TA TOL - Sentencia 73001-33-33-006-2017-00216-01 (10-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué – Tolima, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-006-2017-00216-01

Interno: 0736/20

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Demandante: LUZ MARINA VERGARA BARRERA

Apoderado: NIXON TORRES CARCAMO

Demandado: HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE FALAN

Apoderado: GUSTAVO ADOLFO RONDON RONDÓN

I. ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte dema ndante contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué el 8 de mayo de 2020, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La señora Luz Marina Vergara Barrera por intermedio de apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

1. Declaraciones y condenas1

La parte demandante refiere lo siguiente:

“PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo calendado 3 de enero de 2017, notificado el 10 de enero de 2017, proferido por la Empresa Social

La parte demandante refiere lo siguiente:

“PRIMERO: Que se declare la nulidad del acto administrativo calendado 3 de enero de 2017, notificado el 10 de enero de 2017, proferido por la Empresa Social del Estado HOSPITAL SANTA ANA, donde niega el reconocimiento y pago de derechos convencionales en aplicación de l precedente judicial de la Sentencia C-241 del 2014, proferida por la Corte Constitucional Colombiana, la forma del vinculo laboral al subsector Oficial Salud, como trabajador oficial de mi poderdante y el reconocimiento y pago de los derechos convencionales de la convención colectiva de trabajo, cuya titularidad, ostenta la organización sindical ANTHOC.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA: Que se le reconozca a mi poderdante, la condición de la forma de vínculo laboral, cuando fue vinculado al Subsector Oficial Salud, como trabajador oficial.

TERCERO: Que se ordene el reconocimiento y pago de los derechos establecidos en la convención colectiva de trabajo, como beneficiaria de la misma, principalmente los señalados en los siguientes artículos del texto convencional

1 Fl. 60 Cuaderno principal tomo 01, expediente digital SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 2

Demandante: LUZ MARINA VERGARA BARRERA Demandado: HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE FALAN Radicación: 73001-33-33-006-2017-00216-01

Interno: 0736/20

vigente a partir de 1992: Articulo décimo segundo (Comité de bienestar social).

Radicación: 73001-33-33-006-2017-00216-01

Interno: 0736/20

vigente a partir de 1992: Articulo décimo segundo (Comité de bienestar social). Artículo décimo cuarto (Jomada Laboral), Artículo décimo quinto (Auxilio de transporte). Articulo décimo sexto (dotación de uniformes). Articulo décimo séptimo (Vacaciones). Articulo décimo Octavo (Prima de navidad). Artículo Vigésimo (Prima de servicios). Artículo Vigésimo Primero (Bonificación mensual permanente). Artículo Vigésimo Segundo (Bonificación por tiempo de servicios prestados). Artículo Vigésimo Quinto (Subsidio de alimentación y bonificación de servicios prestados). Artículo segundo (Salario). Artículo Quinto (Capacitación).

CUARTO: Que las condenas se profieran con base en el artículo 192 y subsiguientes de la Ley 1437 del 2011.”

2. Hechos2

La señora Luz Marina Vergara Barreras inició su trayectoria en el sector salud como trabajadora oficial . A finales de los 90, su estatus laboral cambió a empleada pública en la Empresa Social del Estado, posteriormente con la implementación de la Ley 10 de 1990 y la descentralización del sector, fue incorporada sin solución de continuidad a la planta de personal del Hospital Santa Ana primer nivel E.S.E. de Falan.

Indicó, que e n observancia de los derechos adquiridos y la modalidad de vinculación de la señora Vergara, la entidad accionada procedió al reconocimiento y pago de los derechos convencionales y el régimen prestacional correspondiente a los servidores públicos del orden nacional, en

vinculación de la señora Vergara, la entidad accionada procedió al reconocimiento y pago de los derechos convencionales y el régimen prestacional correspondiente a los servidores públicos del orden nacional, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley 10 de 1990 y 195 de la Ley 100 de 1993; la demandante gozó del reconocimiento de aquellos derechos derivados de su afiliación a la organización sindical Anthoc d urante un tiempo determinado, no obstante, la entidad demandada cesó unilateralmente el otorgamiento de tales derechos.

La accionante consideró que la entidad hospitalaria Santa Ana incurri ó en el desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado en la sentencia C-241 de 2014, relativo a la vigencia y aplicación de los artículos 16 y 17 de la Ley 10 de 1990 y su Decreto Reglamentario 1399 de 1990, en lo atinente a la modalidad de vinculación y el régimen jurídico aplicable en calidad de trabajadora oficial, derivado de la clasificación de su condición laboral a través de contratos de trabajo.

En último término, la señora Luz Marina Vergara ejerció su derecho de petición ante la entidad accionada, requiriendo el acatamiento de la sentencia C -241 de 2014, sin que se haya emitido respuesta alguna.

3. Normas violadas y Concepto de Violación

Como normas violadas se citaron en la demanda las siguientes:

• Ley 1399 de 1990, Artículos 1, 3, 4 y 5. - Sentencia C-241 de 2014

El apoderado de la parte demandante consideró que la entidad accionada no respetó la forma de vinculación de su poderdante, en los términos de los

• Sentencia C-241 de 2014

El apoderado de la parte demandante consideró que la entidad accionada no respetó la forma de vinculación de su poderdante, en los términos de los

2 Fl. 23 Cuaderno principal tomo 01, expediente digital SAMAIMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 3

Demandante: LUZ MARINA VERGARA BARRERA Demandado: HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE FALAN Radicación: 73001-33-33-006-2017-00216-01

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artículos 3 y 4 del Decreto 1399 de 1990, por inaplicar el precedente judicial obligatorio que sobre estos artículos profirió la Corte Constitucional, en condición de trabajadores oficiales, argumentando que la recurrente reunió todos los requisitos para que le fuera aplicada la ratio decidendi de la Sentencia C-241 del 2014, habiendo reconocido su condición de trabajador oficial y sus respectivos derechos convencionales.

Finalmente, aseguró que tal acción en mención constituyó una abierta desviación de poder, que desconoc ió el orden jurídico laboral de los trabajadores del sector salud a la luz del precedente judicial obligatorio de la Sentencia C-241 del 2014.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. Hospital Santa Ana E.S.E de Falan3

Dentro del término legal, la apoderada judicial presentó contestación a la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones, especificó que la demandante prestó sus servicios como auxiliar administrativa mediante contrato de trabajo

Dentro del término legal, la apoderada judicial presentó contestación a la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones, especificó que la demandante prestó sus servicios como auxiliar administrativa mediante contrato de trabajo a término definido, del 8 de noviembre de 1994 al 7 de marzo de 1995, y posteriormente, a partir del 10 de abril de 1995, como empleada pública, según nombramiento por Resolución No. 204, argumentó que la vinculación es de empleada pública y no como trabajadora oficial.

Como sustento de su defensa, la parte demandada argumentó que, a partir de la expedición del Decreto 3135 de 1968, se estableció un criterio orgánico para la clasificación de los servidores públicos ; en virtud de dicho criterio, la regla general es que quienes prestan sus servicios en entidades públicas son empleados públicos, siendo la figura del trabajador oficial una excepción ; en concordancia con lo anterior, la parte demandada invocó lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en armonía con la Ley 10 de 1990, para señalar que el personal que presta sus s ervicios en Empresas Sociales de Salud se clasifica en empleados de carrera, de libre nombramiento y remoción, o trabajadores oficiales, estos últimos circunscritos a aquellos que desempeñan cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta fís ica hospitalaria o de servicios generales.

Sostuvo que la naturaleza de la actividad desempeñada es el factor determinante para establecer la clasificación del servidor público, por lo tanto, los empleos en entidades que ejercen funciones administrativas corresponden a la categoría de empleados públicos, con la excepción de aquellos vinculados

determinante para establecer la clasificación del servidor público, por lo tanto, los empleos en entidades que ejercen funciones administrativas corresponden a la categoría de empleados públicos, con la excepción de aquellos vinculados a la construcción y sostenimiento de obras públicas, los cuales se rigen por el régimen de trabajadores oficiales.

La entidad accionada argumentó que, en el contexto de las Empresas Sociales del Estado, la Circular 12 del 6 de febrero de 1991, emitida por el entonces Ministerio de Salud, estableció los lineamientos para la aplicación del parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, en dicho documento, se especificaron las actividades que debían ser desempeñadas por trabajadores oficiales, sostuvo que las funciones ejercidas por la demandante no se ajustan a las actividades allí señaladas, en virtud de su condición de empleada pública, lo cual impide la aplicación de la convención colectiva.

3 Fls. 136 al 146 Cuaderno principal tomo 01, expediente digital SAMAI.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 4

Demandante: LUZ MARINA VERGARA BARRERA Demandado: HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE FALAN Radicación: 73001-33-33-006-2017-00216-01

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Señaló que, en el año 1992, se suscribió una Convención Colectiva con la organización sindical ANTHOC, la cual fue objeto de actualización en el año 1998, argumentó que aquella resulta aplicable exclusivamente a los trabajadores oficiales de las Empresas Sociales del Estado del Departamento del Tolima, excluyendo de su ámbito de aplicación a los empleados públicos, categoría en

1998, argumentó que aquella resulta aplicable exclusivamente a los trabajadores oficiales de las Empresas Sociales del Estado del Departamento del Tolima, excluyendo de su ámbito de aplicación a los empleados públicos, categoría en la cual se encuentra la demandante.

Finalmente, p ropuso como excepciones las que denominó " Legalidad del acto demandado”, “Falta de legitimación para demandar”, “Inaplicabilidad de convención colectiva de trabajadores oficiales a empleados públicos”.

5. Sentencia recurrida4

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante sentencia proferida el 8 de mayo de 2020, resolvió:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas a la parte accionante, de conformidad con los dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, para lo cual se fijan las agencias en derecho en suma equivalente 4% de lo pedido.

TERCERO: Liquídense los gastos del proceso, si hubiere remanentes devuélvanse a la parte demandante.

CUARTO: Para efectos de la notificación de la presente sentencia, se ordena que por secretaria se realice conforme lo dispone el articulo 203 del C.P.A.C.A

QUINTO: En firme este fallo, archívese el expediente, previas las anotaciones correspondientes” .

En p rimera instancia se planteó como problema jurídico determinar si la demandante, en su condición de empleada pública al servicio del Hospital Santa Ana de Falan, ostentaba el derecho a que, en aplicación de la ratio decidendi de la Sentencia C -241 de 2014, se modificara su vinculación laboral,

demandante, en su condición de empleada pública al servicio del Hospital Santa Ana de Falan, ostentaba el derecho a que, en aplicación de la ratio decidendi de la Sentencia C -241 de 2014, se modificara su vinculación laboral, con el consecuente reconocimiento y pago de los beneficios y prerrogativas consagrados en la convención colectiva de trabajo cuya titularidad recae en la organización sindical ANTHOC.

El despacho judicial, tras el análisis del material probatorio obrante en el proceso, manifestó que la demandante se encontraba afiliada a la organización sindical ANTHOC desde el 16 de agosto de 1994 ; a simismo, constató que la demandante prestó sus servicios a una Empresa Social del Estado, siendo nombrada mediante el acto administrativo No. 204 el 10 de abril de 1995, tomando posesión del cargo de auxiliar administrativa de almacén, un cargo de carrera administrativa, así que argumentó que a partir de la fecha de posesión, el régimen laboral de la demandante se rigió por las normas aplicables a los empleados públicos.

El A quo determinó que el apoderado de la parte demandante incurrió en error al fundamentar la ilegalidad del acto administrativo por desviación de poder , pues consideró que carecía de sustento fáctico el argumento según el cual la

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resolución de nombramiento desconoció la condición de trabajadora oficial de

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resolución de nombramiento desconoció la condición de trabajadora oficial de la demandante ; es así que fundamentó su decisión en el hecho de que la demandante ha prestado sus servicios en la entidad demandada de manera ininterrumpida desde 1995, sin que existiera evidencia alguna que respaldara la afirmación de que su vínculo laboral se vio afectado o modif icado como consecuencia de la reforma al sistema de salud.

Consideró que, al haber superado el concurso y tomado posesión del cargo, la demandante se acogió voluntariamente al régimen de empleada pública, desestimando el argumento de que su vínculo laboral se hubiera transformado de trabajador oficial a empleada pública; asimismo, el Despacho determinó que las funciones desempeñadas por la demandante no correspondían a las propias de un trabajador oficial, al no estar relacionadas con el mantenimiento de la planta física ni con los servicios generales, en cambio, c oncluyó que dichas funciones se enmarcaban dentro de la administración y funcionamiento adecuado de la entidad hospitalaria, es decir, funciones propias de empleados públicos.

En relación con la extensión de las convenciones Colectivas suscritas entre el Departamento del Tolima y ANTHOC, la primera instancia determinó que, si bien la demandante se encuentra afiliada a la organización sindical que suscribió la convención colectiva con el Departamento en 1992, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 1993, y que posteriormente fue prorrogada automáticamente hasta el primero de enero de 1998, fecha en la que

suscribió la convención colectiva con el Departamento en 1992, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 1993, y que posteriormente fue prorrogada automáticamente hasta el primero de enero de 1998, fecha en la que entró en vigor una nueva convención colectiva, no fue posible extender l os efectos de dichas convenciones a la d emandante debido al cambio de régimen laboral.

Finalmente, en lo concerniente a la aplicación del precedente jurisprudencial establecido en la Sentencia C -241 de 2014, la primera instancia determinó que no fue viable su aplicación, en razón de las diferencias sustanciales existentes entre las circunsta ncias fácticas y jurídicas del caso analizado y las del precedente invocado ; e n consecuencia, y al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos objeto de controversia, el A quo procedió a negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

6. Apelación5

El apoderado judicial de la parte deman dante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué el 8 de mayo de 2020, donde solicitó que sea revocada la decisión emitida y, consecuencialmente se acceda a las pretensiones de la demanda.

En oposición a la tesis adoptada por la primera instancia, argumentó que no se realizó un análisis de fondo respecto a la Sentencia C-241 de 2014, pues sostuvo que dicha sentencia declaró la exequibilidad de los artículos del Decreto 1399 de 1990, los cuales establecieron prerrogativas laborales a favor de aquellos servidores públicos que, al momento del proceso de descentralización y/o

que dicha sentencia declaró la exequibilidad de los artículos del Decreto 1399 de 1990, los cuales establecieron prerrogativas laborales a favor de aquellos servidores públicos que, al momento del proceso de descentralización y/o reorganización del sector salud, se encontraban vinculados , afirmando que su representada demostró haber sido vinculada con anterioridad a dicho proceso de reorganización en el sector salud del Departamento del Tolima, por lo que

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consideró aplicable el precedente jurisprudencial contenido en la citada sentencia.

Consideró que el A quo incurrió en error al fundamentar su decisión en la Sentencia C-341 de 2004, argumentando que dicho precedente jurisprudencial no resulta aplicable al caso concreto, pues sostuvo que en aquella sentencia se analiza la mutación de trab ajadores oficiales a empleados públicos, mientras que la controversia planteada en el presente caso versa sobre la modificabilidad de la condición del vínculo laboral en el contexto del proceso de reorganización del sector salud en Colombia, situación que si resuelve la Sentencia C -241 del 2014, siendo aquella la aplicable para el caso.

El apoderado argumentó que el Despacho fundamentó erróneamente su negativa a reconocer los derechos reclamados, al sostener que la demandante no fue beneficiaria de la convención colectiva de trabajo debido a su condición

El apoderado argumentó que el Despacho fundamentó erróneamente su negativa a reconocer los derechos reclamados, al sostener que la demandante no fue beneficiaria de la convención colectiva de trabajo debido a su condición de empleada pública, enfatizando que la pretensión principal nunca consistió en el reconocimiento de derechos convencionales propios de empleados públicos, sino en el reconocimiento de los derechos convencionales que le correspondían en su calidad de trabajad ora oficial conforme al precedente jurisprudencial establecido en la Sentencia C -241 de 2014, por lo tanto, debió respetar aquellos derechos laborales adquiridos como trabajadora oficial, condición que ostentaba al momento de la reorganización del sector s alud en el Departamento del Tolima.

Finalmente, la demandante solicit ó que se revoque la decisión del A-quo en razón a lo expuesto anteriormente.

III. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Mediante auto del 19 de abril de 202 1, por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué el 8 de mayo de 2020.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

Análogamente la presente Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES

ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso no hubo pronunciamiento alguno de las partes.

Análogamente la presente Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del C.P.A .C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte deman dante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, el 8 de mayo de 2020.

2. Problema jurídicoMedio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 7

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En el sub judice consiste en determinar si, como lo considero el A quo, no es procedente conceder el reconocimiento y pago de los derechos consagrados en la convención colectiva de trabajo a la accionante, en razón a que aquella solo tuvo vigencia hasta 1997 y posteriormente entró en vigor una nueva convención que no le era aplicable, debido al cambio de régimen de trabajador oficial a empleado pública o si, por el contrario , tal como aduce la apelante, se debe acceder a las pretensiones de la demanda por considerar que no se respetó los derechos laborales adquiridos como trabajadora oficial conforme al precedente jurisprudencial establecido en la Sentencia C-241 de 2014.

3. Tesis de la Sala

derechos laborales adquiridos como trabajadora oficial conforme al precedente jurisprudencial establecido en la Sentencia C-241 de 2014.

3. Tesis de la Sala

Consiste en confirmar la decisión adoptada en primera instancia, la cual denegó el reconocimiento del derecho pretendido por la demandante, se sostiene dicha decisión en la ausencia de acreditación de la condición de trabajador oficial por parte de la accionante, así como en la falta de demostración de que su vínculo laboral haya sido objeto de afectación o modificación alguna como consecuencia del proceso de reestructuración ordenado por la Ley 10 de 1990. Se establece, además, la improcedencia de aplicar el criterio jurisprudencial contenido en la Sentencia C -241 de 2014, en virtud de la disparidad sustancial entre las circunstancias fácticas y jurídicas del caso sub judice y aquellas consideradas en el precedente invocado.

4. Desarrollo de la tesis del Tribunal

4.1. De las modificaciones del régimen laboral en servidores públicos del Sistema Nacional de Salud

Es crucial precisar que la Ley 10 de 1990, al reorganizar el Sistema Nacional de Salud, estableció directrices para su funcionamiento y desarrollo y facultó a la Nación y a sus entidades descentralizadas para ceder gratuitamente bienes, elementos e instalaciones destinadas a la prestación de servicios de salud a las entidades territoriales o sus entes descentralizados. Esto se hizo con el objetivo de habilitar a estas entidades para llevar a cabo las labores pertinentes en los niveles de atención en salud correspondientes.

Además, con el fin de salvaguardar el derecho al trabajo, la ley ordenó garantizar ciertas situaciones a los servidores que ya estaban laborando en las

niveles de atención en salud correspondientes.

Además, con el fin de salvaguardar el derecho al trabajo, la ley ordenó garantizar ciertas situaciones a los servidores que ya estaban laborando en las entidades cedentes. Específicamente, se buscaba proteger:

“Artículo 17. - Derechos Laborales. Las personas vinculadas a las entidades que se liquiden, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, serán nombradas o contratadas, según el caso, por las entidades territoriales o descentralizadas, a las cuales, se hayan cedido los bienes, elementos o instalaciones para la prestación de servicios de salud, sin perder la condición específica de su forma de vinculación. A los empleados y trabajadores, se les aplicará el régimen salarial y prestacional, propio de la respectiva entidad, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salarial y prestacional de que gozaban en la entidad liquidada. (…)Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8

Demandante: LUZ MARINA VERGARA BARRERA Demandado: HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE FALAN Radicación: 73001-33-33-006-2017-00216-01

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Con el propósito de establecer el Sistema de Seguridad Social Integral, el Congreso de la República promulgó la Ley 100 de 1993, que reglamentó el funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado, designándolas como la modalidad de prestación directa de servicios de salud por parte de la Nación o de las entidades territoriales.

En lo concerniente al derecho de negociación colectiva, es fundamental señalar que este se encuentra consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política,

modalidad de prestación directa de servicios de salud por parte de la Nación o de las entidades territoriales.

En lo concerniente al derecho de negociación colectiva, es fundamental señalar que este se encuentra consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, el cual lo define como un mecanismo para regular las relaciones laborales y promover la resolución pacífica de los conflictos laborales.

En consonancia con lo preceptuado en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra la libertad de asociación para empleadores y trabajadores en la defensa de sus intereses, se hace necesario establecer una distinción fundamental al referi rse al concepto de 'trabajador'. En este contexto, se diferencian los empleados públicos, cuya relación laboral se sustenta en un régimen legal y reglamentario, de los trabajadores oficiales, cuya vinculación se rige por un contrato de trabajo.

Es imperativo precisar que, en el caso de los empleados públicos, el régimen de prestación de servicios se encuentra predeterminado por mandato legal, circunstancia que excluye la facultad del servidor de discutir o negociar sus condiciones laborales. En cont raposición, la relación del trabajador oficial se materializa mediante un contrato de trabajo, sujeto a las disposiciones del derecho laboral, lo que habilita la discusión de las condiciones de trabajo, ya sea en la etapa precontractual o, con posteriorida d, a través de la presentación de pliegos de peticiones que den origen a una convención colectiva, conforme a lo establecido en el artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo.

Se establece, por consiguiente, que los servidores públicos vinculados a las Empresas Sociales del Estado, cuya investidura se haya transformado de

a lo establecido en el artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo.

Se establece, por consiguiente, que los servidores públicos vinculados a las Empresas Sociales del Estado, cuya investidura se haya transformado de trabajadores oficiales a empleados públicos, han perdido, en consecuencia, la prerrogativa de presentar plie gos de peticiones y suscribir Convenciones Colectivas. Dicha distinción encuentra su fundamento en la naturaleza legal y reglamentaria de la vinculación de los empleados públicos, la cual imposibilita la negociación de sus condiciones laborales.

4.2. De las extensiones colectivas una vez se aplique el cambio de trabajador oficial a empleado público

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se establece que los derechos adquiridos constituyen aquellas situaciones jurídicas individuales y subjetivas que, habiendo sido consolidadas y definidas bajo la vigencia de una norma legal, gozan de garantía y, por ende, no pueden ser menoscabadas por dis posiciones normativas futuras, en virtud del principio de seguridad jurídica que ampara tales situaciones6.

En Sentencia C -314 de 2004, la Cote Constitucional con respecto a este tema señaló que si bien a los ex trabajadores oficiales del ISS, ya no se les permite celebrar futuras negociaciones colectivas por su condición de empleados públicos, los derechos laborales y prestacionales obtenidos por esos

6 Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, con ponencia del magistrado Remando Herrera Vergara.Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 9

Demandante: LUZ MARINA VERGARA BARRERA

Demandado: HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE FALAN

Demandante: LUZ MARINA VERGARA BARRERA Demandado: HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE FALAN Radicación: 73001-33-33-006-2017-00216-01

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mecanismos deben ser reconocidos, por lo menos por el tiempo en que fueron pactados.

No obstante, lo anteriormente expuesto, la imposibilidad de celebrar convenciones colectivas por parte de los empleados públicos no obsta para que aquellos servidores que, con motivo de la creación de una Empresa Social del Estado (E.S.E.), transitaron de la condición de trabajadores oficiales a empleados públicos, continúen beneficiándose de los derechos laborales y prestacionales adquiridos en virtud de una convención colectiva previa, durante el término de vigencia de esta última.

En consecuencia, se determina que, si un trabajador oficial, titular de derechos y prestaciones laborales derivados de una convención colectiva vigente, es posteriormente designado como empleado público, la Empresa Social del Estado (E.S.E.) estará obligad a a reconocer dichos beneficios prestacionales hasta la expiración del término de vigencia de la mencionada convención.

Se debe advertir que, no obstante , a lo anterior la transformación de la naturaleza jurídica de trabajadores oficiales a empleados públicos, inherente a la incorporación en la planta de personal de una Empresa Social del Estado, conlleva la inaplicabilidad de las normas del derecho laboral colectivo. En consecuencia, estos empleados no podrán invocar válidamente la prórroga automática de la convención colectiva, consagrada en