TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2020-00274-01 (20-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicación: 73001-33-33-005-2020-00274-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Álvaro Vanegas Buitrago Apoderado: Oscar Andrés Acosta Romero Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) Apoderado: Daniel Alberto Manjarres Díaz Tema: Reliquidación asignación de retiro

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 10 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que declaró probada la excepción de cosa juzgada.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Álvaro Vanegas Buitrago 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), con el fin de obtener el reconoc imiento de las pretensiones que se detallan a continuación.

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 20201200010086351 ID 556131 del 1 de abril de 2020, mediante el cual se negó la solicitud

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 20201200010086351 ID 556131 del 1 de abril de 2020, mediante el cual se negó la solicitud de reliquidación de l a asignación de retiro con base en el IPC de los años 1997 a 2006.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la autoridad demandada reajustar la asignación de retiro conforme al incremento del IPC de los años 1997 a 2006, cuando dicho incremento anual haya sido inferior a este indicador.

Se ordene a la demandada reconocer y pagar el retroactivo, debidamente indexado, junto con los intereses moratorios correspondientes y las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Indicó que, mediante la Resolución 1931 del 6 de mayo de 1980, CASUR reconoció al demandante Álvaro Vanegas Buitrago una asignación de retiro, la cual, desde la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, ha sido reajustada conforme al

1 A través de apoderado judicial.2

principio de oscilación estipulado en el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, pero que en los años en que el incremento fue inferior al IPC, el reajuste debió efectuarse con base en dicho índice, conforme a lo dispuesto en las Leyes 238 de 1995 y 100 de 1993.

Señaló que, en 2007, Álvaro Vanegas Buitrago solicitó el reconocimiento, pago y reajuste de su asignación de retiro para los años 1997 a 2006 conforme al IPC, petición que fue negada por la entidad, por lo que, interpuso demanda contra

reajuste de su asignación de retiro para los años 1997 a 2006 conforme al IPC, petición que fue negada por la entidad, por lo que, interpuso demanda contra CASUR, la cual fue conocida por el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué y negada mediante sentencia del 23 de julio de 2008, bajo el argumento de que dicho índice solo era aplicable a las pensiones de vejez o invalidez, y no a las asignaciones de retiro, por pertenecer a un régimen especial.

Anotó que, el 28 de ener o de 2020, tras el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado que asimiló la asignación de retiro a una pensión de vejez o invalidez, el actor solicitó nuevamente a CASUR el reajuste de su asignación conforme al IPC para los años 1997 a 2006 y que dicha solicitud fue negada mediante el Oficio Nro. 556131 del 1 de abril de 2020, con el argumento de que ya existía una sentencia judicial con mérito ejecutivo y efecto de cosa juzgada sobre lo relativo al IPC.

1.2. Contestación de la demanda

CASUR se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que en este caso se configuraba la excepción de cosa juzgada, toda vez que el actor había promovido un proceso judicial anterior en el que solicitó lo mismo que ahora pretende, y cuyos pedimentos fueron denegados.

No obstante, también se pronunció sobre el fondo del asunto, señalando que el marco legal de las asignaciones de retiro dispone que su incremento anual se rige por el principio de oscilación de los sueldos en actividad y no por el IPC del año anterior.

1.3. Sentencia de primera instancia

marco legal de las asignaciones de retiro dispone que su incremento anual se rige por el principio de oscilación de los sueldos en actividad y no por el IPC del año anterior.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 10 de marzo de 2022, declaró probada la excepción de cosa juzgada.

La autoridad judicial precisó que el señor Álvaro Vanegas Buitrago pret endía la nulidad del Oficio 20201200 -010086351 ID Nro. 556131 del 1 de abril de 2020, proferido por la Oficina Jurídica de CASUR, bajo el argumento de que el Gobierno Nacional realizó reajustes salariales por debajo del IPC en los años 1997 a 2006 a todos los miembros de la Fuerza Pública.

Indicó que esta cuestión ya había sido objeto de un proceso judicial previo, identificado con el radicado 73001 -33-31-008-2007-00037-00, adelantado ante el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, en el que el demandante solicitó la nulidad del Oficio OJURI -5163 del 7 de noviembre de 2003, mediante el cual CASUR negó el reajuste y reliquidación de su asignación de retiro conforme al IPC durante los años 1997 a 2006. Señaló que en dicho proceso también se solicitó el aumento de la asignación de retiro para los mismos años, así como su reajuste anual desde 1997.

Resaltó que dicho proceso fue resuelto mediante sentencia del 23 de julio de 2008, en la que se negaron las pretensiones, al considerar que no era aplicable el artículo

anual desde 1997.

Resaltó que dicho proceso fue resuelto mediante sentencia del 23 de julio de 2008, en la que se negaron las pretensiones, al considerar que no era aplicable el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, desarrollado por la Ley 238 de 1995, dado que el demandante había obtenido el reconocimiento de una asignación de retiro conforme al régimen especial dispuesto en el Decreto 1211 de 1990.3

Señaló que, en ambas demandas, el demandante buscaba el reajuste y la reliquidación de su asignación de retiro con base en el IPC desde 1997 hasta 2006, argumentando que dicho índice era superior al incremento salarial anual decretado por el Gobierno Nacional y que su pensión se había vist o afectada por esta diferencia.

Indicó que, en el proceso ya fallado, se demandó el acto administrativo contenido en el Oficio OJURI-5163 del 7 de noviembre de 2003, mientras que en el presente proceso se impugnó el Oficio 20201200 -010086351 ID Nro. 55613 1 del 1 de abril de 2020. No obstante, aunque formalmente se trataba de actos distintos, en sustancia resolvieron de manera negativa la misma solicitud del demandante en dos oportunidades: el reajuste y la reliquidación de su asignación de retiro como miembro retirado de la Policía Nacional con aplicación del IPC desde 1997.

Sostuvo que existía identidad de hechos, dado que el demandante, retirado de la Policía Nacional, alegaba que, desde 1997, sus salarios y prestaciones sociales debían ajustarse conform e al IPC y no bajo el principio de oscilación. Argumentó

Sostuvo que existía identidad de hechos, dado que el demandante, retirado de la Policía Nacional, alegaba que, desde 1997, sus salarios y prestaciones sociales debían ajustarse conform e al IPC y no bajo el principio de oscilación. Argumentó que, al aplicarse este último criterio, su asignación de retiro había sido reajustada en un porcentaje inferior al que le correspondería si se hubiesen aplicado la Ley 100 de 1993 y su artículo 14, e n desarrollo de la Ley 238 de 1995. Además, indicó que existía identidad en las partes, ya que el demandante era Álvaro Vanegas Buitrago y la entidad demandada, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

(CASUR).

Explicó que, en virtud del princi pio de cosa juzgada, una decisión judicial ejecutoriada adquiere firmeza y certeza respecto del asunto sometido al juez, impidiendo que el mismo tema sea objeto de un nuevo debate o proceso. En este caso, verificó la concurrencia de los elementos que confi guran la cosa juzgada: identidad de causa petendi, de partes y de objeto.

Concluyó que existía identidad de partes, objeto y causa. Subrayó que la causa petendi en ambos procesos era idéntica, pues en ambos se pretendía el reajuste y la reliquidación de la asignación de retiro de Álvaro Vanegas Buitrago con aplicación del IPC desde 1997, pretensión que ya había sido desestimada por el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué. Añadió que el objeto del pronunciamiento en ambos procesos era el mismo, ya que, con base en los mismos hechos, se solicitaba exactamente la misma medida como restablecimiento del derecho.

Octavo Administrativo de Ibagué. Añadió que el objeto del pronunciamiento en ambos procesos era el mismo, ya que, con base en los mismos hechos, se solicitaba exactamente la misma medida como restablecimiento del derecho.

1.4. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el expediente 037-07, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, mediante providencia del 28 de julio de 2008, negó las pretensiones de la demanda al concluir que las asignaciones de retiro no tienen la misma naturaleza ni carácter que las pensiones.

Sostuvo que en dicho proceso no se consideraron las fuentes normativas pertinentes, en particular la sentencia de unificación proferida en el expediente 8464-05, con ponencia del magistrado José Jaime Ti rado Castañeda, de fecha 17 de mayo de 2007, que estableció que las asignaciones de retiro deben asimilarse a las pensiones para efectos de su reajuste o reliquidación.

Explicó que el reajuste de las asignaciones de retiro conforme al índice de precios al consumidor (IPC) responde al régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, según el cual, cada año, estas se ajustan conforme al principio de4

oscilación establecido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990. Aclaró que este sistema difiere del previsto en la Ley 100 de 1993, aplicable al personal civil, donde las pensiones deben reajustarse anualmente en un porcentaje no inferior al IPC.

Indicó que varios miembros retirados de la Fuerza Pública interpusieron demandas

sistema difiere del previsto en la Ley 100 de 1993, aplicable al personal civil, donde las pensiones deben reajustarse anualmente en un porcentaje no inferior al IPC.

Indicó que varios miembros retirados de la Fuerza Pública interpusieron demandas alegando que, entre 1997 y 2004, las asignaciones de retiro fueron ajustadas por debajo del IPC, lo que generó una afectación progresiva en sus mesadas futuras y en el poder adquisitivo de sus pensiones. Precisó que la primera demanda solicitó expresamente el reajuste de las asignaciones de retiro para los años 1997 a 2004, y no hasta 2006, como erróneamente consideró la primera instancia en la decisión recurrida. Asimismo, aclaró que la solicitud de reajuste se limitaba a los años en que el principio de oscilación resultó menos fav orable para el pensionado, pues su impacto varía según el grado policial.

Explicó que los reajustes por IPC realizados entre 1997 y 2004 no debían aplicarse de manera continua, sino solo en los años en que el incremento otorgado por el Gobierno fue inferior al IPC. En este sentido, ilustró el caso del demandante, Álvaro Vanegas Buitrago, pensionado con el grado de Mayor, indicando que únicamente los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 fueron menos favorables.

Afirmó que el juez no podía considerar to dos los años de forma continua, ya que esto podría generar un reajuste inferior al debido, incluso en cero pesos, o resultar en un saldo a favor de la entidad. Por ello, dijo que la presente demanda busca la revisión de los aumentos en los años favorables, para luego proceder con el reajuste

esto podría generar un reajuste inferior al debido, incluso en cero pesos, o resultar en un saldo a favor de la entidad. Por ello, dijo que la presente demanda busca la revisión de los aumentos en los años favorables, para luego proceder con el reajuste de la asignación de retiro a partir de 2008, fecha en la que se dictó la sentencia del primer proceso, en la cual se fundamenta la presunta existencia de cosa juzgada.

Señaló que la demanda no pretende el reajuste de las mesadas desde 2008 sin antes corregir los valores de los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, pues estos afectan directamente los cálculos de las mesadas posteriores. Explicó que este orden lógico demuestra la inexistencia de identidad de causa en tre ambos procesos, por lo que no puede predicarse la cosa juzgada.

Alegó que para que el demandante reciba el aumento en las mesadas posteriores a 2008, el cual, de prosperar la demanda, solo se pagaría por los últimos cuatro años debido a la prescripció n, es imprescindible reajustar previamente las asignaciones de retiro de los años mencionados. En este sentido, enfatizó que el juez de primera instancia no podía exigir que en la demanda se solicitara el reajuste de las mesadas desde 2008 sin haber corregido previamente las inconsistencias en los valores de los años anteriores.

Señaló que el fallo recurrido ignoró la sentencia de unificación del 2007 del Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, con ponencia del Consejero Jaime Moreno García, en el expediente 846405.

Señaló que el fallo recurrido ignoró la sentencia de unificación del 2007 del Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, con ponencia del Consejero Jaime Moreno García, en el expediente 846405.

Precisó que las sentencias de unificación en materia de reajustes y reliquidaciones de pensiones tienen carácter retrospectivo, lo que permite su aplicación a hechos anteriores, incluso si estos ya han sido objeto de un proceso ejecutoriado, sin que ello implique cosa juzgada, en virtud a la naturaleza periódica y de tracto sucesivo de las pensiones y asignaciones de retiro.

Explicó que no hay identidad de causa, pues existen diferencias en los fundamentos normativos de ambas demandas , como quiera que e n la actual, se invocó expresamente la sentencia de unificación del 2007, que modifica las condiciones bajo las cuales se decidió el proceso anterior, lo que impide predicar la cosa juzgada.5

Manifestó que, a raíz de esta sentencia de unificación, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ha reconocido el reajuste de las asignaciones de retiro por IPC a través de conciliaciones extrajudiciales y judiciales, así como mediante la extensión de jurisprudencia basada en dicho fallo. Destacó que este reconocimiento constituye un hecho nuevo que el juez de primera instancia no valoró.

Resaltó dos agravantes: primero, que la demanda inicial fue fallada en 2008, cuando la sentencia de unificación ya estaba vigente, lo que implica que el juez desconoció un precedente reciente y vinculante. Segundo, que en la presente demanda, el juez de primera instancia nuevamente ignoró dicha sentencia, que sigue constituyendo

la sentencia de unificación ya estaba vigente, lo que implica que el juez desconoció un precedente reciente y vinculante. Segundo, que en la presente demanda, el juez de primera instancia nuevamente ignoró dicha sentencia, que sigue constituyendo un referente obligatorio después de 22 años.

Señaló además que la autoridad judicial de primera instancia omitió pronunciarse sobre el Acta del Comité de Conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional de 2018, documento que modifica las circunstancias entre ambos procesos. Ex plicó que, mientras en 2008 la entidad negaba sistemáticamente el reajuste por IPC, en la actualidad ha reconocido que los reajustes bajo el principio de oscilación fueron menos favorables que los aplicados conforme a la Ley 100 de

1993. Esta nueva postura configura una causa petendi distinta, lo que impide declarar cosa juzgada.

Finalmente, sostuvo que la decisión de primera instancia incurrió en un defecto sustantivo, vulnerando los principios e igualdad, favorabilidad, retrospectividad y protección del poder adquisitivo de las pensiones.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 30 de agosto de 2022, se admitió la demanda. En esta instancia, las partes y el Ministerio Público no intervinieron.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, conforme al artículo 153 del CPACA, que atribuye a los tribunales administrativos el conocimiento, en segunda instancia, de las apelaciones contra sentencias dictadas por los jueces administrativos en primera instancia.

Asimismo, esta Sala se ceñirá a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, por

conocimiento, en segunda instancia, de las apelaciones contra sentencias dictadas por los jueces administrativos en primera instancia.

Asimismo, esta Sala se ceñirá a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA, y se pronunciará exclusivamente sobre los argumentos planteados por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse de oficio en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

Conforme al artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, las sentencias de primera instancia son apelables, condición que se cumple en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

En el contexto de la apelación, la Sala debe establecer si en este caso se configuró la cosa juzgada en relación con el proceso adelantado ante el Juzgado Octavo Administrativo, identificado con el número 73001-33-31-008-2007-00037-00.6

Si la respuesta a este interrogante no es afirmativa, deberá establecerse la procedencia de fallar de fondo en segunda instancia.

En caso de que esta Corporación encuentre viable emitir una decisión de fondo para resolver el presente asunto, se procederá en consecuencia.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se revocará la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de cosa juzgada, dado que le asiste razón al recurrente. En casos como el presente, donde se debate la actualización de la base pensional de la asignación de retiro, derecho con protección constitucional, es necesario flexibilizar el análisis sobre la configuración de la cosa juzgada. Este fenómeno se materializa en el momento en

donde se debate la actualización de la base pensional de la asignación de retiro, derecho con protección constitucional, es necesario flexibilizar el análisis sobre la configuración de la cosa juzgada. Este fenómeno se materializa en el momento en que la sentencia que resolvió las pretensiones de la demanda inicial queda ejecutoriada y respecto de las mesadas causadas hasta ese momento. No obstante, a partir de entonces surgen nuevos hechos, representados en mesadas posteriores, lo que faculta al titular de la prestación para acudir nuevamente a la jurisdicción y solicitar la reliquidación de su mesada pensional.

Definido lo anterior, no se emitirá decisión de fondo, toda vez que el asunto objeto de la sentencia dictada en el proceso de referencia no se encuentra dentro de los casos que deben tramitarse en única instancia. Resolver la controversia en esta etapa procesal implicaría sustituir al a quo en el análisis de los cargos de la demanda que no fueron estudiados, lo que equivaldría a convertir el proceso en única instancia y privaría a la parte desfavorecida del derecho fundamental a ejercer legítimamente su defensa, estrechamente vinculado al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia. En consecuencia, se remitirá el expediente al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, que conoció de la primera instancia, para que emita el pronunciamiento de fondo correspondiente.

2.4. Análisis de la Sala

El artículo 303 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión normativa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)2, dispone:

“Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en

normativa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)2, dispone:

“Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos proc esos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterio ridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”

2 ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.7

Teniendo en cuenta lo anterior, los elementos para la determinación de la cosa juzgada se contraen a los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el cual recaen las pretensiones de la demanda y, la causa invocada para sustentar las mismas.3

Sobre estos elementos, el Consejo de Estado4 ha señalado:

sobre el cual recaen las pretensiones de la demanda y, la causa invocada para sustentar las mismas.3

Sobre estos elementos, el Consejo de Estado4 ha señalado:

“(…) Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

a). - Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada.

b). - Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

c). - Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se pr edica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derech o que no fueron declarados expresamente (…)”.

Asimismo, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 17 de mayo de 2012, se pronunció sobre la cosa juzgada en los siguientes términos:

“Como es conocido, la cosa juzgada está llamada a garantizar la unidad de la jurisdicción, de modo que solamente haya un pronunciamiento

siguientes términos:

“Como es conocido, la cosa juzgada está llamada a garantizar la unidad de la jurisdicción, de modo que solamente haya un pronunciamiento sobre la misma materia. Así, cuando la jurisdicción se agota con una decisión, ésta se vuelve intangible por antonomasi a y ningún otro juez puede volver sobre el asunto, pues de hacerlo, sería posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia lo cual desconocería la unidad de jurisdicción y lesionaría la seguridad jurídica, pues la aplicación de unas mismas normas a un caso idéntico, no puede conducir razonablemente a resultados distintos.

De la misma manera, la cosa juzgada constitucional está prevista para prohibir a todas las autoridades la reproducción de un acto declarado inexequible, mientras subsistan en la Constitución los preceptos que dieron origen a la exclusión del acto del ordenamiento jurídico.

La cosa juzgada que impide un nuevo pronunciamiento sobre la misma materia, supone que previamente el Juez se haya ocupado exactamente del mismo asunto, es decir, la cosa juzgada exige que haya una triple

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 03 de ma rzo de 2016, expediente: 05001-23-33-000-2013-00323-01 (05782014) y auto del 15 de febrero de 2018, expediente: 25000 -23-42-000-2013-01520-01 (3199-2015). 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 28 de febrero de 2013, expediente 11001-03-25-000-2007-0011600 (2229-07).8

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 28 de febrero de 2013, expediente 11001-03-25-000-2007-0011600 (2229-07).8

coincidencia o identidad entre el asunto ya juzgado y el que de nuevo es llevado a la jurisdicción. Dicho con otras palabras la pretensión debe ser idéntica, la causa de esa pretensión ha de ser la misma y las partes deben coincidir.”

Ahora bien, en relación con la cosa juzgada en asun tos de reliquidación de prestaciones periódicas, específicamente en lo que concierne a reajustes de pensiones y asignaciones de retiro, el Consejo de Estado ha considerado que, dado que el derecho pensional es una prestación de carácter periódico, el deman dante puede solicitar la reliquidación de su mesada cuantas veces lo estime pertinente, tanto ante la administración como ante la jurisdicción contenciosa administrativa, siempre que agote los recursos correspondientes. Esto es posible en la medida en que se configuren nuevos hechos, como la causación de mesadas posteriores a la firmeza de un fallo anterior, las cuales pueden ser objeto de reliquidación en virtud de la naturaleza del derecho pensional.

El criterio antes expuesto ha sido reiterado en provid encias del 7 de diciembre de 20175 y del 28 de noviembre de 2018 6, en las que se precisó que, conforme a decisiones previas, la cosa juzgada puede relativizarse, pues los efectos vinculantes de una providencia solo recaen sobre las mesadas que fueron objeto del fallo, mas no sobre aquellas que se causen con posterioridad a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso anterior.

de una providencia solo recaen sobre las mesadas que fueron objeto del fallo, mas no sobre aquellas que se causen con posterioridad a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso anterior.

En ese sentido, respecto de la existencia o no de cosa juzgada en casos donde se solicita la reliquidación de la base de la asignación de retiro conforme al IPC y ya existe un pronunciamiento previo de la jurisdicción sobre el particular, se han emitido decisiones en sede de tutela con el propósito de garantizar los derechos al mínimo vital y a la conservación del poder adquis itivo de los pensionados. En efecto, en pronunciamiento del 29 de enero de 2018, el Consejo de Estado consideró lo siguiente7:

“(…) Fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado en relación con la cosa juzgada del IPC en la base de liquidación de las asignaciones de retiro

El señor Luís José Betancourt Giraldo presentó acción de tutela en la que considera que no se configuró la cosa juzgada, toda vez que la sentencia del 3 de marzo de 2011, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, no reconoció el derecho al reajuste por IPC del período comprendido entre el 1° de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2003.

El 30 de abril de 2014, la Subsección B de la Sección Segunda negó el amparo al afirmar que se configuró la cosa juzgada, por cuanto la sentencia del 3 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, ya se pronunció sobre la procedencia del reajuste por IPC de la asignación de retiro. Asimismo, que el

sentencia del 3 de marzo de 2011, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, ya se pronunció sobre la procedencia del reajuste por IPC de la asignación de retiro. Asimismo, que el demandante no apeló esa providencia y que no puede mediante la acción de tutela corregir esa omisión.

El 29 de octubre de 2014, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la providencia de primera instancia al argumentar que era razonable que las sentencias cuestionadas declararan la existencia de

5 Rad.11001-03-25-000-2014-00403-00(1287-14) 6 Rad. 11001-03-15-000-2018-02898-00. CP. Stella Jeannete Carvajal Castro. 7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Bogotá, d.c., veintinueve (29) de enero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 11001 -03-15000-2017-03024-00(ac).9

cosa juzgada y se inhibieran para pronunciarse de fondo en las sentencias cuestionadas.

Sin embargo, el Consejo de Estado en var ios pronunciamientos ha amparado los derechos fundamentales invocados contra las providencias que declararon la cosa juzgada en los segundos procesos de nulidad y restablecimientos del derecho, porque en los primeros que resolvieron el incremento de las asignaciones de retiro por IPC se solicitó el respectivo reajuste de la base de liquidación.

Así, la Subsección se permitirá hacer un estudio de los casos en los cuales esta Corporación ha determinado que las autoridades judiciales

resolvieron el incremento de las asignaciones de retiro por IPC se solicitó el respectivo reajuste de la base de liquidación.

Así, la Subsección se permitirá hacer un estudio de los casos en los cuales esta Corporación ha determinado que las autoridades judiciales transgredieron los derechos fundamentales de los tutelantes al considerar que no se configuraba la cosa juzgada, comoquiera que en el