TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2021-00102-01 (27-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué (Tolima), veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-005-2021-00102-01

Interno: 1032/2023

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Demandado: NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN,

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTRO

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte dema ndada contra la Sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 23 de mayo de 202 3, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La señora Piedad Rocío Vera Villalobos por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. DECLARACIONES Y CONDENAS1

La parte demandante refiere lo siguiente:

“PRIMERO: Que se DECLARE la existencia y nulidad del acto ficto presunto, configurado por la no respuesta al derecho de petición del 29 de enero de 2021, por el

La parte demandante refiere lo siguiente:

“PRIMERO: Que se DECLARE la existencia y nulidad del acto ficto presunto, configurado por la no respuesta al derecho de petición del 29 de enero de 2021, por el cual LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – y EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, resuelven desfavorablemente la solicitud de recon ocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías del señor(a) PIEDAD ROCIO VERA VILLALOBOS, las cuales le habían sido canceladas, mediante resolución Nro. 1949 del 01 de junio de 2020.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – y al EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN –, que reconozca y pague la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

1 Fls. 01 al 02 Cuaderno principal, expediente digita l SAMAI índice 00042Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Radicación: 73001-33-33-005-2021-00102-01 – INT. 1032/23

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – Y AL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN –, que reconozca y pague los reajustes de ley; así como el ajuste al valor o indexación laboral por la depreciación de la moneda.

CUARTO: Ordenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – y al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN – que reconozca y pague los intereses comerciales y moratorios sobre las sumas que resulten adeudadas, si a ello hubiera lugar.

QUINTO: Condenar a la parte demandada al pago de las agencias en derecho y las costas procesales.”

2. HECHOS2

El 01 de junio de 2020, mediante Resolución No 1949, la NaciónMinisterio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció las cesantías en favor de la demandante correspondientes al servicio prestado en calidad de docente, posteriormente, la entidad efectuó el pago de las mismas el 25 de enero de 2021.

Ante lo expuesto, la demandante sostuvo que el pago se efectuó fuera del plazo establecido en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006. Por ello, a través de un

el 25 de enero de 2021.

Ante lo expuesto, la demandante sostuvo que el pago se efectuó fuera del plazo establecido en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006. Por ello, a través de un derecho de petición radicado el 29 de enero de 2021, solicitó a la entidad territorial el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesant ías. Sin embargo, dicha solicitud no fue atendida por la entidad, negándose así a reconocer y pagar la mencionada sanción.

Para efectos de agotar el requisito de procedibilidad , el 03 de mayo de 2021 se celebró audiencia conciliatoria ante la Procuraduría Judicial, la cual fue declarada fallida debido a la falta de ánimo conciliatorio.

3. NORMAS VIOLADAS

Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

Ley 1071 de 2006, Artículo 5. Ley 244 de 1995. Ley 91 de 1989. Constitución política, Artículos 23, 25, 48 y 53.

Aseguró la apoderada de la parte demandante que, las entidades obligadas a responder por las cesantías de los docentes han estado menoscabando las disposiciones que las regulan, al incurrir en mora injustificada para el pago de aquellas; añadió que las demandadas están evadiendo el espíritu garantista de la Ley 1071 de 2006, que establece términos perentorios para el reconocimiento y pago de la cesantía a su representada, pues cancelaron la prestación con posterioridad a los 70 días hábiles después de haber realizado la petición, por

la Ley 1071 de 2006, que establece términos perentorios para el reconocimiento y pago de la cesantía a su representada, pues cancelaron la prestación con posterioridad a los 70 días hábiles después de haber realizado la petición, por lo que se deben asumir la sanción correspondiente por la mora.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2 Fl. 02 Cuaderno principal, expediente digital SAMAI índice 00042Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Radicación: 73001-33-33-005-2021-00102-01 – INT. 1032/23

4.1. LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 3

Dentro del término legal, se pronunció oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, propuso como excepciones de mérito las que denominó “responsabilidad pago de la sanción mora por parte del ente territorial”, alegando que el reconocimiento de las cesantías se encontraba a cargo del ente territorial y el estudio y pago de las mismas en cabeza de la Fiduprevisora S.A., por lo que si alguna de las dos entidades no cumple con los términos establecidos se genera la sanción mora y por tanto será el responsable del pago, de ahí que la eventual condena no recae sobre la entidad sino del ente territorial; “inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de

términos establecidos se genera la sanción mora y por tanto será el responsable del pago, de ahí que la eventual condena no recae sobre la entidad sino del ente territorial; “inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad ateniente a la conciliación extrajudicial”; “cobro indebido de la sanción moratoria”, con los mismos argumentos de la excepción que denominó responsabilidad pago de la sanción mora por parte del ente territorial y “falta de legitimación en la causa por pago de la sanción moratoria generada en el 2020”, argumentando que según el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la entidad solo está obligada a cancelar la sanción moratoria causada con anterioridad al año 2020.

4.2. FIDUPREVISORA S.A.4

Se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda , propuso como excepciones de mérito las que denominó “cobro de lo no debido ”, ya que la fiduciaria actúa en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y por lo tanto los recursos del fondo y los propios son separados, aunado a que la fiduciaria realizó el trámite de pago dentro del término de los 45 días hábiles que señala el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, de ahí que no se causó sanción moratoria alguna; “culpa exclusiva del ente territorial” y “enriquecimiento sin justa causa” reiterando los argumentos planteados en la excepción que denominó cobro de lo no debido.

4.3. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA5

exclusiva del ente territorial” y “enriquecimiento sin justa causa” reiterando los argumentos planteados en la excepción que denominó cobro de lo no debido.

4.3. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA5

Dentro del término legal, se pronunció oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, propuso como excepciones de mérito las que denominó “el Departamento del Tolima no debe integrar el litisconsorcio necesario” pues la competencia del p ago del respectivo proyecto de decisión presentado por la correspondiente Secretaría de Educación, de acuerdo con la regulación del artículo 56 de la Ley 962 de 2005, reside exclusivamente en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, previa aprobación de la Fiduprevisora S.A..

Por ende, si hubo mora en el trámite generado por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S.A., por lo que es “improcedente pago sanción moratoria con recursos del Departamento del Tolima” por cuanto el ente territorial actual en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005 y en virtud de la función delegada para tramites administrativa que le realizó la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; “cobro de

3 Expediente digital SAMAI índice 00015 4 Expediente digital SAMAI índice 00013 5 Expediente digital SAMAI índice 00014Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

5 Expediente digital SAMAI índice 00014Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Radicación: 73001-33-33-005-2021-00102-01 – INT. 1032/23

lo no bebido frente al Departamento del Tolima” por las mismas razones de las excepciones anteriores e “imposibilidad de acceder a la indexación de las sumas de dinero que eventualmente se le reconocieran al actor por la presunta sanción moratoria”.

5. SENTENCIA RECURRIDA6

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 23 de mayo de 2023, resolvió:

“PRIMERO: Declarar probadas las excepciones denominadas: i) cobro de lo no debido, ii) inexistencia de la sanción moratoria, iii) enriquecimiento sin justa causa y iv) culpa exclusiva del ente territorial formuladas por la Fiduprevisora S.A., así como las excepciones de i) responsabilidad pago de la sanción mora por parte del ente territorial, ii) falta de legitimación en la causa por pasiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago de la sanción moratoria, iii) cobro indebido de la sanción morat oria y iv) falta de legitimación en la causa por pago de la sanción moratoria generada en el 2.020, propuestas por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

1. falta de legitimación en la causa por pago de la sanción moratoria generada en el 2.020, propuestas por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: Declarar no probadas las excepciones denominadas i) el Departamento del Tolima no debe integrar el litisconsorcio necesario, ii) improcedencia del pago sanción moratoria con recursos del Departamento del Tolima y iii) cobro de lo no bebido frente al Departamento del Tolima, formuladas por el Departamento del Tolima, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: Declarar la existencia del acto ficto o presunto negativo configurado el 29 de abril de 2.021, derivado de la reclam ación efectuada a través del radicado Nro. TOL2021ER002666 del 29 de enero de 2.021 ante el Departamento del Tolima, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

CUARTO: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo, derivado de la reclamación efectuada por medio del radicado Nro. TOL2021ER002666 del 29 de enero de 2.021 y configurado el 29 de abril de 2.021, ante el Departamento del Tolima, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, condenar al Departamento del Tolima a reconocer y pagar a la señora Piedad Rocío Vera Villalobos el valor correspondiente un (1) día de salario vigente al momento de la mora por cada día de retardo, desde el 5 de junio de 2.020 al 12 de enero

Departamento del Tolima a reconocer y pagar a la señora Piedad Rocío Vera Villalobos el valor correspondiente un (1) día de salario vigente al momento de la mora por cada día de retardo, desde el 5 de junio de 2.020 al 12 de enero de 2.021, destacando que la sanción moratoria corresponde a 221 días; valor que deberá pagarse en los términos del parágrafo del artículo 5 de la Ley 1.071 de 2.006, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

SEXTO: La suma total causada por sanción moratoria se ajustará en su valor, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor, conforme lo dispone el artículo 187 del C. de P.A. y de lo C.A., a partir del día siguiente en que cesó la acusación de la sanción moratoria, hasta la fecha de ejecuto ria

6 Expediente digital SAMAI índice 00032Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Radicación: 73001-33-33-005-2021-00102-01 – INT. 1032/23

de la sentencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO: Declarar que no ha operado la prescripción de la sanción moratoria.

OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: Sin costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.”

moratoria.

OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: Sin costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.”

En p rimera instancia se planteó como problema jurídico , determinar si la señora Piedad Rocío Vera Villalobos t enía derecho a que le reconocieran y pagaran la sanción moratoria correspondiente al pago tardío de las cesantías y, en consecuencia, determinaría si el acto administrativo ficto o presunto del 29 de abril de 2021, derivado del silencio administrativo a l derecho de petición elevado ante el Departamento del Tolima - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, estaba ajustado a derecho o no.

A lo anterior, declaró el despacho según lo evidenciado en el material probatorio obrante en el proceso, la existencia del acto ficto o presunto negativo derivado de la reclamación efectuada el 29 de enero de 2021 ante el Departamento del Tolima, en tanto, la parte accionante no recibió respuesta de la entidad demandada, incluso al momento de presen tar la demanda el 2 de junio de 2022.

El A quo estableció que se incumplió con los términos establecidos por la ley respecto al pago oportuno de las cesantías, puesto que, la fecha de reclamación por parte de la accionante fue el 20 de febrero de 2020, la entidad las reconoció el 01 de junio de 2020, empero fue hasta el 13 de enero de 2021 que se realizó el correspondiente pago, como consecuencia de ello se generó sanción moratoria equivalente a 221 días.

Mas adelante, e l Despacho determinó que la mora surgida en el trámite de

correspondiente pago, como consecuencia de ello se generó sanción moratoria equivalente a 221 días.

Mas adelante, e l Despacho determinó que la mora surgida en el trámite de solicitud de cesantía de la demandante se dio con ocasión de la tardanza del Departamento del Tolima - Secretaría de Educación y Cultura, por haber excedido el término contemplado en la ley para remitir para p ago la respectiva resolución de reconocimiento de la prestación económica, por lo tanto, la hizo responsable de las condenas correspondientes.

El A quo negó la excepción de indexación propuesta por el Departamento del Tolima, por tratarse la sanción morat oria de una penalidad económica de naturaleza sancionatoria, no obstante, dispuso que la suma total debida por concepto de mora se debe ajustar desde el día siguiente en que la misma cesó, hasta la ejecutoria de la sentencia en cuestión.

Finalmente, al encontrar la ilegalidad del acto administrativo demandado, el accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando al Departamento del Tolima reconocer y pagar a la demandante el valor a un día de salario vigente al momento de la mora por cada día de retardo.

6. LA APELACIÓN 7

7 Expediente digital SAMAI índice 00034Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 6

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Radicación: 73001-33-33-005-2021-00102-01 – INT. 1032/23

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Radicación: 73001-33-33-005-2021-00102-01 – INT. 1032/23

La apoderada judicial de la parte demandada DEPARTAMENTO DEL TOLIMA interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito el 23 de mayo de 2023, donde solicitó que sea revocada la decisión emitida y consecuencialmente se nieguen las pretensiones de la demanda.

Frente a la tesis que adoptó el Despacho de Primera Instancia, la accionada se opuso argumentando que, el A quo condenó al ente territorial al pago de una prestación económica que no tiene por qué cumplir; pues esta debe ser cubierta en su totalidad solamente por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en razón a que la accionada actuó solamente en delegación conforme lo dispone la Ley 91 de 1989.

La apelante indicó que, una vez efectuada la consulta al Coordinador del FOMAG al efectuar la revisión de la solicitud de la cesantía parcial de la demandante, se determinó que la solicitud de la prestación se realizó el día 22 de enero de 2020, posteriormente se expidió el acto administrativo Resolución 678 de fecha 13 de febrero de 2020, acto que fue notificado el 20 del mismo mes y año.

Así mismo, argumentó que el Despacho desconoció el decreto de suspensión de términos establecidas por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del COVID–19 mediante Decreto 0296 del 17 de marzo de 2020 que suspendió

y año.

Así mismo, argumentó que el Despacho desconoció el decreto de suspensión de términos establecidas por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del COVID–19 mediante Decreto 0296 del 17 de marzo de 2020 que suspendió términos administrativos en todo el territorio nacional del 17 de marzo de 2020 al 13 de julio de 2020 es decir 77 días hábiles; los cuales consideró que no se debieron tener en cuenta para calcular la mora en el pago de las cesantías.

Finalmente, expuso que la Primera Instancia no solo desconoció los decretos que aplican a la expedición de los actos administrativos objeto de reclamación y en consecuencia desconoció su vigencia, omitiendo la aplicación de los mismos y desconociendo que los actos se expidieron conforme a las disposiciones nacionales y locales que gozan de presunción de legalidad, sino, además desconoció que dentro del periodo objeto de sanción la documentación se encontraba a cargo de quien debía efectuar el pago, es decir el Fondo d e prestaciones sociales del Magisterio.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 04 de agosto de 2023, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 23 de mayo de 2023.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

Análogamente la presente Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Radicación: 73001-33-33-005-2021-00102-01 – INT. 1032/23

IV. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte deman dada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el 23 de mayo de 2023.

2. PROBLEMA JURÍDICO

En el sub judice consiste en determinar si, como lo considero el A quo , es procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a la demandante recayendo aquella obligación únicamente en el Departamento del Tolima, o si, por el contrario , tal como aduce el apelante, por considerar que actuó solamente en delegación conforme lo dispone la ley, la obligación de be

demandante recayendo aquella obligación únicamente en el Departamento del Tolima, o si, por el contrario , tal como aduce el apelante, por considerar que actuó solamente en delegación conforme lo dispone la ley, la obligación de be ser cubierta en su totalidad solamente por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

3. TESIS DE LA SALA

Consiste en afirmar que con la modificación instituida en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 , vigente a partir del 1 de enero de 2020 , se estableció que la entidad territorial será responsable del pago de la sanción moratoria en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que la cancelación extemporánea se genere como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, en consec uencia, advertido que en el presente asunto, la entidad demandada inobservó los términos otorgados para remitir la respectiva resolución de reconocimiento de la prestación económica.

4. DESARROLLO DE LA TESIS DEL TIBUNAL

4.1. Marco Legal y Jurisprudencial

La Sala prescinde del análisis jurídico que corresponde, tendiente a determinar si los docentes oficiales regulados por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005, son destinatarios de lo previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, especialmente en lo relacionado con sanción moratoria.

A lo anterior la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio del 2018, consideró

relacionado con sanción moratoria.

A lo anterior la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio del 2018, consideró frente a dicho asunto, entre otras cosas, lo siguiente:

”77. De acuerdo con lo señalado, la Sala de Sección concluye en primer lugar, que conforme a la soberanía que reside en el pueblo y del cual emana el poder público, cuya manifestación se materializó a través de la Constitución Política, no puede existir ninguna categoría jurídica de empleado público que no se origine en la norma superior.

78. En segundo lugar, es preciso señalar que dado el criterio finalista tenido en cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente al establecer el artículo 123 de la Constitución Política, se consideró que dentro de la categoría de servidoresMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

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Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

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públicos se encontraban quienes prestaran sus servicios a la comunidad y, por ende, ejercieran una función pública de forma permanente. Al respecto, según se expuso, los docentes oficiales prestan un servicio público esencial a cargo del Estado y en beneficio del interés general.

79. Como tercer punto, una vez analizadas las normas que establecen el régimen jurídico de la educación en Colombia, es evidente la distribución de competencias

Estado y en beneficio del interés general.

79. Como tercer punto, una vez analizadas las normas que establecen el régimen jurídico de la educación en Colombia, es evidente la distribución de competencias del sector central – la Nación, a las entidades territoriales, en virtud del principio de la descentralización administrativa, y en atención a que la vinculación de los docentes se ha realizado a través de un órgano de la administración bien sea del orden nacional o departamental, todo ello con el fin de garantizar el efectivo y eficiente ejercicio del servicio público de educación que busca no solo el cumplimiento de la función pública, sino la materialización de los fines esenciales del Estado.

80. Y finalmente, en atención al régimen especial laboral de los educadores que prestan sus servicios al Estado, cuya vinculación al servicio se efectúa a través de concurso público, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, así como el ascenso, la

permanencia y el retiro se encue ntran regulados a través de la carrera administrativa prevista por el Estatuto de Profesionalización Docente contenido en el Decreto 1278 de 2002, se establece que su relación laboral es de carácter legal y reglamentaria.

81. Con fundamento en lo expuesto , para la Sección Segunda los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su

como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Es tado y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y desarrollado a través de la ley.

82. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte Constitucional.”

4.1.2. Sanción moratoria por pago tardío de cesantías a los docentes

En la misma sentencia, la Sección segunda del Consejo de Estado estableció las siguientes r eglas jurisprudenciales, frente al conteo del término para su configuración y los paramentos para la fijación del monto a reconocer tal concepto:

[…] . En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:

3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: PIEDAD ROCÍO VERA VILLALOBOS

Apoderada: MARIA NINY ECHEVERRY PRADA

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FOMAG Y OTRO.

Radicación: 73001-33-33-005-2021-00102-01 – INT. 1032/23

3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en e l CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el

notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual m