TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2022-00176-01 (29-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS Ibagué, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: JUAN CARLOS MURCIA HERNÁNDEZ

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL

Tema: Reliquidación Pensión De Invalidez – Liquidación

Prima de Antigüedad

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra el fallo del 09 de febrero de 2024, por medio del cual, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES El señor JUAN CARLOS MURCIA HERNÁNDEZ , actuando a través de apoderado judicial, instauró el presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento Del Derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL solicitando las siguientes:

“PRETENSIONES

1. Previos el cumplimiento de los rituales procesales, se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 5702 del 09 de agosto de 2012, mediante la cual se liquidó de forma incorrecta la pensión de invalidez del señor JUAN CARLOS MURCIA HERNÁNDEZ en

nulidad parcial de la Resolución No. 5702 del 09 de agosto de 2012, mediante la cual se liquidó de forma incorrecta la pensión de invalidez del señor JUAN CARLOS MURCIA HERNÁNDEZ en contravía de los Decretos 1796 del 2000 y 4433 de 2004.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL reliquidar la pensión de invalidez de m i poderdante, de la siguiente manera: a) El 85% del salario que tenía en servicio activo, de acuerdo con el literal B, del artículo 39, del Decreto 1796 de 2000. b) Más la Prima de Antigüedad del 57.6% calculada a partir del 100% de la asignación salarial mensual básica, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%.

Lo anterior, en los términos de las reglas de unificación dadas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia del 25 de abril de 2019, con Radicación número: 85001-33-33002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19, consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ.

3. Se ordene a la NACI ÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, cancelar la diferencia que arroje la liquidación desde el 25 de abril del 2012, fecha en que se adquiere el derecho a la pensión deRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

cancelar la diferencia que arroje la liquidación desde el 25 de abril del 2012, fecha en que se adquiere el derecho a la pensión deRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

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invalidez, hasta el cumplimiento de la sentencia, por medio de su apoderado judicial.

4. La liquidación de la anterior condena deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, debiendo ajustarse con base en el Índice de Precios al Consumidor I. P. C. certificado por el DANE.

5. Que se condene en costas a la entidad demandada, incluidas las agencias en derecho, de acuerdo a lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437/2011 y en la sentencia C -539 de 28 de julio de 1999

de la Honorable Corte Constitucional.

6. Que la entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos estipulados en los artículos 192 y 195 del CPACA y demás normas concordantes.

7. Para su cumplimiento, en los términos legales, se comunique la sentencia a la NACI ÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL, por intermedio de su representante legal”.

Las anteriores pretensiones las sustenta en los siguientes: HECHOS “1. Mi mandante ingresa al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA a

EJÉRCITO NACIONAL, por intermedio de su representante legal”. Las anteriores pretensiones las sustenta en los siguientes: HECHOS “1. Mi mandante ingresa al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA a prestar sus servicios personales como Soldado Profesional en el año 2005.

2. Fue dado de baja por su disminución de la capacidad laboral tras haber sufrido unas afecciones de origen común, teniendo en cuenta que se llevó a cabo Junta Médica Laboral, la cual a través del Acta No. 48690 del 13 de febrero de 2012, determinó a mi poderdante una disminución de la capacidad laboral del 92.07%.

3. Una vez determinada la disminución de la capacidad laboral al señor JUAN CARLOS MURCIA HERNÁNDEZ, se le reconoció una Pensión de Invalidez a través de la Resolución No. 5702 del 09 de agosto del 2012, en una cuantía equivalente al 85% de las partidas computables de un

Soldado Profesional.

4. Para la liquidación de la pensión de invalidez reconocida a través de la Resolución previamente indicada, se tomó como salario mensual el salario mínimo del año 2012 incrementado en un 40%, de acuerdo a lo estipulado por el inciso 1º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, en el que se precisa que esta es la asignación salarial mensual de los soldados profesionales.

5. Así mismo, para la liquidación de la prestación económica en examen, a la Prima de Antigüedad se le aplicó una doble afectación y adicionalmente, no se calculó a partir del 100% de la asignación salarial mensual básica que devengaba el soldado profesional al momento de

a la Prima de Antigüedad se le aplicó una doble afectación y adicionalmente, no se calculó a partir del 100% de la asignación salarial mensual básica que devengaba el soldado profesional al momento de adquirir el derecho a obtener la pensión de invalidez, de acuerdo con lo previsto por el artículo 18 del Decreto 443 3 de 2004, que en el numeral 18.3.4 dictamina que el valor del aporte a CREMIL sobre el factor bajo estudio sea liquidado sobre el 57.6%.

6. Que en el año 2019 en Sentencia 25 de abril, con Radicación número: 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE -SUJ2-015-19, la Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de EstadoRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

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profirió SENTENCIA DE UNIFICACIÓN respecto a la Prima de Antigüedad, indicando que se deberá calcular a partir del 100% de la asignación salarial mensual básica que devengaba el soldado profesional al momento de adquirir el derecho en un 38.5% a partir del año 11 de servicio, pero que para el caso bajo estudio se aplicaría el 57.6%.

7. Esta demanda es radicada en la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, dado que fue allí el último lugar donde prestó servicio mi poderdante, de acuerdo con la Orden Administrativa de Personal No.

7. Esta demanda es radicada en la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, dado que fue allí el último lugar donde prestó servicio mi poderdante, de acuerdo con la Orden Administrativa de Personal No. 1272 (pág. 4) que expresa BIROK que es: BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS JAIME ROOKE, así como la “citación para notificación y envío copia de la Resolución” No. 10613 JEDEH-DIPSO177 del 19 de junio de 2012 donde se evidencia el mismo Batallón como lugar de servicios, e incluso el Acta de Junta Médica donde consta la dirección de su residencia en el Barrio Ricaurte de Ibagué T., que son presentadas como prueba en la presente demanda. Adicional a las anteriores, se adjunta copia del derecho de petición y la constancia de envío del mismo al archivo del Ministerio de Defensa con el que se busca una prueba adicional de que el último lugar de servicios de mi prohijado fue la ciudad de Ibagué”.

CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA Dentro del término de traslado, se pronunció la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional , por conducto de apoderado judicial, oponiéndose a todas y cada un a de las pretensiones de la demanda, por carecer de sustento fáctico y jurídico. Argumentó que, el legislador previo un régimen excepcional en materia de capacidad psicofísica para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y las instancias médico laborales especiales; autoridades que para el caso en estudio le determinaron al actor una disminución de su capacidad laboral del 92.07%; porcentaje de acuerdo al cual fue

la Policía Nacional y las instancias médico laborales especiales; autoridades que para el caso en estudio le determinaron al actor una disminución de su capacidad laboral del 92.07%; porcentaje de acuerdo al cual fue indemnizado; aplicando un régimen especial en donde se recono ce a sus miembros indemnizaciones, bonificaciones y ascensos especiales con la pensión de invalidez, así como estándares de liquidación que superan ampliamente los reconocidos en el sistema general de la ley 100, sin que por otra parte en ningún caso se exijan mínimos de cotización. Explicó que, las decisiones médico laborales contenidas en el Acta De Junta Médico Laboral No. 48690 del 13 de febrero de 2012, así como el contenido de la Resolución 5702 del 09 de agosto de 2012, emanando por el Ministerio de Defensa, por medio del cual se reconoce y paga la pensión mensual de invalidez, son de pleno derecho, en cuanto definen y reconocen la pérdida capacidad laboral sufrido por el actor en un 92.07% de su capacidad sicofísica; puntualizando que, la parte actora, no aportó material probatorio, para desvirtuar la legalidad del acto acusado, encontrándose ante una falta absoluta de pruebas que sustenten las pretensiones. Agregó que, el artículo 13 del decreto 4433 de 2004, establece las partidas computables para el personal de las fuerzas militares, indicando la asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidaran según corresponda cada caso, sobre las siguientes partidas así:

13.2 soldados profesionalesRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

según corresponda cada caso, sobre las siguientes partidas así:

13.2 soldados profesionalesRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

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13.2.1 salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1 del decreto ley 1794 de 2000. Igualmente, para la prima de antigüedad el decreto estableció: 13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18. El aporte sob re la prima de antigüedad fijado en el presente numeral se liquidará sobre los porcentajes que se señala a continuación de acuerdo con el tiempo de servicio así: 18.3.4 Cincuenta y siete punto seis por ciento (57.6) durante el octavo año. Por lo expues to, y de conformidad con el fundamento factico y jurídico aplicable al caso objeto de estudio, concluye que, el señor JUAN CARLOS MURCIA HERNÁNDEZ, no cumple con los requisitos mencionados para la solicitud de reliquidación de la pensión de invalidez, en atención al Decreto 4433 de 2004 y decreto 1796 de 2000 (Documento No. 10. Contestó Demanda Parte Demandada de la Carpeta Juzgado del Expediente Digital de Samai).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el día 09 de febrero de 2024 , accedió a las pretensiones de la

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el día 09 de febrero de 2024 , accedió a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, expresó lo siguiente: ( Documento No. 23 Sentencia de Primera Instancia de la Carpeta Juzgado del Expediente Digital de Samai). “(…) El señor Juan Carlos Murcia Hernández prestó sus servicios a favor del Ejército Nacional así: servicio militar obligatorio como soldado campesino del 28 de febrero de 2003 hasta el 16 de agosto de 2004; alumno soldado profesional del 2 de noviembre de 2004 al 1º de enero de 2005 y soldado profesional del 1º de enero de 2005 al 25 de abril de 2012, para un tiempo de servicio activo de 8 años 11 meses y 11 días, siendo los haberes percibidos durante el último mes de servicios los Siguientes: - Sueldo básico : $ 793.380 - Prima de antigüedad soldado profesional: $ 309.418 Por medio de la Resolución No. 5702 del 9 de agosto de 2012 expedida por el Ministerio de Defensa, se le reconoció pensión de invalidez a partir del 25 de abril de 2012 en cuantía de $ 825.864 equivalente al 85% de las partidas computables de sueldo básico y prima de antigüedad (fls. 30 a 32, archivo 3 y fls. 26 a 28, archivo 12), que según el for mato de liquidación de pensión (fl. 32, archivo 12) derivan de la operación aritmética efectuada así: - Sueldo mínimo + 40% : $ 793.380

liquidación de pensión (fl. 32, archivo 12) derivan de la operación aritmética efectuada así: - Sueldo mínimo + 40% : $ 793.380 - Prima de antigüedad 22,46% : $ 178.225 - Subtotal : $ 971.605 - Porcentaje de liquidación 85% : $ 825.864

Así las cosas, considerando que a través del acta No. 48690 del 13 de febrero de 2012, la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional, concluyó que de las lesiones o afecciones sufridas por el señor Juan Carlos MurciaRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

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Hernández serían calificadas con una pérdida de capacidad laboral del 92.07% por enfermedad común, lo aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez del actor corresponde a lo que versa el artículo 30.1. del Decreto 4433 de 2004, conforme el cual, el porcentaje de liquidación de la prestación corresponde al 85%, valor que efectivamente tomó en cuenta el Ministerio de Defensa en la Resolución No. 5702 del 9 de agosto de 2012. Además, se evidencia que en la resolución en comento se tomó como partidas computables para liquidar la pensión de invalidez, las del numeral 13.2.1. del Decreto 4433 de 2004, es decir, el salario mensual en

Además, se evidencia que en la resolución en comento se tomó como partidas computables para liquidar la pensión de invalidez, las del numeral 13.2.1. del Decreto 4433 de 2004, es decir, el salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000, para el caso sub examine, un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario, más la prima de antigüedad en los porcen tajes previstos en el artículo 18 del decreto, esto es, en el 57.6% de lo devengado en actividad por concepto de asignación básica, atendiendo a que el exsoldado profesional laboró por 8 años, 11 meses y 11 días. Finalmente, se observa en la Resolución No. 5702 del 9 de agosto de 2012 que la entidad demandada a efectos de establecer el monto de la pensión de invalidez del señor Juan Carlos Murcia Hernández, tomó las partidas arriba descritas del salario más la prima de antigüedad y sobre el valor resultante aplicó la tasa de reemplazo del 85%. Empero, sobre esto último, es claro para este Despacho que le asiste razón a la parte demandante respecto a que la operación aritmética empleada por la entidad demandada afectó indebidamente el porcentaje de la prima de antigüedad y el valor total de la mesada pensional; el Consejo de Estado ha indicado que la operación aritmética para computar la prima de antigüedad en la pensión de invalidez de los soldados profesionales corresponde a la asignación básica mensual por el porcentaje que trae el artículo 30 del Decreto 4433 del 2004 (85%) más

prima de antigüedad en la pensión de invalidez de los soldados profesionales corresponde a la asignación básica mensual por el porcentaje que trae el artículo 30 del Decreto 4433 del 2004 (85%) más la prima de antigüedad, y no, aplicar la tasa de reemplazo del 85% sobre la suma de las partidas en mención. En ese orden de ideas, advertido que la Resolución No. 5702 del 9 de agosto de 2012, mediante la cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez del señor Juan Carlos Murcia Hernández no se encuentra ajustada a derecho, respecto del valor establecido como cuantía de la pensión, se declarará su nulidad parcial. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, reliquidar la pensión de invalidez del señor Juan Carlos Murcia Hernández, tomando el 85% de la asignación básica equivalente a un salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% y luego, a este valor, sumar el 57.6% de la prima de antigüedad. En otros términos, la liquidación de la prestación debe efectuarse así: Asignación básica = sala rio mínimo legal vigente incrementado en un 40%. Prima de antigüedad = asignación básica 57.6%. Monto pensional = (Asignación básica 85%) + (prima de antigüedad) Así mismo, se ordenará a la entidad demandada, reconocer y pagar los valores retroactivos generados con ocasión de la diferencia que surja con

Monto pensional = (Asignación básica 85%) + (prima de antigüedad) Así mismo, se ordenará a la entidad demandada, reconocer y pagar los valores retroactivos generados con ocasión de la diferencia que surja con lo percibido por el demandante en virtud del reajuste pensional, desde elRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

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25 de abril de 2012 (fecha de adquisición de la pensión de invalidez), y efectuar de manera indexada a dichas diferencias los re spectivos descuentos en la proporción correspondiente por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya lugar. (…) Prescripción. El artículo 43 del Decreto 2070 de 2003 -aplicable al caso del demandanteen su artículo 43 consagró lo siguiente: “Artículo 43. Prescripción. Las mesadas de asignación de retiro y de pensiones previstas en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles. (…) Como quiera que entre el reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Juan Carlos Murcia Hernández el 25 de abril de 2012 y la presentación de la demanda el 7 de julio de 2022 transcurrieron más de 3 años, considera el Despacho que se configuró la prescripción tri enal respecto de la reliquidación de las mesadas causadas con anterioridad al

presentación de la demanda el 7 de julio de 2022 transcurrieron más de 3 años, considera el Despacho que se configuró la prescripción tri enal respecto de la reliquidación de las mesadas causadas con anterioridad al 7 de julio de 2019, por lo que procederá a declararla de oficio. En consecuencia, resolvió: “Resuelve: PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 5702 del 9 de agosto de 2012, mediante la cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez del señor Juan Carlos Murcia Hernández, respecto del valor establecido como cuantía de la pensión, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: Condenar a título de restablecimiento del derecho a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a reliquidar la pensión de invalidez el señor Juan Carlos Murcia Hernández, tomando el 85% de la asignación básica equivalente a un salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% y luego, a este valor, sumar el 57.6% de la prima de antigüedad. En otros términos, la liquidación de la prestación debe efectuarse así: Asignación básica = salario mínimo legal vigente incrementado en un

40%. Prima de antigüedad = asignación básica 57.6%. Monto pensional = (Asignación básica 85%) + (prima de antigüedad) TERCERO: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional a reconocer y pagar al señor Juan Carlos Murcia Hernández los valores retroactivos generados con ocasión de la

TERCERO: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional a reconocer y pagar al señor Juan Carlos Murcia Hernández los valores retroactivos generados con ocasión de la diferencia que surja en virtud del reajuste pensional dispuesto en el numeral anterior, desde el 25 de abril de 2012, conforme a lo ordenado en esta providencia.

Sobre las diferencias deberán hacerse las deducciones legales a que haya lugar, en concordancia con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Declarar probada de oficio l a excepción de prescripción respecto de las diferencias causadas con anterioridad al 7 de julio deRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

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2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Las sumas causadas deberán actualizarse de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del C. de P.A. y de lo C.A.; igualmente los intereses serán reconocidos en la forma prevista en el artículo 192 del mismo estatuto.

SEXTO: Condenar en costas en esta instancia a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Se fijarán como agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo de la parte demandada, la suma de un (1) s.m.l.m.v., valor que deberá ser incluido en las costas del proceso.

de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Se fijarán como agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo de la parte demandada, la suma de un (1) s.m.l.m.v., valor que deberá ser incluido en las costas del proceso. (…)” RECURSO DE APELACIÓN Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la entidad demandada interpuso y sustentó recurso de apelación , reiterando los argumentos de la contestación de la demanda, entre ellos, que en virtud de la presunción de legalidad que revisten los actos administrativos, es a la parte actora a la que le corresponde dentro del proceso litigioso entrar a desvirtuar dicha presunción. Por lo anterior, afirma que, al analizar los anexos de la demanda, queda claro que no se encuentra prueba alguna que permita siquiera inferir que el acto es ilegal, quedando claro que, la parte actora no ha cumplido con su deber probatorio y que, por lo tanto, las pretensiones por ella solicitadas quedan sin piso jurídico, debiendo ser denegadas hasta tanto no sea demostrado lo contrario. Expuso que, d e conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, tienen derecho a pensión de invalidez el personal que adquiera una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad psicofísica. Adicionalmente, explicó que, las decisiones medico laborales contenidas en el Acta De Junta Médico Laboral No. 48690 del 13 de febrero de 2012, así como el contenido de la Resolución No. 5702 del 09 de agosto de 2012, emanando por el Ministerio de defensa, por medio del cual se reconoce y

como el contenido de la Resolución No. 5702 del 09 de agosto de 2012, emanando por el Ministerio de defensa, por medio del cual se reconoce y paga la pensión mensual de invalidez, son de pleno derecho, en cuanto definen y reconocen la pérdida capacidad laboral sufrido por el actor en un 92.07% de su capacidad sicofísica. Así mismo, arguyó que, el actor estuvo de acuerdo con dicha decisión, ya que NO interpuso el recurso de reposición dispuesto para reponer la decisión en la mencionada resolución que reconoce el pago de la pensión de invalidez, hoy objeto de medio de control. Igualmente, hizo alusión a la forma en que se liquida la prima de antigüedad, trayendo en mención el artículo 18 del Decreto 4433 de 2004, precisando que, “(…) El aporte sobre la prima de antigüedad fijado en el presente numeral se liquidará sobre los porc entajes que se señala a continuación de acuerdo con el tiempo de servicio así: 18.3.4 Cincuenta y siete punto seis por ciento (57.6) durante el octavo año”.Radicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

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En consecuencia, solicitó se revoque en su totalidad la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda (Documento No. 27 Recurso de Apelación Min. Defensa Ejército

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En consecuencia, solicitó se revoque en su totalidad la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda (Documento No. 27 Recurso de Apelación Min. Defensa Ejército Nacional de la Carpeta Juzgado del Expediente Digital de Samai). TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto del 23 de mayo de 20 24, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada en contra la sentencia del 09 de febrero de 2024 , proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. Así mismo, se indicó que el recurso se tramitaría de acuerdo a lo previsto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2021 (Índice 004_AUTOADMITERECURSOAPELACION(.pdf) NroActua 4 NroActua 4,

SAMAI)

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Corresponde a la Corporación d eterminar, si en el presente cas o, la parte demandante tiene derecho a la reliquidación de la pensión de invalidez atendiendo la indebida aplicación de la fórmula aritmética por parte de la entidad accionada al momento de calcular su cuantía o, si, por el contrario, no le es procedente ordenar la reliquidación pretendida, en virtud a que fue liquidada conforme a la norma que rige la materia, quedando a salvo la

entidad accionada al momento de calcular su cuantía o, si, por el contrario, no le es procedente ordenar la reliquidación pretendida, en virtud a que fue liquidada conforme a la norma que rige la materia, quedando a salvo la presunción de legalidad del acto administrativo demandado como lo sostiene la parte recurrente.

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

El Estado Social de Derecho, instituido en Colombia a partir de la Constitución de 1991, tiene al hombre como su objeto, principio y razón esencial de ser. En tal virtud desarrolla normas supralegales que lo realizan en condiciones de dignidad y reivindican mediante un tratamiento preferencial cuando se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad.

El artículo 13, en los incisos 2 y 3, dispone:

"El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentre en circunstancia deRadicación: 73001-33-33-005-2022-00176-01 (0420-2024)

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debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."

A su turno, el artículo 47, ibidem, establece:

"El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e

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debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."

A su turno, el artículo 47, ibidem, establece:

"El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran."

Siguiendo la misma línea, el artículo 54 constitucional le impone al Estado el deber de "...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.".

Se ha resaltado la gran importancia de proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de indefensión debido a su situación de discapacidad y a su imposibilidad de desarrollarse en el campo laboral, lo que afecta directamente su mínimo vital y el de su núcleo familiar

La Constitución Política insiste en la obligación de protección de las personas en estado de debilidad manifiesta, particularmente de aquellas en situación de discapacidad, respecto de las cuales impone la obligación de salvaguardar su derecho fundamental a la seguridad social y adoptar medidas positivas que superen su desigualdad y desprotección, en especial de un miembro de la Fuerza Pública, cuya discapacidad sea producto de lesiones sufridas en virtud del cumplimiento de su deber.

La pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública

Anteriormente, el régimen pensional de los miembros de la Fuerza Pública se circunscribía a lo dispuesto en el Decreto Ley 094 de 1989 y el Decreto 1796 de 2000. Respecto de la pensión de invalidez el Decreto Ley 094 de 1989 disponía en su artículo 89, lo siguiente:

se circunscribía a lo dispuesto en el Decreto Ley 094 de 1989 y el Decreto 1796 de 2000. Respecto de la pensión de invalidez el Decreto Ley 094 de 1989 disponía en su artículo 89, lo siguiente:

“ARTÍCULO 89. Pensión de invalidez del personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respec