoc ió por completo el hecho generador de la sanción fiscal, toda vez que señaló que esta se ocasionó “por corrección de la liquidación del impuesto de renta de los años 2012, 2013 y unos intereses de mora que incrementaron el valor a pagar por parte de la Gestora Urbana”, cuando la misma se generó fue por el descuento del IVA del 10% que la demandante efectúo en calidad de Contadora de la Gestora Urbana a los ingresos por canje de cesiones por dinero en los años 2012 y 2013, cuando estos no se encu entran gravad os por el Estatuto Tributario, considerándose un detrimento por lo pagado por dicho concepto, tal como se verificó con los libros auxiliares de IVA.

Manifestó que en el escrito de demanda se indicó que la responsabilidad fiscal únicamente se podía pregonar respecto de los servidores públicos y

verificó con los libros auxiliares de IVA.

Manifestó que en el escrito de demanda se indicó que la responsabilidad fiscal únicamente se podía pregonar respecto de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición, frente a lo cual señaló que conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, en los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y de repetición en donde se demue stre la existencia del daño patrimonial parar el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto y las demás personas que concurran en el hecho , hasta la recuperación del detrimento patrimonial.

Adujo que la demandante no probó dentro del proceso de responsabilidad fiscal que su actuar no fuese culposo y que además este no ocasionó un detrimento a la entidad, más cuando no se demostró que se hubiese efectuado una devolución por parte la DIAN a la entidad; Igualmente señaló que, frente al reconocimiento de perjuicios morales peticionado s, estos carecían de sustento, por cuanto no se relacionó ni un solo medio de prueba para la acreditación de los mismos.

Aseveró que de acuerdo a las pretensiones incoadas en la demanda era obligatoria la vinculación de la Gestora Urbana como litisconsorte necesario, pues dicha entidad era quien tenía la facultad legal de realizar eventualmente la devolución de algún dinero en el hipotético que así fuese ordenado por el operador judicial.

Por último, propuso los siguientes medios exceptivos : i) Falta de legitimación

pues dicha entidad era quien tenía la facultad legal de realizar eventualmente la devolución de algún dinero en el hipotético que así fuese ordenado por el operador judicial.

Por último, propuso los siguientes medios exceptivos : i) Falta de legitimación en la cusa por pasiva; ii) Indebido agotamiento del requisito de procedibilidad; e ii) Inexistencia de los fundamentos que se predican de la nulidad y restablecimiento del derecho.

4.- La sentencia apelada4

El pasado 26 de junio de 2024 , el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, procedió a dictar sentencia de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda.

4 Ver Expte Juzgado – C.Ppal –Archivo 26Página 4 de 15

Adujo que la parte actora había manifestado su inconformidad respeto de los actos administrativos objeto de anulabilidad, al señalar que la Contraloría Municipal no verificó las acciones realizadas por la señora Carol Andrea Paramo García tendientes a establecer si la Gestora Urbana era responsable o no del pago del IVA del 10% sobre los ingresos por canje de saldos, y que una vez verificada tal situación procedió a realizar las correcciones pertinentes a efectos de que el pago de la sanción fuera disminuid o. Al respecto señaló el Juez de instancia que una vez verificadas las probanzas allegadas al plenario no se encuentra prueba alguna p ara acreditar dichos supuestos, ya que no se pudo evidenciar cuales o que gestiones realizó la citada señora para disminuir la supuesta sanción.

Precisó que el hecho generador responsabilidad fiscal se generó por el pago

que no se pudo evidenciar cuales o que gestiones realizó la citada señora para disminuir la supuesta sanción.

Precisó que el hecho generador responsabilidad fiscal se generó por el pago indebido de IVA en los periodos 2012 y 2013 respecto de la actividad de canje de las cesiones urbanísticas por dinero, y que la Contraloría analizó las gestiones de la aquí demandante antes, durante y después del hecho generador que conllevó al fallo de responsabilidad, a tal punto que estableció que dicho daño al fisco hubiese podido ser resarcido si se hubiesen ejecutado las gestiones debidas, sin que ello se hubiere evidenciado.

Por último, condenó en costas a la actora en cuantía de un (1) SMLMV.

5.- El Recurso de Apelación5

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, solicitando su revocatoria, para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

Expuso que el fallo de primera instancia no había tenido en cuenta las normas legales que fueron desconocidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, pues el objeto, la gestión, los elementos y el daño patrimonial que con la conducta del aquí demandante pudo causarle al patrimonio del Estado brillaron por su ausencia a lo largo del proceso fiscal.

Precisó que la Ley 612 de 2000 estableció el objeto de la responsabilidad fiscal, que no es otro que el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de las conductas dolosas o culposas de quien realiza gestión fisca l; igualmente citó las disposiciones normativas

fiscal, que no es otro que el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de las conductas dolosas o culposas de quien realiza gestión fisca l; igualmente citó las disposiciones normativas que regulan lo atinente a la noción de la gestión fiscal, el objeto y los elementos de la responsabilidad fiscal y el daño patrimonial al Estado, indicando que si el despacho hubiese realizado un análisis correcto d e dichas normas bajo el soporte probatorio allegado , las pretensiones de la demanda hubiesen sido favorables, pues en el marco del proceso de responsabilidad fiscal se había tenido por cierto que el hecho generador fue el pago indebido del IVA por los periodos 2012 y 2013 de la actividad de canje de las cesiones urbanísticas por dinero, sin que ello hubiese sido probado o se hubiese demostrado que fue a causa de ge stión fiscal de la aquí demandante en desarrollo de sus competencias funcionales.

Sostuvo que tanto en el proceso de responsabilidad fiscal con en la sentencia recurrida no se valoraron adecuadamente las pruebas y no se integraron a personas con posible responsabilidad ; igualmente señaló que no había existido daño patrimonial alguno, pue s el ente fiscal incluyó el pago de la sanción por corrección de la liquidación del impuesto de renta de los años 2012 y 2013 y unos intereses de mora que incrementaron el valor a pagar.

Concluyó señalando que, contrario a lo manifestado por el Juez de instancia sí existieron elementos probatorios que diluyeron la legalidad de los actos

5 Ver Expte Juzgado – C.Ppal –Archivo 28Página 5 de 15

acusados, por lo que no se habían dado los elementos de la responsabilidad

sí existieron elementos probatorios que diluyeron la legalidad de los actos

5 Ver Expte Juzgado – C.Ppal –Archivo 28Página 5 de 15

acusados, por lo que no se habían dado los elementos de la responsabilidad fiscal, sin que se hubiese demostrado que la aquí demandante hubiese causado un daño patrimonial al Estado

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto 15 de octubre de 2024 se admitió el recurso de alzada interpuesto por el apoderado de la parte actora, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 76 de la Ley 2081 de 2021.

IVCONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia.

Es competente esta Colegiatura para desatar la apelación contra la sentencia proferida el pasado 26 de junio de 2024 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué , según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar, si los actos administrativos acusados , dictados por la Contraloría Departamental del Tolima , a través de los cuales

administrativos.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar, si los actos administrativos acusados , dictados por la Contraloría Departamental del Tolima , a través de los cuales se declaró la responsabilidad fiscal de la señora CAROL ANDREA PARAMO GARCIA se encuentran o no viciados de nulidad.

3. Fondo del Asunto.

3.1. La responsabilidad fiscal y el proceso para su declaración.

La responsabilidad patrimonial de los servidores públicos y de las personas de derecho privado que manejen o administren bienes, recursos o fondos públicos, derivada de una inadecuada gestión fiscal que cause un daño directamente al patrimonio del Estado, se determina mediante el proceso de responsabilidad fiscal, cuya naturaleza es administrativa y su finalidad es la de obtener el resarcimiento de los daños ocasionados.

Para que se configure la responsabilidad fiscal es necesaria la existencia de un nexo causal entre la conducta dolosa o culposa del agente que ejerza gestión fiscal en los términos señalados en la ley y el daño al patrimonio del Estado.

El proceso de responsabilidad fiscal se fundamenta en el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución, según el cual el Contralor General de la República tiene la atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, facultades que a su vez tienen asiento en la función pública de vigilancia y control sobre la gestión fiscal que realice n los servidores públicos o los particulares en relación con los bienes y recursos estatales puestos a su cargo.Página 6 de 15

facultades que a su vez tienen asiento en la función pública de vigilancia y control sobre la gestión fiscal que realice n los servidores públicos o los particulares en relación con los bienes y recursos estatales puestos a su cargo.Página 6 de 15

Funciones éstas que por igual se predican de las contralorías territoriales (inc. 6º del art. 272 de la Constitución Política).

Las competencias que asisten a todas las contralorías se expresan a través de dos momentos teleológicamente concatenados, sin que el segundo de ellos deba darse necesariamente en todos los casos. Es decir, en un primer momento las contralorías realizan el control fiscal dentro de sus respectivas jurisdicciones, formulando al efecto las correspondientes observaciones , conclusiones, recomendaciones y, llegado el caso, las glosas que puedan derivarse del examen de los actos de gestión fiscal seleccionados. Si con ocasión de esa vigilancia, en forma inmediata o posterior surge alguna información concerniente a hechos u omisiones eventualmente constitutiv os de daño fiscal, procede la iniciación, trámite y conclusión del segundo momento, esto es, del proceso de responsabilidad fiscal. El cual, en todo caso, está sujeto a la oportunidad que le otorgan las figuras de la caducidad y la prescripción.

El referido proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene a su cargo el manejo de bienes o recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con miras a lograr el resarcimiento de los daños causados al erario público. De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido de que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las

al erario público. De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una declaración jurídica en el sentido de que un determinado servidor público, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe asumir las consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, en la administración de los dineros públicos6.

El proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa 7, de ahí que la resolución por la cual se decide finalmente sobre la responsabilidad del procesado constituya un acto administrativo que, como tal, puede ser impugnado ante la jurisdicción Contencioso Administrativa.

En este orden de ideas, la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal es eminentemente administrativa, dado que recae sobre la gestión y manejo de los bienes públicos; es de carácter subjetivo, porque busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa; es patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad; y, finalmente, en su trámite deben acatarse las garantías del debido proceso 8 según voces del artículo 29 Superior.

Con relación al trámite del proceso de responsabilidad fiscal en la Ley 610 de 2000, la sentencia proferida por el Consejo de EstadoSala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera del 22 de marzo de 2012, C.P. Dr. Marco

Antonio Velilla, dentro de l proceso radicado No. 25000 -23-24-000-200201103-01, resume las etapas del proceso de responsabilidad fiscal así:

6 Corte Constitucional Sentencia SU-620 de 1996.

7 Ciertamente, la Corte ha entendido que los órganos de control llevan a cabo una administración pasiva que consiste en la verificación de la legalidad, eficacia y eficiencia de la gestión de la administración activa, esto es, aquella que es esenci al y propia de la rama ejecutiva, aunque no exclusiva de ella, pues los otros órganos del Estado también deben adelantar actividades de ejecución para que la entidad pueda cumplir sus fines. En este sentido, "la atribución de carácter administrativo a una ta rea de control de la Contraloría no convierte a esa entidad en un órgano de administración activa, puesto que tal definición tiene como único efecto permitir la impugnación de esa actuación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…) Es pues una lab or en donde los servidores públicos deciden y ejecutan, por lo cual la doctrina suele señalar que al lado de esa administración activa existe una administración pasiva o de control, cuya tarea no es ejecutar acciones administrativas sino verificar la legalidad y, en ciertos casos, la eficacia y eficiencia de gestión de la administración activa." Sentencia C-189 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver también Op Cit. SU 620 de 1996, C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

8 En la sentencia varias veces citada SU 620 de 1996 se establece el alcance del derecho al debido proceso en el proceso de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: "la norma del artículo 29 de la Constitución es aplicable al proceso de

8 En la sentencia varias veces citada SU 620 de 1996 se establece el alcance del derecho al debido proceso en el proceso de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos: "la norma del artículo 29 de la Constitución es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, (derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y año ser juzgado dos veces por el mismo hecho."Página 7 de 15

"(...) a. El proceso puede iniciarse de oficio por las propias contralorías, a solicitud de las entidades vigiladas, o por denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, especialmente por las veedurías ciudadanas (artículo 9o).

b. Antes de abrirse formalmente el proceso, si no existiese certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial, la entidad afectada y los presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por el término de seis (6) meses, al cabo de los cuales procederá el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal (artículo 39).

c. Cuando se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado, e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, se ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal (artículo 40). Una vez abierto el

c. Cuando se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado, e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, se ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal (artículo 40). Una vez abierto el proceso, en cualquier momento podrán decretarse medidas cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente responsables (artículo 12).

d. En el auto de apertura del proceso, entre otros asuntos deberán identificarse la entidad afectada y los presuntos responsables, y determinarse el daño patrimonial y la estimación de su cuantía. Dicho auto, además, debe contener el decreto de las pruebas que se estimen conducentes y pertinentes, el decreto de las medidas cautelares que deberán practicarse antes de la notificación, y la orden de practicar después de ellas, la notificación respectiva (artículo 41).

e. Como garantía de la defensa del implicado, el artículo 42 prescribe que quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal en su contra, antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, tiene el derecho de solicitar que se le reciba exposición libre y espontánea. De todas maneras, no puede proferirse el referido auto de imputación, si el presunto responsable no ha sido previamente escuchado.

f. Si el imputado no puede ser localizado o si citado no comparece, se le debe nombrar un apoderado de oficio con quien se continúa el trámite (artículo 43).

g. El término para adelantar estas diligencias es de tres (3) meses, prorrogables por dos (2) meses más, vencido el cual se archivará el proceso o se dictará auto de imputación de responsabilidad fiscal. Notificado a los presuntos responsables

g. El término para adelantar estas diligencias es de tres (3) meses, prorrogables por dos (2) meses más, vencido el cual se archivará el proceso o se dictará auto de imputación de responsabilidad fiscal. Notificado a los presuntos responsables el auto de imputación, se les correrá traslado por el término de diez (10) días a fin de que presenten los argumentos de su defensa, y soliciten y aporten las pruebas que pretendan hacer valer (artículos 45 a 50).

h. Vencido el término del traslado anterior, se debe dictar el auto que decrete las pruebas solicitadas, o las que de oficio se encuentren conducentes y pertinentes. El término probatorio no podrá ser superior a treinta (30) días; contra el auto que rechace pruebas proceden los recursos de reposición y apelación (artículo 51).

1. De conformidad con lo prescrito por el artículo 52, "vencido el término del traslado, y practicadas las pruebas pertinentes, el funcionario competente proferirá decisión de fondo, llamada fallo, con o sin responsabilidad fiscal, según el caso, dentro del término de treinta (30) días.

j. En los términos del artículo 55, "la providencia que decida el proceso de responsabilidad fiscal se notificará en la forma y términos que establece el Código Contencioso Administrativo y contra ella proceden los recursos allí señalados...".(...)"

La Ley 42 de 1993, modificada parcialmente por la Ley 610 de 2000, al desarrollar el sistema de control fiscal, precisó en el artículo 4º que éste se ejerce sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o

La Ley 42 de 1993, modificada parcialmente por la Ley 610 de 2000, al desarrollar el sistema de control fiscal, precisó en el artículo 4º que éste se ejerce sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que “manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes o niveles”.

El control fiscal así concebido, se ejerce sobre los organismos y entidades públicas evaluando en cada uno de ellos, el grado de eficiencia, economía, eficacia y demás indicadores que permitan juzgar el resultado de la gestión fiscal cumplida por la entidad, u organismos y la de quienes están a cargo del manejo de los recursos asignados al cumplimiento de los cometidos estatales.Página 8 de 15

En efecto, la Ley 610 de 2000 precisó el proceso de responsabilidad fiscal, su objeto y los elementos para que ella se configure. Esta clase de responsabilidad se predica siempre de una persona natural, bien sea servidor público o particular con funciones de gestión fiscal, en los siguientes términos:

“Artículo 1. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado."9

“Artículo 4. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense

por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal (…)”

“Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.

“Parágrafo 1º. - La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad”.

Parágrafo 2°. El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer responsabilidad fiscal será el de la culpa leve”. (Este parágrafo fue declarado inconstitucional mediante la Sentencia C-619 de 2002)10.

“Artículo 5º.- Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

• Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza g