TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2020-00185-01 (27-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicación: 73001-33-33-005-2020-00185-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Orlando Cortés Briñez

Apoderado: Juan Carlos Arciniegas Rojas

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Apoderado: Nancy Stella Cardoso Espitia Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) Apoderado: Daniel Alberto Manjarres Diaz Tema: Reliquidación salaria y de la asignación de retiro

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Quint o Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Orlando Cortés Briñez 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda c ontra la Nación – Ministerio de Defensa y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en adelante CASUR, con el fin de obtener el reconocimiento de las declaraciones y condenas que se detallan a continuación.

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. S -2019con el fin de obtener el reconocimiento de las declaraciones y condenas que se detallan a continuación.

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. S -2019069371/ANOPA-GRULI-1.10 del 19 de noviembre de 2019, mediante el cual se negó la reliquidación de la asignación mensual y demás contraprestaciones percibidas de enero a diciembre de 2004, así como e l reajuste de la asignación mensual pagada desde enero de 2005 hasta la fecha de retiro, omitiendo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos causada y acumulada entre 1992 y 2004.

Como consecuencia de la declaración anter ior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene:

− La reliquidación, reajuste y pago del incremento equivalente al 2.49%, resultante de la diferencia entre la asignación mensual pagada en 2004 y la que corresponde según la inflación causada en 2003, aplicable a la asignación

1 A través de apoderado judicial.2

básica de un oficial en el grado de General o Almirante. Dicho reajuste debe incluir el sueldo básico, subsidios, primas, compensaciones y bonificaciones consagradas en las normas vigentes como factores computables en la liquidación de la asignación mensual y prestaciones sociales.

− La reliquidación, reajuste y pago del incremento equivalente al 52.2543%, resultante de la diferencia entre la asignación mensual pagada desde enero de 2005 hasta la fecha de retiro y la que correspo nde por actualización plena

− La reliquidación, reajuste y pago del incremento equivalente al 52.2543%, resultante de la diferencia entre la asignación mensual pagada desde enero de 2005 hasta la fecha de retiro y la que correspo nde por actualización plena según la inflación acumulada entre 1992 y 2004. Dicho reajuste debe incluir los factores computables mencionados en el literal anterior.

Se ordene que el reajuste e incremento de los salarios y prestaciones sociales se liquiden y reflejen año por año desde 2004, considerando la diferencia establecida en los numerales anteriores y los ajustes posteriores desde 2005, aplicando el incremento más favorable entre la inflación causada y lo decretado por el Gobierno Nacional.

Se ordene la corrección, adición o modificación necesaria en la Hoja de Servicios, reflejando el incremento real de la asignación básica del grado de General o Almirante, conforme a la Escala Gradual Porcentual, para su incidencia en la asignación mensual y prestaciones sociales.

Se ordene a CASUR el reconocimiento, liquidación y pago del incremento correspondiente a los haberes mensuales, cesantías, indemnizaciones y prestaciones sociales que le fueron reconocidas al demandante en su vida laboral sin actualización plena al momento de su retiro.

Se ordene la gestión ante CASUR para que dicho reconocimiento impacte en la asignación de retiro del demandante desde la fecha en que esta le fue reconocida.

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el O ficio No. 533734 del 29 de enero de 2020, mediante el cual CASUR negó la reliquidación de la asignación de retiro, omitiendo la consideración de la pérdida del poder adquisitivo

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el O ficio No. 533734 del 29 de enero de 2020, mediante el cual CASUR negó la reliquidación de la asignación de retiro, omitiendo la consideración de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos, tomando como ingreso base de liquidación la asignación básica del grado de General de la República ajustada con el IPC no percibido entre 1992 y 2004.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la reliquidación, reajuste y pago del incremento del 52.2543%, resultante de la diferencia entre la asignación mensual de retiro pagada por la entidad y la que realmente corresponde según la inflación acumulada entre 1992 y 2004, teniendo en cuenta que el reajuste debe incluir el sueldo básico, subsidios, primas, compensaciones y bonificaciones consagrados en las normas vigentes.

Se declare la pérdida del poder adquisitivo de la asignación básica y gastos de representación fijados a los Ministros de Despacho en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 872 de 1992, con afectación en los años 1993 a 2004 (excepto el año 2000), debido a los ajustes anuales efectuados por el Gobierno Nacional con base en los decretos de salarios expedidos en dichos años, los cuales han impactado la escala de asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva y, en consecuencia, los ingresos de los oficiales en el grado de General o Almirante.

Se declare la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos básicos establecidos para el personal de Oficiales y Suboficiale s de las Fuerzas Militares, así como para los

Se declare la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos básicos establecidos para el personal de Oficiales y Suboficiale s de las Fuerzas Militares, así como para los Oficiales, Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, como consecuencia de la aplicación de los decretos que anualmente los fijaron entre 1993 y 2004, lo que generó una pérdida de poder adquisitivo.3

Se ordene a las demandadas pagar las sumas adeudadas, debidamente actualizadas (indexadas), desde el momento en que se causó el derecho hasta su pago efectivo, con base en la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, en los términos del artículo 187, inciso 4, del CPACA.

Se declare que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, o quien haga sus veces, está obligada a reparar los daños y perjuicios extrapatrimoniales, en la modalidad de daño moral, al pago de las siguientes sumas:

− Orlando Cortés Briñez: 100 S.M.L.M.V.

− Sandra Rubio Peñaloza (cónyuge): 100 S.M.L.M.V.

− Nancy Montealegre Amaya: 100 S.M.L.M.V.

− Juan Camilo Cortés Montealegre (hijo): 100 S.M.L.M.V.

− Andrea Cortés Montealegre (hija): 100 S.M.L.M.V.

Asimismo, el pago de perjuicios patrimoniales en la modalidad de lucro cesante, por:

− Intereses legales sobre las sumas retenidas por la Policía Nacional desde el 1º de enero de 2004 hasta la fecha de retiro del servicio, conforme al artí culo 1617 del Código Civil.

− Intereses legales sobre las sumas retenidas por la Policía Nacional desde el 1º de enero de 2004 hasta la fecha de retiro del servicio, conforme al artí culo 1617 del Código Civil.

− Intereses moratorios sobre las sumas retenidas desde el 16 de octubre de 2019 hasta la fecha de la providencia que ponga fin a este proceso, según las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

− Sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío y desactualizado de las cesantías definitivas, desde el retiro del servicio o finalización del vínculo laboral hasta la fecha de la providencia que resuelva el proceso.

Se condene, a título de indemnización de perjuicios patrimoniales en la modalidad de daño emergente y/o lucro cesante, al pago de:

− $3.000.000, más el 30% del valor total de la sentencia, como compensación por los gastos jurídicos en que incurrió para reclamar sus derechos.

Se condene, como pretensión subsidiaria, que a título de costas y agencias en derecho se pague $3.000.000, más el 30% del valor total de la sentencia, por los honorarios jurídicos de la defensa técnica.

Se ordene el cumplimiento del fallo dentro de los términos previstos en los artículos 189 a 195 del CPACA.

Se condene a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho.

Se ordene inaplicar, a partir de 2004, los decretos salariales expedidos por el Gobierno Naci onal para la Fuerza Pública, en virtud de la excepción de

Se condene a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho.

Se ordene inaplicar, a partir de 2004, los decretos salariales expedidos por el Gobierno Naci onal para la Fuerza Pública, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, conforme a la Sentencia C -931 de 2004 de la Corte Constitucional.

1.1.2. Hechos4

Los presupuestos fácticos expuestos en la demanda, aunque con mayor énfasis en la exposición del concepto de violación, se presentan a continuación:

El demandante indicó que ingresó a la Policía Nacional el 1 de junio de 1990 con el grado de Patrullera.

Sostuvo que con la expedición de la Constitución Política de 1991, el 18 de mayo de 1992 se promulgó l a Ley 4 de 1992, cuyo objetivo fue establecer el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, así como fijar una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado entre las vigencias fiscales de 1993 y 1996.

Manifestó que en desarrollo de esta normativa, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 872 del 2 de junio de 1992, mediante el cual fijó la remuneración mensual de los Ministros del Despacho en los siguientes valores:

• Asignación básica: $648.000 • Gastos de representación: $1.152.000

Señaló que estos valores, considerados factores salariales, sumaban un total de $1.800.000.

Afirmó que posteriormente, los artículos 14 y 15 del Decreto 921 del 2 de junio de

Señaló que estos valores, considerados factores salariales, sumaban un total de $1.800.000.

Afirmó que posteriormente, los artículos 14 y 15 del Decreto 921 del 2 de junio de 1992 modificaron los porcentajes esta blecidos en el artículo 2º del Decreto 335 de 1992, reduciendo del 40% al 31% el porcentaje con el cual se calculaba la asignación de los sueldos básicos para los grados de Coronel a General, lo que contradecía lo dispuesto en la Ley 4 de 1992.

Expuso que el Decreto Legislativo 335 de 1992 había establecido que los oficiales en los grados de Coronel a General percibirían un porcentaje equivalente al 40% de la remuneración de un Ministro del Despacho. Este porcentaje, fijado como sueldo básico, quedó expresamente consignado en el artículo 2º del mencionado decreto.

Indicó que en aplicación de la Ley 4 de 1992, el Decreto 107 de 1996 determinó la escala gradual porcentual para oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Públi ca, estableciendo que los sueldos básicos mensuales correspondían a un porcentaje de la asignación básica de un oficial en el grado de General o Almirante.

Sostuvo que el artículo 2º de esta norma precisó que los oficiales en los grados de General y Almir ante percibirían una asignación mensual equivalente a la de los Ministros del Despacho, distribuida así:

• Sueldo básico: 45% • Prima de alto mando: 55% (sin carácter salarial para efectos legales).

General y Almir ante percibirían una asignación mensual equivalente a la de los Ministros del Despacho, distribuida así:

• Sueldo básico: 45% • Prima de alto mando: 55% (sin carácter salarial para efectos legales).

Aseguró que adicionalmente el artículo 35 del mismo decreto destinó $52.000.000.000 en la vigencia fiscal de 1997 para incrementar el salario del personal con menos de cinco años de servicio en la Fuerza Pública, lo que llevó a un ajuste en la escala gradual porcentual establecida en el artículo 1º del Decreto 107 de 1996.

Indicó que el Decreto 122 de 1997 modificó nuevamente la escala gradual porcentual con base en la partida presupuestal adicional establecida en el artículo 35 del Decreto 107 de 1996.5

Señaló que posteriormente el Decreto 1758 de 1997 creó una B onificación por Compensación para los empleados públicos del orden nacional, incluidos los Ministros del Despacho. Esta bonificación, de carácter permanente, fue reconocida como factor salarial para el cálculo de primas de Navidad, vacaciones y servicios, auxilio de cesantía y pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.

Afirmó que el Decreto 2072 del 21 de agosto de 1997 extendió dicha bonificación a oficiales, suboficiales, agentes y miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, así como a empleados públicos del Ministerio de Defensa y la Policía. Su liquidación debía efectuarse conforme a lo establecido en el artículo 2º del mencionado decreto.

Manifestó que entre 1993 y 2004, mediante diversos decretos (Decretos 11 de 1993,

debía efectuarse conforme a lo establecido en el artículo 2º del mencionado decreto.

Manifestó que entre 1993 y 2004, mediante diversos decretos (Decretos 11 de 1993, 42 de 1994, 25 de 1995, 10 de 1996, 31 de 1997, 40 de 1998, 35 de 1999, 2720 de 2000, 2710 de 2001, 660 de 2002, 3535 de 2003 y 4150 de 2004), se ajustaron anualmente los valores de la asignación básica y los gastos de representación de los Ministros del Despacho, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 872 de 1992. Sin embargo, afirmó que estos ajustes evidenciaron una pérdida del poder adquisitivo en la mayoría de los años, salvo en el 2000.

Expuso que el Gobierno Nacional ha expedido distintos decretos para fijar las escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, incluidos los Ministros del Despacho, entre ellos los Decretos 916 de 2005, 372 de 2006, 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de 2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011 , 853 de 2012, 1029 de 2013, 199 de 2014, 1101 de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017, 330 de 2018, 1011 de 2019 y 304 de 2020. No obstante, sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 1992 y 2004, salvo en el año 2000, no ha sido reconocida.

poder adquisitivo acumulada entre 1992 y 2004, salvo en el año 2000, no ha sido reconocida.

Señaló que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C -931 del 29 de septiembre de 2004 (expediente D -5125), ordenó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República realizar los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la Ley de Presupuesto General de la Nación antes de la expiración de la vigencia fiscal de 2004.

Expuso que el 14 de julio de 2007, el señor Orlando Cortés Briñez fue retirado del servicio activo en el grado de agente.

Aseguró que el 17 de mayo de 2007 se expidió la Hoja de Servicios No. 93122417, en la cual se reconocieron los emolumentos salariales que la Policía Nacional le venía otorgando hasta esa fecha. Con base en dicha hoja de servicios, se le reconoció la asignación de retiro, pagada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).

Sostuvo que los Decretos 304 y 328 de 2020 no reflejan la actualización plena ordenada por la Corte Constitucional.

Indicó que el 16 de octubre de 2019, solicitó a la Policía Nacional la reliquidación, reconocimiento y pago de la diferencia entre la asignación mensual, salarios y prestaciones sociales percibidos desde el 1 de enero de 2004 hasta su retiro.

Manifestó que en la misma fecha, presentó solicitud similar ante CASUR.

Señaló que la Policía Nacio nal, mediante el oficio No. S -2019prestaciones sociales percibidos desde el 1 de enero de 2004 hasta su retiro.

Manifestó que en la misma fecha, presentó solicitud similar ante CASUR.

Señaló que la Policía Nacio nal, mediante el oficio No. S -2019069371/ANOPAGRULI-1.10 del 19 de noviembre de 2019, negó la solicitud.

Indicó que CASUR, mediante el Oficio No. 533734 del 29 de enero de 2020, también negó su petición, argumentando que no adeuda valor alguno.6

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. CASUR

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda, afirmando que los hechos son parcialmente ciertos. Indicó que, según la hoja de servicios del titular, el señor Orlando Cortés Briñez laboró durante 17 años, 7 meses y 7 días. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció asignación de retiro mediante la Resolución No. 4052 del 11 de julio de 2012, efectiva a partir del 14 de julio de 2007, equivalente al 58 % de las partidas legalmente computables para su grado.

Señaló que el demandante se retiró en 2007, por lo que no tiene derecho al reajuste de la asignación de retiro por concepto del IPC. Explicó que la normatividad vigente en el momento de su retiro le fue aplicada y que la entidad no tiene facultades legislativas para expedir normas sobre aumentos salariales o reajustes de asignaciones de retiro.

Expuso que, conforme al Acta No. 03 del 16 de enero de 2020, el Comité de Conciliación de CASUR fijó políticas para el reconocimiento y pago del IPC,

asignaciones de retiro.

Expuso que, conforme al Acta No. 03 del 16 de enero de 2020, el Comité de Conciliación de CASUR fijó políticas para el reconocimiento y pago del IPC, recomendando conciliar judicial y extrajudicialmente el reajuste de las asignaciones de retiro para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, aplicando la prescripción cuatrienal a las mesadas no reclamadas oportunamente.

Indicó que la conciliación extrajudicial del IPC está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Aplica a los policías retirados antes del 31 de diciembre de 2004.

2. No debe existir acción de nulidad y restablecimiento del derecho ni haberse recibido suma alguna por IPC.

3. La petición de conciliación extrajudicial debe presentarse ante CASUR y ser trasladada a la Procuraduría General de la Nación o radicada en la entidad.

Aseguró que, una vez aprobada la conciliación judicial y radicada con los documentos pertinentes, el pago se efectuará así:

• Se reconoc erán los últimos cuatro años del capital, conforme a la prescripción especial de los Decretos Ley 1212 y 1213 de 1990. • Se pagará el 100 % del capital y se conciliará el 75 % de la indexación, siempre que no haya proceso judicial en curso y se presente preliquidación. • Tras el control de legalidad del juez y la presentación de la providencia aprobatoria, el pago se realizará en un plazo de seis meses.

Señaló que la entidad conciliará bajo estos términos y analizará cualquier propuesta de arreglo según la eta pa procesal, a través del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica.

Señaló que la entidad conciliará bajo estos términos y analizará cualquier propuesta de arreglo según la eta pa procesal, a través del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica.

Argumentó que, si bien la Ley 100 establece el reajuste pensional en su artículo 14, la omisión del demandante al considerar el régimen especial de la Fuerza Pública, regulado en los art ículos 217 y 218 de la Constitución, es relevante. Indicó que el Gobierno Nacional emite anualmente los decretos de reajuste, por lo que, si el demandante no estaba de acuerdo, debió impugnarlos directamente, pues CASUR no tiene facultades para modificarlos.

Citando un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda-Subsección “C” del 22 de febrero de 2007, sostuvo que los decretos de reajuste no han sido declarados inexequibles ni anulados, por lo que son de7

aplicación obligatoria. Reiteró que CASUR no puede modificar las escalas salariales establecidas por el Ejecutivo.

Negó haber transgredido el régimen laboral, ya que el reajuste de las asignaciones de retiro no depende de CASUR, sino de las normas especiales vigentes. Ex plicó que los beneficios otorgados al personal activo de la Fuerza Pública tienen un carácter incentivador y que, en muchos casos, han sustituido beneficios previos, como el reconocimiento de tiempos dobles en estado de sitio.

Citando la Ley 4 de 1992, ar tículo 10, destacó que cualquier régimen salarial o prestacional contrario a la ley carece de efecto y no crea derechos adquiridos. En consecuencia, el artículo 1 de la Ley 238 de 1995 no puede interpretarse en

Citando la Ley 4 de 1992, ar tículo 10, destacó que cualquier régimen salarial o prestacional contrario a la ley carece de efecto y no crea derechos adquiridos. En consecuencia, el artículo 1 de la Ley 238 de 1995 no puede interpretarse en contravía del principio de nivelación de la r emuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública.

Concluyó que CASUR ha actuado conforme a la normatividad vigente, la cual establece condiciones favorables de acceso a la asignación de retiro y regula su actualización conforme a los aumentos salariales del personal activo.

Señaló que los incrementos en las asignaciones de retiro no se han basado en el IPC, sino en los aumentos salariales del personal activo del respectivo grado. Concluyó que, según la documentación laboral del demandante, este se retiró en 2007, por lo que no le asiste derecho a reclamar factores distintos a los establecidos en la normatividad vigente al momento de su retiro.

Aseguró que la hoja de servicios, al ser un documento público, goza de presunción de autenticidad y es suficiente para verificar los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro. Finalmente, precisó que, desde 2005 hasta la fecha, los incrementos en las asignaciones mensuales de retiro han sido iguales o superiores al IPC.

1.2.2. Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

La entidad se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda, argumentando que el reajuste del IPC aplica al régimen pensional y que, durante el período en el que estuvo vigente, el demandante aún se encontrab a en servicio activo. Señaló que la asignación de retiro le fue reconocida mediante la Resolución No. 4052 del

que el reajuste del IPC aplica al régimen pensional y que, durante el período en el que estuvo vigente, el demandante aún se encontrab a en servicio activo. Señaló que la asignación de retiro le fue reconocida mediante la Resolución No. 4052 del 11 de julio de 2012, con efectividad a partir del 14 de julio de 2007, lo que evidencia que su retiro se produjo el 11 de julio de 2007.

Sostuvo que el demandante no tiene derecho a que su salario sea incrementado anualmente con base en el IPC para los años 1997 a 2004, dado que su asignación mensual en actividad fue reajustada conforme a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional. Afirmó que, según lo acreditado en el proceso, los incrementos aplicados a los salarios percibidos por el actor se ajustaron a los términos y porcentajes establecidos en la ley, de acuerdo con la escala fijada por el Gobierno mediante decreto para uno de los años reclamados.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, fijando por agencias en derecho la suma de $458.023.

El fallo señaló que, conforme al marco legal y jurisprudencial aplicable, quienes perciben una pensión o asignación de retiro tienen derecho a su reajuste con base8

en la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IP C), según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, precisó que la Ley 4 de 1992 tuvo como finalidad nivelar la remuneración

en la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IP C), según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, precisó que la Ley 4 de 1992 tuvo como finalidad nivelar la remuneración de los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública mediante una escala gradual, la cual no puede ser m odificada judicialmente en cada caso particular, en razón a que, de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de estos servidores.

Argumentó que, si bien la Constitución garantiza la capacidad adquisitiva del salario, no existe una fórmula única para su reajuste, por lo que pueden considerarse otras variables distintas al IPC, tales como la situación financiera del país, las políticas macroeconómicas y la racionalidad del gasto público.

Determinó que, con la expedición del Decreto 107 de 1996 en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 4 de 1992 y el establecimiento de la escala gradual porcentual para el personal de la Fuerza Pública, los decretos de reajuste salarial emitidos por el Gobierno han seguido dicha escala. Además, resaltó que el ajuste anual puede realizarse mediante un sistema distinto al ordenado en los decretos de incremento salarial.

Expresó que se acogía la posición adoptada por el Tribunal Administrati vo en las sentencias del 21 de octubre, 11 y 28 de noviembre de 2021, proferidas en casos similares, y concluyó que el demandante no aportó pruebas que acreditaran una desmejora salarial respecto a lo efectivamente percibido; además de que no allegó certificados salariales que respaldaran sus pretensiones, lo que implicó un

similares, y concluyó que el demandante no aportó pruebas que acreditaran una desmejora salarial respecto a lo efectivamente percibido; además de que no allegó certificados salariales que respaldaran sus pretensiones, lo que implicó un incumplimiento de la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso.

En cuanto al reajuste de la asignación de retiro conforme al IPC, indicó que, para los miembros de la Fuerza Pública, dicho reajuste se rige por el artículo 110 del Decreto 1213 de 1990, el cual aplica el principio de oscilación de las asignaciones del personal en servicio activo.

Precisó que, según lo acreditado en el proceso, el señor Orlando Cortés Briñez estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1989 y 2007, por lo que entre 1997 y 2004 se encontraba en servicio activo y no gozaba de asignación de retiro. En consecuencia, no podía beneficiarse de reajustes aplicables exclusivamente a pensiones y asignaciones de retiro en ese periodo, en lo que excediera el principio de oscilación.

El juez también analizó el argumento de vulneración del derecho a la igualdad, según el cual el incremento salarial debía realizarse conforme a la escala porcentual aplicada a un General de la República. Para ello, aplicó el test de igualdad desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C -015 de 2014 y concluyó que no se cumplían sus requisitos, pues la reforma introducida por la Ley 238 de 1995 benefició únicamente a quienes ya percibían asignación de retiro entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004. Determinó que la situación del

que no se cumplían sus requisitos, pues la reforma introducida por la Ley 238 de 1995 benefició únicamente a quienes ya percibían asignación de retiro entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004. Determinó que la situación del demandante era distinta a la de los beneficiarios de dicho reajuste y que la diferencia de trato esta ba constitucionalmente justificada, dado que el régimen especial aplicable al personal de la Policía Nacional responde a la naturaleza de su labor.

Descartó la aplicación del principio de favorabilidad, al no existir una norma alternativa que fijara el sa lario de los miembros de la Fuerza Pública en el periodo 1997-2004 con una fórmula más favorable que el principio de oscilación. Además, precisó que ordenar la reliquidación salarial con base en el IPC del año anterior, cuando este fuera mayor al factor de incremento efectivamente aplicado, resultaba9

improcedente, pues en varias anualidades el reajuste realizado conforme al principio de oscilación fue superior al IPC.

Se subrayó que acceder a la solicitud del demandante implicaría una escisión normativa prohibida, dado que las normas deben aplicarse integralmente. También destacó que inaplicar los decretos que fijan los sueldos del personal de la Fuerza Pública generaría inseguridad jurídica y podría llevar a que el juez invadiera competencias exclusivas de l Congreso y del Ejecutivo, lo que vulneraría el orden constitucional.

El juzgado recordó que, si bien el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario es una garantía constitucional, su materialización depende de la regulación del legislador y del Ejecutivo, asegurando que las diferencias en los ajustes salariales

El juzgado recordó que, si bien el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario es una garantía constitucional, su materialización depende de la regulación del legislador y del Ejecutivo, asegurando que las diferencias en los ajustes salariales sean mínimas y no afecten el núcleo esencial del derecho de los servidores públicos.

Respecto al argumento del demandante sobre la falta de competencia del funcionario que expidió el acto administrativo en la Policía Nacional, el juez precisó que conforme al artículo 198 del Decreto 1212 de 1990, la facultad para reconocer prestaciones sociales recae exclusivamente en el Director General de la institución, quien puede delegarla en el Subdi rector General, en consecuencia, al haber sido suscrito por el encargado de procedimientos de nómina, el acto administrativo contaba con la validez legal para adoptar la decisión cuestionada.

Al analizar el Decreto 1212 de 1990, el juzgado advirtió que este regula de manera específica l