TA TOL - Sentencia 73001-33-33-005-2022-00220-01 (29-05-2025)

Ibagué, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación Nº. Interno N°: 73001-33-33-005-2022-00220-01 2024/01328 Medio de control RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante: LEOCADIO NIETO MARTINEZ

Demandado:

Tema:

DEPARTAMENJTO DEL TOLIMA - SECRETARIA

DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT.

Contrato realidad.

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral de decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del extremo activo contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el día 10 de septiembre de 2024, mediante la cual se negaron las pretens iones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Pretensiones.1

“1. Declarar nulo el acto administrativo No. 001119 del 19 de agosto de 2020, mediante el cual se niega la entidad demandada a dar aplicación constitucional de la realidad sobre las formas y se abstiene de declarar la existencia de una relación legal y reglam entaria de carácter laboral desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

1.2 Declarar en consecuencia que existió un contrato de trabajo bajo el principio constitucional de la realidad sobre las formalidades y en la calidad de trabajador oficial desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018

1.2 Declarar en consecuencia que existió un contrato de trabajo bajo el principio constitucional de la realidad sobre las formalidades y en la calidad de trabajador oficial desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018 desempeñando el cargo de AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA.

1.3 Declarar que el salario que devengó el demandante dentro del contrato de trabajo para el periodo reclamado fue de DOS MILLONES SEISCIENTOS

VEINTICINCO MIL PESOS ($2.625.000.oo).

1.4 Declarar que a partir de la fecha de culminación del contrato laboral no se cancelaron los valores prestacionales aquí reclamados.

1.5 Declarar que la terminación del contrato de trabajo se ocasionó sin justa causa por parte del empleador el día 25 de mayo de 2018.

1 Expte Juzgado – C.Ppal -Archivo 3fls 5-6Rad. 73001-33-33-005-2022-00220-01

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Como consecuencia de la anterior declaración y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los siguientes conceptos, durante la época comprendida entre el 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018:

2.1 Pagar las cesantías causadas durante todo el contrato laboral, es decir, del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.2 Pagar los intereses a las cesantías causadas durante todo el contrato

2.1 Pagar las cesantías causadas durante todo el contrato laboral, es decir, del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.2 Pagar los intereses a las cesantías causadas durante todo el contrato laboral, es decir del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.3 Pagar la prima legal anual y semestral de servicios causadas durante todo el contrato laboral, es decir, del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.4 Pagar las vacaciones o indemnización de vacaciones causadas durante todo el contrato laboral, es decir del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.5 Pagar la bonificación por servicios causadas durante todo el contrato laboral, es decir del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.6 Pagar la Prima de Navidad proporcional causada durante todo el contrato laboral, es decir del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.7 Pagar la prima de Vacaciones proporcional causadas durante todo el contrato laboral, es decir del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.8 Pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y/o devolución de los mismos por haber sido sufragados por mi cliente sin que tuviere que hacerlo;

2.9 El pago de sanción moratoria establecida en el decreto 797 de 1949, por el no pago oportuno de los derechos laborales reclamados en mención

2.10 El pago de la indemnización por despido injusto o terminación anormal del

2.9 El pago de sanción moratoria establecida en el decreto 797 de 1949, por el no pago oportuno de los derechos laborales reclamados en mención

2.10 El pago de la indemnización por despido injusto o terminación anormal del contrato de trabajo desarrollado del 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.11 Devolución de los dineros pagados por mi mandante por concepto de salud y pensión por el periodo laborado entre el 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de mayo de 2018.

2.12 Pago de costas procesales en caso de oposición.

2.13 Pago de la Indexación o corrección monetaria sobre las condenas solicitadas.

2.- Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, el apoderado de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse, así:

1. El señor Leocadio Nieto Martínez laboró para el Departamento del Tolima a través de contratos de prestación de servicios, desde el 20 de octubre al 26 de diciembre de 2017 y del 25 de enero al 25 de mayo de 2018.

2 Expdte Jugado – C.Ppal - Archivo 3 – fls 7-8Rad. 73001-33-33-005-2022-00220-01

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2. El cargo desempeñado por el demandante fue de auxiliar de mantenimiento de maquinaria destinada para llevar a cabo los proyectos de desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de

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2. El cargo desempeñado por el demandante fue de auxiliar de mantenimiento de maquinaria destinada para llevar a cabo los proyectos de desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial secundaria y terciaria del Departamento.

3. Dijo que el demandante ejerció personalmente las funciones , que cumplió con horario de trabajo de lunes a viernes de 07:00 am a 06: 00 pm, que sin embrago la salida se extendía hasta más tarde.

4. Mediante peticiones radicadas el 30 de junio y el 31 de agosto de 2020, el demandante solicitó el reconocimiento del contrato realidad y el consecuente pago de prestaciones sociales derivadas del mismo.

3.- Contestación de la demanda.3

Dentro del término legal conferido la apoderada del Departamento descorrió traslado de la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones del libelo incoatorio, al considerar que carecían de razones de hecho y de derecho.

Manifestó que el demandante no había aportado probanza alguna que permitiera determinar que el mismo se encontraba en una situación de subordinación por parte de algún funcionario del Departamento; así mismo señaló, que dicha entidad había dado cumplimiento al requisito de vinculación excepcional “con el propósito de suplir actividades relacionadas con la Administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta ”, pues indicó que dentro de la planta de personal del Departamento no existían funcionarios que desempeñaran las obligaciones asignadas al aquí demandante en los contratos de prestación de servicios.

Aseveró que la vinculación del actor se realizó para dar cumplimiento a unos

dentro de la planta de personal del Departamento no existían funcionarios que desempeñaran las obligaciones asignadas al aquí demandante en los contratos de prestación de servicios.

Aseveró que la vinculación del actor se realizó para dar cumplimiento a unos programas y necesidades específicas que tenían una duración corta y determinada, lo que indicaba que las obligaciones cumplidas no tenían el carácter misional ni permanente para contemplar la posibilidad de haberse vinculado a través de una relación legal y reglamentaria o a través de un contrato de trabajo.

Propuso los siguientes medios exceptivos: i) Cobro de lo no debido; ii) Buena fe; iii) Ausencia de fundamento jurídico para cobrar sanciones moratorias; y iii) Compensación.

4.- La sentencia apelada4.

El 10 de septiembre de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, procedió a dictar sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda, exponiendo como sustento de su decisión las siguientes apreciaciones:

Frente a la prestación personal del servicio aseveró que estaba acreditado en el plenario, que el señor Leocadio Nieto Martínez había sido contratado por el Departamento para prestar sus servicios de apoyo a la gestión para realizar el seguimiento y control de entrada y salida de repuest os y verificación de instalación de los mismos en la maquinaria y vehículos del taller, por lo que era claro que para el efectivo cumplimiento del objeto contractual el mismo tenía

3 Expdte Jugado – C.Ppal -Archivo 3fls 6768 4 Ver Expdte Jugado – Archivo 33Rad. 73001-33-33-005-2022-00220-01

claro que para el efectivo cumplimiento del objeto contractual el mismo tenía

3 Expdte Jugado – C.Ppal -Archivo 3fls 6768 4 Ver Expdte Jugado – Archivo 33Rad. 73001-33-33-005-2022-00220-01

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que prestar sus servicios de manera personal, tal como lo había afirmado el testigo escuchado en la audiencia de pruebas.

Aseveró que la permanencia en el servicio no se encontraba demostrada, pues conforme a la testimonial recaudada se advertía que la accionada no tenía dentro de la planta de cargos de la entidad el cargo de auxiliar de almacén ; igualmente señaló, que una vez verificados los contratos de prestación de servicios y el testimonio rendido por el señor Pablo Emilio Ramos Bethancourt no se podía evidenciar la configuración del elemento subordinación, pues lo que se había demostrado era que el actor realizaba funciones que le correspondían como parte del área del almacén de la Secretaría de Infraestructura y Habitad del Departamento, exactamente como auxiliar de bodega, y que las ordénenos que aducía recibir del al macenista y del señor Eider Olaya correspondían acciones de coordinación y no ordénenos que configuren el aludido elemento .

Agregó que no obraba en el expediente probanza alguna que fortaleciera la acreditación de la subordinación, pues solo reposaba los dos contratos de prestación de servicios suscritos por el demandante y en ellos no se evidenciaba nada respecto a obligaciones de cumplimiento de horarios , y que si bien el testigo Pablo Emilio Ramos Betancourth había indicado que el

prestación de servicios suscritos por el demandante y en ellos no se evidenciaba nada respecto a obligaciones de cumplimiento de horarios , y que si bien el testigo Pablo Emilio Ramos Betancourth había indicado que el demandante cumplía un horario de trabajo, era claro que el cumplimiento de las obligaciones contractuales este debía realizarlas en las instalacion es de la entidad accionada; así mismo señaló, que no se había allegado prueba escrita para la concesión de permisos, cumplimiento de horarios, registro en entrada y salida y de horarios adicionales para realizar el ingreso y salida de repuestos de maquinaria amarilla.

Por último, condenó en costas al demandante en cuantía de 7 SMMLV.

5.- El recurso de apelación5

Interpuesto oportunamente por el apoderado de la parte actora, quien solicita la revocatoria del fallo de primer grado y, en su lugar, se proceda a acceder a las pretensiones de la demanda.

Precisó que el Juez de instancia había realizado una indebida valoración de las pruebas, pues existían suficientes elementos probatorios que demostraban la existencia de una relación laboral; igualmente señaló , que en la sentencia recurrida se había desestimado una prueba clave como lo era el testimonio rendido por el señor Pablo Emilio Ramos Betancourth, quien había confirmado la existencia de una relación subordinada al afirmar que el demandante cumplía un horario de trabajo y recibía ordenes de funcionarios del Departamento.

Dijo que el a quo no había valorado correctamente los hechos ni había aplicado la jurisprudencia de las altas cortes referentes al contrato realidad, que indican que cuando se demuestren las condiciones de trabajo propias de una relación laboral deberá declarase la existencia del contrato realidad.

la jurisprudencia de las altas cortes referentes al contrato realidad, que indican que cuando se demuestren las condiciones de trabajo propias de una relación laboral deberá declarase la existencia del contrato realidad.

Sostuvo que el Juez de instancia debió dar aplicación al principio de convencionalidad, en virtud del cual tiene la obligación de aplicar las norma s internas en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.

Adujo que en el sub examine se debía aplicar la normativa referente a los trabajadores oficiales y no de los empleados públicos, por lo que se debió acudir

5 Ver Expte juzgado – Archivo 35Rad. 73001-33-33-005-2022-00220-01

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a la jurisprudencia relacionada con el contrato laboral de los trabajadores oficiales establecida por la Corte Suprema de Justicia.

Manifestó que la Ley 1222 de 1986 – Régimen Departamental-. en su artículo 233 señaló las funciones propias del personal de la planta del Departamento del Tolima, en donde se establece que “Los servidores departamentales son empleados públicos, sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos departamentales se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo”, concluyendo de la norma en cita , que era claro que las funciones desempeñadas por el demandante eran propias del personal de planta del Departamento.

pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo”, concluyendo de la norma en cita , que era claro que las funciones desempeñadas por el demandante eran propias del personal de planta del Departamento.

Citó las disposiciones legales que regulan lo relacionado al reconocimiento de todas las prestaciones sociales reclamadas.

Por último, consideró que las costas impuestas fueron excesivas, arbitrarias y abusivas, pues el demandante tenía ya una expectativa favorable con base en una sentencia de la jurisdicción ordinaria laboral.

IIITRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 21 de enero de 2025 se admitió el recurso interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, ni hubiera requerido la práctica de pruebas, tampoco presentaron alegatos de cierre, razón por la cual el expediente ingresó al Despacho para prof erir sentencia de fondo, se omitió correr traslado a las partes en los términos señalados en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IVCONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al definir que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces administrativos.

3.- Problema Jurídico.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al definir que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces administrativos.

3.- Problema Jurídico.

El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si el acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de prestaciones sociales derivadas del mismo se ajustó a derecho, o si, por el contrario, se debe reconocer que entre el accionante Leocadio Nieto Martínez y el Departamento del Tolima, existió una relación de hecho de carácter laboral y, por ende, si el citado señor tiene derecho a que se le reconozca y paguen las prestaciones sociales dejadas de percib ir como consecuencia de dicha relación laboral presuntamente encubierta a través de contratos de prestación de servicios.Rad. 73001-33-33-005-2022-00220-01

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4. Análisis de la Sala

El efecto normativo y garantizador del principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, contenido en el artículo 53 de la Carta Política, está dirigido a proteger los derechos de primera y segunda generación, es decir, el derecho al trabajo y garantías laborales, indistintamente del sujetos (llámese Estado y/o particular) y vínculo contractu al en sentido formal, toda vez que su función va dirigida a hacer valer la relación laboral sobre sobre cualquier otra figura en la que se

garantías laborales, indistintamente del sujetos (llámese Estado y/o particular) y vínculo contractu al en sentido formal, toda vez que su función va dirigida a hacer valer la relación laboral sobre sobre cualquier otra figura en la que se enrostra. Punto de partida inherente al pensamiento unificad or de nuestros órganos de cierre constitucional y jurisdiccional en sus diferentes providencias.

El tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluyeen cuanto a su configuración -, que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, i) la prestación personal del servicio (de manera permanente), ii) la continuada dependencia y subordinación y iii) una remuneración en contraprestación por la labor realizada, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público.6

En sentencia de fecha 5 de junio de 2014, el Honorable Consejo de Estado, a través de un esfuerzo interpretativo, recurre a los criterios consignados por la Corte Constitucional (funcional, igualdad, temporal, excepcional, continuidad), para así establecer una metodología más abierta, a la hora de valorar las diferentes prerrogativas que puedan estar ínsitas, en la problemática abordada, resaltándose la conceptualización de la “ permanencia”, como un factor determinante a la hora de elucubrar el principio de la realidad sobre las formalidades, por lo que en dicha providencia y a través del juicio de constitucionalidad del inciso final el artíc ulo 2º del Decreto 2400 de 1968 y el

determinante a la hora de elucubrar el principio de la realidad sobre las formalidades, por lo que en dicha providencia y a través del juicio de constitucionalidad del inciso final el artíc ulo 2º del Decreto 2400 de 1968 y el aparte del artículo 1º del Decreto 3074 de 2008, nuestro órgano de cierre acude a la sentencia C-614 del 2 de septiembre de 2009, MP Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la que -entre otras cosasdecantó algunos criterios que definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios. Tales criterios son:

I. Criterio funcional: esto es, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral.

II. Criterio de igualdad: si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública.

6 CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”-

Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN -Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014).-Radicación: 08001233100019990037901 (156213) -Actor: TRINIDAD DE LA CRUZ CAMARGO FONTALVODemandado: NACIÓN - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL ATLÁNTICORad. 73001-33-33-005-2022-00220-01

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III. Criterio temporal o de la habitualidad : si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual, o sea que si se suscriben órdenes de traba jo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral.

IV. Criterio de la excepcionalidad : si la tarea acordada corresponde a actividades nuevas y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta, puede acudirse a la contratación pública; pero si la gestión contratada equivale al giro normal de los negocios de una empresa

manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta, puede acudirse a la contratación pública; pero si la gestión contratada equivale al giro normal de los negocios de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no puramente contractual.

V. Criterio de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios, pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, esto es, para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral.

En ese sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C -171 de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, expreso:

“En suma, de lo expuesto hasta aquí puede concluirse que el carácter de propio o permanente de la función contratada por una entidad del Estado, permite diferenciar si realmente se trata de un contrato laboral o de un contrato de prestación de servicios, ya que si la labor contratada hace parte de las funciones permanentes de la entidad o puede ser realizada por empleados de planta o no requiere conocimientos especializados, se trata en realidad de un contrato laboral aunque las partes le den el nombre y forma de contrato de prestación de servicios.

Así, la Corte ha evidenciado la existencia de una gran brecha entre la regla de prohibición de contratación de servicios de funciones permanentes de las entidades públicas y la realidad fáctica relativa a este tema, constatando al efecto la falta de eficacia real de dicha prohibición derivada de los preceptos constitucionales mencionados, ineficacia que afecta temas estructurales de la Carta de 1991, como los principios rectores del derecho al trabajo y de la función pública. En este sentido, la

eficacia real de dicha prohibición derivada de los preceptos constitucionales mencionados, ineficacia que afecta temas estructurales de la Carta de 1991, como los principios rectores del derecho al trabajo y de la función pública. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reiterado de manera enfática la abierta inconstitucionalidad de “.., todos los procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de que utilizan formas … legalmente válidas, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación contractual y falsear la verdadera relación de trabajo”. (…)

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha sostenido la existencia de claros límites constitucionales a la contratación estatal derivados directamente de la Carta Política en sus artículos 25, 53, 123 y 125 Superiores, de manera que ésta debe respeta r prevalentemente la regla general de acceso al trabajo permanente con el Estado, de respeto por la vinculación laboral con la administración, y por tanto la prohibición respecto de la celebración de contratos de prestación de servicios cuando se trata de desempeñar funciones de carácter permanente o propias de la entidad, cuando exista personal de planta que pueda desarrollarlo o cuando no se requieran conocimientos especializados. En consecuencia, esta Corporación ha advertido e insistido, especialmente a las autoridades administrativas o empleadores del sector público, p ero también a los particulares o empleadores del sector privado, sobre el necesario respet o a la prohibición derivada de las normas constitucionales mencionadas, de contratar a través de contrato de prestación de servicios, funciones permanentes y propias del objeto de las entidades privadas o públicas, ya que esta

necesario respet o a la prohibición derivada de las normas constitucionales mencionadas, de contratar a través de contrato de prestación de servicios, funciones permanentes y propias del objeto de las entidades privadas o públicas, ya que esta práctica “desdibuja el concepto de contrato” y “porque constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores” “pues su incumplimiento genera graves consecuencias administrativas y penales.” (Resalta la Sala).Rad. 73001-33-33-005-2022-00220-01

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Ahora bien, sobre este aspecto, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en fallo del día 16 de febrero de 2012, expediente con radicación interna 1187-11. Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, manifestó:

“La Sala ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir a los principios constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.” (…)

“Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que el actor

en igualdad de condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.” (…)

“Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que el actor pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo. Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de pr estación de servicios una verdadera relación laboral. Todo ello con el propósito de realizar efectivamente el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. En este mismo sentido, no existe duda sobre la prestación personal del servicio del demandante como Auxiliar de la Secretaría de Obras Públicas, con funciones de conductor, en el Municipio de Yaguará, Huila, teniendo en cuenta que así lo acepta el referido municipio, en la contestación de la demanda. El recuento normativo y probatorio, antes expuesto, permite afirmar a la Sala que la situación del actor se enmarca en una relación laboral y no de prestación de servicios, lo anterior en

referido municipio, en la contestación de la demanda. El recuento normativo y probatorio, antes expuesto, permite afirmar a la Sala que la situación del actor se enmarca en una relación laboral y no de prestación de servicios, lo anterior en aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre la formas, artículo 53 de la Constitución Política, según el cual cuando existe un contrato de prestación u órdenes de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública, como en el caso en estudio, y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere las prerrogativas de orden salarial y prestacional.”

4.1. De lo probado en el proceso

Al expediente fueron allegados los siguientes medios probatorio:

− Contrato de prestación de servicios No 1809 de 20 de octubre de 2017, con un periodo de duración de 66 días, contados desde el 20 de octubre al 16 de diciembre de 2017.7

− Contrato de prestación de servicios No 1832 de 25 de enero de 2018, con un periodo de duración de 4 meses, contados desde el 25 de enero al 25 de mayo d